Foto © Luisenrrique Becerra | Noticias SER
Gabriel Ramon. Arqueólogo e historiador. Profesor asociado del Departamento de Humanidades PUCP.

Notas para un debate

1. “Ya no queremos que fallezcan más niños. Queremos que salgan fuera de Perú para que los curen en otro lado. No queremos más muertos en Cerro de Pasco. El lunes tiene tratamiento mi hijo y ya me cansé que a mi niño le saquen sangre a cada rato y no haya una solución. No hay tratamiento especializado en Perú. A las madres les está dando parálisis facial. Es fundamental que haya trasplante de médula para los niños que están con leucemia.”, agregó Irma Estrella” madre de Jhan Mauricio Estrella”.

2. La compañía minera Volcán S.A.A. auspició (2010) la restauración del magnífico cuadro de Luis Montero Los Funerales de Atahualpa (1865-1867), una de las pinturas claves del arte republicano peruano. Esa misma compañía es la que ha venido contaminando, desde hace dos décadas a los niños de Cerro de Pasco con su desregulada explotación de minerales. Ya en 2009 minera Volcán tenía una denuncia ante el Tribunal Internacional de Justicia Climática, es decir no se trataba, ni siquiera entonces, de una entidad limpia.

3. Algunos dirán que sería peor que los “contamineros” ni siquiera apoyaran la cultura. Que deberíamos estar agradecidos de su aporte, que peor es nada. Pues bien, eso nos deja un corolario evidente: ¿deberíamos permitir a los narcotraficantes «apoyar la cultura»? ¿Por qué Volcán es mejor auspiciador que Barrio King?

4. Este debate no debería excluir al Estado que ha abandonado sistemáticamente a las familias de Cerro de Pasco y ha permitido las irregularidades de Volcán. El caso de Volcán es tan solo un ejemplo, pero es relevante ya que sintetiza un problema mayor.

5. Entre las tendencias historiográficas actuales sobre el estudio de los objetos, y en particular las obras de arte destaca la necesidad de estudiar su biografía completa, es decir desde su concepción/producción hasta su descarte y post-vida. Se trata, básicamente, de no dejar de lado ningún aspecto de su biografía para explicarla mejor. ¿Cómo abordar las restauraciones? ¿Cómo leer este proceso por el cual una empresa acaba impregnando su nombre en una obra emblemática (como Los Funerales de Atahualpa)? ¿Más aún si se trata de una empresa que ha malogrado la vida de tantas familias? El asunto nos remite al viejo problema ético/artístico de la relación entre autor y obra, pero añadiendo nuevas capas: es un tema importante y urgente.

6. Esta desgracia nos permite repensar también otros debates: ¿en realidad conviene implementar aquello de «cultura por impuestos» en este escenario? Imagínense que Volcán sigue apoyando el arte, es decir que una empresa con un record como el descrito sigue imprimiendo su sombra fúnebre en obras emblemáticas peruanas y además se libra de impuestos. En una época en que los museos del mundo se quieren “descolonializar”, esto sería una tremenda marcha atrás. Además de aplicar medidas concretas de descolonización de las artes, lo que debe hacer el Estado peruano es controlar bien los tributos de las grandes empresas y destinar una partida decente para la cultura, no mendigar.

7. En términos prácticos e inmediatos, las instituciones de arte peruanas deben tener criterios más estrictos para seleccionar a sus auspiciadores. Entonces, no pueden tener personas evidentemente corruptas como los dueños de Graña y Montero en sus directorios, de otro modo seguirá sucediendo lo mismo. Como todos sabemos, el escándalo es tan grande que la empresa implicada ha decidido borrar sus apellidos emblemáticos.

8. No se que les pasará a ustedes como visitantes de museos, pero yo, cada vez que vuelva a mirar Los Funerales de Atahualpa no podré dejar de pensar en todos los niños contaminados por Volcán, en el hijo de Irma Estrella, y en las familias que heroicamente protestan frente al MINSA. Más aún, ahora que vea la exposición de quipus en el MALI no voy a dejar de pensar en la contaminación provocada por minera Bateas, compañía de Fortuna Silver Mines Inc en México y Perú. Cobrará renovada vigencia aquello de: “No hay documento de cultura que no lo sea, al tiempo, de barbarie” (Walter Benjamin).

