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17/01/2021
La Republica
Pobladores acatan huelga indefinida.
La cita se debió realizar en las instalaciones del campamento minero, pero funcionarios y representantes de la empresa argumentaron que el lugar no guardaba las garantías de seguridad y sanidad.

Cusco. Autoridades y pobladores de la provincia de Chumbivilcas decidieron iniciar una huelga indefinida. Ellos tomaron como una falta de respeto la ausencia de los representantes de la minera Hudbay a la mesa de diálogo programado para el viernes último, donde se vería el tema del convenio marco.

Según informan los manifestantes, la cita se debió realizar en las instalaciones del campamento minero, pero funcionarios y representantes de la empresa argumentaron que el lugar no guardaba las garantías de seguridad y sanidad.

Organizados en un comité de lucha, hicieron conocer su plataforma en la que consignan tres puntos: el cumplimiento de la responsabilidad socio-ambiental de la minera reflejada en un convenio marco, la nulidad de la tercera modificatoria del estudio de Impacto Ambiental y la inmediata fiscalización de la Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).

Piquetes y ollas comunes, instalados en el sector de San Antonio cercano al puente Chilloroya en la vía que conduce al campamento minero de Hudbay fueron las primeras manifestaciones de protesta.
https://larepublica.pe/sociedad/2021/01/17/cusco-se-reactiva-conflicto-minero-en-chumbivilcas-tras-frustarse-mesa-de-dialogo-lrsd/

Marlene Castillo Fernández
18/01/2021
Imagen: El Pueblo
Las banderas verdes con el lema pintado “Agro Sí, Mina No”, que lucen las casas y que se agitan en cada marcha y caravana se han convertido en una de las principales expresiones más mediáticas de la disidencia política y protesta social de productores y pobladores del Valle de Tambo (Provincia Islay-Arequipa).

Pero, también desde la última caravana de Cocachacra a Mollendo (12 enero) y la movilización en la ciudad de Arequipa este 14 de enero; se han convertido en una de las principales expresiones contra una de las sentencias más abusivas e injustas de la criminalización de la disidencia y la protesta social, del rechazo a la sentencia en primera instancia del Poder Judicial y la orden de captura inmediata, que el 07 de enero fue anunciada en la audiencia final del Juicio Oral sobre los hechos de marzo-mayo 2015, que condena a prisión a más de 7 años y que ordena la captura inmediata de Jesús Cornejo Reynoso, presidente de la Junta de Usuarios del Valle de Tambo y Jaime De la Cruz Gallegos, ex Alcalde del distrito Dean Valdivia (ambos actualmente en la clandestinidad).

Sentencia oral judicial que condena la disidencia y protesta de oposición al proyecto minero a tajo abierto de la SPCC

Disidencia política de quienes están en contra de la política estatal de imposición de la minería riesgosa a tajos abiertos de la titular Southern Perú Cooper Corporation-SPCC, de la primacía minera en el ordenamiento territorial provincial (71.2% con concesiones mineras-2010) y de la narrativa ideológica mediática del progreso minero como vía prioritaria suprema del desarrollo que los descalifica con el mote de “antimineros” (que también hizo eco del mote de “terrorismo antiminero” que el portavoz oficial de la SPCC les adjudicó tendenciosamente a fines de marzo 2015).

Protesta social porque desde el Referéndum municipal/consulta popular del 27 de septiembre 2009 que determinó la no aceptación del proyecto minero y la defensa del agro, llevan más de 11 años en pie de lucha habiendo protagonizando tres masivos paros. El primero, ante las Audiencias Públicas arregladas y el Estudio de Impacto Ambiental incompleto y engañoso observado por la UNOPS (2011); el segundo, ante la aprobación del EIA sin haber absuelto las observaciones ni consultado a la población, violentando la paz social (2015); y, el tercero, ante el otorgamiento de la licencia de construcción, inicio de la fase de explotación, en medio de proceso penales a 105 detenidos y dirigentes en actividad (2019). En síntesis, como las y los defensores lo repiten: Tía María (y su tajo la Tapada próximo al canal la Ensenada-Mejía y al río Tambo) no tiene licencia social.

Criminalización porque han convertido los derechos de disidencia, de dirigencia (representación) y la protesta social en delitos y a las personas que disienten, dirigen y protestan en criminales, que deben ser perseguidos, reprimidos con armas de fuego y penalizados. Esta sentencia contra ambos dirigentes representa un grave precedente judicial, que debería alertarnos – no atemorizarnos – y salirle al frente en la defensa de los derechos humanos fundamentales que tienen además amparo constitucional. Este proceso de criminalización de los y las defensores del Valle de Tambo, además de la estigmatización pública, ha involucrado mega operativos de represión que han contado con la fuerza armada, de 2 a 3 mil efectivos policiales en cada paro y el sitiado de Cocachacra y Dean Valdivia el 2015, resultando a la fecha en 6 defensores muertos por bala y 1 efectivo policial por golpes, todos asesinados, cientos de heridos, división y resentimiento profundo social. En síntesis, como dicen los y las defensoras: esta es una sentencia política.

