El ministro de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla, señaló que el gobierno peruano tiene la voluntad de llegar a un acuerdo con la minera canadiense Bear Creek para evitar llegar a un arbitraje internacional por la cancelación de sus derechos sobre el proyecto de plata «Santa Ana», ubicado en Puno.
El plan fue anulado en los últimos días del gobierno del ex presidente Alan García Pérez en el 2011, tras protestas de pobladores puneños (cerca de la frontera con Bolivia), que cuestionaban su operación por temores a grandes daños ambientales.
Bear Creek Mining Corp BVM.V entregó a inicios de febrero al gobierno del presidente Ollanta Humala «un aviso de intención» para iniciar un arbitraje internacional en virtud de un Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Perú y Canadá, firmado en el 2008 y que garantiza los derechos de los inversores en ambos países.
Ante la denuncia de los representantes de la comunidad campesina La Unión, ubicada en el distrito de Sexi – Corral Viejo, en la provincia de Santa Cruz, región Cajamarca, de haber sido estafados por directivos de la empresa minera Troy SAC, quienes además de haberles invadido más de 9 mil hectáreas de tierra han logrado los permisos para explorar su territorio con documentación falsificada, Elmer Burga Mundaca, representante de la Asociación Protectora de la Vida (Asoprovida), advirtió que esta institución minera también viene contaminando el medio ambiente.
Tal como se anunció en el XIII Informe del Observatorio de Conflictos Mineros, este año la problemática de la minería informal se convertirá en uno de los principales focos de conflictos. Faltan dos semanas para que termine el primer trimestre del año y estamos entrando a momentos de definiciones.
Un sector de comuneros del distrito andino de Cañaris (región Lambayeque) retomaron sus protestas bloqueando uno de los desvíos de la carretera de penetración Fernando Belaúnde Terry, que conduce al campamento de la empresa Candente Copper. Piden que se respete los resultados de la consulta popular del 30 de septiembre del 2012, donde el pueblo de Cañaris rechazó la actividad minera. El gobierno central montó una mesa de diálogo para dilatar y darle cabida a la empresa.
Ayer, 11 de marzo, se llevó a cabo la quinta audiencia de control de acusación, en la ciudad de Ica, contra el alcalde de Espinar Óscar Mollohuanca, los dirigentes Sergio Huamani, Herbert Huamán, tres miembros del serenazgo de Espinar, el ex encargado de seguridad ciudadana del municipio de Espinar y Romualdo Tito Pinto, ex trabajador de la Vicaría de Sicuani, como consecuencia de las protestas de mayo del 2012 contra la empresa Glencore – Xstrata.
Los últimas acciones desarrolladas por la empresa minera Laconia South América SAC en las comunidades de Tintay, Morcolla y Huacaña (en la provincia de Sucre) para obtener el permiso de las mismas para el inicio de sus actividades de explotación en la concesión que se ubica en la cabecera de cuenca del Ccarhuarazu, cuyas aguas irrigan las localidades del Valle del Sondondo, alertó a las autoridades de esa provincia quienes se han organizado para impedir que laempresa minera inicie actividades en esta zona.
El día de ayer, el juzgado supraprovincial de Ica desestimó por tercera vez la acusación fiscal contra Oscar Mollohuanca, alcalde de Espinar, y un conjunto de líderes sociales de esa provincia cusqueña, acusados de generar violencia durante las protestas del año 2012 contra la minera Xstrata-Tintaya reclamando la renegociación del Acuerdo Marco y la intervención del gobierno nacional frente a las denuncias de contaminación minera. Lo que ha puesto en evidencia la decisión del juez es que todo aquello que se dijo en contra del alcalde y los dirigentes de dicha provincia eran afirmaciones sin ningún sustento.
El presidente del Frente de Defensa del Medio Ambiente de la provincia de Sucre, Johnny Martínez Arone, denunció que la minera australiana Laconia intenta obtener una licencia de concesión para la exploración en 100 mil hectáreas de terreno que incluyen la cuenca hidrográfica de Ccarhuarazo. El 99% de las autoridades locales y distritales están en contra del ingreso de la minería.
Casi estancados. Los ingresos laborales en términos reales (que miden el poder de compra) apenas crecieron un 0.5% cada año entre el 2004 y el 2012 en el sector minero, según un reporte de Macroconsult. A pesar de ese magro dinamismo, este sector es el que posee una mayor remuneración en términos absolutos, pues asciende a S/. 3.118 mensuales, equivalentes a us$1.112.