Un proyecto minero opera muy cerca de la laguna Suyoc, en la provincia limeña de Huarochirí
Editor 08/07/2021

Compartimos un informe del sitio web «Conflictos mineros» que da cuenta de una denuncia a causa de una posible contaminación de las aguas de la laguna de Suyoc, en la provincia limeña de Huarochirí. La noticia fue propalada con un tinte político hace algunas semanas, y en esta nota se reportan más hechos que esclarecen el asunto.

«El pasado 19 de junio ocurrió una confrontación entre comuneros de Huarochirí con la empresa minera Prospex, frente a la denuncia de una posible contaminación de las aguas de la laguna de Suyoc, que es su vez afluente del río Mala. El hecho fue utilizado, además, por algunos medios para vincularlo a un supuesto “atentado terrorista” relacionándolo al presidente electo Pedro Castillo.

A raíz de los incidentes que se dieron y las versiones tendenciosas de algunos medios, decidimos contactar con un representante de una de las principales comunidades campesinas de la zona. Conversamos con Alberto Macasana Paucar, presidente de la comunidad campesina de Llacuas, ubicada en el distrito de San Lorenzo de Quinti, provincia de Huarochiri, en la región Lima provincias.

Macasana asumió como presidente de la comunidad en el año 2019 y lo hizo cuando ya su comunidad se encontraba luchando contra una empresa minera informal que estaba operando en la cercanía al nevado Pariacaca, un lugar de importancia no solo ambiental e hidrológica, si no que es relevante en la cosmovisión de las comunidades de la zona.

La defensa del Apu Pariacaca

A fines de 2018 la minera informal denominada Compex SAC había ingresado a la zona, y Macasana comentó para el Observatorio de Conflictos Mineros que hubo una ardua lucha de las comunidades por expulsar a esa minera. Se le expulsó porque no podía hacerse minería en las cercanías del nevado.

“A esta empresa las autoridades la legalizaron. Era una minera Compex SAC. Después de tres años de lucha logramos expulsarla con ayuda con las autoridades pertinentes. Incluso la actual minera Prospex ayudó a expulsar la minería ilegal, porque se había invadido sus predios de concesión”, puntualizó el dirigente comunal.

La minera sabía que se había ubicado en un lugar que no era apropiado para su actividad, y estaba horadando el nevado Qolquepucro que es parte del complejo del nevado Pariacaca. Macasana señaló que para su comunidad el nevado es un lugar de suma importancia, por eso se le conoce ancestralmente como Apu. Recordó que cuando se inauguran los Juegos Panamericanos en Lima, se le dio homenaje al Apu Pariacaca, reconociendo su importancia en la historia del país.

“Cualquiera que vaya ahí se va a quedar impactado de la hermosura de esa laguna y la zona. Que varias generaciones la hemos cuidado. Estamos buscando que el Apu Pariacaca sea Patrimonio de la Nación. El gobierno regional de Lima ya lo ha declarado Patrimonio de la región, como la ciudad de Caral. La Unesco nos ha dicho que luego puede ser declarado Patrimonio mundial, porque por ahí pasa el Qapac Ñam, es un lugar de gran historia y tradición, es un lugar sagrado” recordó el dirigente de la comunidad.

Los conflictos con una nueva empresa minera

Macasana nos comentó que inicialmente la nueva compañía minera, Prospex SA, busco un acercamiento con las comunidades campesinas para lograr sacar a la minera informal de sus predios.

“La minera Prospex fue a mi pueblo, porque le dijimos que debían hablar con mi comunidad. Entonces fueron a hablar de por qué había que sacar a la minera ilegal y todo lo que hagamos se hará de la mano de ustedes, cualquier beneficio será para ustedes como para nosotros”, recordó.

Sin embargo, luego de expulsar a la minera informal, la empresa Prospex habría iniciado casi de manera inmediata a operar en la zona y no volvieron a comunicarse con la comunidad.

“Su práctica fue contraria a los que nos dijeron y se instalaron en la cabecera de la laguna de Suyoc, que es la fuente de origen de la cuenca del río Mala. Por los alrededores están los socavones, que no son de pequeña minería, ellos usan camiones scoop que ingresan a los socavones a extraer mineral, que son aparatos sofisticados para gran minería, ellos mismos se contradicen”, denuncia el dirigente.

