En agosto se conocerá si la explotación de níquel por parte de la empresa Cerro Matoso en el departamento de Córdoba ha causado serias afectaciones de salud a las comunidades aledañas a la mina. Actualmente Medicina Legal realiza exámenes a 1.890 personas, en su mayoría de comunidades indígenas, que habitan en las poblaciones de Montelíbano, San José de Uré y Puerto Libertador para determinar si las enfermedades que se han denunciado, son causadas por la actividad minera.

“En Pueblo Flechas, una población que está a escasos 300 metros de los cerros o los botaderos como los llaman, la tasa de abortos es altísima, allí tenemos un pueblo que no pasa de 90 familias y hay años en los que tenemos documentados hasta 36 abortos”, dice Javier De La Hoz, representante legal de las víctimas.

Tras el fallo de la Corte Constitucional, a favor de la demanda que interpusieron varios congresistas del Polo Democrático Alternativo, en contra de los artículos del Plan Nacional de Desarrollo que permitían la permanencia de títulos mineros en zonas de páramo. El reto ahora, para el Estado y específicamente para el Ministerio de Ambiente será implementar la decisión pues se tendrá que retirar cerca de 400 títulos mineros.

Este año el Ministerio de Ambiente anunció que se iniciará el proceso de delimitación de 25 páramos, para lo que el ministerio deberá tener en cuenta  los conflictos socio-ambientales y por lo tanto la opinión y relación de las comunidades con el ecosistema, de manera que existan garantías reales para la protección de los páramos, como lo explica la abogada Natalia Gómez, de la Asociación Ambiente y Sociedad.

Ernesto Cuero, alcalde de Coello, solicitó la intervención de la fiscalía para que investigue las amenazas que ha recibido en los últimos días.
Un panfleto con amenazas fue dejado en la casa del mandatario advirtiéndole que su vida corría peligro sin continuaba con los operativos de control a la extracción de material de arrastre del río Coello.

“Desconozco si se trata de mineros informales o de quienes cuentan con títulos y autorizaciones por parte de las autoridades ambientales, lo cierto es que vamos a continuar con la vigilancia que le compete a la administración para evitar mayores afectaciones a la cuenca”, afirmó el alcalde de Coello.

Una familia integrada por 50 personas de la comunidad de Roche, en el departamento de La Guajira fue desalojada por la administración municipal de acuerdo a  los intereses que tiene la empresa El Cerrejón sobre el predio. En el operativo, el ESMAD y la policía sacaron a las personas de sus hogares a golpes y luego procedieron a destruir sus viviendas.

“Llegaron brutalmente con ESMAD a golpear a la familia, luego destruyeron las casas”, relata Samuel Arregocés, víctima del desalojo y defensor de Derechos Humanos. La juez habría dado la orden de proceder pese a que El Cerrejón le había incumplido a la comunidad con el compromiso de reubicarlos con vivienda digna, servicios públicos (especialmente agua) y tierras productivas. Sin embargo, la empresa no le ha cumplido ni a la comunidad de Roche, ni al resto de las familias que ya han sido desalojadas.