Perú

Perú. El viejo cuento de “Agua Sí, Oro También” otra vez

Durante esta semana, nos sorprendió un artículo escrito por el conocido político y ex gobernador de Ica, Fernando Cillóniz, denominado “Agua sí, oro también”, el cual trata de recolocar en el debate la idea que solo la gran minería salvará al país, y que las resistencias y cuestionamientos de la gente, solo son radicalismos y manipulación de peligrosos antimineros.

El artículo se centra en “analizar” el caso Cajamarca,  a partir de la presencia de Minera Yanacocha y su aporte.  Es casi surrealista la forma como Cillóniz describe la supuesta época de oro y bonanza de Cajamarca- que dice haber conocido-  ubicándola entre el 2012 y los años siguientes.  Dice entonces que en aquella época,  Yanacocha llegó a producir tantas onzas de oro y había tanto dinero en Cajamarca, que se construían escuelas, hospitales, carreteras, reservorios, plantas de tratamiento de agua, etc., etc., etc.  Pero no queda ahí su relato, habla de los grandes bosques de pino que se sembraban,  la ganadería y la industria lechera que prosperaban, y la agricultura y la pisicultura que crecían de mano de “su” minería. Solo la faltó decir que la leche y la miel manaban por los campos.

Este artículo no debiera pasar de ser una anécdota, por la falta de rigurosidad mínima con la que escribe, proporcionando de manera ligera una serie de datos que solo con un poco de memoria y un primario googleo, se puede establecer que son falsos. No señor Cillóniz, el 2012 no era la época de la bonanza minera donde todo florecía,  fue la época del peor conflicto enfrentado con esta actividad, el conflicto Conga, que nos dejó 5 muertos y decenas de heridos.  No, esa no fue la época del boom y mayor producción de oro, el descenso progresivo de la producción y por tanto del canon minero, se verifica mas bien en esta etapa, concretamente del 2010 para adelante, y tiene que ver con el agotamiento de las reservas mineras y la intensa explotación sufrida por las vetas de alta ley.  Conforme a los propios datos del Ministerio de Energía y Minas, el año récord de producción de oro por Yanacocha fue en el 2005, cuando registró un volumen de 3 millones 333 mil 088 onzas troy, pero, para ser precisos la bonanza no era para los cajamarquinos, pues conforme a cifras del INEI, ese mismo año la región entraba en el primer quintil de pobreza, ocupando el cuarto lugar. En el 2012 ciertamente Yanacocha declaró las cifras más altas de inversión, pero ojo, la inversión de capital que hizo no fue para la construcción de escuelas, hospitales o sembrar árboles; fue para la construcción de Conga, su nueva mina que luego quedaría paralizada al evidenciarse los impactos que generaría y que no habían sido informados a la población.

Efectivamente, este artículo entonces no debería de pasar de ser solo una anécdota, de no ser porque tiene una clara finalidad: seguir afianzando el falso mito sobre el rol del extractivismo minero en el país, maximizando sus supuestos beneficios, tratando de ocultar los graves impactos a nivel ambiental y social que ha generado, e invisibilizando las serias distorsiones económicas que causan.

Que Cajamarca está en una etapa de desaceleración económica por las bajas recaudaciones que ahora tenemos, es cierto, sin embargo, la razón de ello, es la poca responsabilidad que se tuvo promoviendo una política extractivista en esta región, volviéndola dependiente de la minería, convirtiéndola en un enclave, que implicó que los esfuerzos se concentraran en privilegiarla, deprimiendo así las actividades tradicionales como la agricultura y ganadería.  Prueba de ello es que Cajamarca habiendo sido una de las cuencas lecheras más importantes de país antes de los 90, pasó a ser rebautizada abrupta y arbitrariamente como “Cajamarca región minera”, lo que causó un progresivo abandono de las políticas a favor de la agricultura, la ganadería o la forestación.

Los grandes beneficios tributarios, cambiarios y administrativos ofrecidos a la minería, hacían imposible que otras actividades económicas pudieran competir con la misma, y lo que es peor, los privilegios de esta actividad, que por ley fue calificada de Interés público y Necesidad Nacional [1], permitían que se desarrolle no solo sobre territorios tradicionalmente dedicados a la producción, sino sensibles ambientalmente, como las zonas colectoras de agua; aquello es lo que generó los conflictos, las resistencias, que aún subsisten en la región, sobre todo en la zona rural afectada que considera que el único “legado de la minería” fue dejarlos sin agua y contaminados.

