Consideran que la minería no trae progresos a sus comunidades sino más bien la destrucción del medio ambiente. El coordinador de Orpia, Gregorio Miraval, señaló que Amazonas no forma parte de Venezuela al no tener representación en la Asamblea Nacional. El coordinador de la Organización Regional de los Pueblos Indígenas de Amazonas (Orpia), Gregorio Miraval mostró preocupación por la instalación del arco minero y alertó que es “una amenaza a los pueblos indígenas”.
Considera que la minería trae destrucción para el pueblo pues se contaminan las aguas y “pretenden que nosotros bebamos de esas aguas sucias y también talan los árboles. Eso no es progreso, es destrucción”.
En el marco del foro organizado por el Programa Venezolano de Educación-Acción de Derechos Humanos (Provea), para presentar perspectivas sobre diferentes organizaciones sociales, Miraval fue consultado sobre la problemática en cuanto a los diputados electos de la entidad y señaló que ahora Amazonas no forma parte de Venezuela al no tener representación. “Pero desde hace mucho tiempo eso es así, parecemos otro país por todas las cosas que ahí suceden. Un pollo puede costar Bs. 3.000 y 20 litros de gasolina Bs. 80.000”.
El día de ayer, 29 de febrero, luego de una audiencia preliminar, la Alta Corte de Londres concedió un plazo adicional antes de dar inicio al juicio contra la empresa minera Glencore (Xstrata) por su responsabilidad en las acciones de violencia que causaron tres muertes y decenas heridos durante la protesta social de mayo de 2012, en la provincia de Espinar, Cusco.
Las personas que hacen vida en los municipios mexicanos como Cuetzalan, San Gabriel Chilac, Tetela de Ocampo, Tlatlauquitepec, Teteles y Yaonahuac se la pasan en una constante lucha con las empresas mineras para que no atenten contra la Sierra Norte de Puebla. Las maneras de estos llamar la atención del gobierno, vecinos e industrias mineras es marchando y haciendo cualquier tipo de manifestaciones pacíficas, con el fin de que sean suspendidos los proyectos hidroeléctricos y la explotación minera en la región. 
Con el de Jonotla son cuatro los gobiernos municipales de la Sierra Nororiental de Puebla que acordaron negar permisos de cambio de uso de suelo para la explotación minera, de hidrocarburos en cualquiera de sus formas, y para la instalación de hidroeléctricas, además de rechazar entregar conexiones para el servicio de agua potable a empresas extractivistas.
Tania Bertgolio aseguró que están tomando muestras y monitoreando la calidad del agua, porque «no van a hacer la vista gorda» y buscan concretar medidas por posibles daños ambientales.
Comuneros de San Miguel Chimalapa e integrantes de organizaciones sociales como el colectivo Matza y la autoridad municipal de esta localidad rechazaron el proyecto minero que se pretende instalar en este lugar.
El juez federal Fernando Poviña emitió la cédula para citar a los directivos por una causa que tiene catorce años. Las declaraciones se realizarán los días 14,15 y 16 de Marzo. Las citaciones indagatorias que llevará adelante el juez federal Poviña los días 14,15 y 16 de Marzo a los directivos de Minera la Alumbrera es por una causa penal por contaminación ambiental que lleva catorce años.
En la entidad veracruzana 22 millones 899 mil 914 metros cúbicos de agua de los ríos Coatzacoalcos, Pánuco, Jamapa, Tecolutla y Papaloapan, son utilizados para la industria minera, 19 empresas han obtenido la autorización de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y es el río Pánuco del que más se destina agua para la actividad minera.
La comunidad indígena de Quinchía convocará una ‘Consulta Previa’ por los daños ambientales que están recibiendo las zonas rurales La Cumbre y Miraflores, tras las exploraciones mineras que realizan empresas multinacionales. Los líderes indígenas afirman que con la exploración el agua y los animales son los primeros perjudicados, pues en los últimos días aparecieron 6 gallinazos muertos por culpa, afirman, del agua contaminada.
Codelco Andina determinó la causa del derrame de concentrado de cobre que afectó a Los Andes, mientras que ambientalistas piden sanciones para los responsables.