En diciembre del año pasado, el Observatorio de Conflictos Mineros denunció que en la zona donde se produce el trasvase de las aguas de la cuenca del Mantaro a la del río Rímac, se estaba instalando un nuevo proyecto minero que se denomina Ariana. Para entonces el proyecto ya contaba con un Estudio de Impacto Ambiental aprobado y se anunciaba el inicio de la construcción para el presente año.

El 21 de diciembre escribimos en esta revista sobre el peligro que representaba el proyecto minero Ariana para el abastecimiento de agua para Lima. Señalamos que “la preocupación sobre los posibles impactos de este proyecto minero no sólo la compartían grupos ambientalistas; la propia Sedapal también se había manifestado: mediante oficio N º1013-2018-GG dirigido al Ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, el gerente general de Sedapal expresó su preocupación por la posible autorización del inicio de la construcción y sobre todo, por la ubicación del depósito de relaves del proyecto minero Ariana”.

Dos congresistas visitan la zona

Kathia Gilvonio y Marisa Glave, congresistas de Junín y Lima respectivamente, decidieron tomar el toro por las astas y en la última semana de representación (febrero) se trasladaron con sus equipos de asesores a la zona del proyecto.

En primer lugar, se encontraron con una tranquera colocada por la empresa minera que bloqueaba el acceso que hasta hace poco era de uso público y por lo tanto de libre tránsito. Hasta hace poco, este camino era utilizado por las comunidades de la zona y por los propios funcionarios de Sedapal que suben regularmente para poder monitorear todas las lagunas que se ubican en la zona, sobre todo, la represa de la laguna Pucrococha-Sangrar que es una de las principales fuentes de agua del Túnel Trasandino que abastece de agua a Lima. Para la empresa propietaria de Ariana, la vía de acceso ahora es de propiedad privada, y por lo tanto, ellos controlan y deciden quién pasa y quién no.

Las congresistas y sus equipos de asesores tuvieron que utilizar otros accesos para llegar a la zona de inspección. En el trayecto pudieron constatar que, aparte de los posibles impactos que va a generar el proyecto Ariana en todo un ecosistema alto andino de lagunas, bofedales y humedales, en la zona de influencia también existen sitios arqueológicos preincaicos como el de Tilarhuay III (monumento arqueológico que tiene el carácter de intangible) y otras zonas protegidas por su valor histórico, como la vinculada a la Guerra del Pacífico,  donde se desarrolló el Combate de Sangrar el año 1881.

Los graves riesgos que representa Ariana

La ficha técnica de Ariana habla de un proyecto polimetálico de socavón, que procesará en promedio 2,000 toneladas de minerales por día al inicio de la etapa productiva (2020) y planea ampliar la capacidad hasta las 3,000 toneladas a partir del segundo año (2021). El proyecto requerirá una inversión de entre US$120 y 125 millones en su primera fase, la que involucra la etapa de construcción de la mina y la puesta en operación. Producirá anualmente unas 70,000 toneladas métricas de cobre, 300,000 onzas de plata y 10,000 toneladas métricas de zinc.  

La visita de las dos congresistas y sus equipos técnicos ha permitido confirmar los graves riesgos que encierra el proyecto. Por ejemplo, la construcción de túneles en espiral hacia abajo, a una profundidad de 1,000 metros, para extraer agua para labores mineras, aumenta el peligro de contaminación de los acuíferos subterráneos, así como una posible afectación del propio Túnel Trasandino que está ubicado, además, en una zona de alto riesgo sísmico: incluso algunos expertos mencionan el riesgo de filtración de aguas ácidas al túnel durante la etapa inicial de la operación de la mina subterránea.

Al respecto, cabe recordar que Sedapal ha recomendado someter el estudio del proyecto a una exigente evaluación de riesgos y vulnerabilidad a fin de que se adopten los estándares de seguridad más elevados. Uno de los principales temas de preocupación gira en torno a la presa de relaves: Sedapal ha alertado que el diseño de cimentación de la presa de relaves “se encuentra sobre una capa de depósito lacustre, generando las posibilidades de rotura de la presa y la licuación estática de los residuos mineros y su escape del depósito, que podría afectar el agua que se conduce por dicho túnel”.

Es importante subrayar que Sedapal no es la única entidad que ha mostrado su preocupación por el proyecto Ariana. También se ha pronunciado la empresa privada distribuidora de energía, Enel, subrayando que “hay gran cantidad de aportes de agua superficial, subsuperficial y subterránea en las diferentes épocas del año” y que “la geotécnia del túnel podría verse comprometida”. Además, concluye que “el proyecto debería de considerar la impermeabilización de todo el vaso” para evitar “la contaminación”, aunque reconoce que este proceso podría perjudicar “los aportes naturales de agua que actualmente recibe el túnel”.

La presencia de un proyecto minero en la zona agudiza los problemas que ya tiene el abastecimiento de agua para una ciudad como Lima y la necesidad de proteger este tipo de ecosistema altoandino. Por ejemplo, en cuanto a calidad del agua, la presencia de metales pesados ya es un grave problema que Sedapal tiene que enfrentar y que podría verse agravado por el desarrollo de un nuevo proyecto minero en la zona, precisamente en la cabecera de la cuenca: según el último inventario del Ministerio de Energía y Minas, en la cuenca del Rímac existen 425 pasivos ambientales mineros que contaminan con plomo, hierro, cadmio, entre otros metales, las aguas que llegan a la planta de tratamiento de Sedapal.

