Perú

Tía María: mujeres marchan en respaldo a paro acatado por Valle de Tambo |

Autor: Zenaida Condori , El Comercio.pe
Conflicto Relacionado: Tia Maria-Valle del Tambo

Decenas de mujeres marcharon por las calles del centro de Arequipa
en apoyo a la población del Valle de Tambo, que desde el 15 de julio acata un paro indefinido en rechazo el proyecto minero Tía María. Las mujeres protestaron con banderas verdes y ollas en mano.

Las manifestantes se concentraron en la Plaza España, frente a la sede del Poder Judicial, desde las 5 p.m., luego marcharon por la calles, bloquearon el puente Grau y llegaron hasta la Plaza de Armas.

La convocatoria fue llevada a cabo por la Coordinadora de Defensa del Valle de Tambo, que agrupa a diferentes colectivos y organizaciones de universitarios.

“Protestamos porque nosotras consumimos los productos del Valle de Tambo y por el abuso de la policías con las madres agricultoras que las atacan con bombas lacrimógenas”, declaró una manifestante.

La marcha culminó frente a la Catedral de Arequipa, donde se realizó un mitin. Durante este evento, distintas mujeres demandaron la cancelación de la licencia de construcción otorgada a Southern para el proyecto Tía María.

 

Fuente:https://elcomercio.pe/peru/arequipa/tia-maria-mujeres-marchan-respaldo-paro-acatado-valle-tambo-noticia-660521?foto=6&fbclid=IwAR1s–00oC4K85waIMIH_Dg8U-RFGTYr6Mug–bTGIWTLqFAYFD4WyP2Kgs

Perú

La propuesta de una nueva ley de minería

Autor: José de Echave, Cooperacción.org.pe

Pese a que la propuesta del presidente Vizcarra de una reforma constitucional de adelanto de elecciones generales y, por consiguiente, de recorte del mandato congresal y presidencial se robó todos los titulares, no hay que perder de vista otros anuncios que seguramente también marcarán el debate de las próximas semanas y meses.

Un tema clave ha sido la propuesta de una nueva Ley General de Minería. En la primera parte de su discurso, Vizcarra señaló que “la norma que la rige tiene cerca de 30 años de vigencia, y se hace necesario actualizarla para que se adecúe a nuestra realidad, brindando un marco legal claro a los inversionistas dando tranquilidad y desarrollo para todos”, señaló Vizcarra.

Las reacciones no se han hecho esperar: el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, se ha mostrado en contra de la propuesta y el editorial de El Comercio del 30 de julio señalaba que “el planteamiento de una nueva ley de minería es decididamente inoportuno. En este contexto de incertidumbre nacional por la propuesta de adelanto de elecciones, abrir un nuevo frente de riesgo particular para un sector que hoy apuntala la inversión privada es descaminado”.

Para comenzar el debate no está de más recordar el contexto en el que se dio la Ley General de Minería y lo que dice. Vamos por partes.

Los 90 y los ajustes estructurales

El Decreto Supremo Nº 014-92-EM o Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería (04/06/92). Dicha norma no sólo consolidó en un solo texto los procedimientos para el inicio de las actividades de desarrollo minero, sino también definió los procedimientos administrativos, tributarios, de seguridad, protección ambiental y el régimen de concesiones mineras. No está de más recordar que en ese entonces, el ministro del sector era nada menos que Jaime Yoshiyama Tanaka.

Como ocurrió con una serie de medidas implementadas en ese entonces, la nueva Ley General de Minería estuvo enmarcada en lo que el Banco Mundial definió como las políticas de ajuste sectorial: el objetivo de los ajustes sectoriales era apoyar los cambios institucionales y de políticas, necesarios para crear lo que para este organismo era un ambiente propicio para el fomento de inversiones privadas en determinados sectores productivos. De esta manera, el ajuste sectorial llegó a actividades productivas, como es el caso de la minería metálica, el gas y el petróleo. Según el propio Banco Mundial, más de cien países, desde inicios de la década del 1990, implementaron reformas sustantivas de su legislación minera.

¿Qué decía entonces en Banco Mundial? Que “las industrias extractivas son importantes para el crecimiento económico de los países en desarrollo porque generan rentas y empleo y actúan como un activador de desarrollo infraestructural, educación, capacitación y actividad empresarial. Las enormes rentas para el gobierno apoyan otras actividades de desarrollo” y que el desarrollo de los sectores extractivos “puede contribuir al desarrollo sostenible y a la mitigación a la pobreza”[1]. Hoy en día la validez de estos planteamientos ha sido revisada por el propio organismo.

De este modo, el ajuste sectorial en el sector minería llegó a los países acompañado de asistencia externa para los gobiernos que impulsaron la reforma y las privatizaciones, con movilización de recursos financieros, el fortalecimiento de capacidades para la gestión de las rentas, entre otros aspectos que buscaron crear el marco adecuado para la entrada de las inversiones privadas.