9. En este espinoso escenario ¿de qué sirve la academia en el Perú? ¿Es un espacio de inteligencia crítica? ¿Si quienes escribimos sobre el pasado ignoramos estos problemas (por flojera, por miedo, por que no los consideramos relevantes, etc.), cómo estaremos escribiendo sobre ese pasado? ¿No estaremos dejando de lado precisamente aquello que mejor explica el pasado pero es ocultado por las consecuencias actuales que revelarlo tiene?

9.1. Por todo lo anterior, una vieja novela como En Octubre no hay milagros de Oswaldo Reynoso pese a no haber alcanzado la perfección técnica que algunos críticos le exigen, sigue siendo tan necesaria: porque conecta mundos que para algunos están artificialmente separados. Nos habla de extremos que se explican.

Necesitamos una historia conectada y crítica, pero en serio. Necesitamos museos (estatales y privados) que asuman ese compromiso. De otro modo, en nombre de la cultura, seguiremos aplaudiendo muestras financiadas con sangre contaminada.
http://www.noticiasser.pe/opinion/mineria-y-cultura-de-la-muerte-en-el-peru-reflexiones-proposito-de-los-funerales-de?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=La+pena+de+muerte+de+Vizcarra

Gretta Zegarra
Imagen: SPDA
10/03/2020
El pasado 24 de enero, el Perú dio un paso hacia adelante en materia ambiental. En el diario oficial “El Peruano” se publicó el Decreto de Urgencia (DU) Nº 022-2020, para el fortalecimiento de la identificación y gestión de pasivos ambientales, norma que regula la atención de pasivos ambientales generados por actividades productivas, extractivas o de servicios diferentes a las actividades de los subsectores minería e hidrocarburos.

Este DU llena un vacío en nuestro sistema de protección ambiental. Hasta ahora solo existían normas para la atención de pasivos ambientales mineros e hidrocarburíferos; lo cual hacía que la población se encontrase desprotegida frente a los pasivos ambientales producidos por actividades como la construcción, manufactura, etc.

Pero como toda obra humana, el referido DU tiene aspectos a mejorar y uno de éstos es la ausencia de un presupuesto exclusivo para la remediación de pasivos ambientales asumidos por el Estado. Ello se evidencia en su artículo 14, en el que se menciona que la implementación de la norma se realizará con recursos provenientes de la cooperación internacional, donaciones y otros mecanismos de financiamiento captados por el Fondo de Promoción de las Áreas Naturales Protegidas del Perú (PROFONANPE); así como, con las transferencias que las entidades de los tres niveles de gobierno tendrán que hacer al PROFONANPE, con cargo a los recursos de sus presupuestos institucionales.

La ausencia de un presupuesto exclusivo es un problema que también aqueja a los subsectores minería e hidrocarburos. Puesto que, en el artículo 9 de la Ley Nº 28271 -Ley que regula los Pasivos Ambientales de la Actividad Minera- y el artículo 10 de la Ley N° 29134 -Ley que regula los Pasivos Ambientales del Sector Hidrocarburos-, se encarga al Fondo Nacional del Ambiente (FONAM)[1] la captación de cooperación financiera internacional, donaciones, canjes de deuda y otros recursos para solventar la remediación de pasivos ambientales asumidos por el Estado.

Además, en el artículo 23 del Decreto Supremo Nº 059-2005-EM- Reglamento de Pasivos Ambientales de la Actividad Minera, se menciona que esta clase de pasivo puede ser remediado por terceros voluntariamente. De igual modo, en el artículo 4 de la Ley N° 30321- Ley que crea el Fondo de Contingencia para Remediación Ambiental, se autoriza a dicho fondo para recibir aportes o asignaciones provenientes de personas o entidades privadas con el objetivo de que estos recursos sean utilizados en la remediación de sitios impactados por actividades de hidrocarburos.