En relación a la cantidad de agua, cada año se discute sobre las amenazas de desabastecimiento de agua para Lima: las proyecciones hablan de escenarios críticos para los próximos años si es que no se realizan nuevos represamientos: cabe señalar que el proyecto Marca II, que embalsaría las aguas de la laguna Tucto, ha sido varias veces pospuesto.

El caso Ariana y la necesidad de reforzar las políticas públicas

Este caso también es un buen ejemplo de cómo se siguen aprobando proyectos de inversión en nuestro país. En principio un proyecto como Ariana ha tenido que recibir el visto bueno de varias entidades: Ministerio de Energía y Minas, la Autoridad Nacional del Agua, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, el Servicio Nacional de Certificación Ambiental y hasta el propio Ministerio de Cultura. Pero además, es bueno precisar que en el caso de Ariana, su Estudio de Impacto Ambiental (semidetallado) fue aprobado por el propio Ministerio de Energía y Minas (Minem), lo que pone nuevamente en agenda la necesidad de insistir en procedimientos que garanticen un mínimo de imparcialidad frente a la autoridad -en este caso el Minem- que busca promover la actividad productiva.

Por otro lado, está claro que todos los procedimientos administrativos se han ido flexibilizando como consecuencia de leyes y decretos supremos que han sido aprobados desde el año 2013 para adelante y que han apostado claramente por acelerar la toma de decisiones, disminuyendo los plazos y al mismo tiempo reduciendo los estándares ambientales y los propios mecanismos de participación ciudadana.

Por último, el caso Ariana pone en evidencia la necesidad de definir una política de ordenamiento territorial en el país y de protección efectiva de las cabeceras de cuenca: no hay que olvidar que nuestro marco legal “reconoce como zonas ambientalmente vulnerables las cabeceras de cuenca donde se originan los cursos de agua de una red hidrográfica”. Ese reconocimiento debe traducirse en acciones concretas de parte de nuestras autoridades.

Ambas congresistas se han comprometido a darle seguimiento a este caso y en los próximos días recibirán el reporte de la visita de fiscalización a la zona del proyecto del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Estaremos alertas a la evolución de este caso que pone en riesgo la principal zona de abastecimiento de agua para la ciudad de Lima.

Publicado en Hildebrandt en sus trece, 8 de marzo de 2019

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/el-agua-de-lima/

Ante el pedido de «poner fuerza» en el conflicto socioambiental por el proyecto minero Las Bambas, el viceministro de Gobernanza Territorial, Raúl Molina, le respondió al presidente de la Confiep, Roque Benavides.

En entrevista a Canal N, Molina explicó la gestión de este conflicto social en Apurímac, donde la comunidad de Nueva Fuerabamba ha bloqueado la carretera y reclaman que la empresa minera china MMG Limited pague una compensación por el uso de dicha vía.

«Este gobierno ha optado por agotar todos los mecanismos de prevención de conflictos, no queremos hacer uso de la fuerza hasta que agotemos todas las formas de diálogo posibles, en el caso de Fuerabamba hay una mesa de negociación y hay posibilidad de acuerdo dialogado. Ha entrado un nuevo actor como el gobernador regional que está intermediando con la comunidad», dijo.

Molina explicó que la comunidad exige a la empresa que pague compensación por el uso de la vía. En este sentido, afirmó que el gobierno no permitirá eso porque «esa vía es pública».

Confió, además, en que pronto se solucione este problema: «Esperamos que mañana la comunidad entienda que debe desocupar la vía».

Resaltó que:

«El Estado tiene autoridad y puede hacer uso de la fuerza, pero la comunidad ha hecho un asentamiento y hay mucho riesgo de que una operación policial resulte muy costosa. La voluntad del Gobierno es agotar el diálogo hasta que sintamos que no hay ninguna otra oportunidad».

Sobre otro conflicto minero, en este caso el relacionado al proyecto Tía María en la región Arequipa, el viceministro señaló que este es un caso «más complejo» y que «va a demorar unos meses».

«Pero esto no significa que el Estado no pueda cumplir con la empresa, pero la empresa debe entender que debemos solucionar para conseguir el consenso social», afirmó.

Por otro lado, ante las críticas recibidas por el acuerdo entre el Ejecutivo y los transportistas con el que se suspendió el paro, Molina señaló que las medidas se tomaron en coordinación con Petroperú, Osinergmin y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

El último reporte de la Defensoría del Pueblo indica que hay 180 conflictos en el país, entre latentes y activos. El viceministro de Gobernanza Territorial señaló que, desde que está en el cargo, se han gestionado al menos 25 conflictos activos. «El balance es bueno, no hemos tenido ningún fallecido», resaltó.

Anteriormente, el presidente de la Confiep, Roque Benavides, criticó al Gobierno por no hacer «uso de la fuerza» ni «imponer las leyes» para resolver conflictos sociales.

Fuente:https://redaccion.lamula.pe/2019/03/10/conflictos-sociales-peru-viceministro-raul-molina-las-bambas-bloqueo-carretera/jorgepaucar/

La provincia cusqueña de Espinar tiene 36 años de actividad minera y los ciudadanos de la zona tienen reclamos pendientes de atender. Desde hace años, vienen protestando por la presunta contaminación provocada por la actividad extractiva. Según dos estudios, cerca de 700 personas, evaluadas entre el 2010 y 2013, tienen metales pesados tóxicos en sus organismos. Actualmente, la transnacional Glencore opera la mina Antapaccay en la zona y campesinos han denunciado agresiones por parte de su seguridad privada.