Depender de una sola actividad económica, cuyo crecimiento y rendimiento depende de los mercados internacionales, es la forma más endeble y peligrosa de sustentar una economía, pues cuando las condiciones internacionales cambian, la economía interna cae estrepitosamente sin posibilidad de contrarrestar el efecto con otras actividades; es la “enfermedad holandesa” de la que hablan los economistas.   Esto es lo que está pasando en Cajamarca, años de extraer mineral, años de otorgar beneficios a la gran minería, sobre todo tributarios, años de deprimir a otras actividades económicas sostenibles, solo ha traído más riqueza para las trasnacionales, más miseria para Cajamarca, ahora ubicada en el primer lugar de pobreza en el país. La forma de distribución de los recursos recaudados en canon, sumada a sus restricciones legales y la falta de capacidad de gestión, no sirvieron para construir una sola carretera de envergadura, un solo hospital de primer nivel, o impulsar alguna otra actividad productiva.

Y como una cachetada a la pobreza de Cajamarca, este 5 de diciembre último, el gobierno publicó mediante decreto de urgencia la ampliación por 3 años más de un beneficio para las mineras, la devolución del IGV e Impuesto de Promoción Municipal.  Es decir en lugar de exigirles más inversión social o responder por los grandes daños ambientales provocados, les devuelve dinero, supuestamente para que sigan invirtiendo.

Así no podemos seguir promocionando esta actividad como la gran oportunidad de desarrollo, la evidencia no solo nos muestra lo contrario -por más que el señor Cillóniz y otros personajes nos quieran hacer creer en cuento-  sino que así como se promociona es una amenaza para los pueblos y sus modos de vida. Y en Cajamarca lo sabemos muy bien.

 

Fuente:https://kaosenlared.net/peru-el-viejo-cuento-de-agua-si-oro-tambien-otra-vez/?fbclid=IwAR1bQRQxyK_MqAzkIbVTEJjDHxS6sfaiZ5bnxtA57A3FTuHz6IoQhOJFn4U

Perú

Las Bambas: Publican decreto de urgencia para expropiar terrenos en Corredor Vial Apurímac-Cusco

El Ejecutivo publicó un decreto de urgencia que aprueba medidas extraordinarias para liberar y expropiar áreas en el Corredor Vial Apurímac-Cusco, también conocido como “corredor minero”.

Según el texto, el objeto de la norma es permitir el acceso a los servicios públicos y para ello, dispone la autorización de «la expropiación de las áreas que resulten necesarias”.

Como se recuerda, a lo largo del año, el corredor minero fue víctima de constantes bloqueos y declaratorias de emergencia, pues la población local protestaba por el transporte de minerales de la mina de cobre MMG Las Bambas en esa ruta hacia el puerto de Matarani (Arequipa). Actualmente, los vehículos circulan con normalidad.

Durante los próximos 30 días hábiles, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) deberá identificar el área para la ejecución de la obra, así como los afectados que ocupan y poseen las zonas requeridas.

La lista de personas naturales y jurídicas afectadas se publicará en los 10 días hábiles siguientes, luego que termine la labor de identificación del MTC.

Luego de la publicación, el afectado deberá acreditar su derecho sobre el área en cuestión. En caso de no hacerlo (o no aceptar el pago por el área), el MTC procederá a expropiar el terreno.

La compensación económica, como pago único hacia el afectado, será por un monto no menor a una Unidad Impositiva Tributaria (UIT) ni mayor a 5 UIT. Es decir, actualmente se ubicaría entre S/ 4,200 y S/ 21,000.

“El valor de m2 de terreno, para los fines del presente Decreto de Urgencia, es el monto más favorable para el sujeto pasivo obtenido entre las tasaciones realizadas en el corredor vial a la fecha de emisión de la presente norma, distinguiéndose un valor para el tipo o uso de terreno, considerando las características homogéneas del terreno en cada uno de estos ámbitos”, señala el texto.