El paro del 2015, fue reprimido con un excepcional abuso de las fuerzas del orden, comprometiendo violación de derechos humanos, escalando a detenciones masivas (105 en un caso) hasta confluir en acusaciones fiscales insidiosas a raíz del escándalo del “video de las lentejas” (7 mayo 2015). Efectivamente, en medio del paro, se difundió públicamente el video donde el entonces presidente del Frente Amplio de Defensa del Valle de Tambo-FADVT, Pepe Julio Gutiérrez solicitaba a un abogado de la SPCC un pago de millón y medio para terminar con el paro en curso, de paso nombró a Jesús Cornejo y Jaime De la Cruz. A partir de ese video y otros medios de difusión de los paros del FADVT así como declaraciones de informantes, la Fiscal provincial de entonces, María Alejandra Cárdenas, centró su acusación en los delitos de asociación ilícita para delinquir y de extorsión, con la teoría de que el FADVT era una asociación que atentaba contra un “fin/bien público” al plantearse como misión liderar la oposición a un proyecto minero, como el proyecto Tía María, que era priorizado en la promoción gubernamental de inversiones mineras que traería progreso al país, y a razón de que sus dirigentes lideraban esa oposición para lograr beneficios económicos personales a través de la extorsión que se habría puesto al descubierto con el video en mención.

La sentencia anunciada del Poder Judicial, ante las pruebas presentadas y los fundamentos del derecho de protesta social, entre otros, resuelve que no existe delito de asociación ilícita para delinquir y sólo sentencia a Pepe Julio Gutiérrez por el delito de “tentativa de extorsión”. Sin embargo, para la acusación del delito de entorpecimiento de los servicios públicos y motín absuelve a 10 acusados (9 productores y el abogado Dr. Héctor Herrera; otros 3 dirigentes procesados a la fecha de la sentencia habían fallecido) y condena a los tres dirigentes del ex FADVT, para lo cual admite una nueva categoría de delito como “autores no ejecutivos”, que es lo mismo que decir que no ejecutaron el delito pero que fueron de la idea/mensaje que influyó en la decisión de ejecución de los autores no individualizados de esos hechos. Por eso, afirmamos que este proceso de criminalización de la disidencia y protesta social tiene su máxima expresión en la sentencia judicial adelantada que condena a Jesús Cornejo y Jaime De la Cruz, agravada con la orden de captura inmediata.

La condena a más de 7 años de prisión y orden de detención al presidente de la Junta de Usuarios del Valle de Tambo, es un eslabón más del particular e intenso seguimiento con grabaciones policiales y búsqueda de testigos informantes que lo incriminen, durante estos más de 5 años. No nos queda duda alguna que se le condena a Jesús Cornejo Reynoso por el ejercicio de su función dirigencial y porque goza de alta legitimidad dentro del gremio de regantes y de gran parte de la población de Cocachacra y Dean Valdivia que lo conocen por su honestidad, firmeza y consecuencia con los mandatos de sus bases. Fue precisamente él quien en su calidad de presidente de la Junta de Usuarios de Agua del Valle de Tambo, suscribió el pronunciamiento público de fecha 04 de abril del 2015: “CUARTO.-Reiteramos que nuestro único pedido es el retiro definitivo del proyecto Tía María por carecer de Licencia Social, por lo que el Gobierno Central debe implementar los mecanismos legales y políticos a efectos de hacer cumplir la voluntad popular” y “QUINTO.-En tanto el Gobierno Central no de una solución definitiva al conflicto, el paro indefinido iniciado el día 23 de marzo, continuará por decisión unánime de la Asamblea Popular llevada a cabo en la Plaza San Francisco del distrito de Cocachacra; manteniéndose firme la unidad de autoridades, dirigentes y población en general”. Esta consecuencia valiente no le perdonan; se trata de dar un escarmiento a los demás.

Respaldos y apelación ante abusiva medida gravosa de detención inmediata de Jesús Cornejo y Jaime De la Cruz

El respaldo social local a los dirigentes – Jesús Cornejo y Jaime De la Cruz – fue inmediato ni bien fue conocida la sentencia anunciada en la audiencia virtual del Primer Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial Permanente de Arequipa, el jueves 7 de enero. Los primeros en pronunciarse públicamente fueron dirigentes y autoridades actuales del Valle de Tambo, tales como: Marilú Marroquín, presidenta de la Junta de Usuarios de Mejía quien expresó en medios de prensa regional y nacional que la sentencia castiga a quienes salen a defender el agro y el medio ambiente, que se les ha condenado solo por dirigir las manifestaciones, con lo cual se está vulnerando la justicia; Richard Ale Cruz, actual alcalde distrital de Dean Valdivia y que fue absuelto por la sentencia, se reafirmó en la posición de defensa del Valle de Tambo y el respeto a su posición contra el proyecto. También, suscribieron un pronunciamiento público de “rechazo rotundo a sentencia judicial contra dirigentes del Valle de Tambo” los secretarios generales tanto de la CGTP- Islay, Pablo Espinoza Chirinos, como del SUTEP-Islay, Nicolás Miranda Melo (8-1-2021). De modo semejante se pronunció José Chapa Díaz, secretario de la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa (FDTA).