Cooperacción considera que esta y otras situaciones hacen de la provincia de Espinar un posible escenario del estallido de un conflicto socioambiental. El primer tema que preocupa es el caso de las agresiones contra los comuneros de Alto Huarca, sobre todo mujeres, cometidas en diciembre del 2018, por trabajadores de Liderman, empresa que presta servicios de seguridad a Glencore. Sobre la minera, la organización sostiene que «también la hace responsable de hechos que cometen terceros que están a su servicio».

«En realidad, lo que está detrás de este hecho es la disputa por tierras entre la empresa y la comunidad. Esta agresión ha indignado a las comunidades que esperan respuestas de la propia empresa y de las autoridades», explica.

Otro tema es el de los graves impactos en la salud de la población de Espinar, provocadas presuntamente por la actividad minera. El problema es que hasta ahora no hay una atención adecuada a los reclamos de los ciudadanos.

«Pese a que el Estado, en sus diversos niveles de gobierno y luego de varios acuerdos establecidos con la población, se comprometió a implementar planes de salud integral para brindar atención especializada a las personas en riesgo, hasta el momento no se ha logrado mayores avances«, señala la organización.

Afirma también que los planes no han contado ni con el presupuesto ni el soporte institucional necesario. Hasta la fecha, no se ha logrado una respuesta adecuada del sistema de salud para atender a las personas que están expuestas a metales pesados, resalta. Tampoco se han establecido mapas epidemiológicos de riesgo ambiental en la zona y se ha incumplido con el acuerdo de medir la magnitud del riesgo en el que están los pobladores locales. Las fuentes de contaminación y rutas de exposición aún no han sido determinadas.

«La población de Espinar sigue esperando que el tema de salud sea adecuadamente atendido», afirma.

El tercer problema que afecta a Espinar está relacionado a las denuncias de presencia de metales tóxicos en el agua que consume la población. La ONG hace referencia a un informe de la Dirección Regional de Salud de Cusco que reveló que los ciudadanos de la zona consumen agua contaminada al encontrarse, en los análisis, presencia de aluminio, arsénico, hierro y manganeso, por encima de los parámetros permitidos.

«Esta situación provocó que, en primer lugar, el Concejo Municipal de Espinar aprobase declarar en emergencia el abastecimiento y consumo de agua y luego que el propio Consejo Regional de Cusco -hace un par de semanas-, aprobase por mayoría declarar por 90 días en situación de emergencia todo el sistema de abastecimiento de agua potable en la capital de la provincia de Espinar», señala la organización.

A pesar de ello, una mesa técnica, conformada sin autoridades electas de la zona ni representantes de organizaciones sociales, concluyó que el agua potable de Espinar «es apta para el consumo humano«. Esta noticia, señala la organización, ha causado mayor malestar y preocupación en Espinar «porque se estaría dando cuenta que se está implementando acciones sin tomar en cuenta a la población y a sus autoridades».

En este sentido, recuerda que el pasado 28 de enero, el Comité de Lucha por el Agua y la Salud de Espinar convocó a una marcha con el objetivo de sensibilizar a la población sobre el tema del agua y la contaminación con metales pesados.

«Nuevamente insistimos: si el Ejecutivo no le presta atención a las legítimas demandas de la población de Espinar, la situación se seguirá complicando», afirma.

«Si no se atiende adecuadamente, corre el riesgo de terminar en un estallido de envergadura en los próximos meses. La población de esta provincia cusqueña está indignada y con razón. Durante años esperan soluciones y nada», agrega.

Fuente:https://redaccion.lamula.pe/2019/03/06/espinar-cusco-proyecto-antapaccay-glencore-conflicto-social-minero-medio-ambiental-cooperaccion/jorgepaucar/

Después de revisar un centenar de resoluciones del tribunal fiscal del Ministerio de Economía y Finanzas, Convoca.pe detectó operaciones financieras de compañías mineras para pagar menos impuestos a través de servicios y venta de minerales entre empresas del mismo grupo empresarial, de acuerdo con las observaciones de la entidad tributaria Sunat.

Debido a la reserva tributaria, los nombres de las compañías que protagonizan estas controversias en el Tribunal Fiscal son tachados para que no ser identificados, sin embargo Convoca.pe logró conocer de qué compañías se trataban y cruzar la información con diversas fuentes y expertos. Entre estos casos hallados, aparece el de Southern Perú Copper Corporation, cuya matriz Southern Copper se encuentra en Arizona, Estados Unidos; la Minera Cerro Verde, principal exportadora de cobre que opera en el distrito de Uchumayo, Arequipa; la empresa minera Los Quenuales, una filial de la gigante Glencore Finance que opera las minas de Iscaycruz y Yauliyacu en la sierra de Lima; la compañía minera Doe Run cuyo centro de producción se encuentra en La Oroya, Junín, ahora bajo control de una Junta de Acreedores; Antamina, otra gran exportadora de cobre de propiedad de Glencore cuyo principal centro de operaciones se ubica en el distrito de San Marcos, Áncash.

La publicación también pone al descubierto los servicios del bufete panameño Mossack Fonseca para eludir el pago de tributos mediante el juego de precios de minerales y servicios en paraísos fiscales.

