Republica Dominicana

Beneficios minería no están impactando población

Por: Yanet Féliz, yanetfeliz2@hotmail.com,   23-02- 2017
Santo Domingo.-El senador Félix Nova reveló que la provincia Monseñor Nouel no recibe beneficios económicos de las operaciones que realiza la minera Falconbridge Dominicana, ya que supuestamente no reporta ganancias de sus actividades en esa provincia.

Este reporte de pérdidas lo realiza la empresa desde el año 2008.
Sin embargo, ocurre a pesar de que el Estado es dueño de 285 mil acciones en Falconbridge Dominicana, equivalente a un 10 por ciento de sus ganancias, lo cual va al Ayuntamiento.

En tanto, que las ganancias que se reciben por la explotación de la mina Cerro Maimón van a las arcas del Gobierno. “En toda la historia hemos recibido mil y tantos millones de los beneficios de Falconbridge, que se han invertido en obras, pero de 2007 acá no hemos recibido nada, porque la empresa no ha estado operando, y cuando lo hace como ahora, que no tiene, no nos corresponde nada”, detalló Ángel Genao.

Estadio y tractor

Fruto de una deuda de RD$140 millones que el Estado tenía por asumir la terminación de la UASD, la Oficina Supervisora de Obras del Estado les prometió 280 millones en obras, 50 millones de pesos de los cuales eran la terminación de un estadio de béisbol, pero este no se ha concluido.

Beneficios minería no están impactando población

Internacional

Sí a la Tierra Viva hace zozobrar el plan de Quantum Minería para extraer tierras raras en Castilla-La Mancha

22-02-2017
La empresa actúa a la desesperada ofreciendo una rueda de prensa en Ciudad Real tras la denuncia de la Plataforma, cuyo equipo jurídico ha verificado que la mercantil entregó supuestamente su Estudio de Impacto Ambiental fuera del plazo legal establecido.
Manifestación contra la minería de tierras raras / Plataforma Sí a la Tierra Viva

La minera afirma ahora haber reducido drásticamente su consumo de agua tras haber pasado de los 500.000 metros cúbicos anuales previstos inicialmente a 100.000 durante el mes de enero y a 88.000 a día de hoy, algo que ha sido rápidamente desmentido por la Plataforma, recordando que fue la propia Confederación Hidrográfica del Guadiana la que consideró inviable el proyecto y denegó los recursos hídricos necesarios.

Sí a la Tierra Viva presentó ayer por vía urgente solicitud a la Junta de Castilla-La Mancha instando al Gobierno autonómico a proceder a la inadmisión de la documentación presentada al haberse realizado de forma extemporánea, contactando además con la Oficina del Defensor del Pueblo para que esta por su parte pueda proceder al control de la legalidad.

Según el criterio del equipo jurídico de la Plataforma Sí a la Tierra Viva, la mercantil habría presentado el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) fuera de plazo, ya que este terminaba el pasado 18 de febrero ya que en este caso rige la ley 30/1992, de 26 de noviembre, por  la que se aprueba  la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento Administrativo Común, que considera los sábados como días hábiles, a diferencia de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Para la entidad muestra de ello es la desestimación de la solicitud de la ampliación de plazo realizada por Quantum Minería y que fue dictaminada por la Directora Provincial e la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Dª María del Prado Amores González Gallego, con fecha 16 de enero de 2017, en la que se estableció de forma clara y contundente que la legislación aplicable es la antigua ley de procedimiento, la 30/1992.

Así, la Ley 30/1992 establece en su artículo 48.2 “Si el plazo se fija en meses o años, éstos se computarán a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el siguiente a aquel en que se produzca la estimación o desestimación por silencio administrativo. Si en el mes de vencimiento no hubiera día equivalente a aquel en que comienza el cómputo, se entenderá que el plazo expira el último día del mes”.

Según manifiesta la Plataforma, «de las anteriores previsiones legales queda claro que el dies a quo, es decir, el primer día del plazo es el siguiente a aquel en el que se notifique, comunique o publique el acto correspondiente» preguntándose entonces cuál es el último día del plazo (dies ad quem).

