Un grupo de entre 30 y 50 indígenas arrancará desde esta semana la recolección de las aproximadamente 1.493 firmas que se requieren para convocar a una consulta popular que revoque las licencias otorgadas para la explotación minera en el sector de Quimsacocha, provincia del Azuay.
El colectivo de comuneros que impulsa este proceso dejó listo el viernes anterior un cronograma que les permitiría cumplir los 180 días que les dio el Consejo Nacional Electoral (CNE) para la recolección de rúbricas. El plazo corre desde el jueves pasado.
Ese día, el CNE entregó a la dirigencia de la Unión de Sistemas Comunitarios de Agua del cantón Girón, filial de la Federación de Organizaciones Indígenas del Azuay y de la Ecuarunari, los formularios.
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Juan Ángel Trasviña Aguilar, presidente de Medio Ambiente y Sociedad (MAS) expresó que la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), a la que pertenecen, se pronunció en contra de la instalación del proyecto minero El Arco.
Según diversos medios periodísticos, el 20 de enero, 15 efectivos de la Policía Nacional en compañía de varios miembros de la empresa SECURITAS, que presta servicios de seguridad a Minera Yanacocha, intervinieron la casa de Máxima Acuña Chaupe, ubicada en el sector de Tragadero Grande, frente a la Laguna azul, en el área donde se ubica el proyecto minero Conga. El objeto de dicha intervención habría sido prohibir a la familia Acuña Chaupe que realice actividades agropecuarias y obras de mejoramiento de su vivienda.
En un primer dictamen de una investigación que concluirá en 2016, el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) concluyó que cinco empresas mineras de Canadá y el gobierno de ese país son responsables de violar los derechos humanos en América Latina.
Investigadores de la Universidad de Puerto Rico demostraron que entre 2001 y 2013 América del Sur perdió alrededor de 1.680 kilómetros cuadrados de bosque tropical como consecuencia de la extracción de oro.