La investigación, titulada ‘Juego de Precios’, se publica en versión digital e impresa. También incluye un aplicativo con el formato de realidad aumentada para conocer de manera ágil y dinámica cómo funcionan estos esquemas oscuros para eludir tributos.

Accede a la publicación aquí.
Explora el especial digital.
Descarga el aplicativo.

Fuente:http://convoca.pe/agenda-propia/convocape-lanza-publicacion-sobre-maniobras-de-la-gran-mineria-para-reducir-pago-de

La familia de Máxima Acuña amaneció frente a una tragedia: más de mil truchas flotaban muertas en sus criaderos, luego de haber sido envenenadas.

Según información que pudo alcanzar la ONG dedicada a la reserva del medio ambiente y defensa de los derechos de las comunidades campesinas, Grufides, la familia sospecha que se trataría de otro acto de hostigamiento en su contra.

“Solo han muerto las truchas que se hallaban en la segunda poza, pero no corrió la misma suerte la otra poza, pese a que ambas se alimentan de la misma fuente de agua”, sostiene Grufides en su comunicado.

Según la versión de la familia, la única persona que se encontraba en la vivienda era la esposa de Daniel Chaupe Acuña, Maribel Gil. La señora se ausentó por unas horas para hacer pastar a sus animales y al regresar encontró a sus truchas muertas botando un líquido por la boca.

“Denuncio públicamente por contaminación ambiental de agua (…) Hoy amaneció mis truchas muertas más de mil truchas. Que caiga todo el peso de la ley contra quienes sean responsables”, dice Daniel Chaupe Acuña, hijo de Máxima, quien ya denunció los hechos ante la Comisaría de Sorochuco, en Cajamarca.

Como se recuerda, anteriormente la familia Chaupe Acuña ha sido víctima de hostigamiento. Por ejemplo, en abril de 2016, Máxima Acuña responsabilizó a la minera Yanacocha de los disparos contra su vivienda. Y es que como es de conocimiento público, Acuña le ganó un juicio a Yanacocha para defender su terreno, el cual quería ser usurpado por la minera.

En setiembre de ese mismo año la familia también denunció que fueron agredidos por trabajadores mineros cuando les increparon haber ingresado a su terreno sin autorización. Así mismo, en diferentes oportunidades se han quejado que desde la sede de la minera los vigilan 24 horas a través de cámaras instaladas a pocos metros de su vivienda.

Fuente:https://wayka.pe/envenenan-mas-de-mil-truchas-de-la-familia-de-maxima-acuna/

ProInversión ha informado de la existencia de un nuevo proyecto minero a su cargo: El Algarrobo (US$350 millones), localizado en el distrito piurano de Tambogrande.

César Peñaranda, director de servicios de la agencia estatal Proinversión, dio a conocer que se trata de una iniciativa privada autosostenible (IPA), que podría ser adjudicada en el tercer trimestre del 2019. ProInversión ha evitado dar mayores precisiones sobre el particular, debido a que aduce que está obligada a mantener la confidencialidad de las IP hasta la publicación de su declaratoria de interés.

El nombre de la empresa interesada en El Agarrobo no ha sido revelado, si bien trascendió que podía tratarse de una empresa canadiense o una peruana. Sin embargo, la ficha resumen del proyecto es bastante clara: el Algarrobo no es otra cosa que el yacimiento TG-3, uno de los tres que formaron parte en su momento  del controvertido proyecto Tambogrande, la primera gran inversión minera paralizada por la resistencia de todo un pueblo en el Perú: como se sabe, el año 2002, en esa localidad se organizó la primera consulta ciudadana en América Latina sobre un proyecto minero y luego de varias marchas y contramarchas el proyecto Tambogrande fue paralizado el año 2003.

Ahora se trata de un proyecto que a la fecha se encuentra en la etapa de formulación. Esta etapa comprende la evaluación técnica, económica y financiera del proyecto de la Asociación Público Privada (APP) y la elaboración del Informe de Evaluación, advirtiendo las dificultades o trabas futuras.

Insistencia en retomar el proyecto

Como se recuerda, la canadiense Manhattan Minerals pretendía explotar  el yacimiento de Tambogrande, empezando por la zona localizada debajo del poblado del mismo nombre, conocida como TG-1. Se trataba, no obstante, de una iniciativa fuertemente cuestionada ya que en el Valle de San Lorenzo se había implantado con éxito, desde mediados de la década del 50 del siglo pasado, una próspera actividad agrícola conectada a importantes mercados de exportación. Desde un inicio los agricultores de Tambogrande percibieron al proyecto minero como una amenaza a la importante producción agrícola del valle, principalmente limones y mangos, entre otros productos.

Además, “El desarrollo de esta propuesta implicaba el reasentamiento del centro poblado de Tambogrande, la reubicación del cementerio, la alteración del cauce del río Piura, la afectación de áreas de cultivo con gran impacto ambiental (…) Esto motivó el rechazo de la población al proyecto”, según reconoce ProInversión.

En esta oportunidad -según Proinversión- El Algarrobo excluiría el TG-1 y se focalizaría en el TG-3, yacimiento localizado al sur del anterior, en una zona, según las versiones de los promotores del proyecto, menos sensible. Según información histórica, TG-3 alberga 82 millones de toneladas de mineral con 1% de cobre, 1,4% de zinc y 3,8 gramos por tonelada de oro.

