La pretensión de las empresas mineras canadienses asentadas en México es mantener intactos los enormes beneficios que obtienen con la extracción de metales preciosos, como lo manifiesta un estudio elaborado por la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas, de la Secretaría de Gobernación.

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Esas mineras han resultado las más beneficiadas por el trato legal y hacendario que se les ha prodigado en México durante casi tres decenios (desde Carlos Salinas y Ernesto Zedillo –que abrió indiscriminadamente el territorio a esas empresas–, pasando por Vicente Fox y Felipe Calderón).

Su reclamo tiene de fondo los beneficios que han acumulado en México y las restricciones legales y hacendarias que son obligadas a cumplir en su país.

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Uno de los instrumentos jurídicos que más han esgrimido los pueblos indígenas en defensa de sus territorios y los recursos naturales es la consulta y el consentimiento previo, que se regula tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre pueblos indígenas y tribales. Lo utilizan frente a las autoridades administrativas y cuando éstas no los escuchan lo llevan ante los tribunales de amparo, quienes, más sensibles a lo que las leyes disponen, comienzan a darles la razón, ordenando la suspensión del acto reclamado que les causa perjuicio, como en los casos de Wirikuta, en San Luis Potosí; o San Dionisio del Mar, en Oaxaca; mientras en otros, como Huetosachi, Chihuahua, hasta dictan sentencias definitivas.

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