Hace más de un año, el 21 de julio de 2017, CooperAcción publicó un informe[1] en el que escribí sobre el alto riesgo ambiental en 09 departamentos del país debido al posible colapso de 17 relaves mineros. A través de un análisis espacial cualitativo con imágenes satelitales se determinó las principales fuentes de agua (ríos y quebradas) y centros poblados que serían impactados. Entre la lista de los 17 se encuentra el depósito de relaves Santa Catalina de la unidad minera Queruvilca ubicada en el distrito del mismo nombre, en la provincia de Santiago de Chuco del departamento de La Libertad. Sobre este caso, el informe predice que un probable colapso y/o desborde afectaría seriamente al río Shorey, afluente del río Moche, e impactaría severamente en los centros poblados Shorey (Grande), Shorey Chico, entre otros. Este análisis cobra vigencia ahora más que nunca, pues los centros poblados mencionados se encuentran en Estado de Emergencia desde el pasado 28 de julio, justamente debido al peligro inminente generado por el posible desborde y/o potencial ruptura de las relaveras de la Unidad Minera Queruvilca (D.S. N° 077-2018-PCM).
¿Y cómo así se ha configurado esta situación de crisis previamente advertida?
Todas las respuestas decantan hacia la minería formal irresponsable. La unidad minera Quiruvilca es un proyecto de mediana minería subterránea polimetálica, cuyo inicio de explotación data desde la época del incanato[1] y según su historia reciente, la mina fue explotada durante 17 años por la empresa minera canadiense Pan American Silver Corporation, desde 1995 hasta el 2012 (Chiguala, 2016, p. 30), año en que fue vendida en su totalidad a Southern Peaks Mining L.P (Gestión, 27.06.2012). Esta última estuvo operando hasta el 17 de diciembre de 2017, fecha en que se declaró en quiebra, cargando consigo una deuda impaga de 10 millones de dólares a 428 trabajadores (La República, 15.07.2018) y abandonando sus operaciones sin ejecutar el plan de cierre de minas (Resolución Jefatural N° 196-2018-ANA).
Según la guía para la elaboración de planes de cierre de minas (DGAAM-MINEM, 2006, p 5), el “cierre de minas normalmente incluye el diseño e implementación de diferentes medidas como desmantelamiento, estabilización física y química, tratamiento de drenaje ácido de mina y lixiviación de metales, recuperación o rehabilitación de terrenos, revegetación y rehabilitación de hábitats acuáticos, etc. El cierre de minas incluye también programas sociales dirigidos a los trabajadores de la mina y la población circundante”. Southern Peaks Mining L.P con su Compañía Minera Quiruvilca S.A. ha incumplido con el plan de cierre de minas (según la Resolución Directoral Nº 0066-2018-MEM/DGM, de fecha 05.03.2018), tal como lo ha sustentado la Autoridad Nacional del Agua a través de la Administración Local de Agua Moche Virú Chao en un informe[1], en el que concluye la compañía “abandonó la Unidad Minera Quiruvilca, quedando sin tratamiento las aguas ácidas provenientes de las relaveras: Santa Catalina y San Felipe, así como las aguas de bocamina Armivilca, desmontera Codiciada y del laboratorio químico-metalúrgico que eran dispuestas en la poza POND y conducidas hasta la planta de neutralización de aguas acidas, lo cual viene afectando la calidad del agua de la cuenca Moche desde su naciente”.
Por otro lado, el impacto social y económico que deja la compañía minera en la población no debería pasar desapercibido, pues es un aspecto medular para la gestión del territorio impactado a mediano plazo; la cifra millonaria adeudada a los trabajadores es solo un apéndice del problema mayor, el cuál radica en la dependencia gravitante de la actividad minera, y ante el quiebre e incumplimiento del plan de cierre de minas por parte de la empresa, muchos han pasado a engrosar la lista de mineros informales en el lugar (La República, 15.07.2018), agravando la situación que se vive actualmente.
El agua, elemento central de la emergencia
La situación de la unidad minera es, por decir lo menos, crítica. Su impacto negativo al territorio (naturaleza y sociedad) ha configurado un escenario de emergencia. Analizar el lugar que ocupa la explotación minera dentro de la cuenca del río Moche es fundamental para entender la gravedad de la contaminación ambiental, teniendo como elemento esencial y estructurador de la cuenca, al agua.La mina Quiruvilca se localiza en la cabecera de cuenca del río Moche, a unos escasos tres kilómetros de la línea que divide las aguas de las cuencas hidrográficas Virú, Santa y Moche, a 3 900 metros sobre el nivel del mar. Las relaveras de la mina drenan directamente hacia las quebradas La Merced, Santa Catalina y al curso mismo del río Shorey, afluentes de primer y segundo orden del río Moche (ver el esquema de la cuenca del río Moche). El nivel de impacto negativo al recurso hídrico ha sido tal, que la Autoridad Nacional del Agua (ANA) el 06 de julio de este año declaró por sesenta días el Estado de Emergencia[2] de recursos hídricos por inminente riesgo de afectación de la calidad del agua del río Moche. Entre las consideraciones para la Declaratoria de Emergencia se cita un informe técnico[3] de la Dirección de Calidad y Evaluación de Recursos Hídricos, que señala “se han realizado siete (07) monitoreos participativos de
la calidad del agua del río Moche, durante el periodo 2017 al 2018, en los puntos de muestreo ubicados en el ámbito de influencia de la Compañía Minera Quiruvilca S.A., cuyos resultados indican concentraciones de aluminio, arsénico, cadmio, cobre, hierro, manganeso, plomo, zinc y sulfatos que superan los valores de los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua (ECA para agua) para la Categoría 3[1]”. Se añade además que, “según las supervisiones especiales realizadas por la ANA se verificó vertimientos de aguas no tratadas provenientes de la unidad minera Quiruvilca, el estado de abandono de las operaciones y el deterioro de los diques de las relaveras, generando un alto riesgo de afectación al río Moche por desborde y/o ruptura de los diques”.