Prospex ha empezado sus operaciones en el 2021. Los minerales que se explotan en la zona son plomo, zinc, cobre. Ellos están trabajando sin ningún consentimiento de la comunidad.

“Lo que molesta a la comunidad es que se han ubicado en la cabecera de la laguna. Ellos dicen que no hacen ningún procesamiento de minerales, que se llevan todo en bruto, eso es lo que manifiestan, y parece que así es. Pero todos los residuos que producen, y pueden estar usando algunos aditamentos que no sabemos, y todo eso va a caer a la laguna”, manifestó Macasana.

Respondiendo a Beto Ortiz

En uno de los programas del periodista Beto Ortiz que se emite en el canal Willax, se señaló que el conflicto ocurrido en la zona era un primer “acto terrorista” que se podía atribuir a los vínculos del partido del virtual presidente Pedro Castillo, es decir de Perú Libre con el grupo terrorista Sendero Luminoso.

“El programa de Beto Ortiz señaló que nosotros fuimos a echar raticida a la laguna, yo creo que ellos están preocupados porque saben que están contaminando. ¿Cómo podríamos hacer eso si de esa agua bebemos, de esa agua cosechamos, sembramos, de esa agua vivimos?”, señaló Macasana.

El dirigente comunal comenta que en ocasiones que se han acercado a la laguna, han encontrado rastros de una sustancia parecida al aceite en los charcos de agua circundantes.

Después de escuchar varias detonaciones, Macasana y otros dirigentes consideraron que era necesario hacer una visita a la empresa minera para dialogar y pedir algunas aclaraciones. Por eso en abril de este año cerca de 50 personas, entre presidentes de comunidades y autoridades locales, fueron a conversar y señalar a la empresa que no podía estar operando en esa zona.

En esa visita, se invitó a que la empresa asista a una reunión con la población para el 22 de mayo a exponer sobre sus actividades. Pero no llegaron. Según nos comentó el dirigente comunal, “nos acusaron más bien que llevamos el Covid a sus trabajadores, cuando en mi distrito la pandemia está controlada, no ha habido muertos incluso”.

El 22 de mayo se reunieron representantes de las comunidades y autoridades, preocupados por los riesgos sobre el río Mala. “Estaban los alcaldes distritales, los subprefectos de algunos distritos, hasta la misma Policía estaba en la mesa. Se acordó realizar una marcha pacífica al lugar de Suyoc, para decirle a la minera que están afectando la cuenca del río Mala y por favor retírense”, puntualizó Macasana.

Macasana destacó que la realización de una marcha pacífica para el 18 de junio fue un acuerdo público, acordado por autoridades electas, por dirigentes de comunidades. Por eso le parece absurdo que se señale que la movilización que se acordó haya sido pensada como un “acto terrorista” en presencia de todas las autoridades, incluso de la Policía.

La convocatoria fue masiva, y según comentó el dirigente, la empresa se habría preparado para agredirlos, pero se sorprendieron de la cantidad de gente que llegó.

“Esperábamos una respuesta seria, coherente, pero en la intransigencia, y sin haberlo planificado, empezaron los altercados”, señaló. Luego de eso, los medios reportaron los daños causados a maquinaria e instalaciones de la minera el día 19 de junio, que habrían sido cometidos por comuneros enardecidos ante la falta de una respuesta a sus demandas.

“Beto Ortiz lo calificó como el primer acto terrorista del gobierno de Pedro Castillo. En los distritos de la zona, como San Juan, Santiago, en esos lugares ha ganado la señora Fujimori, en Huarochirí, tuvieron una alta votación. Ninguno de los alcaldes, de Mala, Yauyos, Cañete, ninguna son partidarios de Perú Libre ni los presidentes de las comunidades tampoco. El tema es que acá todos, sin color político, nos unimos por la defensa del agua, por el medio ambiente, porque el río Mala nos da de comer, de eso vivimos. Huarochirí produce queso, palta, manzana, somos proveedores de Lima. No somos ajenos a la inversión privada”, señaló.

