Las oficinas de comunicaciones del Ministerio de Energía y Minas y de la Presidencia del Consejo de Ministros han anunciado que el Ejecutivo planea invertir este año S/. 236 millones de soles en la provincia de Espinar. También anuncian que la próxima semana delegaciones de varios ministerios visitarán esta provincia cusqueña para coordinar con las autoridades locales y regionales un conjunto de iniciativas.
El monto se desagrega en proyectos de inversión para el mejoramiento de riego; entrega de forraje; monitoreo de aguas a cargo de la Autoridad Nacional del Agua; monitoreos sanitarios a cargo de DIGESA; proyectos de saneamiento a cargo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento; proyectos de electrificación rural a cargo de Energía y Minas; la construcción de vías bajo la responsabilidad de Transportes y Comunicaciones y la realización de estudios toxicológicos en animales a cargo de SENASA-MINAGRI.
El Frente de Defensa de la Provincia de Sucre, Ayacucho, inició hoy un paro provincial de 48 horas como medida de protesta frente a la autorización de inicio de actividades dela exploración minera otorgada a la empresa Laconia South América S.A.C, mediante la resolución Nº0106-2014-MEM/DGM, del Ministerio de Energía y minas.
Diversas organizaciones nacionales e internacionales, solicitaron a Carlos Gálvez Pinillos, Presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), que se le abra un proceso sancionador en aplicación del Código de Ética a la Minera Yanacocha por el hostigamiento contra la familia de Máxima Acuña de Chaupe, en Tragadero Grande, Cajamarca. La carta fue publicada en la edición del domingo 8 de marzo en el diario La República.
Las altas temperaturas no sólo se deben al declarado período estival, sino también a que se ha iniciado el año con un notorio incremento de la conflictividad social. Varios conflictos en diferentes partes del país se han reactivado y han elevado la temperatura en el terreno social y político: en la Amazonía, la toma de los pozos en el lote 1AB en tres cuencas en la región Loreto desde inicios de enero; los recientes sucesos en Pichanaki en Junín y la tensión permanente en la provincia de Condorcanqui en la región Amazonas. En zonas de influencia minera, tenemos los casos de Tía María en la provincia de Islay, Arequipa, donde la población acaba de organizar una gran movilización en contra del proyecto minero; el de Las Bambas en Cotabambas, Apurímac; el caso Uchucarco en la provincia de Chumbivilcas en Cusco y la permanente conflictividad en regiones como Cajamarca y Ancash. Según la base de datos de la Defensoría del Pueblo, en los últimos meses se han registrado por lo menos 10 nuevos conflictos activos.
En un Estado Democrático de Derecho, las personas rigen sus vidas por las leyes y las instituciones. En él, la propiedad es un derecho fundamental y la posesión de un terreno tiene protección cuando es legítima.
El martes 24 de febrero, el Diario La República publicó un artículo del conocido periodista Ricardo Uceda sobre el caso de la campesina Máxima Acuña Chaupe y la disputa que tiene con la empresa minera Yanacocha por el Terreno Tragadero Grande, ubicado en la zona de influencia del Proyecto minero Conga y muy cerca de la emblemática «Laguna Azul».
Si bien el panorama de inversiones parece alentador, para varios analistas, estos pueden truncarse por los conflictos sociales. El congresista Juan Carlos Eguren precisa que el gobierno no tiene la suficiente autoridad para hacer respetar los proyectos. Ante las primeras manifestaciones retrocede y eso genera un panorama de inestabilidad jurídica que ahuyenta las inversiones. Aunque habría que aclarar que los conflictos se originan por la desconfianza que generan los EIAs, los instrumentos para mitigar una posible contaminación ambiental; sin embargo, estos son diseñados a la medida de la empresa y aprobados por el Ministerio de Energía y Minas que promueve la inversión. 
La empresa Minera Yanacocha SRL ha sido notificada con la Resolución Directoral N°018-2014-OEFA/DS, de fecha 16 de diciembre de 2014. Entre otras cosas, el documento informa a la compañía que durante las acciones de supervisión que ha llevado a cabo el OEFA, se constató que por el lado sureste del depósito de desmonte San José – Parte Sur, existen filtraciones que eran descargadas directamente al suelo natural, con un pH de 4,12, de carácter ácido, que está en más de un 200% fuera de rango de los límites máximos permisibles, aprobado mediante Decreto Supremo N°010-2010-MINAM. Dichas filtraciones discurren sobre suelo natural, hasta llegar a la quebrada Quishuar, San José, cuya agua es captada por el canal San José Río Grande.
Rosa Quedena, abogada y coordinadora del área DESCA de Fedepaz, estuvo presente en la conferencia de prensa sobre los Proyectos de Derogatoria de la Ley 30230 y del Decreto Supremo 001-02015-EM, normas que son consideradas un Paquetazo Antiambiental con el que este gobierno atenta contra la seguridad territorial de las comunidades.