A su vez, resulta significativo que el Consejero Regional por la provincia de Islay, del Gobierno Regional de Arequipa, Elmer Pinto Cáceres, haya expresado su rechazo a la sentencia de condena a Jesús Cornejo y Jaime De la Cruz, y se haya manifestado públicamente en la entrevista realizada en el programa “Pico a Pico” (El Buho: 11-1-21), que desde su formación profesional como geólogo y conocedor de la cuenca del río Tambo, le da razón a la lucha de defensa del agua y del Valle de Tambo y considera legítima la protesta de la población “porque se quería imponer un proyecto que está a menos de 1 kilómetro del cuerpo de agua del río Tambo y abastece de agua a 60 mil personas y 13 mil hectáreas”, más aún cuando los medios pacíficos se agotan, el Estado no escucha y se presta a imponer un proyecto usando toda la fuerza, con lo cual se genera una situación de conflicto violento con las lamentables pérdidas de vidas, agregó. El día 14 de enero, emitió un pronunciamiento público oficial, en el que además de su desacuerdo y rechazo a la sentencia, afirma “Las Autoridades del Valle de Tambo y los Agricultores impulsan el cuidado y el respeto al medio ambiente, defienden su ancestral actividad agropecuaria y reclamamos la paz social que se nos arrebató desde el año 2010. Nos mantenemos firmes y unidos en nuestra propuesta por el bien y seguridad de las futuras generaciones y aguardo la esperanza de una nueva Ley de Minería dentro de una Nueva Constitución”.

También la Convención Nacional del Agro-CONVEAGRO, uno de los principales gremios agrarios nacionales está respaldando a Jesús Cornejo mediante un video que circula en las redes sociales desde este 13 de enero que se acompaña del siguiente mensaje: “La protesta social no es un crimen. El Estado es el garante de los derechos de las personas y grupos afectados por proyectos que impactan en sus medios de vida. No se puede sancionar la protesta social mediante la represión e instrumentalización de mecanismos legales. No se puede desestabilizar a las organizaciones que reclaman, basándose en el falso argumento de que se afecta la tranquilidad pública, la seguridad jurídica, de las grandes inversiones y la propiedad privada. Es por lo que desde Conveagro damos nuestro respaldo a Jesús Cornejo, presidente de la Junta de Usuarios del Valle de Tambo que ha sido sentenciado injustamente por entorpecimiento del funcionamiento de servicios públicos y motín”

La movilización, los pronunciamientos públicos, los respaldos por redes no son suficientes aún, entre otros porque algo que recién está haciéndose público es que además de la sentencia anunciada de prisión se les ha emitido orden de captura inmediata, en una acción desmedida, abusiva e injusta, que resulta extremadamente riesgosa para la vida de ambos dirigentes por el peligro de COVID-19 y la desatención. Ya no sólo es un atentado contra el derecho de la libertad, sino también contra el derecho a la vida.

¿Qué acciones de defensa legal se está haciendo? El viernes 29 de enero, se dará lectura a la Sentencia en primera instancia, fecha a partir del cual se conocerán la fundamentación judicial respectiva, luego de lo cual procede la respectiva apelación a los jueces superiores de la segunda instancia. Lo insólito y abusivo del Primer Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial Permanente de Arequipa (Expediente No. 2545-2015) es que se haya ordenado la captura inmediata de Jesús Cornejo y Jaime De la Cruz, quienes al momento se encontraban en libertad. El abogado de ambos, el doctor Héctor Herrera Herrera, quien también fue procesado y ha sufrido hostigamiento policial, ha presentado el día 14 de enero el recurso de apelación de la medida gravosa de detención inmediata, porque esa medida no ha cumplido con el debido proceso y ha cometido irregularidades, nos informó en la entrevista que nos concedió (15-1-21). Afirma que los jueces tienen la potestad de mandar la prisión inmediata si el procesado está en libertad; pero sólo se puede hacer fundamentado en la complejidad del delito que está siendo juzgado y por el peligro de fuga; este peligro existe cuando no se tiene domicilio fijo permanente, trabajo o familia. En ambos casos está comprobado el arraigo domiciliario, laboral y familiar. Pero, insiste no lo han hecho “los jueces no han fundamentado sólo emiten la orden de captura”.

Por lo que esta orden de detención inmediata sin fundamentación motivada estaría contraviniendo disposiciones de orden constitucional (Art.2; numeral 17; inciso f.): “Nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado del juez (…)”; también “Toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad” (inciso e.). El doctor Herrera concluye así: “no procede la orden de detención en primera instancia porque no está motivado y no hay tal complejidad del delito ni peligro de fuga además he planteado que hay riesgo para la vida de mis defendidos por el alto riesgo de contagio de COVID-19 en condiciones de prisión y porque prima el interés superior de la familia”. En consecuencia, no queda duda que estamos ante un acto no sólo de penalización del liderazgo de la protesta sino también de un acto de violencia judicial atentatorio contra la vida de ambos dirigentes.
Lea el comunicado de la Junta de usuarios del Valle de Tambo en rechazo a la sentencia contra los dirigente sociales:

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Las marchas contra el proyecto minero han vuelto. Población rechaza sentencia contra sus dirigentes y pide que no se les capture. Empresa Southern Perú continúa con la socialización del proyecto.
(Foto: Archivo GEC)
Zenaida Condori Contreras, Colaboradora de El Comercio en Arequipa
15/01/2021
El conflicto social más antiguo en Arequipa es Tía María. Los pobladores del Valle de Tambo no aceptan el proyecto minero de la empresa Southern Perú por temor a posibles daños ambientales y afectación a la agricultura. De acuerdo al reporte de la Defensoría del Pueblo, este problema fue reportado en el 2009. Han pasado más de 10 años y el conflicto se mantiene latente en la provincia de Islay, lugar en el que bastaría una chispa para reavivar las protestas.

