El gerente general de la División Andina de Codelco, Ricardo Palma, reconoció que el proyecto Andina 244 tendrá efectos sobre seis glaciares, tras reunirse con el alcalde de Lo Barnechea, Felipe Guevara, quien es crítico del proyecto.
El ejecutivo de la cuprífera estatal, lo admitió con la indignante frase: "solamente intervenimos seis glaciares. Hay un efecto secundario que de acuerdo con la evaluación, es mínimo en algunos glaciares adicionales". En esa línea, dijo que "como en todo proyecto habrán implicancias, pero que ellos se aferran a la normativa".
Por su parte, el edil de Lo Barnechea señaló que Andina 244 afectará a cerca de 26 glaciares, "lo cual afecta a los ecosistemas, lo segundo tiene que ver con la contaminación del aire, y lo tercero es la contaminación y el uso intensivo del agua por parte de la gran minería".
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El 9 de mayo pasado, pobladores de las comunidades de Huancaya y Yauyos expresaron su rechazo a las actividades de la compañía minera Milagro Ancovilca S.A.C, quien posee dos concesiones de 300 hectáreas, las cuales se encuentran dentro de la Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas (RPNYC), ubicada en el límite de los departamentos de Lima y Junín. Además, dichas concesiones están ubicadas en zona de cabecera de cuenca.
El Observatorio de conflictos mineros de América Latina OCMAL llama su atención frente a los hechos acontecidos y de conocimiento público que afectan a la menor Génesis Gutiérrez de 15 años de edad amenazada de muerte en la ciudad de Barrancas, en la Guajira de Colombia. 
"QUE NO SE PIENSE que los problemas y violaciones provocados directa o indirectamente por los intereses de Codelco en Ecuador existan en un futuro lejano o sean de índole probable: ya se están dando, e incluye la detención de dos técnicos de Codelco en la reserva comunitaria de Junin en septiembre del 2014 quienes estuvieron acompañados por personas ilegalmente armados; el ilegal arresto y encarcelamiento de un jóven campesino presidente de la comunidad de Junin en abril de este año; y la más reciente arremetida violenta con más de 200 policías en contra de la pequeña comunidad de Junin el 8 de mayo del año en curso, cuando fuero agredidos seis campesinos y campesinas, incluyendo dos menores de edad"
En conferencia de prensa, el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, dio a conocer que se impuso una sanción ejemplar de 13.4 millones de pesos a una mina de Grupo México, en San Luis Potosí. Al respecto, mencionó que la actuación de la autoridad laboral lleva implícito el cumplimiento de la ley y la salvaguarda de los derechos de los trabajadores, contribuyendo a contar con centros de trabajo cada vez más seguros.
Las mineras ubicadas en zonas donde puedan existir yacimientos del preciado shale gas o gas de lutitas deberán licitar como cualquier otra compañía para su extracción, en cambio tendrán la posibilidad de aprovechar sin licitación el gas contenido en la veta de carbón mineral, mejor conocido como gas grisú, según la propuesta de leyes secundarias del Gobierno enviada la semana pasada al Senado.
Con fecha 5 de mayo del presente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronunció sobre las dos medidas cautelares solicitadas por la AIDESEP1, la CCP2, la CNA3, la CONACAMI4 y la ONAMIAP5, en el caso CONGA. La primera –medida cautelar- solicitaba la protección a las autoridades, población indígena, comunidades y rondas campesinas y población en general de las provincias de Cajamarca, Celendín y Hualgayoc quienes se encontrarían en situación de riesgo debido a su oposición a la ejecución del proyecto minero.
Con lienzos y volantes fue interceptado lo que pretendía ser un solemne homenaje al presidente Ecuatoriano en la Universidad de Santiago donde se le otorgó el grado de Doctor Honoris Causa, las y los manifestantes aludieron a la represión que hoy experimentan las comunidades de Intag, de San Marcos y del Yasuní, víctimas del accionar de empresas como Codelco y Enap en su territorio.
La agrupación se mostró molesta por lo que califica como un “juego sucio” y un intento de evadir la normativa y sortear una nueva evaluación ambiental. Por su parte, la dirección regional del Sea admitió que existe, tanto la posibilidad de requerir una nueva evaluación ambiental como de no hacerlo, dependiendo de los posibles impactos.