Además, el Gobierno señaló que garantiza “los derechos colectivos de los pueblos indígenas u originarios”.

 

Fuente:https://gestion.pe/peru/las-bambas-publican-decreto-de-urgencia-para-expropiar-terrenos-en-corredor-vial-apurimac-cusco-nndc-noticia/?fbclid=IwAR2FVFZG6DbBiyK0Jz1MY74qJ9oz_JqUi8E7VVW2p4Bw16Xo_4quEAqTh5Q

Perú

Masivas protestas por el agua en Lima

En Lima y Callao cerca de medio millón de ciudadanos no tiene acceso al agua potable, millones no cuentan con un acceso de calidad según el INEI. Dada esta situación, en el último año nuevas amenazas al recurso vital han generado manifestaciones de la ciudadanía en la capital y el primer puerto. Esto refuerza los datos de la Defensoría del Pueblo que indican que el 30% de la conflictividad a nivel nacional se debe a la afectación del agua, de forma importante por parte de la minería irresponsable.

Al respecto, cabe señalar que Lima es una de las 20 ciudades del mundo con más alto riesgo de estrés hídrico ante el cambio climático. Las estimaciones que fechaban el 2030 como el año del agotamiento del recurso hídrico son cada vez más criticadas por evidencias de que el fenómeno sucederá antes.

En la capital, la constante contaminación de la actividad minera y la emisión del Decreto Supremo 214-2019 por parte del presidente Vizcarra que supone la posible privatización del SEDAPAL han generado multitudinarias movilizaciones. Dos marchas que en setiembre y noviembre movilizaron a más de 50 mil ciudadanos contra la afectación del servicio de agua y el proyecto minero Ariana. El Sindicato del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SUTESAL) junto a diversas organizaciones ciudadanas organizaron las protestas, exigiendo además la protección de las fuentes de agua del río Rímac frente a la contaminación por pasivos ambientales mineros presentes en San Mateo.

Luisa Eyzaguirre, dirigente de SUTESAL, ha manifestado públicamente la oposición del sindicato al proyecto minero Ariana señalando que “Sutesal está pidiendo que el gobierno a través del ministerio de Energía y Minas le quiten la licencia de funcionamiento”. Según la dirigente, los principales conflictos en el mundo en la actualidad se dan por el agua y temas vinculados al medioambiente.

En este sentido, la campaña ambientalista mundial Viernes por el Futuro (Fridays For Future), reconocida por la activista Gretta Thunberg, ha sido acogida por organizaciones nacionales que luchan por el medioambiente. En Lima, con motivo de la COP25, el movimiento ha realizado protestas exigiendo al Ministerio del Ambiente nuevas políticas para reducir significativamente los gases de efecto invernadero y la protección de la amazonia y los sistemas hídricos.

La aceleración del movimiento ambientalista da cuenta de un cambio en la matriz de los procesos reivindicatorios. Reconocimiento que se plasmó en el enfoque en saneamiento que se impulsó en el gobierno de PPK que vuelve a cobrar relevancia ante la afectación del recurso vital. En el contexto presente, inclusive un análisis moderado indicará que la lucha por el agua se tornará cada vez más en un tema gravitante de la agenda pública y que los responsables de su afectación tarde o temprano tendrán que asumir los impactos que generan.

16 de diciembre 2019

 

Fuente:http://conflictosmineros.org.pe/2019/12/16/masivas-protestas-por-el-agua-en-lima/?fbclid=IwAR3ZzdT_lYcPZU6mgxTKTpVaSYoYdhUxgptFEHCD-G5T6plxBKyXCV4Lf3g

Perú

Corredor minero: Modifican norma que autorizaba expropiación de terrenos por adquisición

El 12 de diciembre se publicó en el diario El Peruano un Decreto de Urgencia que permite la adquisición de terrenos en el corredor minero en el tramo Apurímac – Cusco para la ejecución de obras viales, consideradas de necesidad pública e interés nacional.

Sin embargo, su publicación ha llamado la atención, ya que en el Decreto de Urgencia Nº 026-2019 se señala expresamente la aprobación de “medidas extraordinarias de liberación y expropiación de áreas y la implementación de las intervenciones viales temporales a realizarse en el corredor vial Apurímac-Cusco”. Horas después, El Peruano publicó una corrección (Fe de Erratas) en la norma, cambiando el término «expropiación» por «adquisición» y eliminando «liberación».