La primera semana de este año dos hechos incitaron las movilizaciones en el valle. Las banderas verdes de “Agro sí, mina no” se volvieron a agitar en los distritos de Cocachacra, Deán Valdivia y la Punta de Bombón. El pasado 6 de enero, en la sesión solemne del aniversario de Mollendo (capital de la provincia Islay), el alcalde provincial, Edgar Rivera, le entregó el “Diploma de la Ciudad” a la empresa minera Southern Perú por el apoyo que brinda durante la pandemia por la COVID-19.

Apenas los antimineros se dieron tiempo para asimilar este hecho, pues recibieron la noticia de la sentencia a sus dirigentes. El 7 de enero, el Primer Colegiado Supra Provincial Penal de la Corte Superior de Justicia de Arequipa leyó el adelanto de sentencia contra los dirigentes del Valle de Tambo por haber cometido diversos delitos durante las protestas del 2015.
Castigo

Los magistrados encontraron responsabilidad en tres dirigentes y otros 13 fueron absueltos. Pepe Julio Gutiérrez Zeballos, quien fue presidente del Frente de Defensa del Valle del Tambo, fue sentenciado a 16 años de prisión por los delitos de extorsión contra Southern Perú, entorpecimiento de los servicios públicos, disturbios y motín. Como Gutiérrez ya cumplió dos años y nueve meses de prisión preventiva, solo será encerrado 13 años y tres meses.

Jesús Mariano Cornejo Reynoso, presidente de la Junta de Usuarios del Valle del Tambo, fue condenado a siete años y cuatro meses de cárcel por los delitos de entorpecimiento de los servicios públicos y motín. Jaime Trinidad de la Cruz Gallegos, quién en el 2015 fue alcalde del distrito de Deán Valdivia, recibió una pena de 12 años y cuatro meses por los delitos de entorpecimiento de los servicios públicos, disturbios y motín.

Además, el Colegiado Penal dispuso que Jesús Cornejo pague una reparación civil de S/35.000 por entorpecimiento de los servicios públicos. Entre Pepe Julio Gutiérrez y Jaime de la Cruz tendrán que abonar S/500.000 a favor del Estado por los disturbios y entorpecimientos de los servicios públicos. Asimismo, entre los tres condenados deberán pagar adicionalmente S/100.000 por los motines.

De otro lado, el Colegiado absolvió de todos los cargos formulados por el Ministerio Público a Richard Ale Cruz, Justo Paredes Torres, José Ramos Carrera, Juan Meza Igme, Hilario Cornejo Reynoso, Luis Justo Laredo, Esteban Pareja Prado, Martín César Juárez Bernedo, Victor Zeballos Ortiz, Juan José Colquehaunca Chaiña, Héctor Herrera Herrera, Roger Manuel Ramos Flores y Jorge del Carpio Lazo. La lectura integral de la sentencia se realizará el próximo 29 de enero.
Reacciones

“Rechazamos el fallo del Poder Judicial porque ahora cualquiera que proteste puede ser sentenciado. Basta de la criminalización de la protesta social. No se condena a los luchadores sociales, ellos son defensores de los derechos. Los abogados han presentado un escrito para que cese la orden de captura. De igual manera rechazamos que una empresa asesina haya sido reconocida por el alcalde provincial de Islay”, declaró el vocero del Valle de Tambo, Miguel Meza.

En el Ministerio Público, por el contrario, hubo satisfacción por la sentencia. La fiscal María Alejandra Cárdenas, que investigó el caso cuando trabajaba en Fiscalía Provincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada, publicó en su cuenta de Facebook: “Después de tantos años acabó un proceso que trajo muchos sinsabores a mi carrera (…) Asumí porque tenía y debía servir a mi patria. La violencia, el caos, las restricciones de tránsito, el miedo de aquellos que no eran mayoría y que hizo que dejaran sus hogares (…). No se trataba de ‘agro sí y mina no’, sino de orden y respeto al derecho y la opinión (…). Gracias familia por no flaquear ante los insultos inmerecidos, falsos que recibía, ante las amenazas, hoy estoy contenta no por mí, sino por mi Arequipa”.

