Mucho se ha dicho en estas últimas semanas sobre la caída de la recaudación tributaria proveniente de la minería. Conocidas las cifras del Ministerio de Economía Finanzas, lo cierto es que los ingresos provenientes del Impuesto a la Renta de tercera Categoría que pagan las empresas mineras, habrían caído en casi un 20%, mientras que el canon minero ha retrocedido en un 25.7%. Esta situación ha provocado una justificada preocupación de varios gobiernos regionales y alcaldes, ya que más que un hecho episódico todo indica que el próximo año la situación se volverá a repetir.

Los análisis elaborados hasta el momento sobre la caída del aporte minero a la recaudación, han venido priorizando los elementos del contexto actual (menores precios, caída de la producción, etc.), lo cual sin duda son aspectos a considerar. Sin embargo, no está demás incorporar a la reflexión referencias de mediano y largo plazo para identificar algunas tendencias de la tributación minera en el país. A continuación planteamos algunos temas como aporte a la discusión.

En primer lugar si uno revisa lo que ha pasado con la minería en las dos últimas décadas, se pueden identificar hasta dos momentos muy claros de expansión minera y un tercero que está en proceso de definición:

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De acuerdo con el Avance Coyuntural de la Actividad Económica, Julio 2013, el subsector minería metálica sustentó su crecimiento por la mayor producción de cobre (14,44%), molibdeno (10,97%), zinc (4,81%) y plata (1,90%).

(AméricaEconomía) La producción del sector Minería e Hidrocarburos aumentó 3,51% en julio de 2013, acumulando cuatro meses de comportamiento favorable, impulsado por el subsector minería metálica, que creció 4,39%, informó este domingo el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Sin embargo, el subsector hidrocarburos decreció 0,27%.

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“No hay excusas para evitar consultar proyectos de exploración y explotación en curso” sostuvo el especialista en derecho constitucional Juan Carlos Ruiz Molleda, en referencia a los proyectos con estudios de impacto ambiental (EIA) aprobados.

“Es claro e indiscutible que las concesiones, y los permisos de aprobación de exploración y explotación sobre territorios de pueblos indígenas, así como las resoluciones de aprobación de los EIA, son nulos porque no han sido consultados” sostuvó el abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL).
Así se refirió a los efectos de la resolución de la Corte Suprema que declara inconstitucional dos normas que pretendían hacer pasar a los talleres informativos como procedimiento de consulta.

“Sin embargo, en atención a las consecuencias para la política energética, podemos optar por modular las consecuencias e ir ya no por la nulidad sino por dar un plazo al Gobierno para que consulte”, indicó en un artículo difundido por el boletin Justicia Viva.
“En caso que el Estado se resista a consultar, podríamos recurrir recién a formulas como la suspensión o la nulidad de las concesiones mineras o petroleras” indicó.

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El acuerdo logrado el pasado 22 de agosto entre el gobierno y las organizaciones de mineros informales, ha provocado una ola de críticas desde diferentes sectores que perciben que el Ejecutivo vuelve a ceder frente a un sector que no desea entrar a un real proceso de formalización.

Representantes del gobierno han señalado que las interdicciones no se han suspendido y que los plazos definitivos tampoco han sido prorrogados, aunque si se reconoce que algunos plazos intermedios han sido modificados.

Al margen de la especificidad de los acuerdos logrados y si los plazos han sido ampliados o no, lo cierto es que existe la sensación que el proceso de formalización no logra consolidarse y los diferentes sectores del Estado no se presentan articulados para hacer frente a la problemática.

A continuación planteamos algunos elementos para el análisis:

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Nuevamente los mineros artesanales del sur medio han iniciado una medida de fuerza, ellos denuncian que se estaría reduciendo el plazo para el proceso de formalización. En el fondo lo que plantean es que se amplíe nuevamente el plazo para cumplir con la normativa vigente.

Nos preocupa por un lado la existencia de mineros artesanales que no tienen voluntad de formalizarse, pero también por otro lado la inexistencia de una política pública que realmente resuelva esta compleja problemática.

Es imperativa la necesidad de que la actividad de pequeña minería y minería artesanal se formalice; sin embargo, la normativa lejos de facilitar este proceso lo complejiza, planteando exigencias que la mayoría de pequeños mineros no podrán cumplir, dando argumentos a aquellos sectores que no están dispuestos a la formalización.

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