Dos normas importantes antecedieron a la Ley General de Minería: en primer lugar, el Decreto Legislativo Nº 757, o Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada, del 13 de noviembre de 1991, que, por ejemplo, modificó el Código del Medio Ambiente (1990), eliminó normas objetadas por las empresas como irreales, excesivas o de alto costo, y suprimió, por otro lado, toda reserva a favor del Estado para la realización de actividades económicas o la explotación de recursos naturales, salvo en el caso de áreas naturales protegidas. En segundo lugar, el Decreto Legislativo Nº 708, o Ley de Promoción de Inversiones en el Sector Minero (del 14 de noviembre de 1991), que declaró de interés nacional la promoción de inversiones en el sector minero, estableciendo una serie de principios fundamentales para el desarrollo de esta actividad y de incentivos a los inversionistas del sector, tales como: estabilidad tributaria, cambiaria y administrativa; una tributación que grava únicamente la renta que distribuyen los titulares de la actividad minera; se reconoció la deducción de tributos que inciden en la producción; las inversiones aprobadas por la autoridad en infraestructura de servicio público eran deducibles de la renta neta; la no discriminación en materia cambiaria y otras medidas de política económica, respecto a inversionistas nacionales o a otros sectores de actividad económica; libertad de remitir utilidades, dividendos y recursos financieros; libre comercialización de los productos minerales; simplificación administrativa, etc.

Cabe señalar que el marco legal se siguió moldeando de acuerdo a las demandas empresariales: en sus 28 años de vigencia, la Ley General de Minería ha sido modificada 29 veces y en 34 ocasiones se han sustituido artículos.

Lo que pasó después y por qué la necesidad de hacer cambios

Lo que pasó desde 1992 para adelante es historia conocida. La minería comenzó a crecer: aumentaron las inversiones y por consiguiente la producción minera, las exportaciones, entre otras variables económicas. Otro dato clave es que la ocupación territorial de la minería también creció de manera significativa: las concesiones mineras pasaron de 2 millones trescientas mil hectáreas, a inicios de la década del 90, a más de 25 millones de hectáreas en los momentos picos de expansión. Todos los estratos mineros (gran, mediana, pequeña minería y la informal), se expandieron a lo largo y ancho del territorio nacional.

Al lado de esta expansión, también comenzaron a crecer los conflictos sociales vinculados a la minería. Desde que la Defensoría del Pueblo realiza reportes sobre conflictividad social en el país (2004), una constante ha sido que la gran mayoría de conflictos están vinculados a temas socio ambientales relacionados con la minería: conflictos vinculados al acceso a fuentes de agua y contaminación; disputas por ocupación de los territorios de poblaciones en general, comunidades campesinas y pueblos indígenas; impactos ambientales diversos y de actividades económicas como la agricultura; demandas por beneficios económicos; etc.

Lo que fue quedando claro con el transcurrir del tiempo, era que los conflictos vinculados a la minería eran multidimensionales: podían ser económicos, sociales, culturales y/o ambientales. Además eran claros indicadores que algo no estaba funcionando bien: que se había construido un marco legal e institucional muy favorable para atraer inversionistas mineros, pero que al mismo tiempo no se habían construido capacidades ni instrumentos para enfrentar los conflictos que esas inversiones fueron produciendo.

Cada vez que se propusieron cambios y reformas para mejorar los estándares sociales y ambientales y para incrementar la presión tributaria, los empresarios mineros, sus gremios y sus escribidores, manifestaron abiertamente que si se implementaban tales cambios, las inversiones se irían (como si fuese tan simple encontrar recursos geológicos significativos en cualquier lugar en el planeta). Se opusieron a la creación del Ministerio del Ambiente y todos sus organismos adscritos, y cuando comenzaron a operar buscaron debilitarlos a través de sucesivos paquetazos ambientales; se opusieron a la ley de consulta previa, libre e informada; tampoco querían las regalías mineras y menos aún el impuesto a las sobre ganancias en pleno súper ciclo de precios de las materias primas. Se siguen oponiendo a que el país cuente con una política de ordenamiento territorial y han bregado para que el país no transite el camino de mejorar sus políticas ambientales, laborales y tributarias, a los estándares de la OCDE.

Por eso no sorprende que, ante el anuncio de iniciar un debate sobre una nueva Ley General de Minería, estos actores salgan a manifestar su oposición e intenten nuevamente instalar su discurso conservador, contrario a cualquier cambio. El país tiene que avanzar, sacando lecciones de lo que ha venido pasando en los territorios, haciendo los ajustes necesarios: la perspectiva es construir una verdadera gobernanza en torno a las actividades extractivas que permita construir los equilibrios que, a todas luces, están haciendo falta.

[1] Banco Mundial. Página 18 de la Revisión de las Industrias Extractivas. Versión del 21 de agosto de 2003.

01 de agosto de 2019

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/la-propuesta-de-una-nueva-ley-de-mineria/

Perú

La ética rentista y el espíritu del extractivismo

Autor: Eduardo Gudynas , Noticias Ser.pe
Conflicto Relacionado: Tia Maria-Valle del Tambo

En el marco de las polémicas que retornan ante el proyecto minero de Tía María, un grupo de personalidades subscribió en Lima un “Acuerdo por el Desarrollo”. En ese texto apoyan una minería que llaman “moderna” y  que serviría para el “desarrollo”, compartiendo una serie de recomendaciones para el Estado, la empresa y las comunidades locales, a las que les piden abandonar “discursos polarizantes”.

El politólogo Martín Tanaka, uno de los firmantes del “Acuerdo”, en twitter defendió ese Acuerdo ante una aguda crítica de Mirtha Vázquez, insistiendo en que compartía el “espíritu” de la declaración.