El Tribunal Supremo se ha pronunciado reiteradamente sobre este particular, entendiendo que en los plazos contados por meses, el dies ad quem será el equivalente, en el mes siguiente, al día de la notificación o publicación, sin perjuicio de que el primer día sea el siguiente a éste, tal y como sese pronuncia la Sala Tercera del Alto Tribunal en su Sentencia de 9 de mayo de 2008 (STS 2235/2008), línea jurisprudencial mantenida actualmente por numerosas sentencias.

DE FACTO, QUANTUM MINERÍA ENTREGÓ LA DOCUMENTACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL FUERA DE PLAZO
En conclusión, para Sí a la Tierra Viva, dado que en la solicitud de concesión de explotación de tierras raras tuvo fecha de notificación de 18 de noviembre de 2016, el primer día de plazo (dies a quo) del procedimiento fue el 19 de noviembre, y el ultimo día de plazo (dies ad quem) fue el 18 de febrero de 2017, siendo este día hábil según la Ley 30/1992, legislación aplicable al procedimiento (a diferencia de si hubiese estado regido por la Ley 39/2015), que considera los sábados como días inhábiles.

Para el colectivo, «esta circunstancia conlleva que la presentación del Estudio de Impacto Ambiental por la mercantil Quantum Minería haya sido efectuada fuera del plazo legalmente establecido, ya que este se ha realizado con fecha 20 de febrero de 2017 por lo que la Administración Autonómica, en cumplimiento de la legalidad vigente, ha de remitirse al artículo 92 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, que regula la caducidad de los procedimientos».

http://www.tercerainformacion.es/articulo/actualidad/2017/02/22/si-a-la-tierra-viva-hace-zozobrar-el-plan-de-quantum-mineria-para-extraer-tierras-raras-en-castilla-la-mancha

Mexico

Reiteran pobladores rechazo a minería en Ixtepec, Oaxaca

23-02-2017
Esta pesada maquinaria provocó ayer que ciudadanos pensaran que estaban próximos a iniciar los trabajos de minería, a los cuales se oponen.
CIUDAD IXTEPEC, Oaxaca.- La presencia de maquinaria de trituración tipo industrial en la cabecera municipal de Ciudad Ixtepec causó la alerta entre los habitantes, quienes la fotografiaron y denunciaron su presencia a través de las redes sociales.
De inmediato se organizó una comisión del Comité Ixtepecano en Defensa de la Vida y el Territorio, para alcanzar a la maquinaria y a una camioneta con hombres vestidos de naranja que los acompañaban a la altura del puente de Cheguigo, de acuerdo con el relato del propio Comité.

Emiten alerta
Exigieron a los operadores de la maquinaria que informaran el motivo de su presencia, por lo que éstos respondieron que se trataba de un contrato realizado con un particular para triturar piedras y convertirlas en grava, y posteriormente llevarlas a una zona de la autopista donde estaban reparando un camino.
Tras verificar que la versión era cierta, los miembros del Comité permitieron continuar con los trabajos a la empresa.

A través de una carta a la población, convocaron a las personas a continuar alertas ante la presencia de maquinaria o personas extrañas a la población ante el rumor de una agencia de seguridad privada “ASI” rondando los cerros concesionados por el gobierno federal.

Situación minera
De acuerdo con información recabada por NOTICIAS, en la zona de Los Chimalapas, donde nace más del 40 por ciento de los ríos de México, se ubica La Cristalina, una de las minas de oro, cobre y plata que la Dirección General de Regulación Minera (DGRM) de la Secretaría de Economía dio en concesión por 50 años.

Las dos concesiones en Chimalapas (Mar de Cobre y Jackita), actualmente denominadas “Santa Marta”, abarcan 7 mil 310 hectáreas.
En Santo Domingo Zanatepec y San Pedro Tapanatepec, las tres concesiones mineras suman 19 mil 795 hectáreas, con afectaciones en municipios como Niltepec, Reforma de Pineda, Ixhuatán, San Francisco del Mar, Unión Hidalgo y Santo Domingo Ingenio, en términos de contaminación del agua, el suelo y el aire.

En Ciudad Ixtepec son ocho mil 150 hectáreas para la explotación de oro, plata, plomo, cobre y zinc. En tanto, en el municipio de Laollaga suman 12 mil 462 hectáreas.