A raíz de esto, la organización Cooperacción se ha pronunciado calificando de inconstitucional la norma, y asegura que esta contiene «vicios de inconstitucionalidad», así se haya retirado la palabra expropiación. También señala que debe respetarse la integridad patrimonial de todo ciudadano(a), ya que representa uno de los más importantes bienes jurídicos en un Estado de Derecho.

Con su aprobación, la norma faculta al Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) definir las condiciones de adquisición de los terrenos que se identifiquen como necesarios para ser adquiridos y precisar quiénes serán los afectados, ya sean personas individuales o comunidades.

 

Fuente:https://wayka.pe/corredor-minero-modifican-norma-que-autorizaba-expropiacion-de-terrenos-por-adquisicion/?fbclid=IwAR3pIPUbR-Wm5NzIa5-keZd4SS4Oe4CspovUA8AVGZ7B4wEF7X6ssrBfyGo

Perú

Comunidad indígena sufre epidemia de envenenamiento por mercurio

El diario inglés, The Guardian, informó que los Nahua, comunidad indígena de la amazonía ubicada en una de las zonas más alejadas de la selva peruana, viene sufriendo una epidemia de envenenamiento por mercurio.

Nahua fue una etnia no contactada hasta mediados de la década de los ochenta. Luego del primer contacto, la mitad de su población murió a causa de enfermedades. Quedaron, al menos, 500 habitantes.

El ministerio de Salud (Minsa), sabía de la epidemia desde el 2014. En esa fecha, una madre y su bebé de seis meses, que padecía una neumonía severa, llegaron a una clínica de Lima.  Ambos fueron diagnosticados con contaminación por mercurio.

Además, en setiembre del 2015, autoridades nacionales y regionales de salud, tomaron más de 150 pruebas de orina al 41% de la población de Nahua. De ellos, el 78% tenía altos niveles de contaminación. El más alto lo padecía una adolescente de 14 años y el segundo más alto un joven de 27 años. Además, se supo que la contaminación también se daba a través de la lactancia de las madres y sus hijos.

Minsa sí lo sabía

El ministerio de Salud asegura, en un comunicado, que ni bien se enteraron de la epidemia en  2015, se declaró la emergencia sanitaria en Santa Rosa de Serjali en la región Ucayali. Además la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública (DGIESP) ha venido desarrollando acciones vinculadas a la buena alimentación, prácticas saludables y vacunación.

Tambien se “desarrollaron campañas de asistencia integral en salud a la población Nahua en contacto inicial de la Comunidad Nativa de Santa Rosa de Serjali, ubicado dentro de la Reserva Territorial Kugapakori, Nahua, Nanti y otros”.

The Guardian también reporta que ni la ingesta de pescado o la extracción de oro son causas de la epidemia por mercurio y que no se consiguió información sobre el gas de Camisea. Además, ni el Ministerio de Energía y Minas, ni Pluspetrol dieron detalles sobre el volumen de mercurio permitido

Los Nahua se mueren

Dos jóvenes de la comunidad de Nahua han muerto durante las últimas semanas. Daniel Dixpopidiba Shocoroa y Ruben Yuradahua Shure tenían poco más de 20 años. De los dos, Yuradahua falleció por tuberculosis pulmonar a causa de la contaminación por mercurio. Según la Organización Nacional de la Salud (OMS), las altas dosis de mercurio pueden afectar al corazón, los pulmones y los riñones.

 

Fuente:https://wayka.pe/comunidad-indigena-epidemia-mercurio/?fbclid=IwAR1P4tiigGeApzrZJtWLUYGBsreBgr6Rp-4B5lHSVQZhwpbKRdKFSPMHZzM

Perú

Moquegua: En enero de 2020 acaban mesas por Quellaveco

En esa fecha recién se conocerá si la ejecución del proyecto Quellaveco impactará en el agua de la cuenca. El análisis de las muestras se hará en un laboratorio neutral.

Moquegua. El informe del Grupo de Trabajo de Tumilaca, creado por el Gobierno para despejar las dudas de los agricultores, concluirá la quincena de enero de 2020.