Este caso debería reabrir el debate de la importancia de la protección y conservación de las zonas de cabecera de cuenca, que como se muestra en el caso particular, los cuerpos de agua que la comprenden se han visto seriamente degradados por la práctica de una minería irresponsable. Degradación que además, no solo se circunscribe al “área oficial disturbada” por la operación minera, tal como lo ha calculado[1] de forma reduccionista el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (Ingemmet), sino que impacta negativamente varios miles de kilómetros aguas abajo, solo tomando en cuenta los recursos hídricos disturbados, pues los impactos negativos al ambiente y al territorio son sistémicos.
Gestión de las emergencias declaradas
Para la población de 1 713 habitantes (INEI – Censos Nacionales de Población y Vivienda 2017) de los centros poblados de Shorey Chico y Shorey Grande, ubicados a menos de dos kilómetros de las dos principales relaveras de la unidad miera Quiruvilca, el pasado 28 de Julio coincidió con su declaratoria en Estado de Emergencia, que posteriormente, el 22 de setiembre, fue prorrogado por 60 días más, a través del Decreto Supremo N° 098-2018-PCM. Dichos centros poblados además, desde el 06 de julio (2018), ya vivían la declaratoria de Estado de Emergencia de recursos hídricos por 60 días, pues el río Shorey es contiguo a ambos.
Las declaratorias de Estado de Emergencia de la ANA y de Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) tienen un mismo factor desencadenante, el peligro inminente generado por el posible desborde y/o potencial ruptura de los diques de las relaveras de la unidad minera Quiruvilca. La primera culminó el 06 de setiembre y la segunda que fue prorrogada sigue vigente hasta el día 28 del presente mes. Desde CooperAcción, en este apartado nos preguntamos sobre la gestión de la crisis. Las normas de declaratoria en su artículo segundo, hablan sobre las acciones a ejecutar, la implementación de medidas y los organismos encargados. En el caso de la declaratoria del Estado de Emergencia de recursos hídricos, la Administración Local de Agua Moche-Virú-Chao debía realizar la “supervisión y monitoreo continuo de la calidad del agua, para evaluar la evolución de la afectación a la calidad de agua de la cuenca del río Moche” (Resolución Jefatural N° 196-2018-ANA, del 06 de julio de 2018); con el objeto de averiguar sobre la gestión de la emergencia hídrica, se cursó comunicaciones a la ANA y la ALA Moche-Virú-Chao, sin lograr respuesta alguna .
En el caso del Estado de Emergencia declarado por PCM, según el artículo 2 de los Decretos Supremos N° 077 y 098, “el Gobierno Regional de la Libertad, la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco, la Municipalidad Distrital de Quiruvilca, con la coordinación técnica y seguimiento del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), y la participación del Ministerio de Agricultura y Riego, del Ministerio de Salud, del Ministerio de Energía y Minas, del Ministerio del Ambiente y demás entidades competentes en cuánto corresponda, debían ejecutar las acciones inmediatas y necesarias destinadas a la reducción del muy alto riesgo existente”. Con la finalidad de conocer sobre el manejo de la crisis, se hicieron llamadas y remitieron correos a la Dirección de Respuesta de INDECI, al Organismo de Evaluación y Fiscalización
[1] En enero de este año el Ingemmet, publicó un informe titulado “Área disturbada por la actividad minera metálica formal en las operaciones mineras actuales (2017)” en el que deja entrever que el área impactada por la minería formal se reduce a la cifra ínfima de 0.046 % de la superficie continental del Perú, que equivale a 59, 474 hectáreas. Por ejemplo para el caso de la unidad minera Quiruvilca señala que solo se estaría impactando 334.04 hectáreas, sin embargo la evidencia nos muestra que dicha área está infra valorada.
Ambiental (OEFA), la Gerencia Regional de Energía Minas e Hidrocarburos del Gobierno Regional de La Libertad y la Municipalidad Distrital de Quiruvilca; se obtuvo respuesta de las tres instituciones últimas.
