El saqueo minero en México comenzó hace más de 500 años con la invasión de las potencias europeas a nuestro continente. Durante la época de la Colonia, se extrajeron del subsuelo mexicano más de 182 toneladas de oro y 53 mil 496 toneladas de plata. Después de la guerra de Independencia (1810-1821), durante la invasión norteamericana (1846-1848, con la pérdida de más de la mitad del territorio nacional), la guerra de Reforma (1857-1861) y la ocupación francesa (1862-1867) se produjeron alrededor de 64 toneladas de oro y 17 mil 095 de plata; esta vez a manos de capitales extranjeros en su mayoría ingleses y norteamericanos.
Al restaurarse la república en 1867, bajo el México gobernado por los liberales y a lo largo del Porfiriato (1876-1910), se extrajeron 507 toneladas de oro y 64 mil 739 de plata; era entonces la minería la principal fuente de riqueza del país.
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Tras un fuerte rumor de que el Cabildo de La Paz habría aprobado el cambio de uso de suelo y con ello dar “luz verde” a la instalaciones de la minera “Los Cardones” en la Sierra de la Laguna, la ex Alcaldesa y actual Diputada federal, Esthela Ponce Beltrán, hace llegar un comunicado de prensa donde expresa su preocupación por esta suposición y hace un llamado a no aprobarlo, infiriendo que los integrantes del Ayuntamiento sí pretenderían hacerlo.
Las 99 concesiones mineras otorgadas por autoridades federales en el subsuelo de tierras campesinas y territorios indígenas, podrían incrementarse en los próximos años. En las últimas administraciones, los permisos para la exploración y explotación de minerales creció pese a los conflictos sociales, despojo e impactos a la salud de los pobladores.
Grufides y miembros de RED MUQUI Norte muestran esta realidad en documenta “Tajima Pujut”
De 2013 a la fecha, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ha atendido 44 emergencias ocasionadas por derrames de jales, soluciones ácidas, cianuradas y lixiviados.
Representantes de Centroamérica y México demandan a los Estados de la región mesoamericana, como a los sistemas internacionales que cancelen y no emitan más concesiones mineras, ya que éstas atentan contra la salud y el ecosistema.
Hoy estallan con fuerza contundente los ecos de las viejas luchas que llevamos durante 10 años en la provincia de San Juan, contra los proyectos megamineros. El grito desesperado de los pobladores a quienes la multinacional Barrick Gold contamino sus ríos con cianuro, por la rotura de una cañería de lixiviación en uno de sus principales proyectos, aturde las tranquilas calles de Jáchal e Iglesia.
Durante el Gobierno del Señor Porfirio Lobo Sosa y Juan Orlando Hernández, como Presidente del Congreso Nacional, se aprobó bajo el Decreto Número 145-2013, con fecha 18 de diciembre de 2013 y en medio de la protesta social, la Ley de Promoción del Desarrollo y Reconversión de Deuda Pública, mejor conocida como Ley Hipoteca, que fue publicada en el diario oficial La Gaceta número 33,309 del 20 de diciembre del mismo año;esta Ley en su primer artículo autoriza la constitución de un programa integral de titularización de flujos financieros potenciales sobre activos ociosos del Estado, con el fin de que los mismos sean utilizados para el pago o readecuación de la deuda pública a más largo plazo y en mejores condiciones financieras que las actuales, para el aporte de capital semilla que haga viables financieramente el o los proyectos de explotación racional de los recursos o de la infraestructura referidos en este decreto.
-Cuándo hablamos de extractivismo, ¿De qué estamos hablando? Sabemos que es un tema que poco se discute en los medios de comunicación.
El juez Pablo Oritja con su equipo de colaboradores inspecciono las instalciones involucradas en el grave acontecimiento del día sábado pasado en la mina de oro Veladero de Barrick Gold. Dispuso que el secuestro de la piezas, que ya cambió por unas nuevas, y varios elementos que fallaron el pasado fin de semana. Un equipo de Canal 8 de San Juan acompaño al juez Pablo Oritja y personal judicial en la mina del grave derrame.