Aproximadamente, las concesiones en la región del Istmo de Tehuantepec suman 47 mil 717 hectáreas; de acuerdo con el “Panorama Minero del Estado de Oaxaca” son susceptibles a explotación lotes en los municipios de la Sierra Mixe como Lachiguiri, Guienagati, así como Lieza, Totolapilla, Jalapa del Marqués, Tenango, y Tequisistlán.
http://www.nvinoticias.com/nota/52074/reiteran-pobladores-rechazo-mineria-en-ixtepec-oaxaca

El Salvador

Más voces piden prohibir minería

21-02-2017
La Alianza Social por la Gobernabilidad y la Justicia (ASGOJU) respaldó hoy la propuesta de ley prohibitiva de la minería metálica, presentada reciente por la Iglesia Católica y la UCA
“Apoyamos totalmente esta propuesta de ley que busca prohibir en forma definitiva los nocivos proyectos mineros y exigimos a todos los grupos parlamentarios no postergar la aprobación de tan necesaria normativa”, expresó ASGOJU. “La minería de metales es social y ambientalmente inviable en el país, debido a la estrechez territorial, alta densidad poblacional y grave deterioro de los recursos hídricos”, argumentó en un comunicado de prensa.
ASGOJU también exhortó al Ejecutivo a que “promueva y gestione la aprobación de esta ley en la Asamblea, así como gestiona el aval de otras normativas que le interesan”. Advirtió que, “para ser consecuente con su postura contra la explotación minera, el Presidente Salvador Sánchez Cerén debe procurar la aprobación de una ley que prohíba esa tenebrosa industria”.

Además, ASGOJU demandó de la Fiscalía “acciones urgentes para obligar a la empresa Pacific Rim/Oceana Gold a pagar al Estado salvadoreño la multa de 8 millones de dólares, que le ordenó el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI)”. Denunció que “la transnacional minera se niega a pagar y todavía busca negociar con el gobierno, a pesar de haber perdido su demanda contra el país”.

En su pronunciamiento, ASGOJU llama a “todas las organizaciones populares, sectores sociales y población en general a que respalden la referida propuesta de ley y que exijan a la Asamblea Legislativa su pronta aprobación”. Este mismo llamado reiteró la semana pasada el Arzobispo de San Salvador, Monseñor José Luis Escobar Alas.

Para ASGOJU, la prohibición de la explotación minera debe ser “el inicio de una serie de acciones urgentes orientadas a revertir el grave deterioro ambiental del país” y que, en este sentido, “se acelere también la aprobación de leyes como las de Agua, de Soberanía Alimentaria y de Prohibición de Agrotóxicos”.

También la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) pidió la semana pasada a la Asamblea que apruebe una ley prohibitiva de la minería, ratificando así su postura antiminera reiterada en varios momentos durante la última década. En un comunicado, la PDDH consideró “necesaria y urgente” la prohibición de la explotación minera.

Honduras

José Santos Sevilla, otro líder indígena asesinado en Honduras

Foto: El Heraldo Honduras
17 Feb 2017
José Santos Sevilla, líder de la tribu Tolupán, es un ejemplo más de lo que está significando en Honduras defender la tierra. En el municipio de Orica este ambientalista fue asesinado en horas de la mañana cuando cinco personas desconocidas ingresaron a su casa y le dispararon en repetidas ocasiones.
«El profesor y dirigente indígena José Santos Sevilla fue asesinado a tiros por unos cinco hombres que entraron a su casa en la Montaña de La Flor», a unos 70 km al norte de Tegucigalpa, precisó a la AFP Bertha Oliva, coordinadora de Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras.

Oliva afirma que con Sevilla «pasó lo mismo que con Berta Cáceres y esto coincide con lo que dijo en su informe la organización Global Witness. Que los defensores de la tierra y del ambiente están en peligro de ser asesinados».

El líder indígena era profesor en la comunidad de La Ceiba. Aunque se desconoce las causas de su asesinato, Global Witness, ya había advertido los riesgos para la comunidad indígena Tolupán, integrada por unos 18.000 habitantes de 28 tribus, que defienden sus territorios ancestrales.

