La ciudad peruana Cerro de Pasco se estableció a más de 4,300 metros sobre el nivel del mar para explotar sus ricos yacimientos de oro y plata. Fue fundada a inicios de la época colonial en los Andes y hoy toda su jurisdicción está plagada de focos de contaminación que nadie se ha ocupado de mitigar.
Hay lagunas de aguas envenenadas con residuos del procesamiento de los minerales y montañas de desechos mineros con restos de metales pesados. Sus habitantes se quejan de que las calles y caminos sin asfaltar están impregnados de partículas provenientes de las minas que se levantan con el paso de los vehículos. Estas van a parar a los pulmones, al agua, a los pastos y a sus alimentos para ir corroyendo la salud de los que allí respiran, poco a poco.
Esta herencia envenenada de la actividad minera de Cerro de Pasco se ha agravado desde que a mediados del siglo pasado se pasó de la explotación en socavón a la de tajo abierto. Un tajo que, con unos dos kilómetros de largo y hasta 400 metros de profundidad, ha engullido barrios enteros y ha partido en dos la ciudad, una parte de la cual se asoma a un abismo que amenaza con seguir avanzando.
Resolución del Tribunal fue publicada ayer en el diario El Comercio
La Primera Fiscalía Provincial Mixta de Huancabamba ha formulado acusación contra los efectivos policiales José Elgio Coba Requena, Carlos Edilberto Rosales Ruiz y Edgar Eduardo Torres Guzmán, por el asesinato de los campesinos Vicente Romero Ramírez y Cástulo Correa Huayama, y por el intento de asesinato de los campesinos Palemón Tocto Peña, Joaquín Ramírez Togas, Eulalia Romero Ramírez y José María Ramírez Guevara, ocurrido el 2 de diciembre de 2009 en el Sector Cajas Canchaque de la Comunidad Campesina Segunda y Cajas, provincia de Huancabamba, Región Piura. Dicha Fiscalía ha solicitado se imponga 25 años de pena privativa de la libertad para los tres policías implicados.
En entrevista concedida a Cajamarca Reporteros, Fernando Chuquiruna, ex regidor del distrito de Baños del Inca, confirma que podría generarse un nuevo conflicto debido a que, en la zona de Shacsha, la empresa minera Yanacocha estaría drenando agua del subsuelo y descargando hacia los canales de riego de las zonas bajas de Baños del Inca. Esto habría producido una notable reducción del nivel del agua que abastece a las comunidades de la zona. Este sería un caso similar a lo ocurrido con el Centro Poblado de Huacataz, reportado la semana pasada.
Se esparcieron 12 toneladas de cobre tras la volcadura de un camión que trasladó mineral de la mina Constancia, que explota la empresa Hudbay. El material no llegó al río pero afectó a los bofedales de la zona. Un volquete encapsulado de la empresa Iberoamericano, que presta servicios a la mina Constancia, volcó aparatosamente provocando el derrame de concentrado de cobre en el puente Kumihua II del distrito de Condoroma, provincia cusqueña de Espinar.
En Perú existen al menos 145 conflictos socioambientales, lo que representa más de 68 por ciento de la totalidad de conflictos sociales en el país. Este alto índice está asociado a las tensiones abiertas por proyectos extractivos impuestos por el neoliberalismo. Diversas autorizaciones estatales, a favor de empresas transnacionales y locales, han sido otorgadas al margen de la voluntad de las comunidades y pueblos afectados, han determinado una expansión de concesiones mineras que alcanza 20% del territorio nacional. Sólo en Islay, provincia en la que se desarrolla el proyecto Tía María a cargo de Southern Copper-Grupo México, más de 85% del territorio está concesionado a privados.
El pasado viernes, diversas instituciones, organizaciones y redes de sociedad civil instaron a los candidatos presidenciales, a través de un pronunciamiento, asegurar la continuidad de la aplicación de compromisos internacionales respecto a la transparencia en el sector extractivo.
3 de junio de 2016
1 junio 2016