El uso de esa palabra, “espíritu”, en este contexto, inmediatamente me recordó a Max Weber con su clásico “La ética protestante y el espíritu del capitalismo”, publicado en 1905. En esa obra, el sociólogo alemán retrataba el profundo cambio cultural de la pérdida de trascendencia que antes se buscaba en la religión, para ser suplantada por una moralidad impersonal e individualista. Perseguir el éxito económico, ganar dinero y más dinero, se volvió un fin en sí mismo que pasó a ser aceptado socialmente. Allí está el “espíritu” al que se refiere Weber, y que se lo adjudica al “capitalismo”, aunque su uso de dicha palabra correspondería mejor a lo que hoy llamamos cultura o modernización.

Apelando a esa perspectiva, ¿cuál sería el “espíritu” del Acuerdo por el Desarrollo enfocado en Tía María? Para responder esto comencemos por precisar que aquella idea de “espíritu” no tiene un sentido religioso o metafísico, sino que sirve para entender los valores (ética) y los sentidos de lo correcto e incorrecto en la sociedad (moral). Hoy estamos frente a extractivismos mineros y petroleros que tienen por detrás una ética y una moral. En ellos, la valoración económica reemplaza otros valores, y por ello ya no interesa ni importa si se “matan” o “amputan” a los apus, ya que se los ha despojado de cualquier trascendencia. El objetivo es el éxito económico y captar la mayor proporción posible de renta económica. Esto no se esconde, sino que ahora goza de legitimidad moral. Lo moralmente correcto es ganarse los billetes como sea. Es más, la moral comenzó a actuar en sentido invertido ya que sería “inmoral” no aprovechar las riquezas minerales y petroleras del país, según dicen empresarios, gobiernos y buena parte de la academia.

A mi modo de ver, el “Acuerdo por el Desarrollo – a propósito del proyecto Tía María”, está embebido de ese espíritu de la cultura capitalista o moderna aunque con algunas particularidades contemporáneas y criollas. Alrededor de cincuenta personas adhirieron al Acuerdo, y ciertamente hay variedad entre ellas, pero todos coincidieron en dos cuestiones básicas: alentar la minería y no advertir que lo que proponen es imposible. Para decirlo con más precisión: el punto de partida del Acuerdo son unas metas incompatibles entre sí. Es como si los que lo firmaron no hubiesen analizado con rigurosidad lo que allí estaba escrito. Esas incongruencias se disimulan por el llamado una y otra vez al “desarrollo”, y en ello reaparece otro aspecto del “espíritu” del documento: invocar una difusa idea del desarrollo como justificación de una moral que genera beneficio para algunos mientras se daña a otros y al ambiente.

Me explico: el Acuerdo comienza postulando que es posible una minería -un extractivismo- que atienda cuatro condiciones. Estas son cumplir con estándares globales, proteger el ambiente, dinamizar el desarrollo nacional y beneficiar a las poblaciones locales. Habría una minería, que ellos llaman “moderna” que debería cumplir los cuatro objetivos al mismo tiempo, lo cual es imposible. Y hay que decirlo con toda claridad y énfasis: no se pueden cumplir todas esas condiciones a la vez. Además, algunas de ellas ni siquiera existen en los términos en los que se plantean en el Acuerdo.

Para evaluar si es posible alcanzar las cuatro metas, comencemos por una de ellas. Supongamos  que un emprendimiento como Tía María realmente promueva el desarrollo nacional, dejando en suspenso que quieren decir los firmantes del Acuerdo con conceptos como “dinamizar” y “desarrollo”. Pero, si se implanta esa minera enseguida se incumple otra meta del Acuerdo, la de la protección ambiental. Es evidente que un megaproyecto como Tía María acarrea alteraciones ecológicas de tal magnitud que no es posible asegurar que habrá una “protección” de la Naturaleza. Por su propia dimensión y operación, ese proyecto conlleva un impacto ambiental severo, y las opciones de amortiguación y remediación son limitadas.

La discusión real es si se aceptarán o no, ese tipo de amputaciones ecológicas bajo el supuesto de un beneficio económico (entendido como ingreso de dinero por la exportación de materias primas). Es una falacia afirmar que se alcanzará a la vez una ventaja económica y una protección de la Naturaleza. Si hay lo segundo no habría beneficio económico tal como lo han planteado, y si se busca el provecho de la renta será necesario perforar, horadar y extraer el mineral con todos sus impactos ecológicos.

Algo similar ocurre con la meta de “estándares globales” que plantea el Acuerdo, ya que no existen requisitos internacionales acordados por ejemplo para lidiar con los impactos de la minería. En realidad, los países compiten por rebajar sus controles ambientales para atraer a los inversores, y ese propósito estaba detrás de los defensores del “paquetazo ambiental” (y no escapa a nadie que algunos de los firmantes apoyaban esas rebajas ecológicas). Si por “estándares globales” los firmantes del Acuerdo se refieren a algunas reglas de desempeño que se sigue, pongamos por caso en la Unión Europea o las que promueve Naciones Unidas, ya se sabe que la anterior evaluación ambiental recibió 138 observaciones de los veedores de UNOPS, y la más reciente padece de serios problemas como se reveló en la prensa. Estamos ante otro objetivo violado.