ProInversión señaló que el proponente del proyecto deberá desarrollar varias iniciativas sostenibles antes de ejecutar la inversión, como la generación de agua para consumo humano y la promoción de un parque industrial agropecuario.  Asimismo según la propia agencia, a diferencia del proyecto fallido que contemplaba una mina a tajo abierto, este nuevo proyecto sería subterráneo. “El proponente plantea la extracción subterránea de la mineralización de la zona denominada TG-3, que se encuentra en la margen izquierda del río Piura, con mínimos impactos paisajísticos de áreas superficial”, señala ProInversión.

El pueblo que le dijo no a la minería

Hagamos memoria: en 1999, el gobierno de Fujimori otorgó a la canadiense Manhattan Minerals Corp., la exploración de los yacimientos mineros, precisamente donde se había desarrollado uno de los valles más fértiles del norte del país.

Cabe recordar que la lucha del pueblo de Tambogrande contra los intentos del gobierno y la empresa Manhattan para implementar el proyecto minero tuvo diversos momentos de mucha tensión. Uno de ellos fue un contundente paro de los días 27 y 28 de febrero del 2001, que fue una primera muestra del rechazo de la población ante los avances del proyecto minero.

Otro hito, como se ha señalado, fue el 2 de junio de 2002. La población de Tambogrande fue convocada a una consulta ciudadana -hasta entonces un hecho inédito en el país-, en la que mayoritariamente (cerca del 96% de los votos válidos) rechazó la actividad minera. La consulta fue convocada por el municipio distrital de Tambogrande.

Finalmente el gobierno rechazó la propuesta de la empresa canadiense Manhattan, pues no había acreditado el capital necesario (100 millones de dólares) y una capacidad de tratamiento de mineral por 10 mil toneladas diarias.

La Mesa Técnica de Apoyo a Tambogrande argumentó en su momento que la agricultura en el Valle de San Lorenzo generaba US$ 33 millones de utilidades anuales y daba empleo a 15 mil personas del lugar. Mientras que las labores de la empresa minera arrojarían US$ 4 millones por Impuesto a la Renta, que irían al fisco y 350 empleos directos, que serían captados sobre todo fuera de la región.

Cabe preguntar si en esta ocasión se está hablando de un nuevo proyecto, como señala la agencia ProInversión, o más bien es solo un nuevo intento para implantar  minería a mayor escala, iniciando el proyecto de otra manera. Es importante subrayar que en distritos vecinos como Las Lomas (Piura) y Suyo (Ayabaca), se realiza una intensa actividad minera informal o abiertamente ilegal que genera fuertes impactos ambientales y sociales.

Otra pregunta que cae por su propio peso es si los motivos del rechazo de la población de Tambogrande a la minería hace una década y media, se mantienen o han cambiado. ¿Las resistencias de la población ya no son las mismas? Al parecer, los que pretenden impulsar el antiguo proyecto Tambogrande (hoy denominado El Algarrobo) en su versión TG-3, asumen que las resistencias han cedido. Habrá que ver.

Finalmente, es importante subrayar que Tambogrande es uno de los distritos  que afrontan serios riesgos cuando se intensifican las temporadas de lluvias o se produce el Fenómeno del Niño. En estos días, con las fuertes lluvias que azotan el norte del país, Tambogrande es uno de los distritos más afectados en la región Piura.

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/tambogrande-viejo-conocido-con-nuevo-nombre/

Pablo de la Flor, Presidente de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo, ha salido a decir esta semana que “la empresa minera Las Bambas, que opera en Apurímac, está siendo objeto de una serie de medidas de hostigamiento y chantaje por parte de grupos violentistas que sistemáticamente vienen bloqueando las vías de comunicación hacia la mina”, denunciando que le estarían pidiendo a esta empresa, supuestamente, “cupos” por transitar por una vía nacional. Pide mano dura del Estado para restaurar el principio de autoridad[1].

Sintomáticamente el mismo día, 25 de febrero, en la ya conocida página pro minera Lampadia, Jaime de Althaus desarrolla un discurso en la misma línea[2], culpando a los pobladores de evitar el “desarrollo” del país, y acusando que las protestas y reclamos por contaminación que se están dando en el sur andino, es responsabilidad, por un lado de ONG como Derechos Humanos Sin Fronteras y la “izquierda peruana” que destruyen al capital, a la inversión y al desarrollo,  y por otro lado de abogados supuestamente especializados en extorsión a empresas mineras que instigan a la toma de carreteras.  En igual sentido, reclama al Estado “organizarse” para facilitar la inversión minera.

El 26 de febrero, aparece en El Peruano, el Decreto Supremo Nº 038-2019-PCM, que amplía el Estado de Emergencia en parte del corredor minero del sur (Apurímac – Cusco – Arequipa) que conduce a la minera Las Bambas, por 30 días calendario a partir del 27 de febrero, con ello mantiene esta zona militarizada, con restricción de derechos para los ciudadanos, solo con el fin de garantizar que las empresas mineras, dígase Las Bambas, Antapacay, Glencore, Hudbay, sigan transitando sin ningún reclamo de la población.

Paradójico, porque durante estos mismos días hemos visto un sector minero muy activo participando justamente en el espacio del Ministerio de Justicia, en que se está promoviendo la construcción del Plan de acción Empresas- Derechos Humanos, manifestando su interés por incorporar estándares de derechos en su actividad. De igual forma, acaban de lanzar un vídeo promocionando una nueva visión de minería en el marco del llamado Plan minero al 2030 donde señalan que quieren una minería inclusiva en le marco de la buena gobernanza y el desarrollo sostenible, que sea valorada por la sociedad. Parece que el sector minero vive en un mundo paralelo, pero lo peor es pensar que el Estado también está en la misma dinámica.