Sin perjuicio de lo mencionado, sabemos que el Ministerio de Energía y Minas (Minem) destina saldos de balance para la remediación de determinados pasivos ambientales asumidos por el Estado[2], acción que es realizada en observancia del artículo 25 del Reglamento de Pasivos Ambientales de la Actividad Minera. Asimismo, conocemos que en el artículo 2 de la Ley que crea el Fondo de Contingencia para Remediación Ambiental se ordenó a dicho fondo que destine la suma de S/ 50 000 000,00 para la remediación de las cuencas de los ríos Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón. A su vez, observamos que en el artículo 4 se autoriza al Minem para transferir saldos de balance[3] hasta por el monto de S/ 30 000 000,00, cantidad que deberá ser entregada al FONAM y usada para remediar sitios impactados por actividades de hidrocarburos.

No obstante, consideramos que este esfuerzo del Estado por solventar la remediación de sus pasivos ambientales es insuficiente, debido a tres factores: (i) la fragilidad financiera del sistema de remediación, lo que provoca que dependa económicamente de la cooperación financiera internacional, donaciones, saldos de balance del Minem, etc.; (ii) la asignación irregular de recursos para la remediación de algunos pasivos ambientales y la selección de algunos pasivos; (iii) la necesidad real de remediar todos los pasivos ambientales asumidos por el Estado: los artículos 7 y 10 del DU para el fortalecimiento de la identificación y gestión de pasivos ambientales; el artículo 5 de la Ley que regula los Pasivos Ambientales de la Actividad Minera; el artículo 16 del Reglamento de la Ley que regula los Pasivos Ambientales del Subsector Hidrocarburos y; el artículo 2 de la Ley que crea el Fondo de Contingencia para Remediación Ambiental. Todas estas normas ordenan que el Estado asuma la remediación de pasivos ambientales cuando sus responsables no puedan ser identificados y se trate de pasivos ambientales de alto riesgo para la salud y el ambiente.

Desde nuestra perspectiva, estos tres factores impiden que el Estado remedie pasivos ambientales de manera eficaz y ante esta problemática, surge la siguiente pregunta: ¿es materialmente posible que el Estado asigne un presupuesto exclusivo para la remediación de todos los pasivos ambientales que tiene a su cargo? Este tema debería ser una prioridad para los diferentes organismos involucrados: ministerios como el de Energía y Minas, Ambiente y Economía y Finanzas deberían tomar posición y no seguir postergando una decisión sobre este grave problema que afecta varios territorios del país.

En conclusión, el Estado ha tomado conciencia sobre los efectos negativos de los pasivos ambientales y por este motivo, asume la remediación cuando no se puede identificar a la persona o empresa que los causó y el pasivo ambiental representa un riesgo alto de afectación a la salud pública, la calidad ambiental y/o la funcionalidad del ecosistema. Sin embargo, esta preocupación solo ha llevado al Estado a conseguir financiamiento externo y asignar saldos de balance para la remediación de ciertos pasivos ambientales, lo cual es una clara limitación. Recomendamos que el Estado de un paso más y asigne un presupuesto que le permita sostener la labor de remediación.

[1] En la sexta disposición complementaria final del DU para el fortalecimiento de la identificación y gestión de pasivos ambientales se dispone que el FONAM sea absorbido por el PROFONANPE.

[2] En la Resolución Ministerial N° 419-2019-MINEM/DM, se autoriza la transferencia de S/ 80 000 000,00 (saldo de balance de la Dirección General de Electrificación Rural) a favor de la empresa Activos Mineros S.A.C para la remediación de pasivos ambientales mineros que fueron encargados a dicha empresa a través de las Resoluciones Ministeriales N° 482-2012- MEM/DM, N° 094-2013-MEM/DM, N° 420-2014-MEM/DM y N° 252-2016-MEM/DM, las cuales fueron modificadas mediante la Resolución Ministerial N° 408-2019-MINEM/DM.

[3] Los saldos de balance pertenecen a la Dirección General de Electrificación Rural.

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28/02/2020
La mayoría de los distritos más pobres de Perú, 16 de un total de 20, están en la región norteña de Cajamarca, donde también se encuentran algunas de las minas de oro más importantes del mundo, entre ellas Yanacocha, el mayor yacimiento aurífero de Suramérica.

