Dado que Máxima Acuña ha estado manifestando continuamente que ella y su familia siguen sufriendo, de manera sistemática, actos de hostigamiento, intimidación y violencia de parte de las fuerzas del orden y de presuntos trabajadores de la empresa minera Yanacocha, diversas instituciones solicitaron a la gobernación de Cajamarca garantías para los Chaupe.
Así, pues, esta decidió: “Otorgar las garantías del caso a Máxima Acuña de Chaupe y familia, a fin de proteger el libre ejercicio de derechos y libertades fundamentales reconocidas en la Constitución, así como aquellas libertades que se deriven del ejercicio de derechos posesorios en el predio Tragadero Grande, así como el retiro de todo servicio policial dentro del predio, salvo excepciones de ley o autorización previa de los posesionarios”, tal como se menciona literalmente en el documento oficial.
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