En una cadena de influencias entre autoridades, instancias agrarias, del medio ambiente y mineras, aseguran ejidatarios de esta sindicatura que son relegados como el eslabón más débil, al ser víctimas de una serie de injusticias y exposición a la contaminación
Leobardo Valdivia Ortega, presidente del Comisariado Ejidal de La Rastra, dijo que a pesar de que los diferentes niveles de gobiernos han señalado a la minería como el medio de desarrollo económico de esta zona, para ellos sólo ha traído problemas.
"No vemos reactivación aquí, para ellos (los gobiernos) quizás sí, y esa es la injusticia que nos dan... Vienen (las mineras) prometiéndonos, vienen y son puros problemas los que nos traen", señaló.
Para el Frente Amplio Opositor a Minera San Xavier (FAO) el anuncio del cierre de operaciones de la empresa no es de fiar, a pesar de que tiene muchos motivos para hacerlo, adicionales a la caída en la producción de oro y plata y en los precios de esos metales, pues podría tratarse de una maniobra de chantaje para iniciar un proyecto de ampliación que denomina “Fase V”.
La actividad extractiva de oro es una de las más contaminantes en el mundo y genera las mayores afectaciones a la Madre Tierra y a los derechos humanos.
Con un llamado a construir espacios comunes de resistencia y buscar alternativas dignas de vida, más de 600 representantes de Guatemala, Honduras, El Salvador, Panamá y México denunciaron los daños del modelo extractivo minero para sus comunidades.
Entre consignas como ¡Zacualpan vive, la lucha sigue!, el Comité Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan se retiró del jardín libertad, donde mantenía un plantón desde el pasado martes.
“La Unión Europea (UE) debe suspender el financiamiento a proyectos de inversión o megaproyectos donde se haya denunciado violaciones de derechos humanos”, así lo externó el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan frente a la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo el día de ayer en Bruselas, Bélgica.
El Consejo Indígena en Defensa del Territorio de Zacualpan y el grupo ambientalista Bios Iguana presentaron hoy una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en contra de la Procuraduría Agraria y el Registro Agrario Nacional por hostigamiento, amenazas de muerte y falta de respuesta a las gestiones realizadas como parte del movimiento contra la explotación de una mina de oro en esa comunidad.
Marzo ha sido pródigo en eventos sociales de resistencia ante la megaminería a cielo abierto y otros megaproyectos, que también es una forma de rechazo a las políticas extractivistas en general y en muchos casos representa el esfuerzo por comenzar a construir otra forma de vida, menos mercantilizada y más humana. El día primero del mes, en la agencia municipal de San Luis Beltrán, municipio de Oaxaca, se reunieron varias decenas de organizaciones del estado, con el propósito de analizar la situación nacional y estatal, intercambiar nuestras experiencias de lucha, así como explorar los temas y condiciones que nos permitirán dar forma a iniciativas conjuntas y acciones inmediatas de cambio y transformación social. Dentro de los problemas que analizaron se encuentran los despojos territoriales y de recursos naturales, violación de derechos humanos y las reformas estructurales, tanto las ya aprobadas como las que amenazan implementar.
Si no hay consenso de los habitantes de la comunidad indígena de Zacualpan, no se desarrollará ningun proyecto minero en esa comunidad, garantizó el Gobernador, Mario Anguiano, quien también advirtió no van a permitir que se viole la ley, sacrificando al resto de la población, como aconteció durante la toma de los motores que opera ciapacov para surtir de agua a la zona conurbada de Colima y Villa de Álvarez.