Un nuevo conflicto social está a punto de estallar en la región Cajamarca. Involucra una vez más a la empresa Minera Yanacocha y a las comunidades aledañas a su explotación y exploración.

Este martes, pobladores de las localidades de Totoracocha, Suan Juan de CorralPampa y El Alumbre llegaron a la ciudad de Cajamarca acompañados de su alcalde provincial, Dr. Marco Antonio Aguilar, para levantar su voz de protesta ante las autoridades pues acusan que la empresa Minera Yanacocha habría contaminado sus captaciones de agua.

Según relató el alcalde de Hualgayoc – Bambamarca, el pasado viernes los moradores de estas zonas vieron que el agua que salía de sus grifos presentaba una consistencia y color distintos, por lo que pidieron la presencia de los funcionarios de la Minera, los mismos que acudieron al lugar, y al ver las evidencias firmaron un acta en la que se comprometieron a entregar agua embotellada y en cisternas.

Los efectos de esta presunta contaminación no solo afectarían a los caseríos antes mencionados, sino que alcanzarían también a todo el valle llaucano.

Fuente:http://www.cajamarcaviral.pe/2019/11/hualgayoc-nueva-acusacion-de.html?fbclid=IwAR0gX_JTv3PEMLpD7kNP9gpD9rMRpV-UcwaKl0K_ZCX06KulazKMO9ziKiU

Puno: desborde de relavera minera causa una muerte en Ananea

Una poza de sedimentación de residuos mineros se desbordó el miércoles 14 de noviembre en horas de la noche en el sector Sillacunca, cerca de la vía Ananea-La Rinconada, en el distrito de Ananea, provincia de San Antonio de Putina.

El derrame del material altamente tóxico sobre la vía causó la muerte de un ciudadano natural del distrito de Quilcapuncu, Faustino Apaza Mamani (34 años).

Los trabajadores de la minera declararon que la poza del siniestro no contaría con un sistema para la evacuación de lodos. Pese a ello, la empresa minera San Francisco de la Central de Cooperativas Mineras San Antonio de Poto (Cecomsap), propietaria de la poza, cuenta actualmente con autorización para explotar oro de la Dirección Regional de Energía y Minas (DREM) y ha pasado las fiscalizaciones sin ninguna observación durante años.

Ante lo sucedido, la ciudadanía local ha reclamado a la DREM que fiscalice efectivamente las instalaciones de las empresas mineras en la zona.

Fuente:https://noalamina.org/latinoamerica/peru/item/43240-peru-desborde-de-relaves-mineros

La extracción de los minerales que requiere Europa la sufren en carne y hueso las poblaciones de Perú. Para sensibilizar tanto a políticos como a la sociedad, una delegación peruana visitó Bruselas. DW habló con ella.

Las mujeres que conviven con proyectos mineros en el Perú, en este caso el corredor minero sur andino en Cusco y Apurímac, están siendo parte de procesos de cambios económicos, políticos, culturales y ambientales. Las provincias de Espinar, Chumbivilcas (Cusco) y Cotabambas (Apurímac) conviven con algunas de las principales inversiones mineras en el país: empresa Hudbay con el proyecto Constancia (Chumbivilcas), empresa Glencore con el proyecto Antapaccay (Espinar) y empresa MMG con el proyecto Las Bambas (Cotabambas). No obstante en esta convivencia se dan una serie de vulneraciones a los derechos, las cuales generan impactos diferenciados y muchas veces invisibilizados en las mujeres.

Si bien es cierto que la minería ha generado directa e indirectamente dinámicas económicas en los territorios, también se debe señalar que esta actividad ha expuesto a las mujeres a situaciones de violencia sexual, económica, y cultural que han agudizado las brechas de desigualdad y de vulneración que viven las mujeres. Debido al incremento del costo de vida que genera el ingreso de las actividades mineras en un territorio, ellas ahora se ven en la obligación de incorporarse a trabajos adicionales que les generen ingresos económicos adicionales para su supervivencia y la de sus familias, lo cual se suma a sus labores de  rol de cuidado cotidiano. Esto les ha perjudicado en el núcleo familiar y comunal, ya que por un lado los cónyuges se han sentido amenazados ante la independencia y empoderamiento que las mujeres van obteniendo, lo cual termina algunas veces en situaciones de violencia física o psicológica. Por otro lado, se suma el despojo de sus territorios, teniendo que salir de sus comunidades y mudarse a los “centros” de dinámica comercial generadas principalmente por los servicios para la minería, dejando de lado sus principales círculos de apoyo y soporte comunales/culturales.

