Poseedoras de concesiones que abarcan la mitad del territorio nacional, las compañías mineras trasnacionales, en especial las canadienses, tienen absoluto dominio sobre todos los recursos naturales, renovables y no renovables ubicados en los territorios autorizados… y más allá, porque no hay autoridad federal, estatal, municipal o ejidal que las controle y menos aún que las someta.
El modelo de desarrollo “extractivista” que se aplica para obtener el mayor lucro posible ha sido implantado desde hace décadas por las mineras trasnacionales sin verificación o supervisión alguna, lo que ha dejado a lo largo y ancho de México la destrucción sistemática de ecosistemas completos, sin que ninguna de las compañías haya sido responsabilizada de resarcir los daños causados no sólo al medio ambiente, sino a comunidades completas que no reciben beneficio alguno por la destrucción de su hábitat.
La minería es riqueza. Sin embargo, su explotación está estructurada para que esa riqueza se vaya fuera del país. Es fuente de corrupción y beneficios para funcionarios y políticos locales, al tiempo que es generadora de desastres ecológicos, ambientales y una amenaza creciente para la vida de las comunidades. La explotación minera y los proyectos hidroeléctricos van unidos por el mismo modelo extractivo, depredador, consumista y contaminador y concentrador de bienes y recursos. Es una explotación basada en la lógica del consumo infinito sobre un mundo con recursos limitados. La riqueza mineral deja miseria y desastre ambiental en contraposición a la creciente vida de lujo y derroche de los propietarios de las compañías mineras.
El proyecto de investigación “Industrias Extractivas en la Sierra Norte de Puebla” se realizó por parte de la organización regional PODER que trabaja a lo largo de América Latina para contribuir a la transparencia y rendición de cuentas empresarial desde una perspectiva de derechos humanos. Este proyecto junto con el Consejo Tiyat Tlali ha estrechado alianzas para visibilizar las concesiones de empresas que cuentan con iniciativas extractivas de los recursos naturales en la Sierra Norte de Puebla.
En lo que va del año, el sector minero ha registrado 16 accidentes de trabajo, de los cuales 11 reportaron decesos, reportó la Secretaría del Trabajo (ST).
La venta de agua tratada apta para el consumo humano a una multinacional de minería fue denunciada por el exfuncionario de la administración municipal de Santa Fe de Antioquia, Ballardo Benítez. Dijo que se trata de «la empresa Aguas de Occidente es la que está haciendo este tipo de negociaciones, que según su gerente son autorizadas por los estatutos y las leyes».
El gobernador del departamento colombiano de La Guajira, José Ballesteros, declaró hoy en estado de calamidad pública esa zona norteña, por la intensa sequía de efectos devastadores, y reclamó la ayuda urgente del Gobierno.
Nuestro continente Abya Yala, destaca por poseer una de las mayores fuentes de biodiversidad, siendo en consecuencia también uno de los más vulnerables a los impactos del Cambio Climático. Este fenómeno está afectando a la flora, fauna y a nuestras poblaciones con especial incidencia en las regiones rurales, andinas, de costa y selva, quienes paradógicamente además son los sectores que cuentan con menores recursos para enfrentar los desastres climáticos y sus impactos en sus propias vidas. Además estas problemáticas generadas a causa del calentamiento global, nos afectan de manera diferente a las mujeres que a los varones, incidiendo especialmente en las mujeres campesinas indígenas que nos dedicamos a la agricultura familiar.
El 1°Encuentro Internacional de los Guardianes y Guardianas del Agua y en Defensa de la Madre Tierra, se realizará en El Tambo, Bambamarca, Región de Cajamarca los días 4, 5, 6 y 8 de agosto. Guarango Cine y Video se suma con el estreno mundial del documental de “Guardianas y Guardianes de las Lagunas”, película protagonizada por la joven luchadora Nélida Ayay de Porcón y que cuenta las paradojas de la explotación del oro frente a la defensa de la vida.
La justicia peruana ordenó a la empresa estadounidense Doe Run el pago de 163 millones de dólares al Estado por incumplir compromisos de inversión para proteger el medio ambiente en la ciudad La Oroya, una de la más contaminadas del mundo.