El alcalde de Orica, Alexander Rodríguez, dijo que buscará que se investigue el hecho. Sin embargo, las alarmas están encendidas hace meses tras el informe de Global Witness, que hoy el estado niega. La publicación, “Honduras: El lugar más peligroso para defender el planeta”,  ha denunciado los más de 120 asesinatos de defensores y defensoras de la naturaleza que han ocurrido en el país desde 2010, y que, según las investigaciones y denuncias de las comunidades, se ha tratado de crímenes en los que aparecen como responsables “las élites ricas y poderosas del país, entre ellas algunos miembros de la clase política”.

En Honduras, los ambientalistas vienen siendo asesinados por oponerse a la construcción de hidroeléctricas y la puesta en marcha de proyectos mineros, ya que varios de estos quieren imponerse sobre territorios indígenas, afectando los ecosistemas y los derechos de las comunidades. (Le puede interesar: Gobierno hondureño estigmatiza informe de Global Witness)

Ecuador

Detienen a Claudio Washijiat, Vicepresidente de la FICSH

Mas información: http://www.cedhu.org/
El día de hoy aproximadamente a las 11:40 fue detenido Claudio Washikiat, vicepresidente de la Federación Intercultural de Centros Shuar (FICSH),junto con otro ciudadano que hasta el momento no conocemos su nombre. Se informa que fueron detenidos en Sucúa, afuera de la sede de FICSH y que el motivo sería por los hechos sucedidos en Nankints, cantón San Juan Bosco, en la provincia de Morona Santiago y que estarían en la ciudad de Gualaquiza para la audiencia de formulación de cargos.

Pese a que el 15 de febrero terminó el Estado de Excepción dictado en esa provincia dos meses antes, el gobierno nacional ejecuta acciones represivas y de persecución contra dirigentes y líderes de la Nacionalidad Shuar. Esta detención se suma a la de otros dirigentes procesados y detenidos, entre ellos Agustín Wachapá presidente de esa misma organización detenido en la cárcel regional de Latacunga, a quiénes se les pretende responsabilizar por la violencia provocada por el Estado en el territorio.

Mientras la atención mediática del país se concentra en el proceso electoral y la espera por los resultados, denunciamos que el gobierno nacional continúa persiguiendo a defensoras y defensores de derechos humanos que se oponen a minería en un contexto de militarización de territorios indígenas y campesinos, que a la fecha significa el desplazamiento forzado de los centros shuar Nankints y Tsuntsuim, para beneficiar a las actividades mineras de la empresa ExplorCobres S.A. (EXSA), subsidiaria del consorcio chino CRCC Tongguan Investment.

Se debe recordar que esta empresa no realizó procesos de consulta previa en territorios indígenas, no cuenta con legitimación social de campesinos e indígenas e incumplió el mandato minero emitido en 2008 pese a que sus concesiones incurren en varias causales previstas, entre ellas la afectación a fuentes de agua y acaparamiento de tierras por tener más de tres concesiones.

Responsabilizamos al Estado por la integridad física de Claudio Washikiat y la otra persona detenida. Denunciamos los irregulares procesos de detención en contra de dirigentes indígenas defensores de derechos territoriales.

Colombia

Pueblo indígena Gunadule protesta por licencias mineras cerca de su territorio

La comunidad indígena de Caimán, en Necoclí, pide al gobernador Luis Pérez que revise esas concesiones mineras.
Gobernación de Antioquia
Caracol Radio Medellín, 21-02-2017
Ante el inicio de trabajos de exploración y el uso de explosivos en un territorio que consideran sagrado, las autoridades tradicionales del pueblo Gunadule que habita el resguardo Caimán, municipio de Necoclí, visitaron al Gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, y expresaron la preocupación colectiva de su pueblo, al tiempo que pidieron la revisión de las licencias y concesiones entregadas para una explotación de carbón, en cercanías de su resguardo.
Los caciques y sabios Gunadule, así como el Consejo Mayor de Gobierno Indígena de la OIA, pidieron al gobernador Pérez Gutiérrez que la Secretaría de Minas examine las licencias y concesiones otorgadas a la firma Continental de Carbones S. A., que sería la encargada de la explotación del mineral.
Los representantes de los más de 2 mil indígenas que habitan las comunidades Caimán Alto y Caimán bajo, plantearon al gobernador Pérez Gutiérrez que a pesar de afectaciones medio ambientales y sociales que ocasionaría la minería en su resguardo, no se ha hecho el proceso de Consulta Previa, Libre e Informada como lo establece la ley, por lo cual el proyecto debería ser suspendido o revocada la licencia de ser el caso.

