
Aunque, la minera se encuentra cerrada desde 2013 por una orden de la Superintendencia de Medioambiente, ratificada por la Corte de Copiapó, las localidades cercanas denuncian la contaminación presente en ríos y suelos.La comunidad de regantes recibirá 6 millones de dólares desde la suscripción del acuerdo y en un plazo de 15 días; a esa cantidad se sumarán más de 14 millones de dólares en nueve cuotas anuales. Cantidad a la que se agregarían cerca de 15 millones de dólares en el caso de que se reanude el proyecto, según la “Propuesta de conciliación”. Las comunidades locales apelan desde hace más de 15 años por el cierre definitivo de la mina. Inicio del arbitraje La Junta de Vigilancia de la Cuenca del Río Huasco inició en febrero de 2016 el arbitraje ante el Centro de Mediación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de ...
Organizaciones nacionales e internacionales piden a la Corte Constitucional evitar un retroceso sobre las consultas populares
Mediante una carta pública dirigida a la Corte Constitucional, 14 organizaciones internacionales, 112 organizaciones nacionales, 6 grupos de investigación y 90 personalidades, expertos y líderes sociales, manifestaron su oposición frente al anuncio realizado por el alto tribunal de establecer límites a las consultas populares.
En dicho documento, las organizaciones socio-ambientales llaman la atención sobre el hecho de que desde el momento en que la Corte Constitucional seleccionó para revisión la tutela que interpuso la empresa Mansarovar Energy en contra de la Consulta Popular de Cumaral, Meta, se haya señalado que tiene como fin "establecer los límites y el alcance de las consultas populares a nivel territorial". Para los suscriptores de la carta, este hecho está poniendo de presente un sesgo hacia una decisión que aún no ha surtido el procedimiento correspondiente.
Según el abogado Rodrigo Negrete, lo que están buscando es generar un retroceso en materia jurídica para desconocer la autonomía territorial, los instrumentos de planificación y ordenamiento local, la vocación del suelo, el patrimonio ecológico municipal, la participación ciudadana y la posibilidad de que cada ente territorial decida sobre sus propias formas de desarrollo.
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