No obstante, los sentenciados se mantienen en la clandestinidad y las manifestaciones han retornado. Este último martes una caravana de agricultores del Valle de Tambo se movilizó pacíficamente desde Cocachacra hasta la ciudad de Mollendo. Los agricultores se transportaron en camiones hasta La Rotonda y luego caminaron más de cinco kilómetros para llegar a la capital de su provincia. Protestaron contra el alcalde Edgar Rivera por el reconocimiento a la empresa minera y contra la sentencia del Poder Judicial. Este jueves, un grupo de antimineros llegó hasta la sede la Corte Superior de Justicia de Arequipa para mostrar su rechazo por el fallo.
El proyecto minero

Desde el 2009, la empresa Southern Perú busca desarrollar su proyecto minero que le permitirá explotar 120.000 toneladas de cobre refinado al año. Cada intento por llevarlo a cabo ha desatado un conflicto social. Entre el 2011 y 2015 los enfrentamientos entre la policía y los manifestantes han cobrado la vida de siete personas. En el 2019 se dio un paro que duró más de 100 días y que generó que los estudiantes estuvieran a poco de perder el año escolar.

Southern Perú tiene los permisos de ley para su proyecto. Tiene aprobado el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y el 8 de julio del 2019 recibió la licencia de construcción del Ministerio de Energía y Minas (Minem). Si bien el proyecto fue suspendido por 120 días a raíz de las protestas y demandas legales de anti mineros, en octubre de ese mismo año el Consejo de Minería ratificó la licencia de construcción de Tía María. El proyecto que tiene una inversión de US$1.400 millones está paralizado hasta que obtenga la licencia social.

“No hay mayor avance. En su momento el Gobierno se pronunció de que no se iniciaba la construcción. Nosotros seguimos con el trabajo de socialización, aplicando todos los protocolos de seguridad, ya nos estamos posicionando. Desde el año pasado ya no usamos a Valle Unido para la relación con las autoridades y la comunidad. Ahora es Tía María. La inversión sigue disponible para iniciar el proyecto. Siempre tenemos la esperanza”, indicó a El Comercio el jefe de Comunicaciones Corporativas de Southern Perú, Paul Lostaunau.
Acciones

Luis Zapata, vocero de Arequipeños por Arequipa, un colectivo que respalda la inversión en la región, lamentó que el proyecto se haya convertido en una “papa caliente” que las autoridades no quieren sacar adelante. Dice que, ante la crisis que se vive por la pandemia, Tía María sería una palanca para reactivar la economía. Zapata manifestó que si vuelven las paralizaciones y protestas violentas, su colectivo también actuará en pro del desarrollo.

El proyecto minero es de competencia nacional. El expresidente Martín Vizcarra dijo que sin licencia social no se puede empezar el proyecto. El sector empresarial, que espera la reactivación económica, está a la expectativa de la posición que vaya a tomar el nuevo presidente Francisco Sagasti. Asimismo, las autoridades regionales de Arequipa han hecho poco para impulsar el proyecto. La exgobernadora Yamila Osorio asumió una posición neutral y de diálogo que no rindió frutos.

El actual gobernador, Elmer Cáceres, ha tomado partido por los manifestantes y con la bandera verde de “Agro sí, mina no” se ha puesto en contra de la empresa minera. Por su accionar fue acusado de incitar protestas y bloqueo de vías.
https://elcomercio.pe/peru/arequipa/tia-maria-el-conflicto-social-que-se-ha-reavivado-en-el-valle-de-tambo-arequipa-nczg-noticia/

Imagen: La República
15/01/2021
El nuevo reporte de conflictividad social de la Defensoría del Pueblo sugiere una estabilización en el número de conflictos en el país, luego del repunte registrado en el reporte anterior. En efecto, el informe da cuenta de 197 conflictos en diciembre, uno menos que el mes de noviembre, tras un importante incremento frente a los niveles de los meses anteriores.

De estos conflictos, 146 se consideran activos, evidenciándose la misma tendencia: un alza respecto a octubre, y una estabilización frente a noviembre. Sin embargo, esta aparente estabilización podría ser coyuntural, toda vez que el reporte de la Defensoría identifica hasta 13 alertas tempranas, que incluyen casos que pueden reactivarse, así como casos en observación que podrían devenir en nuevos conflictos sociales.

Entre las principales alertas tempranas, se encuentra:

– el caso de la comunidad de Huancuire (Apurímac) y la empresa MMG Las Bambas, donde la comunidad denuncia incumplimiento de los compromisos por parte de la empresa;

– el caso del distrito de Ascención (Huancavelica) en el que la población rechaza el proyecto de exploración “Pukaqaqa Sur” de la empresa Nexa Resources, por el temor a la afectación de los recursos hídricos;

– las protestas en Ayacucho (provincias de Lucanas, Parinacochas y Paucar del Sara Sara) en rechazo a la actividad minera;

– el caso de Cajabamba (Cajamarca) donde las rondas campesinas y otras organizaciones sociales rechazan la actividad minera de la empresa Shahuindo y de mineros informales;

– el conflicto relacionado con la deforestación en Tamshiyacu (Loreto);

– las protestas en Puno y Tacna contra el proyecto hídrico Vilavilani II;

– el caso del distrito de San Francisco de Asís de Yarusyacán (Pasco) y la empresa minera Nexa Resources, donde existe una controversia por el uso de terrenos;

– el rechazo de la población del distrito de Tambogrande (Piura) ante el proyecto minero El Algarrobo.

