CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) manifestó su “enérgica oposición” a los intentos de la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados de aprobar este mes una iniciativa para deducir impuestos a empresas mineras por el concepto de gastos de sus proyectos de exploración.

En un comunicado destacó que “antes de facilitar aún más el proceso de depredación irreversible ocasionado por las empresas extractivas mineras y de continuar vulnerando más y más la soberanía del Estado”, los diputados deberían de legislar para que la minería a cielo abierto se prohíba en definitiva en México, tal como acaba de suceder en la República de El Salvador.

Y lanzó: “¿Cómo es posible que los legisladores continúen favoreciendo y facilitando toda prebenda que la industria extractiva exige para ahora, además del burdo saqueo que hacen de nuestros bienes naturales con daños irreversibles a la salud de la población y al ambiente, entre muchos otros perjuicios, la premien con la deducibilidad de impuestos, colocándose una vez más al servicio de los intereses particulares de empresas ajenas al interés de las colectividades y a la viabilidad misma de sus territorios?”.

La iniciativa –añadió– pasa por alto las desmedidas e insultantes utilidades que dichas empresas generan a su favor, con pagos irrisorios por concesiones, autorizaciones y regalías.

Pero además, subrayó, ningún pago es una solución, porque la salud de las poblaciones y la integridad de los territorios no están en venta, de modo que la única opción es que dejen de operar en México.

De acuerdo con la Rema, la pretendida deducibilidad de impuestos para las iniciativas de exploración minera forma parte de una política fiscal discrecional orientada diferencialmente a beneficio de los grandes capitales, que no sólo afectan territorios impunemente, sino que además se les ofrece el reintegro de una considerable suma de dinero, mientras se acosa a la ciudadanía de menores ingresos que no tiene la capacidad de cabildeo para comprar la voluntad de legisladores y funcionarios gubernamentales, en una manifestación más de “servilismo” a favor de intereses económicos contrarios al bien común de la población y nuestros territorios.

La deducción de impuestos que pretenden las empresas mineras no facilita la apertura de posibilidades dignas de ingreso y de empleo, como se aduce con engaños, sino el despojo del país, poniendo de manifiesto, una vez más, la ausencia de una política clara de impulso económico respetuoso de los seres humanos y de su entorno ambiental. Únicamente se basa en una idea de beneficio económico a corto plazo que no toma en cuenta el medio ambiente y la salud pública, puntualizó.

Según el texto de la Rema, la iniciativa pasa por alto el carácter masivo e irreversible de las afectaciones ambientales, sociales, sanitarias, económicas y políticas que generan impunemente las iniciativas de minería, en particular las que se llevan a cabo bajo la técnica intensiva a tajo abierto y con utilización de tóxicos.

Y se aduce que a partir de reforma fiscal, con la eliminación de la deducibilidad en el primer año de los proyectos de exploración minera, se fueron de México más de 200 empresas y más de 150 proyectos se suspendieron, sostuvo.

Remató: “Por respeto a la vida y por dignidad, nosotros planteamos la necesidad absoluta de que se suspendan todos los proyectos de megaminería tóxica y se cancelen todas las concesiones que el gobierno, criminalmente, les han otorgado”.

Fuente:http://www.proceso.com.mx/481965/reprueban-iniciativa-deducir-impuestos-a-empresas-mineras

OAXACA, Oax. (apro).- El representante común de la resistencia a las altas tarifas de la energía eléctrica en Chahuites, José Alberto Toledo Villalobos, fue asesinado el pasado fin de semana, denunció la organización Articulación de Pueblos Originarios del Istmo de Tehuantepec (Apoyo).

El defensor de los derechos humanos y también de la tierra y territorio contra las altas tarifas y minería en la localidad de San Pedro Tapanatepec, fue agredido a golpes el pasado sábado 8 de abril, alrededor de las 20:00 horas en el tramo carretero entre la colonia San José y la gasolinera de Tapanatepec y falleció un día después en el Hospital de Juchitán.

El cuerpo presentaba múltiples huellas de golpes y contusiones en la cara, mientras que el moto taxi número 13 de la Unión de Mototaxis 12 de octubre de Chahuites, se encontraba destruido totalmente.

Integrantes de Apoyo denunciaron que Toledo Villalobos, quien pertenecía a la Red Nacional de Resistencia Civil, llegó a recibir amenazas de muerte y advertencias de que dejará de exigir bajas tarifas de energía eléctrica.

Según versiones, el defensor fue atacado por varias personas hasta dejarlo en estado de gravedad, razón por la que ingresó al hospital básico comunitario de Tapanatepec, sin que se le brindara la atención médica adecuada y finalmente lo trasladaron al Hospital General de Juchitán donde falleció.

Precisaron que Toledo Villalobos, era el representante común de los compañeros que se encuentran en resistencia a las altas tarifas de la energía eléctrica en Chahuites, además era un acérrimo defensor del territorio contra la mineras que se piensan instalar en esa zona oriente de la región del Istmo.