El Gobernador Luis Pérez se comprometió a hacer una revisión de ese proceso minero y garantizó que bajo ninguna circunstancia se violarán los derechos de los que son acreedores los pueblos indígenas, por lo que brindó todo el apoyo institucional a las comunidades de este municipio del Urabá antioqueño.

La Organización Indígena de Antioquia y la comunidad del Resguardo Gunadule esperan la presencia del gobernador Pérez Gutiérrez en su territorio
http://caracol.com.co/emisora/2017/02/21/medellin/1487680952_497203.html

Colombia

Corte deja en firme fallo que permite a alcaldes prohibir la minería

La Sala Plena determinó que antes de iniciar un proyecto minero deberán ser consultados los entes territoriales y locales.
Colprensa, Caracol Radio. 16-02-2017
La Sala Plena de la Corte Constitucional ratificó la sentencia T-455 de 2016 que obliga a las empresas mineras tener en cuenta la opinión de los entes territoriales y alcaldes antes de iniciar un proyecto minero.

La sentencia señala que los entes territoriales locales y regionales si puedes prohibir las actividades mineras si consideran que generan alguna afectación a la población o el medio ambiente, “los entes territoriales poseen la competencia para regular el uso del suelo y garantizar la protección del medio ambiente», ratifica el fallo.

La Corte además le recordó al Gobierno que debe adelantar una investigación sobre el impacto que ha tenido la minería en los ecosistemas del país.
http://caracol.com.co/radio/2017/02/16/judicial/1487249554_778561.html

Colombia

‘La consulta popular minera sigue viva’: alcalde de Ibagué

Guillermo Alfonso Jaramillo deberá presentar una nueva pregunta para la consulta, en marzo.
Por:  Redacción EL TIEMPO, 20-02-2017
Guillermo Alfonso Jaramillo, alcalde de Ibagué.
Foto: Archivo EL TIEMPO
Un nuevo pronunciamiento en defensa de la consulta popular minera hizo este lunes el alcalde de Ibagué, Guillermo Alfonso Jaramillo.
“Se ha especulado que la consulta popular minera se cayó por decisión del Consejo de Estado, pero queremos afirmar que cada día estamos más afianzados en este proceso que busca salvaguardar el agua de la ciudad”, afirmó el mandatario  y agregó que “la consulta sigue más viva que nunca”.

Insistió que “la consulta se hará para que el pueblo decida si quiere minería o si  no quiere minería a cielo abierto contaminante con cianuro”.

Celebró que el Consejo de Estado determinara que como Alcalde tiene potestad de convocar la consulta y formular la pregunta a los ciudadanos, “lo que significa que tenemos competencia para reglamentar los usos del suelo y del subsuelo”.

Explicó que existen 45.000 hectáreas concesionadas y 35.000 más están en proceso de concesionarse, “pero buena parte sería para la minera Anglogold Ashanti”.

Jaramillo desestimó ataques por promover la consulta y afirmó que no hace campaña política con la consulta minera, pues su intención es ordenar el territorio “para no convertirnos en una La Guajira sin agua, o en una zona como el Bajo Cauca antioqueño, con 50.000 hectáreas destruidas por la megaminería”.

El pronunciamiento surgió días después de una decisión del Consejo de Estado que señaló que la pregunta no podía ser la que propuso en un principio el alcalde Jaramillo, que decía “¿Está usted de acuerdo SÍ o NO que en el municipio de Ibagué se ejecuten proyectos y actividades mineras que impliquen contaminación del suelo, pérdida o contaminación de las aguas o afectación de la vocación agropecuaria y turística del municipio?”, pues “Se evidencia que no era neutral y no garantiza la libertad del elector, ya que induce a una respuesta.

El Consejo de Estado también le solicitó al Tribunal Administrativo del Tolima que dicte una sentencia de reemplazo a la pregunta, en la cual se atiendan los parámetros fijados en la presente providencia.