Según el último “Mapa de la Pobreza Monetaria”, realizado con información de 2018 por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), durante ese año 713 distritos del país presentaron una pobreza monetaria total estimada de 40 % a más de su población.
Los más vulnerables
El organismo considera como “pobres monetarios” a las personas que residen en hogares cuyo gasto per cápita es insuficiente para adquirir una canasta básica de alimentos y no alimentos (vivienda, vestido, educación, salud y transporte, entre otros).

En ese sentido, en el grupo más pobre se encuentra los distritos cajamarquinos de Anguia y Oxamarca, así como el distrito de Uchuraccay, en la provincia ayacuchana de Huanta, que presentaron niveles estadísticamente similares.

Estos tres distritos cuentan con una población de 13 mil 153 habitantes y, de ese total, el 72 % de 15 a más edad estudió solo algún año de educación primaria y el 23 % es analfabeto, con la tasa más alta de analfabetismo, el 34 %, en Uchuraccay.
Entre la reducción y el incremento de la pobreza

A pesar de estas cifras específicas, el INEI señaló que la pobreza en el país se redujo de 2013 a 2018, ya que el rango de pobreza monetaria de 60 % a más comprendía a 495 distritos en el primer año, mientras que en 2018 llegó a 116 distritos.

De hecho, se conoció que en 331 distritos se redujo la pobreza en 20 o más puntos, de los cuales 123 tienen una población menor a 2 mil habitantes, mientras que en otros 22 distritos con una población menor a 5 mil pobladores aumentó la pobreza en 20 o más puntos.

La información estadística también señaló que la pobreza monetaria se incrementó entre 2013 y 2018 en el distrito de Huacaschuque, y en todos los distritos de la provincia de Pallasca, en la región norteña de Áncash, principalmente por su alta vulnerabilidad ante las inundaciones.
Situación actual de la población

También, el INEI señaló que veinte distritos con al menos una Necesidad Básica Insatisfecha (NBI) se ubicaron en las regiones amazónicas de Loreto, Amazonas y Ucayali, las andinas Junín y Puno, y Lima.

De los 20 distritos con mayor porcentaje de población con al menos una NBI, cuatro se encontraban en la región Loreto, tres en Junín y Lima y dos en Amazonas, Ucayali y Puno, en cada caso.

El Mapa de la Pobreza Monetaria 2018 fue presentado por el jefe del INEI, José García Zanabria, con los comentarios la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Ariela Luna, el investigador del Instituto de Investigación para el Desarrollo (IRD) del Gobierno de Francia Javier Herrera, y el presidente de la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza (MCLCP), Federico Arnillas.

Para realizar el trabajo se utilizó la metodología propuesta por el Banco Mundial (BM) y los mismos términos empleados en 2013, con el acompañamiento técnico de la Comisión Consultiva para la Estimación de la Pobreza, integrada por expertos nacionales e internacionales y funcionarios públicos. EFE
Fuente: El Carabobeño. El diario del Centro.

Perú: la pobreza se concentra en las regiones con minas de oro

DIFICULTAD. En Espinar y Chumbivilcas hay cinco conflictos que involucran a las mineras MMG Las Bambas y Glencore.
La República
08/03/2020
José Víctor Salcedo

El gobierno del presidente Martín Vizcarra amplió el estado de emergencia en el Corredor Minero del Sur, en los tramos situados entre las provincias de Chumbivilcas y Espinar, por otros 30 días. La medida inicial vencía ayer. El Ejecutivo no pudo resolver los conflictos y su objetivo es mantener el control de la vía en manos de la Policía, con apoyo del Ejército, y así garantizar el transporte de minerales al puerto de Matarani (Arequipa).

No obstante, el panorama en Chumbivilcas y Espinar, donde hay cinco conflictos activos, se complica y la posibilidad de diálogo está entrampada. Veamos cada caso. Para el 5 de marzo estaba programada una reunión entre los comuneros de Urinsaya (Espinar), representantes de la empresa MMG Las Bambas y el Ejecutivo nacional. La cita no se desarrolló por inasistencia de los dirigentes. Sucede que, en la reunión previa (27 de febrero), la comunidad propuso que MMG Las Bambas pague 2 millones de soles como indemnización. No hubo acuerdo, porque los representantes de la minera y MTC no firmaron ningún acta.