A las mujeres originarias y campesinas de Cusco y Apurímac les es difícil salir de los círculos de violencia, sobre todo por estar aún en contextos de pobreza, analfabetismo y desnutrición. En el siguiente cuadro podremos ver que las provincias de Cusco y Apurímac, las cuales cuentan con la presencia de los mayores proyectos mineros del país, presentan el mayor porcentaje de mujeres que fueron agredidas alguna vez por el Esposo o compañero. A pesar de que hacen falta estudios que ahonden en el vínculo del desarrollo de actividades mineras y el incremento de la violencia de género en los territorios, los testimonios de mujeres dan cuenta de un incremento de los casos de violencia familiar en las provincias que abarca el corredor minero.

El rol de cuidado de las mujeres del corredor minero refuerza sus preocupaciones en el futuro de sus hijos, sus animales y sus principales actividades productivas: la agricultura, la ganadería y la horticultura. Es por eso que manifiestan que hay contaminación en el agua, lo cual viene afectando a los animales que habitan en los ríos y a los seres vivos que se sirven de este: animales para la ganadería y las personas que lo consumen. Así mismo, la salud de las mujeres y de sus familiares viene siendo afectado por la contaminación de los metales pesados. Recordemos que de un dosaje realizado el 2017 en Espinar a 897 personas[1], más de 700 tenían arsénico, cadmio y mercurio en su sangre. Las mujeres insisten en que hay contaminación, no solo en su fuente principal de vida el agua, sino también en el aire. Y es que para ellas el tránsito de camiones de las empresas perjudica con el polvo a la agricultura, generando impactos a corto y mediano plazo en sus cultivos y afectando también la salud de sus familias. Actualmente son alrededor de 170 centros poblados los que son atravesados por el Corredor Minero, en el cual se registra el paso de 370 camiones de la empresa china MMG que además del polvo generan ruidos insoportables y temblores que rajan las viviendas. A pesar de esto, las mujeres se han organizado y quieren ser consideradas como defensoras del medio ambiente desde antes que llegara la empresa minera.

“No nos oponemos a la minería, pero queremos que la empresa cumpla con la ley. Nos consultaron y estuvimos de acuerdo con que el transporte del cobre se hiciese por mineroducto. Y en 2014 lo cambiaron a transporte por carretera. A otros hermanos los han desalojado, ubicándolos en Nueva Fuerabamba, pero en esas casas no se garantiza su acceso al trabajo agrícola. Reclamamos, también por escrito», Virginia Pinares, defensora de Cotabambas y vice Secretaria General de la FIDTACCHEPG en una entrevista a la prensa internacional.[2]

La violencia también radica en la poca transparencia y respeto que la empresa ha desarrollado en estos territorios en su vínculo con las comunidades. Para las mujeres organizadas del sur andino el debilitamiento de las organizaciones sociales mixtas, de las comunidades e incluso de las familias está muy ligada a la presencia de las empresas mineras con sus estrategias de división, manipulación y corrupción. Un ejemplo claro de ello es el quiebre del tejido social y cultural en la provincia de Espinar, complejo y difícil pero no imposible de resarcir para las mujeres K´ana. A ello se suma la afectación a la salud mental por los engaños con los que muchas veces ha entrado la actividad minera en estos territorios, cuentan las hermanas del sur “la mina nos decía que traeríamos el desarrollo, tu hijo será profesional, tendrá becas, pagaremos por tu casa” lo cual muchas veces era aceptar por necesidad y para que las nuevas generaciones “rompan el círculo de la pobreza”. En la actualidad, la estrategia de las empresas mineras se ha enfocado en la criminalización de la protesta, la cual en su punto más álgido y doloroso contó con 3 fallecidos[3] tras el conflicto de Las Bambas del 2015. Estas muertes dejaron esposas, madres, hijos e hijas que han tenido que re aprender su estar en el mundo, no solo por la ausencia de sus seres queridos, sino por la injusticia y la no reparación de las vidas.