Por lo que nos comentó el dirigente comunal, ellos han enviado diversos documentos a las autoridades. Por ejemplo, al Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), pues parte de la concesión minera estaría en la zona de amortiguamiento de la reserva Nor Yauyos Cochas.

“El gobierno regional ha pedido al MINEM (Ministerio de Energía y Minas) que le revoquen la autorización para que opere. Nos hemos dirigido al Minam (Ministerio del Ambiente), a la Defensoría del Pueblo. Nosotros creemos que en ese lugar no debe haber minería. Están dividiendo a las comunidades, porque saben que de nuestras comunidades no van a tener licencia social” dijo finalmente Macasana.

Queda claro que hay un clima de tensión y falta de información en la zona. Como es una constante en otros conflictos socioambientales, una falta de acción oportuna hace que se acumulen las dudas, los temores, y finalmente se llegue a la confrontación. Es necesario que las autoridades competentes actúen con prontitud en la zona, que se realicen visitas y los estudios en el terreno para descartar cualquier posible impacto o contaminación de la actividad minera, y las comunidades puedan estar debidamente informadas y sean consultadas».
Fuente: Conflictos mineros
https://www.inforegion.pe/286566/denuncian-que-santuario-del-pariacaca-esta-en-riesgo-por-mineria/

Pobladores del distrito de Colquemarca, en la provincia de Chumbivilcas, realizaron acción de manera pacífica
06/07/2021

CUSCO. Ante la estrategia del fujimorismo y sus aliados de acusar un supuesto fraude en las elecciones presidenciales y la dilatación de la proclamación presidencial, la comunidad de Idiopa Naupa Japu Urinsaya del distrito chumbivilcano de Colquemarca, Cusco, protestó hoy de manera pacífica en el Corredor Minero del Sur, afectando por unos minutos la circulación de encapsulados de la empresa minera HudBay.

Esta medida de lucha la realizaron específicamente en la zona conocida como Huincho, con el objetivo de exigir al Jurado Nacional de Elecciones que la proclamación como presidente de la República de Pedro Castillo sea lo más pronto posible, y que se respete de esta manera la voluntad popular expresada en el proceso electoral.

El Observatorio de Conflictos Mineros (OCM) contactó con Walter Molina, ex presidente de la comunidad de Idiopa Naupa Japu Urinsaya, quien nos comentó que ‘No es necesario que las organizaciones convoquen, ante el contexto, la población se autoconvocan, porque no concebimos que haya pasado un mes, y no se realice aún la proclamación como presidente de Pedro Castillo’

Cabe señalar que en Colquemarca el respaldo a Pedro Castillo fue contundente. En esta zona, según la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) al 100% de actas contabilizadas, Castillo obtiene un respaldo de 96.5%, mientras su contrincante, Keiko Fujimori, solo alcanzó el 3.5%.

‘Tengo entendido que otras comunidades, en el mismo distrito de Colquemarca, en Santo Tomás, también están anunciando protestas pacíficas, y creo que es algo que se está haciendo a nivel nacional, en todas las regiones, porque es una forma de exigir que se respete el voto rural, el voto de los pobres’ sentenció Molina.
https://www.inforegion.pe/286534/cusco-realizan-protesta-en-corredor-minero-exigiendo-la-proclamacion-de-pedro-castillo/

Manifestantes esperan que Consejo Nacional de Minería se pronuncie a su favor y retire permisos de proyecto
Oskar Natteri
01/07/2021
Varios sectores participaron en una protesta que rechaza a la minera Nexa, que tiene permisos para realizar trabajos de exploración minera en el sector de Pukaqaqa.

“Pukaqaqa Sur no va… Afecta a 52 mil huancavelicanos que consumimos esta agua, producto de esa cabecera de cuenca que fluye al río Ichu. No podemos permitir que este proyecto sea efectivo”, afirmó Miguel Cárdenas Ordoñez, presidente del Frente de Defensa Provincial de Huancavelica.

Asimismo, dijo que están esperando que se cumpla el plazo de 15 días que tiene el Consejo Nacional de Minería en el que esperan que revoquen el permiso de la minera.