Tampoco hay diálogo con los cinco distritos de Espinar (Pallpata, Pichigua, Alto Pichigua, Condoroma y Ocoruro) para atender su reclamo de ser incluidos en la zona de influencia directa del proyecto minero Integración Ccoroccohuayco de la empresa Glencore.

El tercer caso corresponde al reclamo de las 13 comunidades de Espinar, que entre otras cosas demandan la aplicación de la consulta previa para validar el proyecto Integración Ccoroccohuayco y la instauración de un fondo social de emergencia. Solo se cumplió el primer punto.

En tanto, en la provincia de Chumbivilcas, las comunidades del distrito de Ccapacmarca piden anular la resolución ministerial N.° 372-MTC, que permitió reclasificar de manera definitiva como ruta nacional varias vías departamentales y vecinales.

Y en Velille, la empresa MMG propuso aportar S/ 2 millones como parte de un convenio de cooperación interinstitucional. La contrapropuesta de comuneros fue elevar la cifra a S/ 5 millones. Aún no hay acuerdo
https://larepublica.pe/economia/2020/03/08/pcm-no-resuelve-conflictos-y-amplia-emergencia-en-el-corredor-minero-lrsd/

Tras conocer el fallo, los comuneros absueltos y sus familias celebraron aliviados sin poder contener las lágrimas.
La República, 02/03/2020
Los implicados fueron acusados por los presuntos delitos de disturbios, daño agravado, entre otros, durante el conflicto social con Las Bambas, en el 2015. No hallaron suficientes medios probatorios en su contra.
Celebran su inocencia. Los 19 comuneros del poblado de Cotabambas (Apurímac) que fueron denunciados por la empresa minera MMG Limited, quedaron absueltos. Así lo decidió el juez Andrés Abelino Aguilar del Juzgado Unipersonal de Cotabambas.

Los 19 pobladores eran investigados por los presuntos delitos de disturbios, daño agravado y tenencia ilegal de armas y explosivos. Esto tras el conflicto social desatado contra la mina Las Bambas, en setiembre del 2015.

PUEDES VER: Cusco: Declaran en estado de emergencia parte del Corredor Minero del Sur
Por estos presuntos ilícitos, la Fiscalía pedía entre 11 a 17 años de cárcel contra los comuneros denunciados. Además, solicitaba una reparación civil de 20 mil y 88 mil 660 dólares, en favor del Estado y la empresa MMG Limited, respectivamente.

El proceso judicial duró varios años y sufrió de múltiples postergaciones. Este lunes, por fin, el Juzgado emitió la absolución sustentada en la insuficiencia de medios probatorios contra los acusados y la aplicación de los principios de imputación necesaria.

Tras conocer el fallo, los comuneros absueltos y sus familias celebraron aliviados sin poder contener las lágrimas. Consideran que se hizo justicia y que su caso se configura como un precedente contra la criminalización de la protesta.

CONFLICTO
Cabe recordar que, en setiembre del 2015, las comunidades campesinas de Cotabambas iniciaron una protesta contra la empresa MMG Limited por realizar modificaciones al Estudio de Impacto Ambiental en su proyecto Las Bambas, sin antes aplicar una consulta previa. El descontento de la población desembocó en un conflicto social que dejó tres muertos y varios heridos.
https://larepublica.pe/politica/2020/03/02/las-bambas-absuelven-a-19-comuneros-de-apurimac-denunciados-por-minera-mmg-limited-lrsd-protestas/

La minera Cerro Verde decidió demandar al país por pagos que le exige la Sunat, pero seguirán operando normalmente.
Fuente: Andina
02/03/2020
Actualmente Cerro Verde opera bajo un nuevo Contrato de Garantías y Medidas de Promoción a la Inversión.
Perú presenta cartera de inversiones mineras por más de US$ 57,000 millones
La Sociedad Minera Cerro Verde inició una demanda contra el Perú ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) por regalías que la empresa considera que no debería pagar.

El conflicto con la minera se debe a que la Sunat informó a la empresa que mantenían una deuda de US$1,100 millones por montos que la empresa no pagó entre el 2006 y el 2011.