Si bien las mujeres del corredor minero del sur andino están organizadas en asociaciones u organizaciones en sus respectivos territorios, todavía se muestra una debilidad de conocimiento y posibilidad para sus intervenciones en los diversos espacios de incidencia y/o diálogo en los cuales se toman decisiones que afectan a sus territorios. Las mujeres tienen dificultades para participar activamente de espacios de consulta, mesas de diálogo, así como de discusiones que las afectan como la Ley Marco sobre Regulación del Cambio Climático y la consulta previa de dicha norma. Es por esto que es urgente establecer buenas prácticas  como la generación de espacios de participación exclusiva para mujeres originarias e indígenas. Además existe el gran reto de incorporar a las mujeres jóvenes en las organizaciones de base y/o en la sensibilización sobre la sostenibilidad del territorio rural. Teniendo una perspectiva de género e interculturalidad en los espacios de diálogo, se podrán generar las condiciones para una verdadera participación de mujeres en los espacios de tomas de decisión del corredor minero del sur andino.

25 de noviembre de 2019

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/juntas-contra-todas-las-violencias-en-el-sur-andino/?fbclid=IwAR1BJyvRmWngOIeRS3580mhpDxXlYkJR8BRwuTagWhwGtvGDA4rK_8g4gKg

En el marco del proceso de evaluación de la Modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) del Proyecto Coroccohuayco, que representa una ampliación la mina Tintaya – Antapaccay, CooperAcción ha interpuesto un recurso administrativo ante el Servicio Nacional de Certificación Ambiental (SENACE), para que este organismo corrija la omisión del mecanismo de audiencia pública con las comunidades de la zona de Coroccohuayco, como parte del procedimiento de participación ciudadana establecido por ley.

Es importante recordar que recientemente el Primer ministro Vicente Zeballos se reunió con representantes de las 13 comunidades de la zona de influencia de la mina Tintaya–Antapaccay y de la ampliación Coroccohuayco. En dicha reunión se acordó realizar una consulta previa en los próximos 30 días.

Una de las principales demandas de las comunidades es que se socialicen los contenidos de esta MEIA, particularmente considerando los graves impactos potenciales que su aprobación podría generar sobre los derechos humanos de estas comunidades. Este problema ha sido advertido incluso por el mismo SENACE en su informe de observaciones emitido a la MEIA del proyecto Coroccohuayco. Por tales motivos, no resulta claro por qué este organismo ha omitido hasta la fecha un componente tan esencial de la participación ciudadana, como son las audiencias públicas. El recurso administrativo presentado por CooperAcción busca corregir esta omisión, para que a través de la implementación de la audiencia pública se pueda generar un espacio de discusión y debate sobre los contenidos de la MEIA en el cual participen las comunidades afectadas.

No debe dejarse de lado que la aplicación de este mecanismo de participación ciudadana, como es la audiencia pública, no resta méritos a las demandas que vienen planteando las comunidades de esa zona, para que en el marco del proceso de consulta previa que próximamente se ha anunciado, pueda también ponerse en discusión los contenidos de la MEIA.

Adjuntamos el escrito presentado al SENACE.

Lea la carta completa aquí:

Cargo carta presentada a SENACE queja por defecto de tramitacion (2)

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/cooperaccion-presenta-recurso-para-que-se-realice-audiencia-publica-sobre-coroccohuayco/?fbclid=IwAR0QmBG1Z6HNpnl8tsm_PQLdP4wsjTrPfhj8dZ7WTQU2RPu_HEBHPQk0FL8

El ministro de Agricultura y Riego, Ing. Agríc. Jorge Montenegro Chavesta, inauguró la Qocha “Wayñaccota” en el distrito de Sangarará, provincia de Acomayo, Cusco, acto simbólico con el que se dio inicio a la etapa de entrega de 33 qochas que se construyen en esa región.

De esta forma, se ponen en marcha las obras desarrolladas por la Unidad Ejecutora “Fondo Sierra Azul”  en los distritos de Rondocan (3 qochas), Sangarará (3), Coporaque (18), Espinar (2), Accha (3) y Ccatca (4) ubicadas en las provincias de Acomayo, Espinar, Paruro y Quispicanchi, cuya inversión supera los S/. 3‘142,371.94.

Las qochas beneficiarán a 663 familias de pequeños productores de la agricultura familiar y tendrán un alcance de almacenamiento de 927,051.76 metros cúbicos de agua de lluvia, para irrigar 941.3 hectáreas.

“Estas obras, da las garantías a los pequeños agricultores de tener agua para que, en la apoca de su ausencia, puedan aprovecharla para más cultivos, tener pastos mejorados, forrajes, más alimentos”, señaló el titular del sector.