Los extractivismos de tercera generación, que corresponden a actividades como la megaminería a cielo abierto o la explotación petrolera en selvas tropicales, por sus impactos y las resistencias que generan, son rechazados por comunidades locales en Perú y en todos los países del continente. En todas ellas hay grupos locales que los consideran perjudiciales. Esto hace que se viole otra de las metas de los firmantes del Acuerdo, la que se refiere al “beneficio” de las comunidades locales. La imposición de los emprendimientos, muchas veces por medio de la policía o la criminalización, muestra cristalinamente la facilidad con que se abandonan objetivos de ese tipo.

Por todo esto, lo más impactante del texto de ese Acuerdo no es tanto que repita el mito de una minería moderna que sería mejor y más provechosa, sino que sus firmantes ni siquiera se dan cuenta que sus propias contradicciones, que lo hacen imposible. Si se cumplen una o dos de sus metas, inmediatamente se están violando sus otros objetivos. El Acuerdo tiene un vicio de nacimiento y es carecer de coherencia interna. Las referencias a los estándares globales o la protección ambiental quedan convertidos en una retórica justificativa.

Como hay una ceguera radical en advertir esto, el Acuerdo da unas curiosas vueltas basadas en recomendaciones, tales como impulsar programas de desarrollo de la agricultura, salud y educación, o crear un fondo de desarrollo. A tono con las clásicas defensas extractivistas, en el Acuerdo no hay pudor en concluir pidiéndole a las comunidades locales que dejen los “discursos polarizantes” y tomen a la minería como “una oportunidad de desarrollo”. Habría que ver si cuando una comunidad local reclama proteger el ambiente -una de las metas de los firmantes del Acuerdo- será respaldada desde Lima como paladines de la justica ecológica o los estigmatizara como actores atrapados en discursos polarizantes que impiden el desarrollo.

Por esto concluyo que el contenido del Acuerdo sí tiene un espíritu, y siguiendo la inspiración de Max Weber de hace más de un siglo atrás, me pregunto si no estamos ante algo así como “La ética rentista y el espíritu del extractivismo”.

Si por el contrario, el objetivo de los que firmaron el “Acuerdo por el Desarrollo” es como indican, “evitar una confrontación con posibles consecuencias lamentables”, deberían comenzar por sopesar que tal vez la primera línea de su documento debería haber sido un llamado a detener todo ese proceso.

 

Fuente:http://www.noticiasser.pe/opinion/la-etica-rentista-y-el-espiritu-del-extractivismo?fbclid=IwAR3gsnyOgzJQRKTPUIiGMN_sJcUWuFrHQJLiZcLxspSYXzu6gDsca4ZcNSo
Perú

Tía María: Más del 90% del distrito de Cocachacra ha sido otorgada para concesiones mineras

Autor: Redacciòn Gestión.pe
Conflicto Relacionado: Tia Maria-Valle del Tambo

El presidente de la Junta de Usuarios del Valle del Tambo, Jesús Cornejo, señaló que las concesiones mineras en la provincia de Islay (región Arequipa) ha registrado avances en los últimos años, en tanto en lo que respecta al distrito de Cocachacra, zona en la que se sitúa en proyecto minero Tía María, ésta se encuentra concesionada al 96.2%.

De igual manera, indicó que las áreas de cultivo de dicho distrito actualmente también se encuentran concesionados para realizar actividades mineras.

“¿Qué nos refleja estas concesiones mineras? La intención de la minería en la provincia de Islay, de que se encuentra todo mineralizado. Entonces ¿Cuál es el futuro de que entre el proyecto Tía María y La Tapada? De que (la minería) va ir acabando con este sector agrario que dicen que ambos pueden convivir. O sea, es un engaño al que nos llevan”, sostuvo Cornejo en diálogo con Exitosa.

En ese sentido, reiteró que el pedido de la población del Valle del Tambo al Gobierno es la anulación de la licencia de construcción que otorgó a Southern Copper, encargada de desarrollar Tía María, para posteriormente establecer una mesa de diálogo en la que se escuche las razones por las cuales rechazan la ejecución de esta obra.

“… (Queremos) un debate de lo que realmente significa la oposición, las razones que tiene la población y autoridades en cuanto al proyecto y ahí definir si va o no va. Un debate, que eso nunca se nos ha dado, nunca se nos ha escuchado, no se no has permitido”, sostuvo.

El dirigente también cuestionó la labor de los legisladores, quienes – según dijo- en su momento elaboraron leyes a favor de las empresas mineras sin haber cumplido con los procesos correspondientes, tal como realizar la consulta previa.

 

Fuente:https://gestion.pe/economia/tia-maria-mas-del-90-del-distrito-de-cocachacra-ha-sido-otorgada-para-concesiones-mineras-noticia/?ref=gesr&utm_source=facebook&utm_medium=organicfb&utm_campaign=tia-maria&fbclid=IwAR3RlIWIddpXB5RMLZ9zgnRNp5kFtffYKf3_uUFs97852256HnRwLS2dgPw

Perú

Cusco: reserva de Ausangate amenazada por concesiones mineras

Autor: José Víctor Salcedo, La República.pe

Se puede afirmar que, en Sallani y Phinaya, brota la fuente de vida para Cusco. Ambas son comunidades campesinas en las provincias cusqueñas de Canchis y Quispicanchi, localizadas a casi 5000 metros de altura.