Las regalías impagas son por la producción de la Planta de Flotación de Sulfuros Primarios que opera Cerro Verde desde el 2006. Sin embargo, la compañía señaló que tenían un contrato de estabilidad tributaria anterior a la ley de regalías mineras.

Cerro Verde argumenta que se buscó solucionar el conflicto y se puso en contacto con el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Energía y Minas, pero no se tuvo un debido proceso.

Además, la minera explica que el proceso de arbitraje no afectará en sus operaciones y que los montos están siendo pagados bajo protesto.
https://rpp.pe/economia/economia/esta-es-la-nueva-demanda-que-enfrentara-peru-ante-tribunal-internacional-noticia-1249059

Luis Espejo y José De Echave
COOPERACCION       02/03/2020
Imagen: El comercio

En los últimos años, las devoluciones de tributos internos se han incrementado de manera sostenida y el año pasado han batido un nuevo récord: S/. 17,131 millones. En los últimos 5 años, las devoluciones se han incrementado casi en un 80%.

Cabe destacar que desde el inicio del período de post súper ciclo de precios, la tendencia de las devoluciones ha ido al alza. En el período 2014-2019, prácticamente se han duplicado, mientras que la presión tributaria disminuía.

En el total de devoluciones, destacan nítidamente las del sector minero (27% del total): entre el 2015 y 2019, las devoluciones a empresas mineras pasaron de 2,385 millones de soles a 6,144 millones de soles el año 2017 y 4,643 millones de soles el año 2019. Esta situación tiene un impacto en la capacidad recaudatoria del Estado peruano.

Le sigue a la minería el sector manufactura (25%) y el de comercio (24%). Cabe destacar que las devoluciones de estos componentes se han incrementado significativamente desde el año 2014. Manufactura registraba devoluciones el año 2014 por un valor de S/ 2,169 millones, mientras que en 2019 ha sido S/ 4,222 millones. Por su parte, el sector comercio registró devoluciones en 2014 por un monto de S/ 1,522 millones de soles, mientras que en 2019 alcanzaron los S/ 4,180 millones.

En el Perú destacan las siguientes devoluciones por orden de importancia: devoluciones por exportación (el año pasado representaron el 68% del total); pagos en exceso o indebidos; recuperación anticipada del IGV; devoluciones de oficio; régimen de percepciones y retenciones del IGV y otros.

Los siguientes gráficos muestran la evolución de las devoluciones por exportación y las del régimen de recuperación anticipada por IGV. Si bien las devoluciones por exportaciones son las más relevantes y se mantienen por encima de los 10 mil millones de soles desde el año 2017, todo indica que el récord alcanzado el año pasado se debe, sobre todo, al importante incremento de las devoluciones por el régimen de recuperación anticipada por el IGV.

¿Cómo se explica este fuerte incremento? Esta variable estaría relacionada con las inversiones pre operativas de grandes proyectos (mineros u otros) y algunos cambios normativos: en primer lugar debemos recordar que mediante Decreto Legislativo N.° 973 (marzo de 2007), se pasó a un régimen que incluía devoluciones para todas las inversiones en actividades económicas que generen renta de tercera categoría. Es así que a partir de 2007, se comenzaron a devolver montos por encima de los 500 millones de soles. Sin embargo, en septiembre de 2018 -mediante el Decreto Legislativo N.° 1423-se simplificaron las formas para que una empresa se acoja a este régimen especial de devoluciones[1]. Además, se incluyeron nuevas formas para implementar las devoluciones, como abonos a cuentas corrientes o de ahorro[2]. Estas modificaciones habrían permitido que las devoluciones por el régimen de recuperación anticipada el año 2019 se incrementen de manera significativa.

[1] El DL N.° 1493 reemplaza todos los artículos, donde se hace mención al Contrato de Inversión con el Estado, (anterior requisito), reemplazándolo por una solicitud con carácter de declaración jurada.

[2] El DL N.° 1493 modifica el artículo 10.1, que incluye las notas de créditos negociables, agregando cheques no negociables o abonos en cuenta corriente o de ahorro.