Fuente:https://agronoticias.pe/clima/cultura-del-agua/cusco-construyen-33-qochas-para-sembrar-y-cosechar-agua/?fbclid=IwAR2RjhSR4LDAk1OKRv0mo7DXsEUzrU4AfzRbldJdgT2kaxVeUdW9NcPm2Ko

Habitantes de este distrito de la provincia de Pataz, acusan a Consorcio Minero Horizonte de contaminar ríos con relaves y afectar el aire con residuos de materiales tóxicos usados para la extracción aurífera.

Pobladores del distrito de Parcoy, en la provincia de Pataz, denuncian que la minería no sólo está acabando con los recursos naturales de esta zona de la región La Libertad, sino que viene afectando también su salud, causando graves e irreversibles daños por los que nadie se responsabiliza. Aseguran que el oro, ese metal que tanto ansían los extractores formales e ilegales que operan en este sector, no les deja ningún rédito.

“Desde hace años respiramos el polvo de los relaves y esto nos está provocando enfermedades respiratorias y en la piel, pero quienes más lo sufren son nuestros niños”, afirma el teniente gobernador, Eusebio Mendoza, una de las pocas autoridades de esta zona que se anima a denunciar las secuelas de la extracción de oro, no sólo por mineros ilegales, sino incluso por formales como el Consorcio Minero Horizonte.

En un documento presentado ante el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) a fines de octubre, y al que tuvimos acceso, se indica que la minera en mención estaría vertiendo sus relaves de manera irresponsable en las aguas del río Retamas, que recorre el anexo del mismo nombre hasta desembocar en la laguna de Pías, la más importante de este sector.

“Antes podíamos pescar en el río y en la laguna, ahora ya no. Los pocos peces que quedan en estas aguas no están aptos para el consumo humano, tienen metales pesados. Un estudio realizado por la Universidad Nacional de Trujillo en el 2018 así lo demuestra”, explica Mendoza.

Lo más grave de todo, es que dicho consorcio opera de manera formal, con licencia del Estado, desde hace varias décadas. “Lo hace de manera irresponsable y sin ningún tipo de control”, acusan los . En noviembre del 2016, las rondas campesinas de Tayabamba, Chilia, Llacuabamba y Parcoy se unieron para exigir que la OEFA investigue el grave daño ambiental que la minera causaba en la zona.

“Hubo un paro de varios días, que consiguió llamar la atención de las autoridades por un momento, pero después todo quedó en nada. Llevamos años luchando para que se detenga esta depredación de recursos y que el Estado ponga mano firme, porque es la salud de nuestros hijos la que está en juego. Nosotros no nos oponemos a la minería, pero tiene que haber un control adecuado”, agrega Mendoza.

En esta comunidad de la sierra liberteña, lo único que esperan sus pobladores es la presencia del Estado, tanto para fiscalizar como para velar por una actividad minera responsable, que beneficie a todos.

 

Fuente:https://larepublica.pe/sociedad/2019/11/22/la-libertad-contaminacion-causada-por-minera-afecta-salud-de-pobladores-en-parcoy/?fbclid=IwAR2B8XsC2QyoJ4I9ajJwPyz8FU51pbrMm9lWwE9FWHk0rQ4JYjUnAidNsFg#.XdnzWPcsfMc.facebook

Una comitiva de alto nivel, encabezada por el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos Salinas, arribó al Centro Poblado Tintaya Marquiri en Espinar, Cusco, el día 19 de noviembre, con el objetivo de sostener una reunión con los representantes de las 13 comunidades originarias del área de influencia directa de la unidad minera Tintaya – Antapaccay que habían iniciado una medida de lucha los días previos.

El titular de la PCM destacó que este espacio de diálogo ha permitido intercambiar opiniones, diagnósticos, responsabilidades y respuestas para alcanzar una articulación entre los tres niveles de gobierno y la población.

Tras más de cinco horas de trabajo, se alcanzaron algunos acuerdos, entre los que destacan la conformación de un grupo de trabajo para la implementación de un fondo de emergencia social, que será liderado por el Gobierno Regional del Cusco.

Asimismo, El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) entregó un informe que explicaría los motivos por los cuales no se realizó el proceso de consulta previa antes de la aprobación del proyecto Tintaya – Antapaccay en el año 2010, lo cual era una de las principales demandas de las comunidades. En el Acta de la reunión se indica que esta omisión por parte del Estado de realizar el proceso de consulta previa aún queda pendiente de ser resuelta.