El pronunciamiento debe darse en marzo.
http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/alcalde-de-ibague-habla-sobre-consulta-minera/16824448

Internacional

Afectados por la minería logran alzar su voz en Sudáfrica

Por Mark Olalde
Una delegada de la Indaba Minera Alternativa baila durante la marcha del 8 de febrero de 2017. Crédito: Mark Olalde/IPS.
CIUDAD DEL CABO, Sudáfrica, 20 feb 2017 (IPS) – “Camaradas, llegamos. Hace ocho años que esperábamos esto. Logramos llegar a este lugar”, arengó el obispo anglicano Jo Seoka, deteniéndose por las expresiones de algarabía de una multitud reunida en esta ciudad sudafricana en protesta contra la minería irresponsable.

Seoka, presidente de la organización no gubernamental sudafricana Fundación Bench Marks, se dirigió así a los manifestantes que daban rienda suelta a años de frustraciones con la industria minera local.

La protesta del 8 de este mes formó parte del encuentro anual Indaba Minera Alternativa (AMI, en inglés), realizado en Ciudad del Cabo, y llamada así por el nombre de una importante conferencia celebrada de los pueblos zulú y xhosa en Sudáfrica.

Ese día se reunieron los residentes de las comunidades afectadas por la minería y representantes de organizaciones de la sociedad civil para intercambiar información sobre los problemas comunes generados por la minería.

En el tercer y último día del encuentro, los participantes salieron a la calle para presentar la declaración con sus reclamos a la industria y a los delegados gubernamentales.

En una primera instancia, la policía impidió el avance de la marcha hacia el centro de convenciones, donde se llevaba adelante la Indaba Minera, reunión paralela de la industria minera, lo que enfadó más a los manifestantes, quienes se quejan que desde años no se los toma en cuenta.

Finalmente, la marcha llegó hasta las puertas del centro de conferencia donde la policía y guardias privados de seguridad les bloquearon el ingreso, y reclamaron hablar con los miembros de la Indaba Minera.

“Como ciudadanos y representantes de organizaciones ciudadanas, deseamos expresar nuestra voluntad de trabajar con los gobiernos africanos y otros actores para buscar cómo aprovechar los vastos recursos extractivos para respaldar la transformación socioeconómica de África, y la (Visión de la Minería) sienta las bases para ello”, reza la declaración.

“Agradezco mucho la voluntad de diálogo, y creo que es el primer paso para crear una visión común”, destacó Tom Butler, director general del Consejo Internacional sobre Minería & Metales, frente a la multitud, antes de firmar la recepción de la declaración y de pasársela al director de la Indaba Minera para que hiciera lo mismo.
Afectados por la minería logran alzar su voz en Sudáfrica

Los participantes de la Indaba Minería Alternativa bailan y cantan canciones de protesta durante la marcha del 8 de febrero de 2017. Crédito: Mark Olalde/IPS.

A diferencia de Butler que se acercó a la AMI en nombre de la industria minera, muy pocos integrantes del gobierno o del sector hicieron lo mismo. La cuenta oficial de Twitter de la Indaba Minera incluso bloqueó a varios delegados de la AMI que usaron las redes sociales para hacer denuncias.

En la Indaba Minera participaron ministros de Minería, gerentes de mineras y otros representantes de la industria para conectarse y lograr acuerdos. Durante el encuentro, Sudáfrica y Japón, por ejemplo, suscribieron un tratado para impulsar la colaboración en la cadena de valor.

“Esta Indaba reafirmó el estatus de Sudáfrica como destino preferido de las inversiones”, indicó el ministro de Minería, Mosebenzi Zwane, en una declaración al final del encuentro.

“Como gobierno, nos reconforta esto y nos comprometemos de nuevo a garantizar la necesaria seguridad de las políticas y la normativa para atraer aún más inversiones a nuestro país”, añadió.

En su discurso de inauguración de la reunión, Zwane también anunció que el borrador de la nueva Carta Minera, el documento que fija el funcionamiento del sector, se publicaría en marzo.

Pero la AMI surgió como una reacción de la comunidad por la toma de decisiones sin consultas previas con los afectados.

“Van a encontrar a esta masa de gente apiñada”, aseguró Mandla Hadebe, uno de los organizaciones del encuentro alternativo, refiriéndose a los objetivos de la protesta en su primer año de realizado, donde solo había 40 delegados participantes.
Afectados por la minería logran alzar su voz en Sudáfrica

Una delegada de Swazilandia a la Indaba Minera Alternativa canta canciones de protesta. Crédito: Mark Olalde/IPS.