En su territorio, hay nevados y lagunas que surten de líquido a decenas de pueblos de la región. Además, alimentan un ecosistema de flora y fauna. En estas comunidades, se pretende crear el Área de Conservación Regional de Ausangate (ACR Ausangate). Eso garantizaría el abastecimiento de agua.

La iniciativa abarca 72 534 hectáreas de montañas, glaciares, lagunas, animales y especies vegetales. El proyecto nació en 2008 y, ocho años después, concluyó la redacción del expediente. La propuesta está en manos de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) para su aprobación.

La amenaza

Sin embargo, el proceso de creación del ACR Ausangate está frenado. Incluso podría sufrir un revés por la presencia de ocho concesiones mineras y nueve petitorios para explorar litio. El Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (Ingemmet) otorgó las concesiones y admitió los pedidos entre noviembre de 2018 y mayo de este año en una extensión de 13 400 hectáreas. Se estima que 6295 se encuentran superpuestas al territorio del ACR Ausangate. Incluso dos están situadas en el nevado Quelccaya.

“Si las concesiones mineras prosperan, el riesgo es que nos quedemos sin agua”, sentencia el alcalde del distrito de Pitumarca, Benigno Fredy Vengoa Caro. El burgomaestre pide la anulación de esas concesiones y apuesta por la intangibilidad de este territorio. “Aquí, en Pitumarca, tenemos claro que no queremos minería”, refiere. El 3 de agosto próximo, habrá una reunión para decidir “qué acciones tomamos”, señala el alcalde respecto a las concesiones mineras.

Riqueza de Sallani

La República recorrió estas dos comunidades. Sallani, a 4500 metros de altitud, es la puerta de ingreso a la propuesta del Área de Conservación Regional Ausangate. En las montañas, pastan alpacas, ovejas y llamas. En torno a las lagunas, habitan wallatas y gaviotas. Avanzamos y aparecen manadas de vicuñas y bandadas de aves, así como parejas de cóndores. Según las evaluaciones ecológicas de expertos que formularon el expediente del área de conservación, en este territorio hay 77 especies de aves, 25 de mamíferos y seis de anfibios. En la lista se mencionan, entre otros, al puma, taruca, sapo andino, cóndor andino, wallata y canastero frontirojizo. Se suman el flamenco chileno, el montañés barbudo y otros. De la variada avifauna, una docena está en peligro de extinción, mientras que otras especies han sido catalogadas como “casi amenazadas” y hay especies “endémicas”. Se les llama así cuando su existencia está restringida a una ubicación geográfica muy concreta y fuera de ella no pueden vivir.

Belleza de Phinaya

Hemos llegado a 5 900 metros de altitud, territorio de la comunidad campesina de Phinaya. El viento glacial silba y arrastra los pastos amarillentos con dirección a la cadena de nevados del Ausangate. El sol opacado por las nubes cae sobre los campos.

En Phinaya, está la laguna Sibinacocha, la segunda más grande de Cusco después de Langui-Layo en Canas. Es un inmenso depósito de agua dulce que surte del líquido al río Vilcanota, que a su vez da agua potable al 53% de la población de la provincia de Cusco, más de 427 000 habitantes. La generación de energía eléctrica en la Hidroeléctrica Machupicchu y la agricultura también dependen de ella. Su capacidad de almacenamiento llega a 110 millones de metros cúbicos de agua (m³/agua).

Sibinacocha está casi en el centro de una extensa red de lagunas de menor tamaño, por lo menos son cinco, además de bofedales. Todas las fuentes de agua se alimentan de los glaciares de la cordillera del Vilcanota.

“Sin el agua que da esta laguna, en temporada de sequía, no podría funcionar la hidroeléctrica y más de la mitad de los cusqueños dejarían de tener agua en sus casas”, precisa Porfirio Zegarra, especialista de la Asociación para la Conservación de la Cuenca Amazónica (ACCA).

Una eventual desaparición de Sibinacocha y otras lagunas afectaría la crianza de camélidos sudamericanos, única fuente de ingreso económico de los comuneros. En Sallani y Phinaya hay grandes extensiones de pastos naturales gracias a las lagunas y los nevados. Cada productor cuenta en promedio con 100 o 200 cabezas de ganado. Hay otros, más prósperos, que poseen hasta 5000 ejemplares. Ambas comunidades campesinas son las protectoras de esos recursos. Saben que de ellos depende su supervivencia.

Nevado en peligro

El nevado Quelccaya, a 5650 metros de altura, es uno de los más importantes de la cordillera del Vilcanota y es parte de la propuesta de ACR Ausangate. Es un gigante en forma de domo (cima semiesférica) y es considerado como uno de los casquetes glaciares (masa de hielo) tropicales más grandes de la tierra.

Quelccaya supera en importancia a los glaciares Ausangate, Cuncapata, Sorañaño, Japupunta, Jatunhuma, Chumpe, entre otros. Con sus 44 km² de masa de hielo, concentra casi el 20% de toda la capa glaciar de la cordillera del Vilcanota. Pero el calentamiento global empezó a derretirlo y una eventual luz verde a la explotación minera empeoraría la situación.

El especialista Porfirio Zegarra y el alcalde de Pitumarca, Benigno Vengoa, confían en que el Gobierno priorizará la protección de ese sitio natural. “Eso (el deshielo y la desaparición) se puede evitar”, dice Zegarra.

