El Colegio Médico de Chile realizó un informe en que se reveló elementos altamente contaminantes en las aguas de la corriente, usadas principalmente para regar cultivos de la zona. Aluminio, arsénico, manganeso, hierro y cobre, fueron los elementos altamente contaminantes en las aguas del Río Colina, en la comuna de Los Andes. El gremio atribuyó la presencia de toxinas tras el derrame que ocurrió en febrero pasado, cuando se rompió un conducto de la mina Los Bronces, perteneciente a Anglo American.
En esa oportunidad, la empresa indicó que se tomaron las medidas preventivas correspondientes.
Al respecto, Izkia Siches, presidenta Regional del Colegio Médico dijo que “el llamado que estamos haciendo es a esclarecer lo ocurrido. Si es efectiva la presencia de contaminantes, nosotros proponemos establecer una norma de suelo, ya que en Chile no está establecido y definir la responsabilidad social de la industria, siendo las empresas las que deben transparentar estas situaciones para tomar las medidas correspondientes”.
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La Comisión Permanente del Congreso de la Unión emitió dos puntos de acuerdo en que exhortó al Gobierno Federal a exigir cuentas a la minera Grupo México por el derrame tóxico al río Sonora. Además instó a informar sobre la remediación económica y ambiental del derrame tóxico al río Sonora, y del accidente laboral ocurrido en Buenavista del Cobre donde murieron tres trabajadores.
La posible convocatoria de una consulta popular en cada uno de los 12 municipios del Quindío fue uno de los temas que más sonó en la cumbre regional de ‘Ciudadanos en defensa del territorio’ organizada por las Personerías del departamento y que contó con invitados del Eje Cafetero, además del Valle del Cauca y Tolima.
El año pasado, según Global Witness, 185 activistas ambientales fueron asesinados en todo el mundo, dos tercios de ellos en América Latina. De los 10 países más peligrosos del mundo para defensores ambientales, siete están en la región.
En 17 departamentos la Oficina contra las Drogas y el Delito de la ONU (Unodc) detectó evidencias de explotación de oro de aluvión o minería a cielo abierto. Chocó y Antioquia son los más afectados.
La megaminería en nuestro país dará un salto sin precedente con el desarrollo del Proyecto del Arco Minero del Orinoco (AMO) llevado a cabo por el gobierno de Maduro. El mismo implica la entrega de una parte importantísima del territorio nacional a las transnacionales, y lo único que le va a quedar al pueblo es la destrucción del ecosistema y la expoliación de nuestras riquezas.
Muchos comentaristas han alabado la reciente encíclica del Papa Francisco, Laudato Si’ por centrarse en temas relacionados con el cambio climático y la destrucción del medio ambiente, si bien no evita mencionar el nombre de los responsables directos: el capitalismo global y los mercados que lo sostienen. No debe sorprender que la encíclica haya recibido críticas de parte del sector privado, el cual cuestionó la legitimidad del Papa para opinar sobre algo que dicho sector percibe como un tema científico, técnico y, por encima de todo, económico. No obstante, el impacto del capitalismo en los cuerpos, ecosistemas y formas de vida forma parte, sobre todo, de un raciocinio biopolítico, que también es moral. Esto es por demás evidente en los debates que ocurren en Perú en torno a las economías neo-extractivistas, donde se enuncian preocupaciones sobre la “vida en sí misma” (Rose 2006): el agua, la tierra y los diversos medios de subsistencia necesarios para el bienestar de cuerpos humanos.
Creo que hoy estamos en un momento histórico, yo espero que esto lo esté viendo Venezuela y el mundo y que todas aquellas personas que luchan porque el planeta nos dure por lo menos unos cien años mas y vivamos en mejores condiciones y mejor calidad de vida se unan a esta luch. Así lo indicó Tibisay Maldonado como parte del grupo de ciudadanos y ciudadanas que se agruparon frente al Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, el 31 de mayo a apoyar la introducción en la Sala Político- Administrativa, del Documento con la solicitud de nulidad del decreto 2.248 sobre el Arco Minero del Orinoco.
Un total de 185 activistas ecologistas fueron asesinados durante el año 2015, lo que supone más de tres cada semana, por defender sus tierras, bosques y ríos frente a las industrias destructivas, según el informe "En tierra peligrosa" publicado por la ONG Global Witness.
Por oponerse a proyectos mineros, agroindustriales o eléctricos depredadores del medio ambiente o de los derechos de tierra de pueblos indígenas fueron asesinadas 185 personas en 2015; eso es, una cada dos días y un 59% más que en 2014, según un informe alarmante que publicó hoy la organización Global Witness, cuya sede se encuentra en Londres.