Bien que si promuevan Planes sobre Derechos Humanos y Empresas, bien que se piense en una nueva minería, pero no es posible creer en estas apuestas si a la vez se mantiene vivo ese discurso rancio, discriminatorio y violento del empresariado minero, o si el gobierno sigue con las políticas represivas contra la gente que lo único que hace es reclamar ante los abusos de estas empresas y reclamar por derechos mínimos.

Acaso no es real que en el sur andino las empresas mineras están usando de manera abusiva la carretera, transitando con casi 500 camiones diarios que levantan polvos, generan ruidos y afectan a la población, y no se quiere hacer nada al respecto.  Acaso no es real que en Cajamarca, la minera GoldFields ha causado un desastre ambiental en diciembre, derramando relaves de lodo tóxico en varios centros poblados y que aún no quiere reparar nada; no es cierto acaso que el personal de seguridad de la minera Antapacay, está comprometida en denuncias por agresiones contra familias campesinas.

Solo mencionamos estos pocos casos concretos para graficar que lo que hay en los territorios  donde operan las mineras no son violentistas, no son extorsionadores, no es la conspiración de las ONG izquierdistas, lo que hay son poblaciones afectadas y marginadas, a las cuales ni el Estado ni las empresas le quieren solucionar los problemas, y a quienes solo les llega la represión, la militarización, mientras reclaman por las afectaciones y los abusos.

No señores, no pretendan que creamos que la minería va a cambiar con discursos,  con documentos bien redactados, con declaraciones sobre respeto de los derechos. Creeremos en un sector diferente cuando no haya más estos discursos discriminadores, instigadores al odio y la violencia contra los pobres de parte de los empresarios y sus aliados, cuando esta estructura creada para proteger los intereses empresariales se suprima, cuando los mecanismos represivos como los Estados de emergencia o los convenios en los que “se alquila a la Policía nacional” a los privados para que reprima a la población, cuando se fortalezca el sistema de control y fiscalización ambiental, cuando realmente se generen normas para que las empresas sean responsan, reciban sanciones,  y sean obligadas a reparar los daños que causan.  No podemos hablar de nueva minería con respeto a los derechos humanos en discursos, mientras en las alturas se afecta y mata a la gente.

Fuente:http://www.noticiasser.pe/opinion/ni-violentistas-ni-chantajistas-entiendan-la-mineria-esta-violando-derechos?fbclid=IwAR07VA0adIHEseX6RHAs0xiOPLGY1DyI7djJvToz5NnwcQ03fw3EM_hY3Mo

Una vez más, la violencia contra poblaciones campesinas aparece en el accionar minero. En Perú, continúan los reclamos por las agresiones sufridas a fines de diciembre pasado en, la zona de Espinar.  La empresa pretendía robar el agua de las comunidades a través de la construcción de canales.

Campesinos de Espinar reclaman por maltratos a empresas Glencore y Carlyle Group

Con cascos y escudos agentes de seguridad de la firma Liderman agredieron a mujeres que protestaban por la presencia de maquinaria pesada. Liderman es de propiedad de la norteamericana Carlyle Group y la suiza Glencore es dueña de la mina Antapaccay, área donde se registraron los hechos.

Campesinos afectados por las agresiones de los agentes de seguridad privada de la empresa Liderman que se registraron durante el enfrentamiento que se produjo el 29 de diciembre último, identificaron a los responsables de los hechos violentos ante la Fiscalía Penal de Prevención de Delitos de la provincia cuzqueña de Espinar.

Las comuneras Francisca Umasi Ihui y Vidal Coaquira Umasi señalaron que el personal de seguridad de la mina Antapaccay -adyacente al lugar de los hechos- llegó en compañía de maquinaria pesada que comenzó a remover las tierras de un área que afirman es de su propiedad desde hace muchos años.

Cuando intentaron impedir que continuaran con la usurpación de sus terrenos, fueron violentadas por los agentes de seguridad de la compañía Liderman, de propiedad del fondo de inversiones estadounidense Carlyle Group, que presta servicios para la mina Antapaccay, una de las mayores inversiones de la multinacional suiza Glencore.

Según la denuncia de la ONG Derechos Humanos Sin Fronteras, varias mujeres enfrentaron a la Policía para defender sus tierras. Los agentes las empujaron, patearon e insultaron. Tres mujeres resultaron heridas con golpes: Rocio Huaquira, María Huaquira y Eufrosina Umasi, una de ellas cargaba a un niño en la espalda.

Antapaccay precisó en un comunicado que realizaban trabajos de construcción de canales dentro de los terrenos de su propiedad.

Los pobladores afectados por las agresiones de los agentes de la empresa de seguridad Liderman, recurrirán a la corporación estadounidense de inversiones Carlyle Group por la violenta conducta de sus trabajadores.

Francisca Umasi y Vidal Coaquira atribuyen responsabilidad por los actos violentos y la usurpación de su propiedad al gerente general de Antapaccay, Edgardo Orderique Luperdi; al gerente de Relaciones Comunitarias de la misma mina, Edwin Amoretti Hernández; y al jefe de Seguridad de la minera, Jesús Zea Soto.

La República consultó sobre este caso a Glencore, pero respondieron que no harían comentarios.

