Una mujer identificada como Constantina López Garriazo fue impactada por una bomba lacrimógena mientras marchaba pacíficamente en defensa del Apu Ccarhuarazo, en la provincia de Lucanas, departamento de Ayacucho.
Imágenes que circulan en redes sociales dan cuenta de lo violento del impacto. El brutal ataque se dio ayer 10 de marzo en el marco de un paro de 48 horas convocado por el Frente de Defensa de la provincia de Sucre.
Según Emilio Orosco, presidente del citado frente, la presencia policial en Puquio sobrepasó los 300 efectivos. Señaló así que estos fueron los que dispararon contra Constantina López hiriéndola en el rostro. Ella se encuentra ahora hospitalizada.
Pero no sería la única persona herida, ya que “producto de los forcejeos con la policía un poblador fue herido en la cabeza”, informó Orosco.
El proyecto minero Tía María de la empresa Southern Perú fue suspendido hasta que se garantice que no será motivo de un conflicto social en la provincia arequipeña de Islay.
Ni el Estado peruano ni las empresas operadoras del Complejo Metalúrgico de La Oroya cumplen con los programas de salud y ambiente para atender a la población contaminada, denunció la representante del Movimiento por la Salud de La Oroya, Rosa Amaro.
Las oficinas de comunicaciones del Ministerio de Energía y Minas y de la Presidencia del Consejo de Ministros han anunciado que el Ejecutivo planea invertir este año S/. 236 millones de soles en la provincia de Espinar. También anuncian que la próxima semana delegaciones de varios ministerios visitarán esta provincia cusqueña para coordinar con las autoridades locales y regionales un conjunto de iniciativas.
El Frente de Defensa de la Provincia de Sucre, Ayacucho, inició hoy un paro provincial de 48 horas como medida de protesta frente a la autorización de inicio de actividades dela exploración minera otorgada a la empresa Laconia South América S.A.C, mediante la resolución Nº0106-2014-MEM/DGM, del Ministerio de Energía y minas.
Diversas organizaciones nacionales e internacionales, solicitaron a Carlos Gálvez Pinillos, Presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), que se le abra un proceso sancionador en aplicación del Código de Ética a la Minera Yanacocha por el hostigamiento contra la familia de Máxima Acuña de Chaupe, en Tragadero Grande, Cajamarca. La carta fue publicada en la edición del domingo 8 de marzo en el diario La República.
Las altas temperaturas no sólo se deben al declarado período estival, sino también a que se ha iniciado el año con un notorio incremento de la conflictividad social. Varios conflictos en diferentes partes del país se han reactivado y han elevado la temperatura en el terreno social y político: en la Amazonía, la toma de los pozos en el lote 1AB en tres cuencas en la región Loreto desde inicios de enero; los recientes sucesos en Pichanaki en Junín y la tensión permanente en la provincia de Condorcanqui en la región Amazonas. En zonas de influencia minera, tenemos los casos de Tía María en la provincia de Islay, Arequipa, donde la población acaba de organizar una gran movilización en contra del proyecto minero; el de Las Bambas en Cotabambas, Apurímac; el caso Uchucarco en la provincia de Chumbivilcas en Cusco y la permanente conflictividad en regiones como Cajamarca y Ancash. Según la base de datos de la Defensoría del Pueblo, en los últimos meses se han registrado por lo menos 10 nuevos conflictos activos.
En un Estado Democrático de Derecho, las personas rigen sus vidas por las leyes y las instituciones. En él, la propiedad es un derecho fundamental y la posesión de un terreno tiene protección cuando es legítima.
El martes 24 de febrero, el Diario La República publicó un artículo del conocido periodista Ricardo Uceda sobre el caso de la campesina Máxima Acuña Chaupe y la disputa que tiene con la empresa minera Yanacocha por el Terreno Tragadero Grande, ubicado en la zona de influencia del Proyecto minero Conga y muy cerca de la emblemática «Laguna Azul».