En estos días la multinacional sacará con la fuerza del ESMAD a 64 familias Wayúu de terrenos que, según expertos, hacen parte de territorios ancestrales de los indígenas. La comunidad Wayúu, de Jamiche, ubicada en el área urbana del municipio de Barrancas, La Guajira, será expulsada de su territorio por la empresa de carbón Cerrejón. Pero los indígenas no tienen a donde ir.
Este es un capítulo más de la persecución que enfrentan las comunidades Wayúu en La Guajira, pues no es la primera vez que Cerrejón destierra a grupos de esta etnia. En el año 1989 fue también expulsado este mismo grupo con el pretexto de emprender un programa de vivienda obrera que nunca tuvo lugar.
"Nos amenazaron para que saliéramos y desocupáramos voluntariamente porque si no, sería la policía quien nos sacaría a la fuerza y meterían maquinarias para derrumbar nuestras humildes viviendas", relató Carmen Toro, representante de la comunidad, en el derecho de petición que fue efectuado a la Alcaldía (ver facsímil).
Leer mas
Cuando hablamos de minería, nos acordamos del conflicto Conga en Cajamarca, quizás de la población campesina de Cocachacra que se opone al proyecto Tia Maria de Southern Copper, algunos recordaran a la comunidad indígena quechua hablante de Kañaris en Lambayeque que se opone a la exploración que quiere hacer Cañariaco Copper. Pero cuando hablamos de hidroeléctricas recordamos a Ruth Buendía de la Central Ashaninka del Rio Ene (CARE) demostrando como la hidroeléctrica Pakitzapango afectaría social y ambientalmente su zona, o la gente de Inambari que también tuvo que demostrar que no permitirían ser desplazado por el megaproyecto hidroenergéticas.
Vecinos de la comunidad de Santa Rosalía, en el municipio de Mulegé, Baja California Sur, denunciaron que la minera Metalúrgica del Boleo es la responsable de las inundaciones que afectaron la zona, tras el paso del huracán Odila, con la desviación del cauce de tres arroyos.
El grupo promotor nacional de “Agua Para Todos, Agua Para la Vida”, que se reunirá en Guadalajara el próximo dos de octubre, acompañará a los indígenas nahuas de Ayotitlán para exigir la suspensión judicial efectiva de las concesiones mineras a la empresa Peña Colorada dentro del polígono de dotación del ejido.
En días pasados se entregó a la Corte Nacional de Derechos Humanos de México una solicitud para establecer medidas cautelares para que se proteja la integridad de las y los defensores de derechos de la organización de Bios-Iguana, el Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan, otras y otros comuneros de Zacualpan quienes en las últimas semanas han estado viviendo una alarmante y creciente situación de persecución, amenazas, desplazamiento, agresiones físicas, verbales y psicológicas y de desprestigio por parte de algunos pobladores, políticos municipales y estatales.
SE CONFORMA SALA Y COMIENZAN ALEGATOS POR CASACIÓN DE BARRICK EN CORTE SUPREMA POR CASO PASCUA LAMA 
En algunas de las tierras, que son ricas en oro, aún hay presencia de grupos armados al margen de la ley.
El Tribunal Superior de Antioquia tomó una histórica decisión que protege los derechos ancestrales de los indígenas Embera Katio del Chocó, cuyas tierras eran disputadas con empresas mineras que pretendían explotar esos predios.
La actividad minera tanto legal como ilegal está afectando algunas fuentes de agua que surten acueductos rurales y urbanos en el Valle del Cauca.
Luego del derrame provocado por la mina Buenavista del Cobre en Cananea, Sonora, y de la instalación de una comisión encargada de supervisar la subsanación del daño causado, Grupo México ya ha pagado un monto inicial a través de un fideicomiso por más de dos mil millones de pesos, precisó el titular de la Profepa, Guillermo Haro.