La Comisión Permanente del Congreso de la Unión emitió dos puntos de acuerdo en que exhortó al Gobierno Federal a exigir cuentas a la minera Grupo México por el derrame tóxico al río Sonora. Además instó a informar sobre la remediación económica y ambiental del derrame tóxico al río Sonora, y del accidente laboral ocurrido en Buenavista del Cobre donde murieron tres trabajadores.
Solicitó, también informes sobre la explotación de los trabajadores por la empresa Buenavista del Cobre; también la falta de cumplimiento de las acciones de Restauración y Remediación ecológica y productiva en el Río de Sonora, causados por los derrames y filtraciones constantes de residuos contaminantes, de las presas de jales y represos diversos, provenientes de la misma empresa minera Buena Vista del Cobre en Cananea Sonora.
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La posible convocatoria de una consulta popular en cada uno de los 12 municipios del Quindío fue uno de los temas que más sonó en la cumbre regional de ‘Ciudadanos en defensa del territorio’ organizada por las Personerías del departamento y que contó con invitados del Eje Cafetero, además del Valle del Cauca y Tolima.
El año pasado, según Global Witness, 185 activistas ambientales fueron asesinados en todo el mundo, dos tercios de ellos en América Latina. De los 10 países más peligrosos del mundo para defensores ambientales, siete están en la región.
En 17 departamentos la Oficina contra las Drogas y el Delito de la ONU (Unodc) detectó evidencias de explotación de oro de aluvión o minería a cielo abierto. Chocó y Antioquia son los más afectados.
La megaminería en nuestro país dará un salto sin precedente con el desarrollo del Proyecto del Arco Minero del Orinoco (AMO) llevado a cabo por el gobierno de Maduro. El mismo implica la entrega de una parte importantísima del territorio nacional a las transnacionales, y lo único que le va a quedar al pueblo es la destrucción del ecosistema y la expoliación de nuestras riquezas.
Muchos comentaristas han alabado la reciente encíclica del Papa Francisco, Laudato Si’ por centrarse en temas relacionados con el cambio climático y la destrucción del medio ambiente, si bien no evita mencionar el nombre de los responsables directos: el capitalismo global y los mercados que lo sostienen. No debe sorprender que la encíclica haya recibido críticas de parte del sector privado, el cual cuestionó la legitimidad del Papa para opinar sobre algo que dicho sector percibe como un tema científico, técnico y, por encima de todo, económico. No obstante, el impacto del capitalismo en los cuerpos, ecosistemas y formas de vida forma parte, sobre todo, de un raciocinio biopolítico, que también es moral. Esto es por demás evidente en los debates que ocurren en Perú en torno a las economías neo-extractivistas, donde se enuncian preocupaciones sobre la “vida en sí misma” (Rose 2006): el agua, la tierra y los diversos medios de subsistencia necesarios para el bienestar de cuerpos humanos.
Creo que hoy estamos en un momento histórico, yo espero que esto lo esté viendo Venezuela y el mundo y que todas aquellas personas que luchan porque el planeta nos dure por lo menos unos cien años mas y vivamos en mejores condiciones y mejor calidad de vida se unan a esta luch. Así lo indicó Tibisay Maldonado como parte del grupo de ciudadanos y ciudadanas que se agruparon frente al Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, el 31 de mayo a apoyar la introducción en la Sala Político- Administrativa, del Documento con la solicitud de nulidad del decreto 2.248 sobre el Arco Minero del Orinoco.
Un total de 185 activistas ecologistas fueron asesinados durante el año 2015, lo que supone más de tres cada semana, por defender sus tierras, bosques y ríos frente a las industrias destructivas, según el informe "En tierra peligrosa" publicado por la ONG Global Witness.
Por oponerse a proyectos mineros, agroindustriales o eléctricos depredadores del medio ambiente o de los derechos de tierra de pueblos indígenas fueron asesinadas 185 personas en 2015; eso es, una cada dos días y un 59% más que en 2014, según un informe alarmante que publicó hoy la organización Global Witness, cuya sede se encuentra en Londres.
La empresa australiana Berkeley, que pretende abrir la única mina a cielo abierto uranio de Europa, solicita 500.000 euros al Secretario de la Plataforma Stop Uranio José Ramón Barrueco y al bloguero Jesús Cruz por participar en la campaña contra la minería del uranio.