Según el Inventario Nacional de Cordilleras Glaciares del Perú, hecho en 2016 por el Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña (Inaigem), la cordillera del Vilcanota, incluido el Quelccaya, desaparecerá en el año 2075.

Sucede que el área glaciar de la cordillera disminuyó de 495.05 kilómetros cuadrados (km²) a 255.44 km² en 53 años. Hubo un retroceso de 48.40% en medio siglo. “Sin embargo, esta tendencia se ha agudizado en los últimos años”, precisa Inaigem, dado que su tasa de retroceso anual es de 4.47 km².

La desaparición de la cordillera dejaría sin agua a gran parte de la población cusqueña. El río Vilcanota, que atraviesa y riega los campos de cultivo de ocho de las trece provincias de la región imperial, empezaría a sufrir estrés hídrico. No hay que perder de vista que la cordillera del Vilcanota es la segunda cordillera glaciar más grande del Perú, después de la cordillera Blanca. Su desaparición sería una catástrofe. El pronóstico es apocalíptico, pero, sobre todo, científico.

 

Fuente:https://larepublica.pe/sociedad/2019/07/28/ausangate-donde-nace-el-agua-para-cusco/?fbclid=IwAR17QJNmM7Za1MwtzNvth56iqBZsaUA4pTxEz_EY-0UWSxz0bcih3FZg6Vc

Perú

Gobierno ordena cierre de minera Aruntani en Puno

Autor: Zenaida Zea , La República.pe
Conflicto Relacionado: Puno-Aruntani-Arasi

Largo camino. Luego de casi 10 años de protestas, pobladores de la cuenca del Llallimayo lograron el fin de las operaciones de empresa por contaminar aguas.

Tuvieron que pasar más de 10 años, para que el Gobierno central les dé la razón a los pobladores de la cuenca del Llalimayo. Estos responsabilizaban a la empresa Aruntani SAC de contaminar el agua y el suelo en las provincias de Lampa y Melgar.

Ayer las autoridades de Puno se reunieron con representantes del Gobierno; en la cita, se acordó el cierre definitivo de la unidad minera Arasi y declarar improcedente el proyecto de la unidad minera Carlos Este, ambas de propiedad de Aruntani. Además, no podrá procesar oro ni utilizar el cianuro u otros elementos químicos. Para evitar que la minera siga operando, la Fiscalía lacró todas las instalaciones.

La decisión se dio, luego que la población de la provincia de Melgar acatara desde el pasado lunes un paro indefinido. La protesta se radicalizó ayer porque los gremios de San Román y Puno se sumaron a la medida de lucha.

El paro fue total en la ciudad de Juliaca; desde las primeras horas, se bloquearon vías. Mientras tanto, en Puno, hubo movilizaciones. En estas, además, se pidió la nulidad de la licencia del proyecto Tía María en Arequipa.

Reunión

La noticia del fin de las operaciones de Aruntani fue confirmada la tarde de ayer, luego de una reunión en Lima entre el alcalde provincial de Melgar, Esteban Álvarez Ccasa; los burgomaestres distritales de Cupi, Marcelino Surco Quispe; de Llalli, Juan Rojas, y de Umachiri, María Apaza, y el Ejecutivo.

La cita se concretó en Palacio de Gobierno con los ministros del Ambiente, Energía y Minas, y Vivienda, además del viceministro de Agricultura. Asimismo, estuvieron el gobernador de Puno, Walter Aduviri, y los congresistas Alberto Quintanilla, Edilberto Curro y Oracio Pacori.

Lucha de años

En 2016, tras repetidas jornadas de protesta, se instaló la primera mesa de diálogo para abordar la problemática ambiental. Fue un largo proceso, para que en primera instancia se reconozca la contaminación y, luego, se identifique al agente contaminante.

Ahora quedan pendientes la recuperación ambiental y la atención de salud a los afectados, teniendo en cuenta que el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) confirmó la presencia de metales pesados en el agua, suelo y sedimentos.

En todo este periodo de reclamos, representantes de la minera nunca acudieron a las mesas de trabajo, actitud que, para los lugareños, obedecía a que sus actividades eran anómalas, porque nunca se habría comunicado ni socializado el Estudio de Impacto ambiental (EIA).

Seguirán en la zona

El presidente del Comité de Lucha por la Defensa de la Cuenca del Llallimayo, Edwin Díaz, dijo que continuarán con su paralización hasta el viernes 26 de julio. Esperan la llegada de los ministros con el documento que disponga el cierre definitivo de Aruntani.

Para esa fecha, también se prevé la implementación del plan de trabajo y la indemnización a la población afectada.

Movilizaciones en Moquegua y Tacna

En Moquegua, organizaciones acatarán hoy y mañana un paro de 48 horas contra el proyecto Quellaveco de la empresa Anglo American. La acusan de contaminar el agua y el ambiente. El dirigente Óscar Zeballos dijo que no le han comprado en gran volumen a empresas locales ni han priorizado a personal local.

El secretario de Defensa de la CGTP en Tacna, Isaac Contreras, convocó para hoy una movilización contra el proyecto Tía María. Además, recalcó que Tacna reclamará una mesa técnica para la provincia de Candarave. La población pide el fin de la licencia de agua que tiene Southern en su territorio.