Según el coordinador Guido Herrera, en esa fecha recién se conocerá si la ejecución del proyecto Quellaveco impactará en el agua de la cuenca.

Los técnicos de los organismos del Estado, así como de los agricultores, realizaron la semana pasada un trabajo de georreferenciación en el campamento. Herrera dijo que regresarán nuevamente a realizar el monitoreo. El análisis de las muestras se hará en un laboratorio neutral.

Mencionó que cabe la posibilidad de que se amplíe el trabajo unos 15 días. En Tumilaca, los agricultores protestaron hasta en dos oportunidades en contra del proyecto cuprífero. Temen que con la construcción se contamine el agua de la cuenca.

Fuente:https://larepublica.pe/sociedad/2019/12/12/moquegua-en-enero-de-2020-acaban-mesas-por-quellaveco-lrsd/

Perú

Millones de peruanos desconocen que mina puede dejarlos sin agua, según ONGs

Lima- Más de diez millones de peruanos desconocen que corren el riesgo de quedarse sin agua por una mina en la altura de los Andes que puede contaminar la principal fuente de abastecimiento de agua para Lima y Callao, advirtieron este martes organizaciones que buscan detener el proyecto minero.

La mina de cobre y zinc Ariana tiene previsto operar en el entorno de la laguna de Marcapomacocha, cuya agua es trasvasada por un túnel que cruza la cordillera de los Andes para suplir las necesidades hídricas de Lima, la segunda ciudad más grande del mundo después de El Cairo asentada en medio de un desierto.

Por ello las organizaciones CooperAcción y el Instituto de Defensa Legal (IDL), que ya han denunciado este tema en ocasiones anteriores, presentaron un recurso de amparo para detener el proyecto hasta que existan las suficientes garantías de que no hay riesgo de que la actividad minera contamine el agua de la que depende una tercera parte de la población total de Perú.

«El caso ya está para sentencia. Ojalá que el Poder Judicial pueda tomar conciencia de este problema y podamos tener una sentencia para fines de este año o en la primera semana de enero», indicó a Efe la abogada del IDL Maritza Quispe.

Según la letrada, el proyecto minero Ariana amenaza tres aspectos fundamentales de la Constitución peruana, que son el derecho al agua, al medioambiente y a la salud, y así lo sustentaron ante el Sexto Juzgado Constitucional de Lima, encargo de emitir un fallo en este caso.

RESIDUOS MINEROS A 500 METROS DEL TÚNEL

Para la excongresista Marisa Glave el riesgo de contaminación de las aguas que abastecen a Lima es evidente, porque la laguna de residuos de la mina se ubicará a menos de 500 metros del túnel transandino, cuya estructura no es impermeable para recoger también el agua que se filtra dentro de las montañas.

También las operaciones de la mina pasarán muy cerca de dos lagunas que nutren de agua a Marcapomacocha y utilizarán el curso de un río contemplado en un futuro para conducir sus aguas para el trasvase hacia Lima, aseguró Glave a Efe.

Asimismo, la exlegisladora advirtió presuntas irregularidades en el estudio de impacto ambiental, pues aparentemente el Ministerio de Energía y Minas (Minem) no insistió en pedir a la empresa que haga estudios más detallados sobre la eventual filtración de aguas en la zona y dio luz verde para que la mina empiece a operar.

«El Minem ha cometido un error grave al aprobar así el estudio de impacto ambiental. Estamos de acuerdo con la exigencia del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) de hacer estudios internacionales complementarios», añadió.

DESCONOCIMIENTO GENERAL

Por su parte, el director de CooperAcción, José De Echave, indicó a Efe que gran parte de la preocupación que genera este proyecto se basa en que ha sido aprobado por todas las instancias del Estado con el desconocimiento de casi toda la población de la capital peruana.

«La población de Lima no está enterada de que en la cabecera de cuenca que abastece de agua a la ciudad se está ubicando un proyecto minero que, desde nuestro particular punto de vista, pone en riesgo ese abastecimiento. Es esencial que la gente esté informada», sostuvo.

El también exviceministro de Ambiente aseguró que la oposición a este proyecto no es una cuestión antiminera, ya que la cartera de proyectos de este tipo en Perú se acerca a los 60.000 millones de dólares y la inversión de Ariana es de solo 125 millones de dólares.

