El ministro de Minería, Mario Virreira, desahució la posibilidad de entablar negociaciones con la empresa minera canadiense South American Silver (SAS), que hizo tareas de exploración en Mallku Khota, Potosí.
En la segunda semana de octubre, la minera canadiense advirtió al Gobierno boliviano de que iniciaría un arbitraje internacional si en el plazo de seis meses no se lograba un acuerdo sobre la compensación económica que debe recibir al haberle sido revertida la concesión mencionada.
Ante la consulta de los periodistas, Virreira respondió que “no” se dará una respuesta ante el plazo emitido por la canadiense.
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A continuación estableceremos algunos de los principales estándares internacionales, de obligatorio cumplimiento, que deben ser observados por el Estado peruano al momento de la realización del proceso de consulta de lotes petroleros. Esto cobra relevancia especialmente ahora que se anuncia el primer proceso de consulta previa de pueblos indígenas en el Perú del lote petrolero 1ab[1].
Juicio del Caso Caimanes, sigue cuesta abajo para la tesis de los querellantes, después de escuchar el jueves pasado otra de las testigos claves; Myrella Ardiles, quien a sido la testigo más clara con sus declaraciones. Ella fue parte de los primeros dirigentes que fueron los que firmaron sin consultar a sus asambleas, el avenimiento que permitió finalmente la construcción del tranque de relave El Mauro de Minera Los Pelambres, y luego de un acto de arrepentimiento la testigo, reconoció y dejo muy en claro que las donaciones pactadas que sembró la división en el pueblo de Caimanes venían de la Minera los Pelambres, y no de Víctor Ugarte, como en apariencia se conoce, y esto dio un vuelco importante en el caso.
El proyecto de Ley Marco del Agua para la Vida es incompatible con la Ley 1777 del Código de Minería en vigencia, en cuanto al uso del agua subterránea para las operaciones mineras, y las instancias encargadas de regular el aprovechamiento del recurso hídrico sin afectar al consumo humano, advierte Emilio Madrid, investigador del colectivo de Coordinación de Acciones Socio Ambientales (CASA).
El fiscal no solo omitió denunciar a los torturadores sino que incluso llegó al extremo de acusar a los campesinos por servir dócilmente a la minera Majaz.
Por Rebecca Hollender*