 

Fuente:https://larepublica.pe/politica/2019/07/25/gobierno-ordena-cierre-de-minera-aruntani-en-puno/?fbclid=IwAR08NCiU-gvPj9zF5UcKOJ9wrFdAirdhuEWVplKN9V90pVyNzRcTKZtbuKY

Perú

Arequipa: Detienen a octavo manifestante en enfrentamiento por paro contra Tía María

Autor: La Repúbica.pe
Conflicto Relacionado: Tia Maria-Valle del Tambo

Con joven son ocho los detenidos desde el inicio del paro indefinido contra Tía María. Intervención se dio entre el reclamo de familiares y pobladores que terminaron siendo amedrentados con bombas lacrimógenas.

En medio de lágrimas y reclamos, Cristian Quispe Torres (26) fue detenido la tarde de este viernes en el distrito de Cocachacra (Islay), durante el paro contra el proyecto cuprífero Tía María.

El joven fue llevado por efectivos de la Policía Nacional al cuartel de Chucarapi para luego ser trasladado a Arequipa, donde se unirá a los otros cinco detenidos Carlos Enrique Huamán Vargas (44), Manuel Cuno Parancco (53), Edwin Cuno Parancco (30), Remigio Quispe Mendoza (47) y un menor (16) de la provincia de Islay. Otros dos permanecen detenidos en la provincia de Camaná, Jesús Flores Chipana y Andersón Arizmendi Paredes.

Con Quispe, suman ocho en total las personas detenidas durante los enfrentamientos por el conflicto social que afronta la región de Arequipa y que ha ocasionado el bloqueo de vías y constantes manifestaciones en las diferentes provincias.

Policías enmarrocaron y llevaron al joven de 26 luego de que presuntamente causó disturbios en el lugar del conflicto, en la carretera de ingreso a Cocachacra. En el sector se han apostado cientos de protestantes que desde hace días se enfrentan a los agentes de control en su intento por restringir el tránsito.

Familiares y varios pobladores cuestionaron a los efectivos por la intervención. Señalan que Quispe no hizo nada y solo se encontraba en el lugar ayudando a tu tía a vender papas. En medio de los reclamos, los policías habrían lazando bombas lacrimógenas a los pobladores, cosa que causó la indignación de las personas que calificaron de abusivos y vende patria a los agentes.

NVESTIGACIÓN

El Ministerio Público de Arequipa informó que los protestantes fueron detenidos por el presunto delito de entorpecimiento del transporte público. El fiscal Abdón Saca Soto de la Fiscalía Provincial Civil y Familia de Islay dispuso tomar la declaración de los detenidos y pasen reconocimiento médico legal en la ciudad de Arequipa, entre otras diligencias para esclarecer lo ocurrido. Asimismo, los detenidos de Camaná pasarán las mismas pruebas en Camaná y en 48 horas se determinará su situación legal.

La Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Arequipa investiga a los responsables de las lesiones de los efectivos Eleuterio Cutimbo Turpo, Víctor Moron Chávez y Rodolfo Condori Maque, heridos durante los enfrentamientos; al igual que de Carla Gamarra Cerecede (29), una estudiante de la Unsa que recibió el impacto de perdigones durante una manifestación en la ciudad de Arequipa.

 

Fuente:https://larepublica.pe/sociedad/2019/07/26/arequipa-detienen-a-octavo-manifestante-en-enfrentamiento-por-paro-contra-tia-maria-videos/?fbclid=IwAR1oCUOu0gHfLOvDfiRYgn_kCMGR5enag7SMRHOfwVTog5A907xvQKAcy0Q

Perú

Gobernador Elmer Cáceres Llica anula servidumbre para proyecto Tía María

Autor: EL Búho.pe
Conflicto Relacionado: Tia Maria-Valle del Tambo

En mensaje grabado se dirigió a los arequipeños para comunicar anulación y pedir la renuncia del ministro de Energía y Minas

En mensaje dirigido a la región Arequipa, el gobernador Elmer Cáceres Llica, anunció que ha firmado la nulidad de la resolución regional que le otorgaba a la empresa Southern un derecho de servidumbre. Eran 49 hectáreas de propiedad del gobierno regional que fueron destinadas a ese fin, lo que posibilitaba las operaciones del proyecto minero Tía María.

Las razones que mencionó son:

En primer lugar, un ecosistema frágil como las Lomas de Cachendo, que estaría siendo afectado en más de 800 hectáreas y se trata de una zona protegida.

En segundo lugar, habló de la planta desalinizadora que no cuenta con autorización, ni con Estudio de Impacto Ambiental, por lo que no podría implementarse.

En tercer lugar, mencionó que parte de los terrenos destinados a la ejecución del proyecto son de propiedad del gobierno regional. Por tanto, no autorizará que se instalen allí y no tiene autorización de uso superficial.

Finalmente, mencionó que insistirán en el recurso de revisión de la resolución que otorga la licencia de construcción al proyecto Tía María, que se ha presentado ante el MINEM.

Además, refirió que le ha pedido al presidente que retire la policía y no cause muertes ni violencia en el valle de Tambo. Que vaya allá y hablé con el pueblo.

Luego de firmar la resolución anulando la resolución de servidumbre, solicitó la renuncia del ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes. La razón es haber firmado una licencia con deficiencias legales y técnicas.

