El Movimiento sindical, indígena y campesino guatemalteco –MSICG- ha visto con preocupación como la falta de voluntad para responder a las necesidades básicas de la población y para cumplir con los deberes que imponen al Estado de Guatemala las leyes y los compromisos internacionales ha sido complementado con un rumbo de acción encaminado a acallar la protesta social a través de la estigmatización, descredito, persecución, criminalización e incluso el encarcelamiento de la población.

Esta situación ha derivado en que hoy día, las luchas por la tierra, los derechos laborales, el acceso a la educación, la protección del medio ambiente, los recursos naturales y el derecho de los pueblos indígenas a definir su propio modelo de desarrollo convierta de un día para otro a dirigentes sociales en los peores delincuentes del país, en supuestos integrantes del crimen organizado y que la población sea escarmentada a través de su sometimiento a vejámenes, a la restricción de sus garantías constitucionales y a su sumisión como población civil al ejército.

Guatemala, 3 May (Cerigua).- El Estado de Sitio decretado por el Ejecutivo en cuatro municipios del oriente guatemalteco tiene su fundamento en la aplicación de la Ley de Orden Público, la que fue aprobada antes de las reformas a la Constitución Política de la República, por lo que la decisión gubernamental se encuentra descontextualizada y violenta los derechos individuales y colectivos de la población, afirmó el Observatorio de Pueblos Indígenas.

El pasado 1 de mayo, el Ministerio de Gobernación decretó Estado de Sitio en los municipios de Mataquescuintla y en la cabecera departamental de Jalapa, así como en Casillas y en San Rafael las Flores, en el departamento de Santa Rosa, durante 30 días.

por Tania Palencia Prado
Otto Pérez Molina argumenta que el Estado de Sitio en los municipios de Jalapa, Mataquescuintla, Casillas y San Rafael las Flores se debe a que han ocurrido hechos graves que alteran la paz social. Sostiene Pérez Molina que quienes ponen en peligro el orden público son los vecinos que se oponen a la minera San Rafael. Y el Kaibil agrega: “no se puede admitir la violación de la ley”.

Al decretar la suspensión de derechos el Consejo de Ministros oculta maliciosamente que ha sido el mismo Estado el gran criminal en esos municipios. ¿Qué leyes ha violado el Estado? Ha violado la Ley de Minería al consentir que Tahoe Resources, propietaria de la mina San Rafael, construyera una planta industrial e iniciara excavaciones sin contar previamente con licencia de explotación. Ha violado el Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental al no sancionar ni corregir a la minera por cometer los siguientes abusos: