Impulsado por el senador del Polo Democrático Alternativo, Iván Cepeda se llevó a cabo el debate de control político sobre convenios entre empresas del sector minero-energético y fuerza pública, encaminado a responder la pregunta, ¿Cuál es el papel de la fuerza pública en el posconflicto armado?
“Estamos ante una privatización de las fuerzas militares al servicio de las multinacionales”, asegura el senador Cepeda, quien añade “las fuerzas militares terminan siendo una especie de servicio de seguridad de las empresas para resolver conflictos socio-ambientales o para reprimir a los sindicalistas (…) si va a haber un acuerdo de paz esos convenios no tienen razón de existir, a no ser de que sea solo para reprimir a las comunidades”, dice.
Diecisiete organizaciones internacionales indígenas, de solidaridad y de los derechos humanos han solicitado una investigación sobre el involucramiento del estado mexicano en la generación de un ambiente de violencia en la comunidad Indígena Nahua de Zacualpan, Colima, la cual ha estado defendiendo su agua y su territorio frente la actividad minera.
El VI Encuentro de la Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de los Derechos Sociales y Ambientales, que tuvo lugar en Quito Ecuador el mes de julio de 2015, uno de los temas que generó mayor reflexión fue el ecofeminismo, compartimos una entrevista realizada a Yayo Herrero luego de escuchar las luchas y procesos de resistencia de las mujeres en América latina e integradas en la red Latinoamericana.
Los tribunales de Zapala son desde el lunes el lugar de un juicio que puede marcar un quiebre en la relación Estado y pueblos originarios.
La Academia Nacional de Ecología ubicada en Acapulco, dio un reconocimiento recientemente a las trasnacionales Goldcorp y Torex por ejercer la minería sustentable según publicó la Revista de Minería Sustentable, a pesar de tener múltiples demandas por los daños a la salud y al entorno que causa esa industria.
Las organizaciones abajo firmantes denunciamos y rechazamos las agresiones de las que fueron víctimas el pasado 20 de octubre de 2015 varias mujeres integrantes del Frente de Mujeres defensoras de la Pachamama que se manifestaban de forma pacífica en contra del proyecto minero Río Blanco en el marco de la visita del Presidente Rafael Correa a la comunidad rural de Molleturo, en Cuenca, Ecuador.
En audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la Organización de Estados Americanos (OEA), organizaciones muestran que empresas y estados no respetan derechos básicos de poblaciones. En el caso de Brasil, la agencia reguladora del gobierno federal ni siquiera fiscaliza a las empresas mineras.
Una represa de una compañía minera colapsó en el sudeste de Brasil y al menos 15 personas resultaron muertas y otras 45 se encuentran desaparecidas, señalaron medios locales.
Más de un centenar de mujeres lideresas de 34 territorios a nivel nacional e integrantes de organizaciones de mujeres, con el apoyo de la no gubernamental Red Nicaragüense por la Democracia y el Desarrollo Local (Red Local), se dieron cita a fines de agosto para crear la llamada Alianza Nacional por los Derechos Humanos de las Mujeres para la defensa de sus territorios. Estos han sido asediados por las nuevas políticas de posesión de la tierra, amparadas en el marco legal nacional y apoyadas por el gobierno para la implementación de megaproyectos, que están tensionando la vida de las comunidades rurales a nivel nacional.