Durante el mes de febrero, integrantes de Apoyo de Tapanatepec, Zanatepec y Chahuites realizaron diversas acciones de resistencia contra la CFE, porque la superintendencia de la Zona Istmo no estaba respetando los acuerdos nacionales, entre la Red Nacional y la paraestatal.

Pese a esto, la CFE se dedicó a hostigar a los compañeros de la Zona Oriente cortándoles el suministro eléctrico durante todo el mes de marzo.

Finalmente, responsabilizaron a la Comisión Federal de Electricidad como actora intelectual del asesinato de Toledo Villalobos, así como al gobierno estatal y federal por su incapacidad para dar seguridad a los defensores de derechos humanos.

Fuente:http://www.proceso.com.mx/481876/asesinan-a-activista-opositor-a-la-mineria-las-altas-tarifas-luz-en-oaxaca

Denunciamos el contubernio del gobierno de Chiapas con las empresas mineras en el Soconusco. La empresa minera el Puntal S.A. de C.V. hostiga, amenaza y bloquea a los ejidos que denuncian la actividad minera. El gobierno de Chiapas omite las denuncias de la población, simula atención al conflicto y apoya a las empresas mineras.

En febrero de este año, el Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de Junio (FPDS) comunicamos nuestra decisión de suspender las mesas de trabajo establecidas con el gobierno de Chiapas por incumplimiento de acuerdos, así como los hechos que nos demostraron su complicidad con la empresa El Puntal S.A de C.V. para crear división comunitaria en los ejidos y deslegitimar nuestra lucha .

Hoy, alzamos la voz y llamamos a los medios de comunicación, organizaciones y colectivos para denunciar que las amenazas y hostigamiento por parte de la empresa minera El Puntal S.A de C.V. se elevan con la protección de la Policía Estatal y que las instancias de Salud y Medio Ambiente del gobierno de Chiapas cierran el trabajo de investigación que les correspondería realizar para atender los casos de afectación a la salud, niegan todo tipo de contaminación o alteración al medio ambiente, justifican los permisos autorizados a las empresas y desvían responsabilidades entre diferentes instancias para no asumirlas.

Lo que afirman las instancias de Salud y Medio Ambiente, y lo que les contestamos:

a) El Dr. José Esaú Guzmán Morales, Jefe de Jurisdicción Sanitaria No.7 afirma no encontrar casos sospechosos de afectación a la salud o indicios de algún problema en el agua por la minera en el ejido Libertad, tampoco acepta aumento en la mortalidad en Acacoyagua (Oficio no. JST/ST/005/2147/2017).

Contestamos: Las conclusiones que elabora el Dr. José Esaú Guzmán Morales son a base de una brigada de visita al ejido Libertad que realizó una campaña de limpieza de manos, en una sola visita de 3 horas el 6 de octubre del 2016, sin presentar perfil profesional del personal, protocolo de investigación epidemiológica y estudios del agua que comprueben que la comunidad no se encuentra expuesta a ningún tipo de contaminación.

b) Amado Ríos Valdez, Delegado en Chiapas de la Secretaría del Medio Ambiente (SEMARNAT) detalla que los permisos para la explotación y exploración para la empresa El Puntal S.A de C.V. fueron otorgados para que la ilmenita (la roca de donde se extrae el titanio) fuera extraída en bruto y se llevara a otro lugar para la separación de minerales (oficio Núm. 127DFSMARNT/15S.114.3/626/2017). Expone que el titanio no es contaminante e incluso que el dióxido de titanio se utiliza en varios productos.

Contestamos:

– El proyecto «Casas Viejas» es solo uno de los cinco proyectos establecidos desde el 2012 en Acacoyagua y Escuintla que se encuentran en el área de amortiguamiento de la Reserva de la Biósfera de El Triunfo y en un área de una de las fallas tectónicas más importantes de México: la falla de Matagua (de la que ya se han extraído 49,000 toneladas de titanio, según reporte de la empresa Male S.A de C.V.).

– Además, la SEMARNAT no contempla los impactos acumulativos de todos los proyectos para la Reserva de la Biósfera La Encrucijada (ubicada río debajo de los ríos Cacaluta y Cintalapa): deforestación, riesgo para la biodiversidad que mantiene el ecosistema, daño a los mantos acuíferos por los barrenos, entre otros. Además, aunque afirma que no ha otorgado permisos en área de reserva natural si los ha otorgado para 17 concesiones más.

c) La PROFEPA por su parte, junto con la delegación de la SEMARNAT, asegura que no realiza ninguna inspección porque la mina «Casas Viejas» apenas se encuentra en fase de exploración.

Contestamos: La población ha comprobado la extracción del mineral y dos carreteras clandestinas para transportar el material. La PROFEPA no presentó los reportes semestrales de atención a medidas de mitigación para la supuesta fase de exploración.