Pero en sus ocho años de historia, AMI creció hasta los actuales 450 representantes de 43 países. Los delegados llegaron desde distintas partes de África, desde Egipto, pasando por República Democrática del Congo, hasta Malawi, además de otros lugares del mundo tan distintos como Camboya, Bolivia y Australia, para compartir sus historias.

“Esto no hace más que mostrar que la lucha es la misma y que estamos decididos a unirnos por un fin común”, comentó Hadebe, en relación al crecimiento del encuentro. “Queremos transparencia, queremos que asuman su responsabilidad y, lo más importante, queremos que participen las personas perjudicadas por la minería”, precisó.

Numerosos paneles ofrecieron a los activistas plataformas para compartir sus historias y métodos de resistencia. Las salas de conferencias contaban con traductores de inglés, francés y portugués, una necesidad, además de un nodo tácito para los efectos siempre presentes del mismo colonialismo que trajo a la minería.

“Al principio escuchamos promesas”, relató una activista peruana. “Ya pasaron 30 años y ahora llamo a esta segunda parte del proceso ‘las mentiras’”, añadió.

“Tratamos de construir una masa crítica que esté lo suficientemente enojada como para hacer frente a la minería irresponsable”, explicó un delegado de Kenia.

Hubo paneles específicos sobre los desafíos que presenta la industria extractiva en África. Por ejemplo, se mencionó la necesidad de abandonar los impuestos indirectos por otros directos a las empresas mineras.
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El presentador, un integrante de la Red de Justicia Fiscal – África, explicó que el aumento de las auditorías del gobierno llevó a un crecimiento de los ingresos fiscales desde 2009, un éxito inusitado, opinó.

Otro panel se concentró en la inminente pérdida de empleos por la generalización de la mecanización, y otro más trató la necesidad de que los gobiernos logren mejores acuerdos con las corporaciones internacionales.

Otras actividades permitieron profundizar el conocimiento sobre asuntos como la corrupción relacionada con la extracción minera en tierras comunales.

En la proyección de un filme documental sobre el activista sudafricano Mbhekiseni Mavuso, los delegados de otros países como Sierra Leona compararon y contrastaron sus propias experiencias de reubicación forzada.

“Nos ven como personas que no contamos. Nos convertimos en ‘víctimas del desarrollo’, lo que también nos convierte en víctimas de la democracia. Estamos en lucha, levantémonos y luchemos”, arengó Mavuso.

Algunas veces, los delegados agarraron el micrófono y lamentaron que sobren las palabras y falten las acciones concretas.

La mayor parte del AMI se concentró en el documento Visión de la Minería para África, elaborado por la Unión Africana (UA). Su objetivo es lograr que los beneficios de la minería lleguen a todos los africanos, pero el texto se concentra en cuestiones generales de política sin tratar directamente el problema de las comunidades afectadas por extracción.

Los tres días que duró la conferencia no alcanzaron para profundizar en cada uno de los asuntos que afectan a los países representados, por lo que los delegados promovieran la idea de tener encuentros nacionales. Así, el año pasado, Madagascar, Angola, Swazilandia y otros más organizaron sus propias indabas alternativas.

Una semana antes de la AMI, se realizó en Sudáfrica la primera conferencia nacional en Johannesburgo. Y a pesar de la frustración y del enfado de muchos delegados, la marcha hacia la Indaba Minera ofreció una provisoria sensación de victoria.

Tras obtener algo de reconocimiento de los representantes de la industria, los participantes en la AMI bailaron y se tomaron selfis fuera del centro de conferencias, lejos de los municipios y de las aldeas rurales vecinas a los sitios de extracción.

Los delegados abandonaron el encuentro en autobuses que se sacudían con su zapateo y sus cánticos. Algunos, incluso, se asomaron a las ventanas para vociferar las últimas consignas en nombre de las comunidades afectadas por la minería.

Las investigaciones sobre minería de Mark Olalde cuentan con apoyo económico del Centro Pulitzer para la Cobertura de Crisis, del Fondo para el Periodismo Ambiental y del Fondo para el Periodismo de Investigación.

Traducido por Verónica Firme

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