«Ariana es un excelente ejemplo de donde no debería haber actividad minera, precisamente en este tipo de ecosistemas que prestan servicios ambientales sumamente importantes», concluyó.

UN RIESGO INEXISTENTE, SEGÚN LA MINERA

En un artículo publicado este miércoles en el diario La República, el portavoz de Ariana, Luis Pariona, afirmó que el riesgo de contaminación de las aguas de Lima es inexistente y acusó a CooperAcción de desinformar para paralizar el proyecto y de dañar la causa ambiental en Perú.

«Es un riesgo que no existe, una falsedad que no han podido demostrar. Pero, al parecer, esto no les importa mucho, que sus objetivos de grupo están por encima de la veracidad, el prestigio y la legitimidad que una causa colectiva y derecho fundamental, como el acceso al agua potable, debe tener», señaló Pariona.

Ariana, que se ubica entre las regiones de Lima y Junín, en el centro del país, tiene previsto contar con una planta para procesar un máximo de 2.000 toneladas métricas de cobre para comenzar a producir al año entre 45.000 y 50.000 toneladas de cobre y cerca de 30.000 toneladas de zinc.

Fuente:https://es.finance.yahoo.com/noticias/millones-peruanos-desconocen-mina-dejarlos-agua-ongs-230823294–sector.html?guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tLw&guce_referrer_sig=AQAAAEHPiGNj9PQByEeBBY8VbPAxBr3C1u0NBTdveSNcCXwEKhJKDmaxq_y8Zb515X3CuiW1juK88Rt7uNgUVHq0C0jfkHSj2VsgKfap8GdkuG9ReOb0RSLs76fvmivtUcD2ar4A_ApTzchlXYBHPupGWUw_XeCSmtvu-GvS2mP0GryW&_guc_consent_skip=1576237796
Perú

Expropiación en el corredor minero del sur andino

El día 12 de diciembre fué publicado en El Peruano el Decreto de Urgencia Nº 026-2019, que “Aprueba medidas extraordinarias de liberación y expropiación de áreas y la implementación de las intervenciones viales temporales a realizarse en el corredor vial Apurímac-Cusco”. Esta norma ha sido emitida por el Poder Ejecutivo haciendo uso de la facultad que tiene de legislar mediante decretos de urgencia, luego de que se disolviera el Congreso de la República (Decreto Supremo N° 165-2019- PCM) el 30 de octubre pasado y que se extenderá hasta la instalación del nuevo Congreso.

En el artículo 2 de este Decreto de Urgencia se declara de necesidad pública e interés nacional la ejecución de la obra de infraestructura denominada “Corredor Vial Apurímac – Cusco”, y, como consecuencia, autoriza la expropiación de las áreas que resulten necesarias para tales fines.

La norma faculta al Ministerio de Transporte y Comunicaciones a definir las condiciones de expropiación de los terrenos que se identifiquen como necesarios de ser expropiados, y a precisar quiénes serán los afectados (personas individuales y comunidades).

Con la expropiación se estaría dejando de lado la negociación con los propietarios o posesionarios afectados por la construcción o ampliación de la carretera que se usa para el transporte minero de Las Bambas. Estas negociaciones se llevaban a cabo para regularizar la situación legal de los predios usados sin el consentimiento de sus propietarios.

Una de las preguntas a realizarse es si es constitucional aprobar una expropiación por decreto de urgencia, considerando que la integridad patrimonial de todo ciudadano(a) representa uno de los más importantes bienes jurídicos en el Estado de Derecho peruano. Además, existen condiciones estrictas y explícitas que se tienen que cumplir para evitar actos arbitrarios de la administración pública contra la población.

Así tenemos que, las normas que desarrollan los mecanismos de expropiación para proyectos de inversión pública establecen que la expropiación es “autorizada únicamente por ley expresa del Congreso en favor del Estado”[1]. Esta posición también ha sido recogida por la doctrina y diversas sentencias del Tribunal Constitucional (TC). Como señala este Colegiado, “se estará ante supuestos inconstitucionales de privación del derecho de propiedad, cuando: a) no exista una ley del Congreso de la República que declare la expropiación sino otra norma con rango de ley”. En los supuestos que el Estado expropie sin cumplir este requisito, “confisca el derecho de propiedad por cuanto se apodera de la totalidad o de una parte considerable de los bienes de una persona sin que exista ley del Congreso de la República o sin que se presenten algunos de los motivos contemplados en la Constitución para que proceda la expropiación, o sin indemnización”[2].

