En los últimos años la violación de una serie de derechos de los pueblos indígenas a raíz de la imposición de proyectos de desarrollo ha desatado graves controversias, y en ocasiones conflictos sociales. Los pueblos, las comunidades indígenas y sus organizaciones exigen que estos se respeten y al Estado que garantice su ejercicio. Cuando esto no sucede acuden a los tribunales para que obliguen a las autoridades y las empresas a que ciñan sus actuaciones a lo que la ley establece.

En particular, la región de la Sierra Norte de Puebla se ha visto amenazada por una compleja red de megaproyectos. Ciento cuarenta y un títulos de concesión minera se encuentran vigentes en esta región del país[1], entre los cuales se ha determinado que existen 26 proyectos en los cuáles la explotación de minerales pareciera inminente.

Ocho localidades del municipio de Tapachula entregaron sus actas de asamblea ejidal ante el Registro Agrario Nacional (RAN), en las que ratificaron su decisión de mantener sus territorios libres de minería y de represas, informó Gustavo Castro Soto, representante de la organización no gubernamental Otros Mundos, AC.

Dijo que “esta acción sin precedente es el resultado de un largo proceso de defensa de la tierra, del territorio y de los bienes comunes que los diferentes ejidos y comunidades de Tapachula llevan a cabo de manera conjunta desde hace más de un año, dentro de un movimiento llamado ‘La Voz del Pueblo’".

En entrevista, explicó que los documentos fueron entregados la tarde de ayer miércoles en las oficinas del RAN ubicadas en Tuxtla Gutiérrez.

La postura que tomó el Instituto Nacional de Pesca (Inapesca) frente al proyecto minero marino, no agradó al sector pesquero de Comondú, e inclusive de algunas cooperativas que sacan camarón en la zona del Golfo de Ulloa de Bahía Magdalena, provenientes de Sinaloa.

Edgardo Camacho Bareño, integrante de la Asesoría Técnica de la Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera Puerto Chale, afirmó su preocupación por la opinión que solicitó a Semarnat y, la cual, puede influir en la decisión de la Dirección de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) para la aprobación de Don Diego.

“Nos preocupa que estos dictámenes tengan cierto peso en una decisión como aprobar el proyecto o no. No se basaron en otras, como en Cibnor o la UABCS (negativas); todo el sector pesquero ha argumentado porqué no hacer una mina; el Congreso del Estado está en contra”, resaltó.

Las y los integrantes de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), demandamos de manera inmediata la aplicación de las medidas cautelares 388/12 otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y declaradas desde el 6 de noviembre de 2012, para la protección de nuestro compañero Martín Solís Bustamante, ante las amenazas que ha recibido por defender los bienes naturales de nuestro país.

Su situación está enmarcada en los asesinatos de Ismael Solorio y su esposa Manuela Solís, a raíz de oponerse a que la empresa canadiense Mag Silver destruyera y contaminara sus tierras. Por lo tanto, exigimos que no sea la omisión de sus actos lo que inhiban la aplicación de lo definido por la corte, de tal manera que urge se proteja al compañero Martín Solís.