“Si no se pronuncia a favor (de nosotros), obviamente tendremos que ir a Lima en marcha de protesta”, sentenció Cárdenas Ordoñez.

Durante la marcha, el ciudadano Juan Requena, cuestionó la ausencia de las autoridades ante todo este tema.

“Me indigna que no veo al gobernador Maciste Díaz ni al alcalde de Ascensión (Edwin Muñoz), en esa parte se está realizando ese proyecto. También le jalamos orejas al alcalde, debería estar aquí”, afirmó Requena, quien también llamó la atención a los representantes de otros partidos políticos, que no se pronuncian.

Durante la marcha, también habló la regidora Elsa Benavente, quien recordó que la audiencia ante el Consejo Nacional de Minería ya se dio el 22 de junio y que están a la espera de que este órgano pueda pronunciarse.

“El Frente de Defensa Provincial tomó el liderazgo, ellos convocaron esta manifestación pacífica, además recolectan firmas en un memorial”, afirmó Benavente.

Afirmó que los trabajos están cercanos a la planta de captación de agua de Emapa y que existe el alto riesgo de que esta se contamine con más arsénico afectando al consumidor final.
https://diariocorreo.pe/edicion/huancavelica/huancavelica-realizan-protesta-contra-exploracion-minera-en-pukaqaqa-sur-noticia/

El presidente electo, Pedro Castillo, tiene una serie de desafíos por delante. El primero de ellos será la gobernabilidad, pues el sector derrotado en las elecciones no sólo se ha resistido a reconocer el resultado electoral, sino que se ha involucrado en lo que algunos analistas han llamado un “golpe lento”. La derecha política y ciertos grupos de poder parecen dispuestos a desestabilizar al país para impedir que el nuevo gobierno pueda concretar sus promesas de cambio.
COOPERACCION
Imagen: Boletín APM
Ya han pasado más de 20 días desde las elecciones y, pese a que los números son claros y Pedro Castillo ha sido elegido presidente por la mayoría de peruanos y peruanas, aún el fujimorismo denuncia un supuesto “fraude” inexistente. La OEA, la Unión Europea, los gobiernos de Canadá y Reino Unido se han pronunciado reconociendo que las elecciones han sido limpias y justas; Ipsos Perú ha publicado un análisis estadístico que no encuentra irregularidades que favorezcan a uno u otro candidato; decenas de miembros de mesa de las provincias andinas y amazónicas -sorteados antes de las elecciones- han tenido que salir a ratificar que no hubo ninguna irregularidad en sus locales de votación. Pero ningún argumento es suficiente: el fujimorismo continúa con su narrativa golpista, utilizando todos los resortes legales y no legales, como el llamamiento de militares en retiro para que las Fuerzas Armadas desconozcan al gobierno electo. Esperamos que la democracia prevalezca y que pronto las autoridades electorales proclamen al nuevo Presidente y empiece el proceso de transferencia.

La crisis política originada por las intentonas golpistas no ha permitido que la agenda pública se enfoque en lo más importante: los planes y prioridades del próximo gobierno. Aquí queremos revisar algunas de esas propuestas en torno a la agenda minera, ambiental y de recursos naturales.

Existen dos documentos a tomar en cuenta para analizar las propuestas políticas de Pedro Castillo y el partido Perú Libre: el ideario y programa, presentado por el partido de manera formal ante el Jurado Nacional de Elecciones; y el plan “Perú al bicentenario sin corrupción”, elaborado por un equipo técnico más amplio de cara a la segunda vuelta.

El documento “Ideario y Programa” dibuja el horizonte ideológico del partido Perú Libre y orientará probablemente la actuación de su bancada parlamentaria. En este documento se plantea la necesidad de una nueva Constitución que “desmantele el neoliberalismo” y se propone un nuevo modelo de “economía popular con mercados” que se inspira en las experiencias del Movimiento al Socialismo en Bolivia y de la “revolución ciudadana” de Ecuador. En cuanto a los recursos naturales, son vistos como la principal fuente de riqueza del país y se plantea su “nacionalización” a fin de “invertir la proporción de ganancias a favor del Estado peruano”.