CONDUCTA INACEPTABLE

“Somos poseedores del predio denominado Anexo Juto desde hace más de 25 años, por lo que tenemos ganado vacuno, ovino, auquénido y animales domésticos en nuestra posesión. El 29 de diciembre nos encontrábamos pastando nuestro ganado en Juto cuando aparecieron dos camionetas de las que bajaron personas con uniformes de la empresa Liderman, quienes prestan seguridad a la mina”, relatan Francisca Umasi y Vidal Coaquira en la denuncia ante la fiscalía de Espinar.

“(Los agentes de seguridad) de Liderman a viva voz nos han amenazado de muerte, diciéndonos: ‘Los vamos a matar como a perros’, ‘Vamos a botarlos de esta propiedad’ y ‘Nosotros cumplimos órdenes de la mina’. Nos han causado daño al intentar despojarnos de nuestra propiedad”.

Imágenes captadas por el periodista cuzqueño Vidal Merma, que se encontraba en el lugar de los hechos, corroboran que Francisca Umasi y Vidal Coaquira fueron maltratadas por agentes de Liderman, una compañía comprada en 2014 por Carlyle Group, y que presta servicios para Antapaccay, una reciente y cuantiosa inversión minera de Glencore en el Perú.

Provistos de cascos y escudos, los agentes de Liderman jalonearon y lanzaron a la tierra a las mujeres, una de ellas cargaba a un niño en la espalda. Incluso se les observa lanzando piedras.

El comportamiento agresivo, violento y prepotente de los agentes de seguridad violan claramente los códigos de conducta de las grandes corporaciones Glencore, propietaria de la mina Antapaccay, y de Carlyle Group, dueña de la empresa de seguridad Liderman. Después de difundidas las imágenes de las agresiones hacia las campesinas Francisca Umasi y Vidal Coaquira, las multinacionales no se han pronunciado.

Las denunciantes señalaron que las hostilidades no son recientes. El 29 de marzo de 2018, se presentaron en el terreno los funcionarios de Antapaccay Enrique Arias y Norman Vera, “quienes se comprometieron a no causar problemas y a llevarse bien con los vecinos y que luego conversaríamos”. Pero al día siguiente, agentes uniformados de Liderman irrumpieron en el terreno de los comuneros y lanzaron amenazas como: “Hoy los vamos a botar de la propiedad de la mina” y “Los vamos a matar si no salen”.

Pero esta vez (por el 29 de Diciembre) llegaron acompañados de policías: “Eran como 10 policías y junto con nuestros parientes les preguntamos qué hacían ahí a lo que respondieron: ‘Los vamos a botar de aquí porque esto es de propiedad de la mina, nosotros venimos por orden de la mina’, y el personal de Liderman nos volvió a amenazar”.

NO ES LA PRIMERA VEZ

Las agraviadas han denunciado a los funcionarios de la mina por los presuntos delitos de usurpación y contra la vida, el cuerpo y la salud. Señalaron que como resultado de la incursión de la maquinaria pesada, su propiedad ha sido gravemente afectada.

“Con la remoción de la tierra han malogrado los pastos naturales y la alfalfa, nuestros sembríos. Además, nos han cerrado el paso para recoger agua del río para nuestro consumo y para nuestros animales”, manifestaron en la denuncia ante la Fiscalía de Espinar.

Reynaldo Umasi Ramos, en representación de los afectados por los actos de violencia en Antapaccay, anunció que los campesinos informarán directamente a las autoridades de Glencore y Carlyle Group sobre la violenta conducta de los agentes de seguridad de Liderman que la emprendieron a golpes a las mujeres que protestaban.

Fuente:https://noalamina.org/latinoamerica/peru/item/42485-mujeres-campesinas-agredidas-por-glencore-y-carlyle-group

(Boletín AMP #236, Febrero 2019)
Foto : Derechosinfronteras
Uno de los casos que deben ser mirados y atendidos con especial interés es el de Espinar, en la región Cusco. Si no se atiende adecuadamente, corre el riesgo de terminar en un estallido de envergadura en los próximos meses. La población de esta provincia cusqueña está indignada y con razón. Durante años esperan soluciones […]

Uno de los casos que deben ser mirados y atendidos con especial interés es el de Espinar, en la región Cusco. Si no se atiende adecuadamente, corre el riesgo de terminar en un estallido de envergadura en los próximos meses. La población de esta provincia cusqueña está indignada y con razón. Durante años esperan soluciones y nada. Son tres los temas que aparecen en la compleja agenda de Espinar: uno primero vinculado a la inaceptable agresión contra comuneros de Alto Huarca, sobre todo mujeres, de parte del personal de seguridad contratado por la empresa suiza Glencore, propietaria de la mina Antapaccay. El hecho ocurrió a finales de diciembre de 2018; la empresa Liderman es la que le presta los servicios de seguridad a Glencore y la responsable directa de esta agresión, aunque está claro que los códigos de conducta de empresas como Glencore, también la hace responsable de hechos que cometen terceros que están a su servicio. En realidad, lo que está detrás de este hecho es la disputa por tierras entre la empresa y la comunidad. Esta agresión ha indignado a las comunidades que esperan respuestas de la propia empresa y de las autoridades.