Del total de conflictos registrados, el 59.9% corresponde a reclamos hacia el gobierno nacional. Además, el reporte da cuenta de 129 conflictos (el 65.5% del total) son de tipo socioambiental.

En cuanto a la distribución territorial de los conflictos, las regiones donde se encuentra la mayor cantidad de conflictos activos son Loreto (23), Cusco (22), Áncash (17), Apurímac (15), Puno (14), Piura (11) y Cajamarca (10).

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https://youtu.be/CmR9xuK2DB

(VIDEO)
A ellos se sumaron diversos gremios y sindicatos de trabajadores. Además del rechazo a la sentencia, expresaron su descontento por las decisiones del Ejecutivo frente a temas como la devolución de aportes de la ONP y la crisis que enfrenta el sistema educativo.
14/01/2021 Pamela Zárate M. Regional Avatar

Un grupo de pobladores del valle de Tambo llegó hasta la ciudad de Arequipa. Ellos protestaron en rechazo a la sentencia contra dos de sus dirigentes, quienes lideraron las protestas en contra del proyecto minero Tía María en el 2015. La manifestación fue liderada por la esposa de Jesús Cornejo, el abogado Héctor Herrera Herrera, y el actual vocero del valle de Tambo, Miguel Meza Igme.

Este último reiteró que con esta sentencia, Southern busca impones el miedo entre los pobladores, para evitar sus protestas. Consideró que como resultado del fallo judicial se criminalizarán las protestas sociales.

A ellos se sumaron diversos gremios y sindicatos de trabajadores. Quienes, a su vez, manifestaron su descontento por las decisiones del Ejecutivo frente a temas como la devolución de aportes de la ONP y la crisis que enfrenta el sistema educativo.
Conflicto social en Arequipa que dura 12 años

Las protestas en contra del proyecto minero Tía María cumple 12 años. Los enfrentamiento ocasionaron la muerte de seis pobladores y un policía. Aquí una breve cronología del conflicto social más álgido de Arequipa:

2009: Consulta popular promovida por el entonces alcalde de Cocachacra, Juan Guillén. El resultado fue abrumador en contra de la instalación de Tía María, pero al no existir una norma clara, fue desestimada por las entidades de gobierno.

2010: Se presenta el primer Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto Tía María.

2011: Estalla el conflicto y los enfrentamientos producen 3 muertes. La agitación termina cuando el gobierno accede a rechazar el EIA, luego de conocerse que la UNOPS hizo 138 al documento.

2014: La empresa Southern Perú presenta su segundo Estudio de Impacto Ambiental, enfatizando que no hará uso de agua subterránea ni del río; sino que instalará una planta desalinizadora del agua de mar.

2015: Al conocerse la aprobación de este segundo documento, se anuncia una paralización del agro, que inicia en marzo de ese año. Tres manifestantes y un policía mueren en los enfrentamientos. La protesta termina con la Declaratoria del Estado de Emergencia en la provincia de Islay y el ingreso de las Fuerzas Armadas al escenario. Días antes, se conocieron las conversaciones entre Pepe Julio Gutiérrez y Jesús Gómez Urquizo, por lo que el primero es detenido por la policía.

2016: El expresidente Pedro Pablo Kuczynski intenta un acercamiento, pero la población rechazó la aproximación.

2019: El Ministerio de Energía y Minas otorga a Southern Perú la licencia de construcción para el proyecto Tía María, lo que enciende nuevamente el conflicto en Arequipa y se reanudan los enfrentamientos en Cocachacra. El gobierno declara una suspensión temporal de la licencia y Southern anuncia que esperarán momentos más propicios.

2021: Dirigentes de la protesta son condenados a penas de cárcel por los delitos de disturbios, motín y entorpecimiento de servicios públicos.
https://elbuho.pe/2021/01/arequipa-pobladores-del-valle-de-tambo-llegaron-a-la-ciudad-en-rechazo-a-sentencia-de-dirigentes-video/

www.conflictosmineros.org.pe
Alerta informativa 14 de enero de 2021
Foto: Servindi
El Ministerio de Energía y Minas (Minem) aprobó el pasado 15 de diciembre, el proyecto de exploración minera “Pukaqaqa Sur” presentado por la empresa de capitales brasileños, Nexa Resources Perú S.A.A., el cual pone en riesgo el agua que consumen más de 50 mil pobladores de la provincia de Huancavelica. Las comunidades exigen a las autoridades que se anule la resolución que aprueba esta iniciativa.

Las autoridades de la provincia de Huancavelica se reunieron el 11 y 12 de enero con representantes del Ejecutivo y el Congreso para expresar su rechazo al proyecto que pone en riesgo la calidad de agua. Asimismo, anunciaron que presentarán formalmente ante el Minem el pedido para anular dicha resolución.

La comisión que se presentó estuvo integrada por los regidores de la Municipalidad Provincial de Huancavelica, Yovana Quispe, Cancio Inga y Elsa Benavente, y el gerente de Gestión Ambiental, Cirilo Gómez.