Como hemos señalado en una editorial anterior, este documento presenta vacíos importantes en el ámbito ambiental, en especial en relación al cambio climático, que se encuentra completamente ausente. Además, el programa propone un “extractivismo sostenible” y cuestiona el “medioambientalismo fundamentalista (…) que cree que superar el extractivismo es dejar de aprovechar nuestros recursos naturales no renovables”. Este discurso puede considerarse afín a lo que, en América Latina, algunos han llamado el “neo-extractivismo”, que se enfoca en recuperar el control estatal sobre la renta de los recursos naturales, sin cuestionar los impactos territoriales ni la dependencia excesiva de la exportación de materias primas.

Al mismo tiempo, sin embargo, este documento hace énfasis en el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas y campesinos, reconociendo no sólo el derecho a la consulta previa sino también al consentimiento y la capacidad de “veto” de proyectos en sus territorios. También se plantea la necesidad de una zonificación económica y ecológica “con autonomía real” por parte de las regiones, que les permita demarcar sus áreas protegidas e intangibles, así como sus áreas hídricas.

Una de las cosas que preocupa del ideario y programa de Perú Libre es su visión sobre la minería informal e ilegal. De hecho, el documento se refiere a ella como “la mal llamada minería ilegal” y se apuesta por su formalización. Como se sabe, la actividad minera ilegal tiene graves impactos ambientales y sociales, especialmente en territorios amazónicos donde es un factor de deforestación y contaminación de los ríos.

Durante la segunda vuelta, Perú Libre convocó a un diálogo con fuerzas sociales y políticas, dando paso a la elaboración del Plan de Gobierno Perú Al Bicentenario Sin Corrupción, que enfoca de manera más específica medidas de corto y mediano plazo que serán impulsadas por el nuevo gobierno.

En los temas económicos, el Plan plantea medidas para el “relanzamiento del empleo y la economía popular” con un aumento de la inversión social pero manteniendo el equilibrio macroeconómico en el mediano plazo. Se plantea un enfoque de “economía mixta” y fortalecer el rol regulador del Estado, en particular una regulación más activa de los monopolios y oligopolios.

El Plan proyecta una inversión significativa en el sector rural y campesino, dándole una prioridad a este sector que no ha tenido en décadas. Se plantea el inicio de la “segunda reforma agraria”, entendida como “el desarrollo rural agrario y participativo como una decisión política importante para la gestión de una agricultura con enfoque territorial y desde abajo”. En ese marco, las propuestas incluyen disminuir y reorientar la importación de alimentos, dado preferencia a la agricultura andina y orgánica. Todo ello, en el marco de “un Ordenamiento Territorial basado en el desarrollo local”.

En los aspectos tributarios, el Plan Bicentenario se plantea aumentar sustancialmente la inversión en educación y salud, para lo cual busca “nacionalizar” las riquezas del país, término que se entiende como “hacer que éstas sirvan a los peruanos, con nuevas reglas de impuestos y regalías”. El Plan toma nota del nuevo contexto de precios de los minerales, así como de los reducidos costos de producción del cobre en el Perú, lo que justifica un impuesto a las sobreganancias. Otras medidas son la eliminación de las exoneraciones de tributarias, la renegociación de los contratos de estabilidad tributaria con las grandes empresas, así como una política activa contra la elusión fiscal, el lavado de activos y los paraísos fiscales. Se plantea así mismo una modificación de las regalías, las mismas que en la reforma de 2011 fueron asociadas a las utilidades: Perú Libre plantea regresar a un esquema de regalías sobre las ventas, lo que permite mayor estabilidad y predictibilidad de la recaudación, así como hace mayor justicia al concepto de pago por el uso de un recurso no renovable que no depende de la ganancia de las empresas.

Este plan también aborda la búsqueda de una nueva Constitución que reconozca expresamente y garantice los derechos a la salud y la educación, a la alimentación, a la vivienda, el reconocimiento a los pueblos originarios y a nuestra diversidad cultural, el reconocimiento de los derechos de la naturaleza y el buen vivir. La propuesta de cambio constitucional también incluye un Estado que practique la planificación estratégica, regule e invierta; y donde el interés público prime sobre el privado. El Plan hace hincapié en que este cambio se promoverá respetando los mecanismos constitucionales vigentes.

