Si la cronología continúa progresando sin problemas, el proyecto Shahuindo debiera completar su primer año de producción en 2015.
La compañía minera canadiense Sulliden Gold se aproxima aceleradamente a un hito en su desarrollo corporativo. Su propiedad más importante -Shahuindo, en el norte peruano- recibió en abril pasado la aprobación medioambiental para construir una planta eléctrica. Sulliden ya había completado su estudio de factibilidad y evaluación económica y hoy se encuentra en las etapas finales del proceso de permisos.
Shahuindo se encuentra en la provincia de Cajabamba, región que acoge a varias minas de oro de bajo costo operativo, como Lagunas Norte (propiedad de Barrick Gold) y Yanacocha (Newmont y Minas Buenaventura). Aunque de acuerdo al mentado estudio de factibilidad el yacimiento podría tolerar una alta capacidad productiva, Sulliden prefiere que Shahuindo sea una operación que no demande mucho capital. Entre 2009 y 2012, las reservas de Shahuindo se han cuadruplicado de un millón a cuatro millones de onzas.
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El coordinador de Fortalecimiento Político de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI) Rafael Quispe señaló ayer que se lograron importantes avances en el anteproyecto de Ley de Consulta Previa que se debate con el Gobierno y organizaciones sociales. Uno de los más importantes es que el Gobierno ha aceptado que el 5 % del Impuesto Directo a los Hidrocarburos vaya al Fondo Indígena; en el mismo campo, piden la creación del Impuesto Directo a la Minería.
El relator Especial de las Naciones Unidas (ONU) sobre los derechos de los pueblos indígenas, James Anaya, señaló como parte de las conclusiones y recomendaciones del informe presentado al Consejo de Derechos Humanos, que los nativos tienen derecho a definir su propio desarrollo e incluso negarse a actividades extractiva en sus territorios a favor de otras iniciativas para su progreso.
En la Sala Constitucional de la Corte Suprema se escucharon este lunes nuevos alegatos relativos el cuestionado proyecto minero Pascua Lama, impulsado por la trasnacional Barrick Gold en la Región de Atacama, con una inversión estimada en 3.000 millones de dólares.
Los manifestantes aseguran que según resultados emitidos por la Universidad Catolica el agua en sectores de Tulahuén se encuentra con niveles de arsénico tres veces por encima de lo permitido para el riego y para el consumo humano