 

Fuente:https://elbuho.pe/2019/07/gobernador-elmer-caceres-llica-anula-servidumbre-para-proyecto-tia-maria-video/?fbclid=IwAR3_Ji8VqezcU_TabQ5HdI6_YdB14yGgOrmVhx0KfmKwj1METCrNmNlogZU

Perú

Espinar: Ministra de Salud se compromete a atender a personas afectadas por metales tóxicos

Autor: DSHF.pe

La ministra de Salud, Zulema Tomás Gonzales, estuvo en la provincia cusqueña de Espinar para ser parte de la Mesa de Diálogo, que esta vez abordaba la sub-mesa del eje de salud, ambiente, saneamiento y residuos sólidos. En este espacio participaron autoridades regionales, locales, funcionarios del Ejecutivo y dirigentes de organizaciones sociales. Uno de los acuerdos más importantes para los asistentes fue el compromiso de atención especializada a personas afectadas por metales tóxicos a partir de agosto del presente año.

La ministra anunció que, a más tardar, desde la tercera semana de agosto llegarán hasta Espinar un equipo de médicos especialistas para brindar Atención Integral Especializada a las personas afectadas por metales pesados. Sin embargo, desde mañana, se empezaría con atención priorizada a las personas que requieran una atención urgente.

Por otro lado se acordó la realización de monitoreos de calidad del agua en la zona urbana y en las comunidades, del 19 al 23 de agosto. También se anunció la construcción del Hospital a partir de octubre del 2019, y desde la sociedad civil se conformará un comité de vigilancia para fiscalizar la obra.

Después de varias horas de debate, también se tomaron acuerdos en materia ambiental, saneamiento y gestión de residuos sólidos (Ver Acta). La próxima reunión se realizará el 15 de agosto, hasta la fecha la Comisión Ambiental Municipal convocará al OEFA para que informe sobre las acciones de fiscalización a las empresas mineras Brexia Gold Plata y Antapaccay.

 

Fuente:https://derechosinfronteras.pe/espinar-ministra-de-salud-se-compromete-a-atender-a-personas-afectadas-por-metales-toxicos/

Perú

Conferencia Episcopal Peruana: ‘La rentabilidad no puede oponerse a la vida digna de las poblaciones’

Autor: DHSF.pe

La Presidencia de la Conferencia Episcopal Peruana ha expresado recientemente que el diálogo es el mejor medio para alcanzar y garantizar la paz social. Desea manifestar también que, así como el intercambio honesto y transparente de posiciones colabora con solucionar conflictos, pensamos que la responsabilidad de los actores permitirá darles una salida pacífica a situaciones como la de Tía María, en Arequipa, la del derrame de petróleo en Datem del Marañón, en Loreto, entre otros.

1. Las empresas tienen la responsabilidad de buscar el crecimiento económico sostenible en armonía con la equidad social, especialmente con comunidades originarias y el cuidado del medio ambiente; del mismo modo, deben absolver cualquier tipo de dudas y temores en torno a sus actividades extractivas, y colaborar en el establecimiento de canales de diálogo, con transparencia y honestidad. La lógica de la rentabilidad no puede oponerse a su responsabilidad para con la vida digna de las poblaciones de influencia directa o indirecta de sus proyectos y el medio ambiente.

2. Los gobiernos regionales y locales deben tener vocación al diálogo. Están llamados a tutelar el ambiente de sus comunidades y a trabajar arduamente por el mejoramiento de la calidad de vida de sus ciudadanos. Los primeros llamados a trabajar en esta tarea son ellos, más allá de cualquier acción de responsabilidad social por parte de las empresas privadas.

3. Al gobierno nacional le cabe promover el desarrollo integral, institucionalizar las mesas de diálogo y velar por el cumplimiento de todos los acuerdos, dentro de un diálogo equitativo y bien informado, garantizando la compatibilidad de la actividad empresarial con la sostenibilidad social y ambiental. Esto pasa por crear mecanismos de vigilancia y supervisión en los que participen el mismo Estado y las comunidades afectadas. La construcción de confianza está estrechamente vinculada a la verdad, a la fiabilidad mutua y al rol que cumpla un Estado neutral y garante de derechos.

4. El compromiso de las comunidades es participar y opinar con responsabilidad y libertad, teniendo en cuenta no solo el bien propio sino el bien común de la región y del país. Al mismo tiempo que poseen el legítimo derecho a la protesta, dentro del marco legal deben asegurar que sus manifestaciones sean pacíficas, sin alterar el orden público, y sin obstaculizar el normal funcionamiento de la vida social en la región. Es su responsabilidad mantenerse abiertas a un diálogo sin posiciones extremas, evitando conflictos y facilitando el desarrollo integral.

El bien común y el desarrollo sostenible son frutos de la responsabilidad de todos los actores sociales y en definitiva de todos los peruanos, como nos invita la Sagrada Escritura, que “tengan vida y vida en abundancia” (Juan 10,10).

 

Fuente:https://derechosinfronteras.pe/conferencia-episcopal-peruana-la-rentabilidad-no-puede-oponerse-a-la-vida-digna-de-las-poblaciones/?fbclid=IwAR2m1cVawywarf904lSaSr9Xtw4aMFgiBMI-u66VlKUo3GqDH56_CG3Zz6A