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Quienes somos

Surge una esperanza común

Ante este esquema de saqueo latinoamericano y a medida que se han ido presentando problemas similares donde los intereses transnacionales son los mismos, se han desarrollando coordinaciones y articulaciones entre organizaciones, comunidades, organizaciones ambientales e indígenas, entre otros.
Trabajando de forma colaborativa, las experiencias vividas en un país, han servido para anunciar procesos similares en otros. Así es como en el caso del petróleo, se observa que la experiencia ecuatoriana es de gran utilidad para conocer las prácticas de las empresas petroleras. Identificando esas prácticas se pueden desarrollar estrategias más eficaces en otros lugares donde la industria de los hidrocarburos busca instalrse. Lo mismo sucede con el gas.
Respecto a la industria minera las experiencias de Bolivia, Chile y Perú sirven para alertar a organizaciones y comunidades de Ecuador, un país que tiene una incipiente pero progresiva actividad extractiva.
En síntesis, en los diferentes países se visualizan similares impactos de las actividades extractivas en el medioambiente y las comunidades. Así también, las estrategias empresariales se parecen. El discurso es uno solo: “nos podemos autorregular”, “somos los mejores controladores de nuestros procesos productivos”, “cuidamos el medioambiente”, “somos buenos vecinos”, “aportamos al desarrollo de las comunidades”, “damos muchos y buenos empleos”, “desarrollamos y aportamos al dinamismo económico regional y local”, entre muchos otros discursos que han ido afinando para penetrar de mejor forma.
Sin embargo la realidad es muy diferente: eluden la legislación y la fiscalización, manipulan, cooptan, presionan a comunidades y a autoridades locales, regionales y nacionales. No aportan al desarrollo regional ni local y, al no pagar impuestos a la renta tampoco resultan ser regresivas al desarrollo nacional. Además, traen corrupción, prostitución, desempleo, alcoholismo, delincuencia, desarticulación y división social.
Frente a este panorama es que surge la urgencia de las coordinaciones y articulaciones de parte de organizaciones preocupadas por los derechos de las comunidades afectadas por la industria extractiva. Así se han aunado esfuerzos para enfrentar la creciente amenaza que hoy implican dichas industrias.