Guatemala, 3 May (Cerigua).- El Estado de Sitio decretado por el Ejecutivo en cuatro municipios del oriente guatemalteco tiene su fundamento en la aplicación de la Ley de Orden Público, la que fue aprobada antes de las reformas a la Constitución Política de la República, por lo que la decisión gubernamental se encuentra descontextualizada y violenta los derechos individuales y colectivos de la población, afirmó el Observatorio de Pueblos Indígenas.

El pasado 1 de mayo, el Ministerio de Gobernación decretó Estado de Sitio en los municipios de Mataquescuintla y en la cabecera departamental de Jalapa, así como en Casillas y en San Rafael las Flores, en el departamento de Santa Rosa, durante 30 días.

por Tania Palencia Prado
Otto Pérez Molina argumenta que el Estado de Sitio en los municipios de Jalapa, Mataquescuintla, Casillas y San Rafael las Flores se debe a que han ocurrido hechos graves que alteran la paz social. Sostiene Pérez Molina que quienes ponen en peligro el orden público son los vecinos que se oponen a la minera San Rafael. Y el Kaibil agrega: “no se puede admitir la violación de la ley”.

Al decretar la suspensión de derechos el Consejo de Ministros oculta maliciosamente que ha sido el mismo Estado el gran criminal en esos municipios. ¿Qué leyes ha violado el Estado? Ha violado la Ley de Minería al consentir que Tahoe Resources, propietaria de la mina San Rafael, construyera una planta industrial e iniciara excavaciones sin contar previamente con licencia de explotación. Ha violado el Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental al no sancionar ni corregir a la minera por cometer los siguientes abusos:

"En esos lugares se han cometido asesinatos, secuestros y se han destruido bienes del Estado y de la propiedad privada (...) Yo no voy a permitir que siga caminando de esa forma", dijo el presidente Otto Pérez al anunciar su decisión de "implantar el estado de excepción".

Mataquescuintla. Militares tomaron cuatro poblados en el sureste de Guatemala, donde rige este jueves el estado de excepción, tras enfrentamientos entre policías y opositores al proyecto de explotación minera concedido a una empresa canadiense, el más reciente de una serie de conflictos por la extracción de recursos naturales.