Por todo lo anterior, denunciamos que el gobierno de Chiapas no cumplió con los compromisos que tomó en el marco de las mesas de trabajo y simuló atender el conflicto minero y las violaciones a derechos humanos que sufrimos en la región a causa de la actividad minera.

Expresamos nuestra preocupación por el avance de las amenazas y hostigamiento hacia los campamentos y a los integrantes del FPDS:

– El bloqueo de la empresa El Puntal S.A. de C.V. al paso para la administración del agua potable en el ejido de La Cadena, en el lote «El Encuentro»;

– Hostigamiento a los y las integrantes del FPDS por parte de elementos la Policía Estatal el 8 de abril 2017 en el campamento «José Luciano» ubicado en La Cadena;

– Notas en periódicos y en la radio donde se asegura que los/as integrantes del FPDS son grupos de choque, amenazan a la población y extorsionan a la población para dar paso en los campamentos.

Exigimos:

1. La suspensión definitiva de la actividad minera en la región, así como realice la vigilancia correspondiente por parte de las Autoridades ambientales;
2. El cese al hostigamiento y amenazas al FPDS. Alertamos sobre el incremento de las amenazas y protección del gobierno hacia las mineras;
3. La cancelación definitiva de los permisos y concesiones otorgados a empresas mineras en Escuintla y Acacoyagua.

FRENTE POPULAR EN DEFENSA DEL SOCONUSCO 20 DE JUNIO (FPDS)

RED MEXICANA DE AFECTADOS POR LA MINERÍA (REMA)

Fuente:http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Noticias/Mexico_-_Chiapas_Defensore_as_del_territorio_de_la_Costa_denuncian_el_contubernio_del_gobierno_estatal_con_las_empresas_mineras

COMUNICADO

10 de Abril 2017

Ante la pretensión de la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados de aprobar en este mes de abril de 2017 una iniciativa para establecer la deducibilidad de impuestos a favor de las empresas mineras por el concepto de gastos de sus proyectos de exploración, la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) manifiesta su enérgica oposición al respecto, porque antes de facilitarle aún más el proceso de depredación irreversible ocasionado por las empresas extractivas mineras y de continuar vulnerando más y más la soberanía del Estado, deberían de legislar para que la minería a cielo abierto se prohíba en definitiva en México, tal como acaba de suceder en la República de El Salvador.

¿Cómo es posible que los legisladores continúen favoreciendo y facilitándoles toda prebenda que la industria extractiva exige, para ahora, además del burdo saqueo que hacen de nuestros bienes naturales con daños irreversibles a la salud de la población y al ambiente, entre muchos otros perjuicios, las premien con la deducibilidad de impuestos, colocándose una vez más al servicio de los intereses particulares de empresas ajenas al interés de las colectividades y a la viabilidad

misma de sus territorios.

La iniciativa pasa por alto las desmedidas e insultantes utilidades que dichas empresas generan a su favor, con pagos irrisorios por concesiones, autorizaciones y regalías. Pero además, ningún pago es una solución, porque la salud de las poblaciones y la integridad de los territorios no está en venta, de modo que la única opción es que dejen de operar en México.

La pretendida deducibilidad de impuestos para las iniciativas de exploración minera forma parte de una política fiscal discrecional orientada diferencialmente a beneficio de los grandes capitales, que no sólo afectan territorios impunemente, sino que además se les ofrece el reintegro de una considerable suma de dinero, mientras se acosa a la ciudadanía de menores ingresos que no tiene la capacidad de cabildeo para comprar la voluntad de legisladores y funcionarios gubernamentales, en una manifestación más de servilismo a favor de intereses económicos contrarios al bien común de nuestra población y de nuestros territorios.

La deducción de impuestos que pretenden las empresas mineras no facilita la apertura de posibilidades dignas de ingreso y de empleo, como se aduce con engaños, sino el despojo del país, poniendo de manifiesto, una vez más y categóricamente, la ausencia de una política clara de impulso económico respetuoso de los seres humanos y de su entorno ambiental . Únicamente se basa en una idea de beneficio económico cortoplacista que no toma en cuenta el medio ambiente

y la salud pública.

La iniciativa pasa por alto el carácter masivo e irreversible de las afectaciones ambientales, sociales, sanitarias, económicas y políticas que generan impunemente las iniciativas de minería, en particular las que se llevan a cabo bajo la técnica intensiva a tajo abierto y con utilización de tóxicos.

Se aduce que a partir de reforma fiscal, con la eliminación de la deducibilidad en el primer año de los proyectos de exploración minera se fueron de México más de 200 empresas y más de 150 proyectos se suspendieron. Por respeto a la vida y por dignidad, nosotros planteamos la necesidad absoluta de que se suspendan todos los proyectos de megaminería tóxica y se cancelen todas las concesiones que el gobierno, criminalmente, les han otorgado.

RED MEXICANA DE AFECTADOS POR LA MINERÍA

REMA