En su momento, la Municipalidad Provincial de Huancavelica, la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Huancavelica, la Municipalidad de Ascensión, y la Comisión Ambiental Regional de Huancavelica presentaron ante el Minem, observaciones en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto. En este documento presentaron sólidos argumentos sobre las afectaciones de Pukaqaqa Sur generaría en ecosistemas frágiles por estar en la cabecera de la subcuenca, y la toma de agua de Callqui, que va a la planta de tratamiento de agua potable para el consumo de más de 50 mil personas.

Lamentablemente, la presión del gobierno por impulsar estos proyectos y el alza del precio del cobre, priorizaron la aprobación de este proyecto dejando de lado las observaciones. Al no considerar estos argumentos, el Minem no tomó en cuenta la autonomía del Gobierno Regional ni la de Municipalidad Provincial de Huancavelica.

Pero eso no es todo, pues al aprobar la DIA, el gobierno ignoró dos ordenanzas municipales que declaran de interés público la conservación y protección de la cuenca y microcuenca de Ichu, donde se realiza este proyecto.

Este memorial fue presentado el lunes 11 ante el Minem y la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambientes y Ecología del Congreso. Además, de las comisiones de Fiscalización y Contraloría, y de Energía y Minas del Parlamento.

Pedido formal

En tanto, la regidora Elsa Benavente informó que el pedido de nulidad de la resolución que aprueba la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto minero, se presentará formalmente antes del 22 de enero.

Dirigentes condenados a prisión por disturbios y motín, pasaron a la clandestinidad y anuncian apelación
10/01/2021 El Búho
Como un baldazo de agua fría cayó en el Valle de Tambo la noticia de condenas de cárcel efectiva para tres dirigentes de las protestas contra Tía María. Aunque la condena mayor es para el exdirigente principal, Pepe Julio Gutiérrez, la preocupación se centra en los dirigentes Jesús Cornejo Reynoso, presidente de la Junta de Usuarios del Valle de Tambo; y Jaime de la Cruz Centeno, exalcalde de Deán Valdivia. Ellos fueron condenados a más de 7 y 12 años de cárcel, respectivamente, «por el hecho de ser dirigentes … lo que quieren es amedrentar a cualquiera que continúe nuestra lucha justa», se ha oído decir.

Así, los opositores al proyecto minero Tía María, de la empresa Southern Perú, anuncian una nueva protesta para el próximo jueves 14. La Federación de Trabajadores de Arequipa (FDTA), la central sindical que agrupa a los principales sindicatos de la ciudad, ha anunciado su apoyo.

Por su parte, las organizaciones populares de Islay también han expresado su apoyo a los dirigentes y critican duramente la sentencia, según este pronunciamiento. Ellos anuncian una protesta para el día 29 de enero, fecha en que se dará lectura al íntegro de la sentencia.

Paso a la clandestinidad

Dado que el colegiado dictó órdenes de captura para que los condenados cumplan prisión provisional hasta que la sentencia quede consentida, han pasado a la clandestinidad. Así lo confirmó su abogado, Héctor Herrera Herrera, quien anunció que presentará un recurso de nulidad a la resolución. De no prosperar su pedido, anunció un Hábeas Corpus al considerar excesiva la medida de cárcel en tanto la sala superior, confirme o revoque la sentencia de primera instancia.

Herrera dijo que, normalmente, la orden de prisión se hace efectiva si la sentencia es confirmada en una segunda instancia, lo que no ha ocurrido en este caso. También criticó el hecho que los jueces sentenciaran a sus defendidos (Jesús Cornejo y Jaime de la Cruz), por los delitos accesorios que planteó la fiscal; no así por los principales en los que centró su defensa, que quedaron desestimados: Asociación Ilícita para Delinquir y Extorsión.

protesta Tía MaríaMarcha de sacrificio de alcaldes del Valle de Tambo, en marzo 2015. Se ve a Jaime de la Cruz y Richard Ale, cuando arriban a la plaza de armas de Arequipa.

Añadió que los delitos de Entorpecimiento de los Servicios Públicos, disturbios y motín, no se han probado y solo existen testimonios en contra de sus defendidos. Al mencionar la figura de «no ejecutores», como se les ha calificado, comparó el conflicto con cualquier otra protesta. «Si es así, los líderes políticos que apoyaron o incentivaron las recientes protestas en el país deberían estar presos», dijo. «Los han sentenciado por ser dirigentes», concluyó.

Extorsión a Southern Perú
Pepe Julio Gutierrez.Pepe Julio Gutiérrez es detenido en mayo 2015 por 2 años y 9 meses, debido a los llamados «Pepeaudios».

En cuanto a Pepe Julio Gutiérrez, condenado a 16 años de prisión, Herrera Herrera aclaró que no patrocina su defensa; pero que siendo una actitud repudiable la que se refleja en los audios, el delito de extorsión que se le imputa, tampoco estaba probado.

Gutiérrez, quien ya purgó prisión preventiva por 2 años y nueve meses (que deberán descontarse de su pena) tampoco es habido. Su abogado, Vladimir Fuentes, dijo que no habla con él desde el día jueves, en que se dio lectura al anticipo de sentencia.