Además, las medidas de expropiación siempre tienen un carácter particular, porque permiten determinar al sujeto pasivo (al que va a ser expropiado) y el bien inmueble objeto de la expropiación. Sin embargo, en el caso de este Decreto de Urgencia para el corredor minero, no se puede determinar claramente la dimensión de los afectados o la condición de los inmuebles que serían expropiados. Esta ambigüedad de la norma podría facilitar que también se expropien otros terrenos cercanos al corredor minero, alegando que estos tienen carácter estratégico para facilitar la pacificación de la zona y la viabilidad de carretera. El “interés nacional” que sustenta las medidas de expropiación podría dar lugar a una serie de arbitrariedades.

Tampoco se puede dejar de mencionar el componente político que encierra esta norma. La próxima semana se tienen programadas 3 reuniones de la Mesa de Diálogo de Cotabambas, que se han reiniciado tras los reacomodos que siguieron al cierre del Congreso. Nos preguntamos, cómo van a ir las autoridades del Estado a negociar con las comunidades habiendo aprobado una norma de estas características, pues esta medida genera un clima de desconfianza.

Consideramos que una decisión de este tipo puede causar mayor tensión social en una zona que se ha caracterizado en el último año por numerosas protestas sociales, tal como lo ha registrado el último Observatorio de Conflictos mineros del Perú.

Lea el Decreto de Urgencia Nº 026-2019 publicado hoy en el Diario El Peruano:

NORMAS- DECRETO URGENCIA EXPROPIACIÓN CORREDOR MINERO DIC 2019

 

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/expropiacion-en-el-corredor-minero-del-sur-andino/?fbclid=IwAR0RkyKWrVvBcpJAhXuCACOFgSD2HalE3kYBOiCumRfwHgDwKprhiTWdUUA

Perú

Campaña necesaria sobre el agua

El señor Luis Pariona, portavoz del proyecto minero Ariana, ha publicado un artículo criticando una campaña que CooperAccion y varios aliados desarrollan para fomentar la preservación de las fuentes hídricas en el país y en la que, según él, se busca desinformar.

Vamos por partes. En primer lugar, esta es una campaña de largo aliento y que se fundamenta en varios datos de la realidad: el Perú está identificado como un país que marcha aceleradamente a una situación de estrés hídrico. Además, estudios de la Autoridad Nacional del Agua muestran que 129 de las 159 cuencas hídricas tienen graves problemas de contaminación. Por lo tanto, tenemos en perspectiva graves problemas de abastecimiento de agua y serios problemas de contaminación.

Pero lo que al parecer le molesta al señor Pariona es que se haga público los riesgos que encierra el proyecto Ariana, que se ubica precisamente en la zona donde está casi toda la infraestructura hídrica que abastece de agua a Lima y donde incluso el depósito de relaves pretende ubicarse muy cerca del túnel que permite el trasvase de las aguas de la cuenca del Mantaro a la cuenca del Rímac.

¿Ariana pone en riesgo el abastecimiento de agua para Lima? El señor Pariona es categórico y asegura que “no existe” riesgo. Discrepamos; nosotros creemos que sí existe. Por eso hemos presentado una demanda de amparo. Para nosotros existen indicios razonables de una posible afectación al derecho al agua y de posible daño a un área que brinda extraordinarios servicios ecosistémicos para más de 10 millones de personas.

¿Somos los únicos que hemos mostrado preocupación por el proyecto? No. Sedapal ha presentado formalmente observaciones y además ha propuesto términos de referencia para llevar adelante un estudio “por una consultora de prestigio internacional, para garantizar la no afectación de las operaciones del Proyecto Minero Ariana sobre la infraestructura física del Sistema Marca, incluyendo el Túnel Trasandino Cuevas-Milloc”.