Sin embargo, aún es incierta la viabilidad del cambio constitucional, pues el referéndum para que la ciudadanía se exprese al respecto depende de una Ley del Congreso, donde las fuerzas conservadoras parecen ser mayoría. Ese será, probablemente, uno de los primeros grandes conflictos políticos de los próximos meses.

Inicio

Por Los Andes Arequipa
28/06/2021
Por Zenaida Zea Olivera
Las familias de Edwin Félix Yrpanoca Turpo, Raúl Cancapa Huaricallo, Peronila Coa Huanca, Gregorio Huamán Mamani, Antonia Campos Huanca y Javier Perlacio Limachi, aún no encuentran sosiego. Han pasado 10 años pidiendo que la muerte de sus seres queridos no quede impune; sin embargo, solo el silencio doloroso los acompaña.

El “Azangarazo” o “Juliacazo”, como otros lo llaman, representa una de las luchas sociales más atípicas en lo que a defensa ambiental refiere. Quienes fueron parte de la escaramuza, tuvieron la valentía de levantarse contra la minería ilegal, pero el Estado les dio la espalda incluso al ver la desolación que esta actividad dejaba a su paso.

El clamor popular se fundamentaba en la derogatoria del Decreto Supremo N° 10, con el que las poblaciones de Asillo, San Antón, Progreso y otras localidades de Azángaro podrían verse aliviadas de la contaminación provocada por la minería ilegal de La Rinconada, Ananea y zonas aledañas, que envenenaban el río Ramis y sus afluentes.

Fueron años de protestas. El ganado, peces, pastizales y todo vestigio de vida, sucumbía ante la presencia de metales pesados en el agua. En las protestas, los lugareños llevaban como evidencia sus animales muertos, y entre lágrimas invocaban ayuda porque sentían que esas sustancias nocivas causaban estragos en su organismo.

INDOLENCIA Y APATÍA

Las protestas de los pobladores fueron escalonadas. Al no ser escuchados en sus localidades, adoptaron como estrategia trasladarse al epicentro de la integración regional. Al estar Juliaca sitiada y perjudicaba todas las actividades con las regiones vecinas, por fin el gobierno giraría la cabeza hacia este sector olvidado.

Los comités de lucha invocaron la instalación de mesas de diálogo, sus autoridades viajaron a Lima para gestionar soluciones, pero como acostumbra el Estado, no actúa hasta que estalle el conflicto social. La problemática ameritaba una comisión de alto nivel, pero la apatía era mayor.

ESTALLÓ EL CONFLICTO

Juliaca estuvo paralizada una semana y no resistía más. Diversas organizaciones de la sociedad civil se solidarizaron con los pobladores de Azángaro y se plegaron a la lucha. El 24 de junio, una fecha emblemática en el mundo andino, decidieron radicalizar sus medidas de protesta.

La tensión se agravó cuando los piquetes se trasladaron al aeropuerto internacional Manco Cápac. La situación provocó que el gobierno del presidente Alan García, en lugar de entablar diálogo con los manifestantes, optara por reprimirlos, y sin la menor clemencia.

Se desató una balacera descomunal. Para socorrer a los heridos, los bomberos y ambulancias del sector salud se trasladaron a la zona de conflicto, próxima al Aeropuerto y la salida a Cusco. Al hospital llegaron personas con impacto de bala y otras lesiones que hicieron colapsar sus instalaciones.

En gran parte de Juliaca se aspiraba bombas lacrimógenas hasta caer la tarde, y cuando la población conmocionada por los sangrientos hechos salía de nuevo a las calles, no faltaron las personas de malvivir e infiltrados que perpetraron saqueos en algunos establecimientos comerciales.

IMPUNIDAD

Aún no se asimilaba lo sucedido y todavía se hacía la evaluación de la tragedia. Abogados de derechos humanos se sumaron para apoyar a los deudos y conformaron la “Asociación de Víctimas del 24 de junio”. La batalla legal que iniciaron hace una década duerme hoy el sueño de los justos.

