A pocos días del reinicio de las protestas contra el emblemático proyecto Conga y en medio de una gran conflictividad socio ambiental en el país, el Congreso aprobó una medida que permite a policías y militares matar o lesionar a civiles sin responsabilidad penal.
La polémica norma, aprobada ayer por el Congreso, exime de responsabilidad penal al personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú cuando cause lesiones o muerte en el “cumplimiento de su deber” y en uso de sus armas u otro medio de defensa, informó la prensa del Congreso de la República.
El Colectivo Bagua presentará el viernes 14 de junio a las 6 de la tarde el libro “La Verdad de Bagua” que recoge el informe en minoría para investigar los sucesos del 5 de junio de 2009 que realizó el líder indígena Jesús Manasés y la religiosa Maricarmen Gómez Callejas, del Vicariato de Jaén.
El estudio ‘Proyectos y Prospectos Mineros en el Perú, 2013-2016’ revela que para el año 2016 se habían estimado 27 proyectos mineros que representaban un total de US$ 30 mil millones, pero debido a la conflictividad social, estos se han reducido a 17 proyectos, que representan US$22,583 millones, casi US$ 8 mil millones menos que lo planificado. 
La situación por la que atraviesan las comunidades de la cuenca del río Napo y Curaray en donde se registraron altos niveles de contaminación por metales pesados en humanos, peces y suelos, es materia de análisis del décimo reporte de conflictos socioambientales que elabora el Observatorio “Vigilante Amazónico”.
Los procesos de diálogo siguen avanzando en la región: en el caso de la mesa de diálogo de Espinar, ya se atraviesa una última etapa en términos de resultados de los estudios ambientales pero se abre una nueva relacionada a la adopción y seguimiento de acuerdos así como a la institucionalización permanente del espacio de diálogo. En el caso de Chamaca, recién se ha instalado el espacio y los procesos de negociación están en una etapa muy inicial. 
El jefe de Estado anunció una serie de medidas orientadas a promover las inversiones en el país, lo que ha generado preocupación por lo que apunta a una clara flexibilización de instrumentos evaluación ambiental.
En la región se siguen identificando problemas relacionados con el crecimiento sostenido de la actividad minera: exigencia de puesto de trabajo para la población local, reclamos por el incremento del costo de los servicios básicos para la población, preocupación por los impactos ambientales que generan las actividades mineras, entre otros. Estos temas van marcando una nueva agenda para la región que involucra a sus autoridades y organizaciones sociales.
Los impactos ambientales negativos generados por la empresa Doe Run en Perú y en Estados Unidos siguen generando reacciones en diversas instituciones y autoridades. En efecto, hasta la fecha la empresa no ha demostrado una voluntad real de remediar los daños que ha generado la contaminación sistemática en La Oroya y en Missouri.