Lo menos que se puede afirmar es que el proyecto Ariana genera serias dudas. Y si hay dudas e indicios razonables, consideramos que debería primar el principio precautorio, sobre todo cuando está en juego nuestro derecho constitucional al agua.

 

Fuente:https://larepublica.pe/economia/2019/12/12/campana-necesaria-sobre-el-agua-jose-de-echave-ariana-mineria-ong-cooperaccion-sedapal/?fbclid=IwAR0LUFJSUjm9X-gBFi5elNfQlzZoNjeCWf6C82Nz6y_wr1PefYiUQfiwcW4

Agua y Minería, Perú

El 30% de conflictos sociales en Perú surgen por la defensa al agua

Sector minero. A octubre, existen 184 conflictos latentes en el país, de los cuales el 43% están ubicados en las regiones del sur como Arequipa, Cusco y Puno. Éste último por el litio. ¿Qué soluciones se proponen ante esta problemática?

El 2019 ha sido un año de picos de conflictos sociales vinculados a la minería: en marzo se retomó la huelga contra el proyecto minero La Bambas (Apurímac), para agosto, iniciaron las protestas contra Tía María (Arequipa), y en noviembre, contra el proyecto minero Quellaveco (Moquegua).

Pero dichos proyectos son solo algunos. En Perú, sólo entre mayo y octubre, se registraron 11 nuevos conflictos. Así, en total – según información de la Defensoría del Pueblo – se tienen registrados 184 conflictos, de los cuales, el 43% está ubicado en la macroregión del sur (Ica, Ayacucho, Arequipa, Cusco, Apurímac, Puno, Madre de Dios, Moquegua y Tacna).

Si se analiza los motivos de dichas problemáticas, José De Echave, investigador de CooperAcción, señala que el 30% de los 184 conflictos están directamente relacionados al recurso hídrico: por ejemplo, en Áncash – la región que lidera el ranking de conflictividad social -, el 44% de proyectos mineros estaría afectando el agua.

En su último Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú, CooperAcción también recuerda que pese a que proyectos como Conga (Cajamarca) están paralizados, las poblaciones siguen vigilantes para evitar su reactivación. En este proyecto, las poblaciones apelaron a la protección de sus fuentes de agua. En Moquea, con Quellaveco, la población de Tumilaca también pidió la paralización del proyecto de cobre ante la posible contaminación del río Asana.

Caso en Lima

La región Lima que cuenta con el mayor número de población es a su vez la segunda con mayor producción de plomo a nivel nacional. El 43,3% de su territorio está concesionado y la mayoría de sus conflictos vinculados a la minería, tiene relación con el derecho al agua.

El reciente caso reportado es el proyecto minero Ariana, que – según la organización – afectaría toda la infraestructura que abastece de agua a las 10 millones de personas que viven en Lima y Callao. El caso ha sido denunciado y aunque la empresa a cargo del proyecto ha descartado una posible afectación al recurso hídrico, una jueza constitucional dictaría su sentencia en las próximas semanas.

Concesiones con Consulta

En medio de la propuesta para que se elabore una nueva Ley de minería – y que tiene aceptación del Gobierno y hasta un documentos presentado por los Gobiernos Regionales del sur -, la Organización manifiesta que debe plantearse una política “con carácter de urgencia” de ordenamiento territorial, para evitar que se sobrepongan concesiones mineras con la propiedad de comunidades indígenas y nativas, o zonas arqueológicas.

Asimismo, señalan que la nueva ley del sector extractivo debe contemplar la realización de la Consulta Previa para el proceso de concesión. Hoy sólo se realiza dicho proceso para la etapa de explotación.

Asimismo, indican que el Ministerio de Economía y Finanzas tiene pendiente revisar el real costo – beneficio de los beneficios tributarios al sector minero. Subrayan que la reciente aprobación de un decreto de ugencia que amplía la devolución del IGV a las exploraciones mineras no ayudan “realmente” a incentivar dicha actividad.

 

Fuente:https://larepublica.pe/economia/2019/12/11/conflictos-sociales-el-30-de-conflictos-sociales-en-peru-surgen-por-la-defensa-del-agua-minem-tia-maria-las-bambas/?fbclid=IwAR1IngYNbxakfixV7y1iU2WGecByY_2ocOYdLUylrM12B7sTKCe4KN7OQeA