Sobre las acciones ejecutadas en el marco del Estado de Emergencia, OEFA manifestó que, entre el 22 y 24 de agosto realizaron una supervisión especial a la unidad minera Quiruvilca y el 10 de setiembre (a más de dos meses de la declaratoria del Estado de Emergencia de recursos hídricos y a un mes y medio de la otra declaratoria) emitieron recién, una Resolución Directoral[1] ordenando a la Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas (actual responsable de ejecutar el cierre de minas de la unidad fiscalizable Quiruvilca) la realización de “medidas preventivas” relacionadas en su mayoría a la mitigación de la contaminación ambiental generada desde la cancha de relaves Santa Catalina.
El Gobierno Regional de la Libertad, a través del Gerente Regional de Energía, Minas e Hidrocarburos, en referencia a las acciones dirigidas a reducir el muy alto riesgo en la zona declarada en emergencia, manifestó que han desarrollado acciones y gestiones al respecto, sin especificar ninguna en concreto, además agregó que el año pasado advirtieron desde el Gobierno Regional sobre la situación problemática de la unidad minera Quiruvilca al Ministerio de Energía y Minas, sin embargo, como podemos evidenciar, no se adoptaron las medidas necesarias para solucionar el problema, que ahora se encuentra en un estado de emergencia.
El Gobierno Municipal Distrital de Quiruvilca, por medio de su Gerente Municipal, manifestó[2] que la municipalidad se había visto desbordada por dicha situación y que las demás instituciones encargadas de gestionar las acciones del Estado de Emergencia no habían ejecutado ninguna medida concreta, salvo la de ofrecer a la población afectada la continuidad de los programa sociales. En el día de la entrevista el Gerente Municipal se encontraba lidiando con la escasez de combustible para el bombeo de agua para los lugares afectados, incluso preguntó por ayuda externa no gubernamental para realizar dicha actividad, que a todas luces parecía insostenible.
Hay una situación crítica, que se ha configurado como un muy alto riesgo ambiental, que se ha transmitido y manifiesta en los demás elementos del territorio (incluido lo socioeconómico), que necesita ser gestionada como una crisis, tal como lo sustentan los decretos supremos de declaratorias y prorroga de Estados de Emergencia; sin embargo, pareciera que la adopción de dichas medidas queda solo en lo declarativo, pues no existe un trabajo real articulado que demuestre una verdadera gobernanza de los riesgos. No esperemos a que tengamos un desastre ambiental para recién desplegar acciones de reacción tardía y buscar responsables, que solo nos mostrarán la ausencia de acciones dirigidas a la prevención de riesgos y la falta de planificación en el territorio. Finalmente no olvidemos que se viene un fenómeno de El Niño[3] de magnitud débil (ENFEN, 2018) lo que hace prever la ocurrencia de lluvias de normal a ligeramente superior a ésta, que pueden exacerbar las condiciones de riesgo y convertirse en desastre.
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[1] Martínez, D. (21/07/2017) CooperAcción Informa. Alto riesgo ambiental en 09 departamentos por 17 relaves mineros. Recuperado de http://cooperaccion.org.pe/alto-riesgo-ambiental-en-9-departamentos-por-17-relaves-mineros/.
[2] Rosario, R. (09/07/2014). Quiruvilca: Apuntes Histórico-Sociales y Económicos {Blog post}. Recuperado de http://minesmuki.blogspot.com/2014/07/quiruvilca-apuntes-historico-sociales-y.html.
[3] Informe Nº 130-2018-ANAA.A.A.-H-CH/ALA MOCHE VIRÚ-CHAO/AT/CAJM-PERH, del 26 de junio de 2018.
[4] Resolución Jefatural N° 196-2018-ANA, del 06 de julio de 2018.
[5] Informe Técnico Nº 231-2018-ANA-DCE-AESFRH.
[6] La categoría 3, corresponde a los ECA agua para el riego de vegetales y bebida de animales ((D.S. N° 004-2017-MINAM).
[7] En enero de este año el Ingemmet, publicó un informe titulado “Área disturbada por la actividad minera metálica formal en las operaciones mineras actuales (2017)” en el que deja entrever que el área impactada por la minería formal se reduce a la cifra ínfima de 0.046 % de la superficie continental del Perú, que equivale a 59, 474 hectáreas. Por ejemplo para el caso de la unidad minera Quiruvilca señala que solo se estaría impactando 334.04 hectáreas, sin embargo la evidencia nos muestra que dicha área está infra valorada.
[8] Resolución Directoral Nº 050-2018-OEFA/DSEM, de fecha 10 de setiembre de 2018.
[9] La entrevista telefónica al Gerente Municipal fue realizada el pasado 10 de octubre, para ese entonces ya había pasado el Estado de Emergencia de recursos hídricos y se encontraba vigente (en su día número 73) el Estado de Emergencia declarado por PCM.
[10] Comunicado Oficial ENFEN N°10-2018, del 20 de setiembre de 2018.
Fuente:http://cooperaccion.org.pe/cronica-de-un-desastre-ambiental-anunciado/
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