Según el abogado de este colectivo, Carlos Torres Rodríguez, son más de 200 procesados, entre miembros de las Fuerzas Armadas, autoridades y dirigentes. El proceso se encuentra en etapa de control de acusación, y desde el 2019 se suspenden las audiencias bajo el argumento de que no se puede notificar a los sujetos procesales.

El caso está en manos del fiscal Ernesto Rojas Cayllahua, mientras que la jueza Penélope Nájar Pineda, del primer Juzgado de Investigación Preparatoria de San Román, para el 10 de agosto próximo, estaría llevando la audiencia de control de acusación, de no haber otro inconveniente.

LOGROS

A pesar del alto costo social de este levantamiento, con un saldo de seis muertos y más de 30 heridos, los deudos de las víctimas no fueron resarcidos de ninguna forma. Por ello, al conmemorarse una década de esta tragedia los deudos salieron nuevamente a clamar justicia, ávidos de que alguna ONG pueda apoyarlos con las reparaciones.

Gonzalo Yrpanoca, presidente de la Asociación de Víctimas del 24 de junio, sostiene que los pocos proyectos agrícolas y de irrigación que se ejecutan en la zona son por parte de los gobiernos distritales. Mientras que en materia de remediación ambiental las acciones serían nulas.

Las poblaciones asentadas en la cuenca del río Ramis siguen sumidas en la pobreza y extrema pobreza. Entretanto, la minería ilegal de La Rinconada, que enriquece a unos, explota a otros y da origen a otros flagelos sociales, sigue devastando el medio ambiente.

A una década del ‘Azangarazo’ o ‘Juliacazo’ la herida sigue abierta y sangrante

LR Cusco
larepublica_peediciondigital@glr.pe
24/06/2021
Protestas en Cusco por incertidumbre electoral. Foto: La última
Bloqueos en la vía Arequipa-Cusco iniciaron la madrugada de este jueves. Además, comuneros de Chumbivilcas anuncian protestas en corredor minero.

Cusco. En la región imperial iniciaron las protestas por la incertidumbre electoral que se vive en el país. Los ronderos de la provincia de Canchis bloquearon la vía Arequipa-Cusco la madrugada de este jueves.

Los piquetes en la zona de Cruz Cunca y puente Arturo a la salida de Sicuani, capital de la provincia, impidieron el paso de los vehículos.

El dirigente Waldo Núñez dijo que insistirán con las protestas hasta la proclamación de Pedro Castillo como presidente.

“Las comunidades altas están molestas porque a estas alturas ya se había proclamado al presidente. El Jurado Nacional de Elecciones ya debe pronunciarse. Esta protesta es solo preventiva en apoyo también a nuestros hermanos ronderos que están en Lima”, expresó.

En tanto, en la provincia de Chumbivilcas también se anuncian protestas. El presidente del Frente de Defensa de la provincia, Wilber Fuente, señaló que se acordó tomar el corredor minero si el JNE no se pronuncia en estos días.

“Este es un pueblo que busca cambio y además es antifujimorista. Yo mismo fui personero y vi que a lo mucho hubo 10 votos para Fuerza Popular, en la mayoría nada. Ese es nuestro sentir”, apuntó.
https://larepublica.pe/sociedad/2021/06/24/ronderos-y-comuneros-de-cusco-protagonizan-protestas-por-incertidumbre-electoral-lrsd/

CooperAcción 23/06/2021
La empresa Sedapal, encargada de abastecer de agua potable a más de 10 millones de habitantes de Lima y Callao, fue admitida, el último 08 de junio de 2021, como parte demandante (litisconsorte facultativo activo) por el 6to juzgado constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, en el proceso de amparo que interpusieron representantes de la sociedad civil el 2019. Esta demanda de amparo busca se declare la nulidad de las resoluciones administrativas que autorizan el desarrollo del proyecto minero Ariana en una zona de vital importancia para el abastecimiento de agua potable para la ciudad de Lima. La jueza Rocio Rabines Briceño, a cargo del caso, fundamenta en su decisión que Sedapal tiene interés jurídicamente relevante en la demanda porque es responsable de verificar que el servicio de agua potable llegue en forma óptima para el consumo humano, por lo que está acreditado su legítimo interés para participar en el desarrollo del proceso a favor de la parte demandante.

