Imágenes satelitales difundidas por el Proyecto Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP) demuestran que entre agosto de 2014 y agosto de 2015 se deforestaron 8 hectáreas de bosque en las cercanías del río Santiago, en la región Amazonas, producto de actividad minera presumiblemente ilegal.
El área deforestada equivale a 11 campos de fútbol y se ubica en la quebrada Pastazio, en la provincia de Condorcanqui, selva norte de Perú.
Una de las primeras organizaciones que denunció el hecho fue la Organización Regional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Norte del Perú (ORPIAN-P) que informó a inicios de año que a consecuencia de la actividad ilegal en varios sectores, serían cerca de 70 mil nativos de las etnias Awajún y Wampis los que se encontrarían afectados.
Muchos comentaristas han alabado la reciente encíclica del Papa Francisco, Laudato Si’ por centrarse en temas relacionados con el cambio climático y la destrucción del medio ambiente, si bien no evita mencionar el nombre de los responsables directos: el capitalismo global y los mercados que lo sostienen. No debe sorprender que la encíclica haya recibido críticas de parte del sector privado, el cual cuestionó la legitimidad del Papa para opinar sobre algo que dicho sector percibe como un tema científico, técnico y, por encima de todo, económico. No obstante, el impacto del capitalismo en los cuerpos, ecosistemas y formas de vida forma parte, sobre todo, de un raciocinio biopolítico, que también es moral. Esto es por demás evidente en los debates que ocurren en Perú en torno a las economías neo-extractivistas, donde se enuncian preocupaciones sobre la “vida en sí misma” (Rose 2006): el agua, la tierra y los diversos medios de subsistencia necesarios para el bienestar de cuerpos humanos.
Recurso de Agravio Constitucional fue presentado ante la 1° Sala Mixta de Canchis – Cusco
“Los defensores de la tierra y el medio ambienteahora están siendo asesinados al alarmanteritmo de más de tres por semana.” Infome “En terreno peligroso” – Global Witness
A raíz de la sanción de OEFA ante la empresa minera Aruntani SAC, la población de la zona afectada (distritos de Ocuviri en Lampa, y Llalli, Umachiri, Cupi y Ayaviri en Melgar), ratifica que el ente contaminador de la cuenca Jatun Ayllu y Llallimayo es la empresa Minera Aruntani.
Sigue generando preocupación el otorgamiento de concesiones mineras en el entorno del Santuario de Qoyllorit’i, en la provincia de Quispicanchis en la región Cusco.
Según el Instituto de Defensa Legal (IDL), son cinco las concesiones mineras otorgadas por el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet).
Las palabras del alcalde provincial de Arequipa, Alfredo Zegarra Tejada, no dejan de ponerlo en graves aprietos. Tras varias idas y venidas sobre su posición ante el conflicto por Tía María, ahora trata de quedar bien con ambos lados: tanto con los pobladores del valle de Tambo (Islay) y con Southern, concesionaria del mencionado proyecto minero.
En los distritos de Alto Selva Alegre, Mariano Pelgar, Sabandía, Characato y Cerro Colorado, la Autoridad Regional Ambiental (ARMA) habría identificado junto con la fiscalía del medio ambiente hasta diez zonas donde se realiza extracción de material de construcción y agregados de forma informal y viene generando contaminación.
¿Está garantizado el derecho a la tierra y el territorio para las mujeres? Para contestar esta interrogante la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP) desarrolló el conversatorio «Demandas y desafíos de las mujeres frente al derecho a la tierra y territorio».