Respecto a la minería y a su relación con el desarrollo humano y social, algunas consideraciones:
La inversión minera no se ha detenido, pese a los conflictos sociales, pero no ha venido acompañada de desarrollo social. Del 2010 al 2011 la inversión minera pasó de 4068 millones a 7202 millones de dólares. Queda claro que estas se incrementan. Sobre el desarrollo social, o el desarrollo entendido en un sentido más amplio, este no está restringido a indicadores económicos, a pesar de que los argumentos de algunos vengan acompañados usualmente con dicho tipo de indicadores, obviándose otros indicadores relevantes como los relacionados a la valoración económica de recursos naturales, que bien podrían ser considerados en el análisis, de modo que se amplíe la perspectiva. Por ejemplo está el estudio de Herrera y Millones (2011), que mide el costo de la contaminación ambiental minera sobre los recursos hídricos en el Perú (ver). Según el PNUD, el Índice de Desarrollo Humano (IDH) en Cajamarca –departamento minero– entre el 2000 y 2005, pasó de 0,49 a 0,54, y el ingreso familiar per cápita se incrementó en sólo S/. 18 (de S/. 198 a 216). Para profundizar el análisis, hay estudios pasados, como el realizado por De Echave y Torres (2005), donde se aprecia una relación negativa entre la preponderancia de la actividad minera –en los departamentos considerados mineros por su participación en el PBI departamental– e indicadores sociales como Índice de Desarrollo Humano, Esperanza de Vida, entre otros.
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A continuación estableceremos algunos de los principales estándares internacionales, de obligatorio cumplimiento, que deben ser observados por el Estado peruano al momento de la realización del proceso de consulta de lotes petroleros. Esto cobra relevancia especialmente ahora que se anuncia el primer proceso de consulta previa de pueblos indígenas en el Perú del lote petrolero 1ab[1].
El fiscal no solo omitió denunciar a los torturadores sino que incluso llegó al extremo de acusar a los campesinos por servir dócilmente a la minera Majaz.
Por los hechos de torturas de las que fueron víctimas 28 campesinos en el campamento
El Quinto Reporte del Observatorio de Conflictos Socioambientales, “Vigilante Amazónico”, correspondiente a octubre, da cuenta de cinco nuevos conflictos ubicados en las provincias de Lamas (San Martín), Bagua y Condorcanqui (Amazonas), Maynas (Loreto) y Satipo (Junín).
Compartimos con ustedes el editorial “!Agua! del último número de la publicación Lucha Indígena N° 75 que tiene como director a Hugo Blanco Galdós. Quienes deseen acceder a la edición pueden dar un clic en la imagen.
El núcleo duro del poder económico está en la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).