La agresión y asalto depredador que sucede con la mina Caballo Blanco de la canadiense Goldgroup es un esquema que se multiplica varias veces con la dispersión de proyectos hidroeléctricos por el estado. El capítulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos ha hecho pública la violación sistemática de 15 derechos humanos de las comunidades indígenas y mestizas afectadas por estos proyectos de altísimo impacto. Igualmente se movilizan contra el maíz transgénico; el sábado pasado se inició una huelga de hambre en el Ángel de la Independencia de la Ciudad de México. En la última década se ha desatado un proceso prácticamente expropiatorio por toda Latinoamérica, que ha secuestrado la tranquilidad en miles de comunidades aisladas por toda América Latina. El sexenio de Calderón le significó al país no solo el trauma brutal de la guerra, sino hipotecar en concesiones a empresas mineras casi la tercera parte del territorio nacional.

El Grupo México, que pretende construir una presa hidroeléctrica en Ignacio Zaragoza, junta auxiliar del municipio de Olintla –en la Sierra Norte de Puebla– no sólo es considerado el responsable de la tragedia en la mina Pasta de Conchos, que segó la vida de 36 mineros, sino que también maneja las empresas Ferrosur y Ferromex, en cuyos vagones se trasladan diario centenas de migrantes, quienes han acusado a empleados de ambas compañías de estar coludidos con los criminales que los asaltan y vejan.