Otro caso complicado tiene que ver con los graves impactos en la salud de la población de Espinar. Varios estudios realizados en los últimos años han mostrado que la población de Espinar, sobre todo la que vive en la zona de influencia de las operaciones mineras, se encuentra expuesta a metales pesados y muchos tienen presencia de estos metales en sus cuerpos. Pese a que el Estado, en sus diversos niveles de gobierno y luego de varios acuerdos establecidos con la población, se comprometió a implementar planes de salud integral para brindar atención especializada a las personas en riesgo, hasta el momento no se ha logrado mayores avances. Los planes elaborados no han contado ni con el presupuesto ni con el soporte institucional necesario, y hasta la fecha, no se ha logrado una respuesta adecuada del sistema de salud a las personas que sufren exposición crónica a metales pesados. Peor aún, no se ha establecido mapas epidemiológicos de riesgo ambiental en la zona y se ha incumplido con el acuerdo de medir la magnitud de riesgo que representa la exposición crónica a metales pesados, además de determinar las fuentes de contaminación y rutas de exposición. La población de Espinar sigue esperando que el tema de salud sea adecuadamente atendido.

El otro problema complicado tiene que ver con el agua que se consume en Espinar y las denuncias de presencia de metales tóxicos. Un informe de la Dirección Regional de Salud del Cusco reveló que la población de Espinar consumía agua contaminada con metales tóxicos. Los análisis dieron cuenta sobre la presencia de aluminio, arsénico, hierro y manganeso, entre otros parámetros, por encima de los parámetros permitidos.

Esta situación provocó que, en primer lugar, el Concejo Municipal de Espinar aprobase declarar en emergencia el abastecimiento y consumo de agua y luego que el propio Consejo Regional de Cusco -hace un par de semanas-, aprobase por mayoría declarar por 90 días en situación de emergencia todo el sistema de abastecimiento de agua potable en la capital de la provincia de Espinar.

Foto : El Montonero
Sin embargo, una nota publicada haces unas semanas en el portal El Montonero, da cuenta que una mesa técnica, conformada por la Oficina de Diálogo de Gestión Social de la Presidencia del Consejo de Ministros, la Oficina de la Dirección del Orden Público y del Ministerio del Interior, la subprefectura de la provincia de Espinar y la subprefectura de Cusco, habría concluido que el agua potable de la provincia de Espinar “es apta para el consumo humano, según los resultados obtenidos”. Lo que llama la atención de esta nota es que, por un lado se cite como fuente un “monitoreo realizado por los especialistas de la Dirección de Salud Ambiental del Cusco” -antes habían dicho lo contrario- y que en la denominada Mesa Técnica no figure ninguna de las autoridades electas, ni del Municipio Provincial de Espinar ni del Gobierno Regional. Tampoco aparece un solo representante de las organizaciones sociales de Espinar.

Esta noticia ha causado aún mayor malestar y preocupación en Espinar, porque se estaría dando cuenta que se está implementando acciones sin tomar en cuenta a la población y a sus autoridades. Cabe recordar que el Comité de Lucha por el Agua y la Salud de Espinar organizó una movilización de protesta el pasado 28 de enero pasado bajo la denominación de “Gran marcha de sensibilización por el agua sin metales pesados”. Nuevamente insistimos: si el Ejecutivo no le presta atención a las legítimas demandas de la población de Espinar, la situación se seguirá complicando

EDITORIAL – OJO CON ESPINAR (Boletín AMP #236, Febrero 2019)

Sus dirigentes manifestaron que bloquearán la carretera Interoceánica, para que el presidente Martín Vizcarra solucione la problemática
28/02/2019 Textos: Correo » Fotos: Difusión
Cansados de consumir agua contaminada por la minería informal, producida en la cabecera de la cuenca del río Ramis, más de siete comunidades de la micro cuenca Azángaro II, se reunieron y tomaron decisiones de protesta y paralización.

Sus dirigentes manifestaron que bloquearán la carretera Interoceánica, para que el presidente Martín Vizcarra solucione la problemática del agua en esta zona.

En ese contexto, ayer arribaron hasta la capital de la provincia de Azángaro los dirigentes del comité de gestión del proyecto de saneamiento “Creación y Mejoramiento de Servicio de Agua Potable y Saneamiento Rural en la Microcuenca Azángaro II, Distrito de Azángaro”, con el fin de realizar su pronunciamiento a través de los medios de comunicación, pidiendo la atención inmediata del gobierno central su aprobación del presupuesto del referido proyecto.

Contaminación. Según el presidente del comité, Aurelio Germán Pacori Ramos, desde más dos décadas “nuestro río está contaminado, el ganado, nuestros hijos y todos nuestros hermanos de las comunidades venimos consumiendo agua contaminada por minerales pesados”.

Pacori Ramos se dirigió al presidente Martín Vizcarra Cornejo, al decir que atienda a la cuenca del rio Ramis, “pedimos que el proyecto de saneamiento básico para nuestras comunidades de la micro cuenca Azángaro II, sea aprobado su presupuesto en forma integral, que entienda que miles de personas estamos tomando agua contaminada y no podemos esperar más tiempo”.

Minería. Como se sabe, esta cuenca está contaminada a consecuencia de los trabajos de minería ilegal e informal que se realiza en la cabecera de Cuenca, en el distrito de Ananea, lo que trae perjuicio en la zona baja.

Protestas

En caso de no aprobrarse el presupuesto, los dirigentes anuncian medidas de protesta en la Interoceánica.

https://diariocorreo.pe/edicion/puno/afectados-por-la-mineria-en-el-ramis-piden-proyecto-de-saneamiento-al-gobierno-873141/