La fiscal del caso, María Alejandra Cabana Ocsa, tampoco está conforme con la sentencia y estudia una apelación. Insistiría en la tesis de la Asociación Ilícita para delinquir en la que comprendió a 17 personas. Catorce de ellas fueron absueltas, entre los que se incluye a los exalcaldes Richard Ale, José Ramos Carrera y Hélard Valencia. También al dirigente popular Jorge del Carpio Lazo y al propio abogado Héctor Herrera.

También fue absuelto del cargo de cómplice primario en el intento de extorsión a Southern, el abogado Jesús Gómez Urquizo, quien grabó conversaciones con Pepe Julio Gutiérrez que ahora sirven para incriminarlo.
Criminalizar la protesta

El abogado Herrera y los otros abogados de la defensa en esta causa, coincidieron en que la dura sentencia para los 3 dirigentes, estaría destinada a desalentar nuevas protestas contra Tía María. Según esta postura, los dirigentes no pueden ser responsables de todos los actos que ocurran en el transcurso de la protesta. En el caso concreto, señalan que no se ha probado la relación de los actos denunciados con los condenados. Es decir, rechazan la responsabilidad «no ejecutora», pues tendría qu probase objetivamente que ellos dieron las órdenes par la realización de disturbios o daños a la propiedad pública.

«Una protesta es un derecho y no quiebra la institucionalidad ni el Estado de Derecho», afirman.

Hitos del conflicto por Tía María

2009: Consulta popular promovida por el entonces alcalde de Cocachacra, Juan Guillén. El resultado fue abrumador en contra de la instalación de Tía María, pero al no existir una norma clara, fue desestimada por las entidades de gobierno.

2010: Se presenta el primer Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto Tía María.

2011: Estalla el conflicto y los enfrentamientos producen 3 muertes. La agitación termina cuando el gobierno accede a rechazar el EIA, luego de conocerse que la UNOPS hizo 138 al documento.

2014: La empresa Southern Perú presenta su segundo Estudio de Impacto Ambiental, enfatizando que no hará uso de agua subterránea ni del río; sino que instalará una planta desalinizadora del agua de mar.

2015: Al conocerse la aprobación de este segundo documento, se anuncia una paralización del agro, que inicia en marzo de ese año. Tres manifestantes y un policía mueren en los enfrentamientos. La protesta termina con la Declaratoria del Estado de Emergencia en la provincia de Islay y el ingreso de las Fuerzas Armadas al escenario. Días antes, se conocieron las conversaciones entre Pepe Julio Gutiérrez y Jesús Gómez Urquizo, por lo que el primero es detenido por la policía.

2016: El expresidente Pedro Pablo Kuczynski intenta un acercamiento, pero la población rechazó la aproximación.

2019: El Ministerio de Energía y Minas otorga a Southern Perú la licencia de construcción para el proyecto Tía María, lo que enciende nuevamente el conflicto y se reanudan los enfrentamientos en Cocachacra. El gobierno declara una suspensión temporal de la licencia y Southern anuncia que esperarán momentos más propicios.

2021: Dirigentes de la protesta son condenados a penas de cárcel por los delitos de disturbios, motín y entorpecimiento de servicios públicos.
https://elbuho.pe/2021/01/tia-maria-claves-de-un-conflicto-que-dura-12-anos-y-se-alistan-nuevas-protestas/

Norma tiene alcance nacional, e incluye registro oficial de personas afectadas
08/01/2021
El Ministerio de Salud aprobó una importante norma. Una directiva que estandariza el procedimiento en la atención integral de salud a las comunidades expuestas a metales pesados, metaloides y otras sustancias químicas

La norma tiene alcance nacional y contribuirá a mejorar el acceso y atención integral de salud a las comunidades expuestas a metales pesados, metaloides y otras sustancias químicas . Se prioriza a las poblaciones indígenas u originarias.

Se fortalecen las acciones de vigilancia ambiental y epidemiológica para la identificación de factores de riesgos; la promoción de la salud y gestión territorial; la atención de salud integral y especializada, que incluyen exámenes complementarios de acuerdo a criterio médico, seguimiento, consejería y comunicación de riesgos, dirigidos a la población expuesta a metales pesados, metaloides y otras sustancias químicas.

Un punto importante es que subraya la importancia de diálogo intercultural, el cual debe ser abierto y respetuoso, tomando en cuenta el aspecto linguistico. Ello promueve y practica la tolerancia.

La directiva enmarca claramente las responsabilidades y los ámbitos de competencia, por lo que se determina que el MINSA brindará asistencia técnica a las regiones para su implementación.

Otro aspecto de suma importancia, establece el seguimiento individual que deben realizar las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS), mediante el registro en el padrón nominal de personas expuestas a metales pesados, metaloides y otras sustancias químicas.

De igual manera se ordena el registro de las personas atendidas por el sistema de salud, algo importante para comenzar a dimensionar qué tan extenso es el tema.

Las atenciones de salud integral y especializada se brindarán mediante oferta de salud fija, móvil o telemedicina, de acuerdo a las necesidades y siguiendo los procesos de referencia y contrarreferencia establecidos.
https://cborrador.lamula.pe/2021/01/08/estandarizan-procedimiento-en-la-atencion-de-las-comunidades-expuestas-a-metales-pesados/cristinaluna/