El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), abrirá una Oficina de Enlace en la provincia de Espinar, departamento de Cusco, en un plazo máximo de 60 días hábiles, según la Resolución de Consejo Directivo Nº 008-2015-OEFA/CD con fecha 19 de febrero de 2015.
Sin duda, el anuncio causa expectativa en la provincia pues se espera que con la presencia directa de esta entidad del estado, competente en materia ambiental, se garantizará las medidas de supervisión, fiscalización y sanción efectiva en una zona de amplio impacto minero. Se espera a su vez que con ello la población pueda por fin acceder a información certera y oportuna sobre sus territorios, así como a mecanismos de denuncia y vigilancia participativa sobre sus recursos naturales.
Si bien el panorama de inversiones parece alentador, para varios analistas, estos pueden truncarse por los conflictos sociales. El congresista Juan Carlos Eguren precisa que el gobierno no tiene la suficiente autoridad para hacer respetar los proyectos. Ante las primeras manifestaciones retrocede y eso genera un panorama de inestabilidad jurídica que ahuyenta las inversiones. Aunque habría que aclarar que los conflictos se originan por la desconfianza que generan los EIAs, los instrumentos para mitigar una posible contaminación ambiental; sin embargo, estos son diseñados a la medida de la empresa y aprobados por el Ministerio de Energía y Minas que promueve la inversión. 
La empresa Minera Yanacocha SRL ha sido notificada con la Resolución Directoral N°018-2014-OEFA/DS, de fecha 16 de diciembre de 2014. Entre otras cosas, el documento informa a la compañía que durante las acciones de supervisión que ha llevado a cabo el OEFA, se constató que por el lado sureste del depósito de desmonte San José – Parte Sur, existen filtraciones que eran descargadas directamente al suelo natural, con un pH de 4,12, de carácter ácido, que está en más de un 200% fuera de rango de los límites máximos permisibles, aprobado mediante Decreto Supremo N°010-2010-MINAM. Dichas filtraciones discurren sobre suelo natural, hasta llegar a la quebrada Quishuar, San José, cuya agua es captada por el canal San José Río Grande.
Rosa Quedena, abogada y coordinadora del área DESCA de Fedepaz, estuvo presente en la conferencia de prensa sobre los Proyectos de Derogatoria de la Ley 30230 y del Decreto Supremo 001-02015-EM, normas que son consideradas un Paquetazo Antiambiental con el que este gobierno atenta contra la seguridad territorial de las comunidades.
La historia de Acuña, una campesina madre de cuatro hijos que nunca pudo aprender a leer ni a escribir y que ganó un juicio a la empresa minera que más oro produce en Sudamérica, saldrá publicada en el siguiente número de Etiqueta Verde, hermana de la revista 
Como sucede en diversos puntos del país, las comunidades campesinas y organizaciones del distrito de Challhuahuacho, en la región de Apurímac, se mantienen a la expectativa de lo que pueda ocurrir con Minmetals, empresa estatal de capitales chinos que lidera el consorcio al frente del megaproyecto minero Las Bambas.
En una reciente visita a la Comunidad Nativa Awajún de Supayacu hemos podido observar el elevado nivel de tensión y desconfianza que viven los integrantes de esta comunidad, ante la posible renovación del Contrato de Usufructo que el 14 de abril de 2010 firmaran los representantes de la Comunidad Nativa Awajún de Naranjos con la empresa Exploraciones Águila Dorada SAC, cuyos 5 años de vigencia están próximos a vencerse; y ante el aumento significativo del otorgamiento de concesiones mineras en esta última comunidad que supondría el desarrollo de nuevos proyectos mineros con efectos nocivos irreversibles al ambiente.
La constante lucha de la campesina cajamarquina Máxima Acuña de Chaupe, en defensa de sus tierras, ante la imponente empresa Yanacocha despertó la atención de diversas partes del mundo. Diario16 conversó con Mirtha Vásquez, su abogada quien detalló la insostenible situación que afrontan Máxima y su familia. La minera no los deja vivir en paz.
CAMPAÑA MUNDIAL EN SOLIDARIDAD CON MÁXIMA ACUÑA
En un Estado Democrático de Derecho, las personas rigen sus vidas por las leyes y las instituciones. En él, la propiedad es un derecho fundamental y la posesión de un terreno tiene protección cuando es legítima.