Fundamentos de Sedapal

Sedapal como empresa prestadora de servicios de agua y saneamiento, tiene la responsabilidad de producir agua potable de calidad para consumo de las poblaciones de Lima y Callao, y esta responsabilidad impone el deber de cuidar de las fuentes de agua potable como la laguna Sangrar y la infraestructura que soporta el agua que fluye a la ciudad de Lima y Callao, como es el túnel trasandino Cuevas-Milloc.

En su solicitud para ser incorporada en el proceso, Sedapal indica que su Equipo de Gestión Integral de Plantas tomó muestras de agua, que descarga la laguna de Sangrar y del agua proveniente de la laguna de Marcapomacocha en la entrada al túnel trasandino, en noviembre del año 2020, así como en febrero del presente año; realizando los correspondientes análisis, encontrándose que la concentración de arsénico se encuentra en el límite de los estándares de calidad ambiental (ECA); siendo ello un ambiente muy vulnerable a cualquier variación en sus condiciones, como la construcción de un depósito de relaves mineros, lo que impactaría negativamente en el medio ambiente en la zona.

La demanda de amparo sostiene que la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que autoriza a la Empresa Ariana Operaciones Mineras S.A.C para que realice la explotación de mina subterránea en el área ubicada de forma adyacente a la laguna Sangrar y a la salida del túnel trasandino, implica una amenaza real al derecho al agua potable, pues el inicio de la explotación del proyecto Ariana pone en riesgo el acceso, la suficiencia y calidad del agua potable de la población ubicada en Lima y Callao.

Dos años de espera: ¿qué sigue en el proceso?

La jueza Rocío Rabines Briceño, titular del Sexto Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, debe emitir una sentencia en el más breve plazo para decidir si paraliza o no el proyecto Ariana, de la canadiense Southern Peaks Minnig. El caso Ariana está para sentencia, es decir no hay más actos procesales que resolver, luego de declarar fundada la solicitud a favor de Sedapal para integrarse como parte demandante en el estado que se encuentre el proceso.

Es importante precisar que se trata de un proceso constitucional de amparo y, por ende, de tutela urgente debido a que está en juego varios derechos fundamentales, especialmente el derecho fundamental al agua potable, el derecho a disfrutar de un medio ambiente equilibrado y adecuado, y el derecho fundamental a la salud.

Según Maritza Quispe, abogada constitucional del IDL, “esta sentencia debe ser emitida con argumentos jurídicos válidos, tomando en cuenta los peligros que podría significar la construcción de este proyecto en una zona donde se ha evidenciado que es altamente sísmica o de lo contrario se pondrá en peligro la calidad y cantidad de agua potable para más de 10 millones de ciudadanos de Lima y Callao”.

El proyecto minero Ariana debe ser desestimado por amenazar el agua potable para Lima y Callao

Earthworks y CooperAcción, con la finalidad de sustentar la demanda de amparo con los más altos estándares de rigurosidad científica y técnica, solicitaron a un experto internacional el estudio de riesgo de uno de los componentes mineros más peligrosos del proyecto: la presa de relaves. En este estudio, el doctor en geofísica Steven Emerman ha sido enfático en recomendar que el proyecto minero Ariana debe ser rechazado “sin mayor consideración”, ya que si la presa de Ariana colapsa, los relaves fluirían inmediatamente hacia la bocatoma de agua del Túnel Trasandino, a los canales colectores, al Río Carispaccha y siguiendo su curso podrían afectar incluso los pueblos de Corpacancha, Santa Ana, Sincamachay y la planta hidroeléctrica Malpaso. Emerman sostiene que no conoce un caso de explotación minera parecida en el mundo, que implique la construcción de una presa de relaves en una zona de suministro de agua para una ciudad capital de un país.

Conoce detalles del caso aquí: https://bit.ly/2Smwbil

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