El gobierno del general Otto Pérez Molina parece buscar quitarse de encima la mochila de acusaciones por violaciones a los Derechos Humanos con más y más violencia y atropellos. En las últimas horas fue declarado el estado de excepción en cuatro municipios que se encuentran en resistencia contra la minera canadiense San Rafael.
La medida, que se ejecuta a un mes exactamente de una similar decretada en el municipio de Santa Cruz Barillas para reprimir la resistencia a la construcción de una represa por parte de un consorcio español, afecta a San Rafael Las Flores y Castillas, en el departamento de Santa Rosa, y Xelajpán y Maraquescuintla, en Jalapa y se extiende por un periodo de 30 días.
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El ejército desplegó cientos de efectivos para ocupar cuatro poblados en el sureste de Guatemala, donde rige este jueves el estado de excepción, tras enfrentamientos entre policías y opositores al proyecto de explotación minera concedido a una empresa canadiense Tahoe Resources, el más reciente de una serie de conflictos por la extracción de recursos naturales.
Observatorio Latino de Conflictos Ambientales advierte sobre las graves consecuencias que traería la minería a la zona de Intag. Esto mientras avanza un convenio entre Codelco (mayor empresa explotadora de minería en el mundo) con la Empresa de Minería del Ecuador (Semani).
Tratamiento de agua para estas minas podría costar tanto como $ 67000 millones al año