De igual manera, con relación a la ampliación del proyecto Tintaya – Antapaccay, denominado Proyecto Coroccohuayco, el MINEM anunció que en el plazo de 30 días se iniciarán las acciones para la implementación del proceso de consulta previa respecto a este nuevo proyecto minero, que representa una continuación de la unidad minera Tintaya – Antapaccay. En dicho lapso, este sector trabajará la normativa que corresponda para dicho fin, sin especificar en qué consistirá. Además se conformará una comisión multisectorial para evaluar presuntas afectaciones en el territorio de las 13 comunidades originarias de la provincia de Espinar. Lo que el acta de la reunión no deja en claro es qué se consultará y que se necesita una nueva normativa.

La comisión gubernamental presente en Espinar estuvo integrada también por el Viceministro de Gobernanza Territorial de la PCM, Raúl Molina; la Viceministra de Ambiente, Lies Linares; el viceministro de Salud Pública, Gustavo Rossell; el viceministro de Minas, Augusto Cauti; la alta comisionada para el Corredor Vial Sur, Paola Bustamante, así como representantes del ministerio de Agricultura y Riego y del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), entre otros.

También estuvo presente el gobernador regional de Cusco, Jean Paul Benavente; el consejero regional por Espinar, Felipe Pacuri; el alcalde de Espinar, Lolo Arenas; y representantes de las comunidades de Huano Huano, Cala Cala, Huisa, Paco Pata, Tintaya Marquiri, Alto Huancané, Suero y Cama, Huancané Bajo, Alto Huarca, Huarca, Anta Ccollana, Huisa Ccollana y Huini Coroccohuyaco.

Los problemas del Corredor minero

La más reciente medida de lucha se dio la medianoche del 12 de noviembre, cuando 13 comunidades originarias de la provincia cusqueña de Espinar, que se verían afectadas por el proyecto Integración Coroccohuayco, perteneciente a la transnacional suiza Glencore, iniciaron un paro indefinido, exigiendo al Estado que haga valer su derecho a consulta previa. Se reportaron bloqueos en varios puntos del corredor minero del sur en la zona de Espinar.

Cabe recordar que el pasado 08 de noviembre, los dirigentes comunales tuvieron una reunión con altos comisionados del Estado, pero no llegaron a ningún acuerdo, debido a la insistencia de los funcionarios para que este tema lo vea el MINEM.

Las comunidades esperan que en esta oportunidad el Estado finalmente reconozca la omisión del proceso de consulta previa para la aprobación del proyecto Tintaya – Antapaccay en el 2010, exigiendo una compensación económica a la empresa. Asimismo, exigen que se establezca un proceso de consulta para determinar la viabilidad del proyecto de ampliación Coroccohuayco. Es importante resaltar que en la actualidad se encuentra en evaluación por parte del Servicio Nacional de Certificación Ambiental (SENACE) la Modificatoria del EIA del Proyecto Coroccohuayco, y una de las principales demandas de las comunidades de la zona (particularmente de la zona de Coroccohuayco) busca que los contenidos del EIA sean discutidos en el marco de la ejecución del proceso de consulta. Sin embargo, las normas sectoriales que desarrollan este derecho para el sector minería, señalan que la consulta previa solo se aplica antes de la autorización del inicio/reinicio de actividades de un proyecto minero, es decir, cuando todos los demás permisos (incluido el EIA) se encuentran aprobados. Diferentes instituciones públicas y privadas, como es el caso de la Defensoría del Pueblo, se han manifestado en desacuerdo con la oportunidad de aplicación de la consulta previa (antes de la aprobación del inicio de operaciones), y demandan que este sea implementada durante el proceso de evaluación de los EIA, pues de lo contrario perdería eficacia y no garantizaría un adecuado ejercicio de este derecho colectivo de los pueblos indígenas.

Es importante que el Estado abra los espacios multiactor para dar una solución integral y permanente a las comunidades de la zona de influencia de la mina en la provincia de Espinar, y mejorar los mecanismos de participación y consulta previa que se han venido implementando hasta la fecha.

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/cusco-tras-paralizacion-comunidades-de-espinar-logran-acuerdos-con-el-ejecutivo/?fbclid=IwAR26qNqg7DvKWwR_10FzbAuY1HWNE_KBx5_hy7nGvUZWzxo7CgA6uSmcDKk