(España)-. Ávila sigue en pie de guerra contra las minas de feldespato. El Valle del Corneja, «último damnificado» de la empresa “Transportes, excavaciones y hormigones Sonsoles S.L.”, acaba de dar sus primeros pasos para constituir una plataforma ciudadana en defensa de los pueblos afectados: Tórtoles, Becedillas – con Casillas de Chicapierna-, Zapardiel de la Cañada y Bonilla de la Sierra – con sus anejos Cabezas de Bonilla, Pajarejos y Rivera de Corneja- siendo Bonilla “Conjunto Histórico Artístico” en 1983.

Con el nombre “No a la mina en el Valle del Corneja”, están dispuestos a preservar la agricultura, ganadería, turismo y medio ambiente de la zona.

Aunque no son los primeros afectados, Valle Amblés, Río Frío y Sierra de Ávila le llevan la delantera, afirman que su problema es más grave, ya que si bien la empresa minera solicitó el permiso de investigación “Sonsoles”, Número 1138, sobre una superficie de 54 cuadrículas mineras, en parcelas privadas, a finales del año 2014, no ha sido hasta hace escasas semanas cuando los vecinos conocieron, a través del BOP (Boletín Oficial de la Provincia) que el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de Ávila había concedido el permiso para hacer prospecciones en sus tierras en busca de feldespato.

El descontento de los vecinos hacia sus alcaldes es patente, al no entender cómo no han sido informados antes, «ya que tras el tiempo perdido también ha quedado por el camino la posibilidad de hacer alegaciones en contra de una posible mina en la zona».

Con el fin de dar a conocer a los afectados la situación, los miembros de la plataforma en ciernes han organizado una reunión en Bonilla de la Sierra, en la que los alcaldes, «sin previo aviso», han decidido dar a conocer su versión de los hechos. Si bien mostraron su unión a la plataforma en contra de la mina, respecto al expediente se limitaron a decir que como regidores no podían oponerse al edicto, aunque desconocían cómo tenían que proceder, por lo que tras conocer por la página de Facebook “No a la mina en el Valle del Corneja” el malestar de los vecinos, están informándose sobre las competencias que el Ayuntamiento puede llegar a tener al respecto.

Tras los alcaldes llegó el turno de los convocantes, que si bien mostraron su malestar por la intromisión en el acto, agradecieron el apoyo de los ediles en la lucha. Comentaron que el retraso en conocer la noticia ha tirado por la borda la posibilidad de realizar las alegaciones oportunas, si bien van a presentar en los próximos días diferentes recursos de alzada.

En una “voz común de amor hacia sus pueblos”, reconocieron que van a llevar a cabo una lucha sin cuartel para evitar que las prospecciones se lleven a cabo, ya que si se encuentra feldespato, vendrían las expropiaciones de las tierras y las nefastas consecuencias, entre ellas la pérdida del PAC, ya que la tierra ganadera pasaría a ser minera.

Al evento también acudieron miembros del PSOE en la Diputación y en las Cortes de Castilla y León, por lo que los organizadores del acto llamaron su atención con el fin de que muestren su sensibilidad para que actúen en contra de una Ley de Minas que se firmó en el año 1973.

También hicieron un llamamiento a los alcaldes para que apuesten por la economía rural, no por las minas porque, tal y como recordaron: “Ávila no es una provincia minera y no queremos irnos de nuestras tierras. No queremos abandonar nuestros pueblos”.

Llamamiento que tuvo su efecto, ya que los políticos allí presentes aseguraron no solo que todos están en contra de la mina sino que prometieron luchar por cambiar esta ley, comprometiéndose a hacer llegar al Gobierno Central una moción para que derogue la actual Ley de Minas”. E instaron a luchar todos juntos para conseguir una gran presión social. Por su parte los alcaldes se han comprometido a hacer un escrito en contra de la mina.

Desde “No a la mina en el Valle del Corneja” han puesto en marcha otras iniciativas como la recogida de firmas en la plataforma Change.org, iniciativa que también llevarán a cabo de forma física.

Fuente:http://www.noalamina.org/mundo/europa/item/16987-vecinos-crean-plataforma-no-a-la-mina-en-el-valle-del-corneja-contra-mina-feldespato

Estados Unidos da un paso atrás en la regulación de industrias extractivas que puedan implicar violación de Derechos Humanos. La Unión Europea vota hoy para retomar el liderazgo en esta legislación

El de las industrias extractivas ha sido tradicionalmente uno de los sectores menos transparentes que existen en esta economía globalizada, ya de por sí opaca para el común de los mortales. Entiéndase por industrias extractivas los negocios y las empresas dedicados a “la exploración, la extracción, la comercialización, el procesamiento y otras actividades importantes relacionadas con el gas, el petróleo o los minerales”. Muchas de las empresas dedicadas a estos menesteres son multinacionales, es decir, su actividad trasciende fronteras. Pueden tener la matriz en Estados Unidos, Inglaterra o Canadá, y operar (directa o indirectamente, a través de una subcontrata) en terceros países.

La presencia en un país de abundantes reservas de estas materias primas, por otra parte, constituye un poderoso incentivo para la corrupción de las élites o la acción de grupos armados, que pueden ganar enormes fortunas chanchulleando con estos recursos. Así, los beneficios de su venta a menudo salen hacia el exterior o se pierden por el camino, mientras que para las comunidades locales sólo quedan los daños de la contaminación medioambiental, la amenaza del desplazamiento forzoso o el silencio impuesto por los asesinatos selectivos y la represión.

Allá por 2010, dos años después de que estallara la Gran Recesión, la misma que obligó al Gobierno estadounidense a rescatar a la banca a cargo del contribuyente, el entonces presidente Obama aprobó la Ley de Reforma de Wall Street, también conocida como la ley Dodd Frank. Su finalidad era proteger al consumidor de los desmanes del sector financiero, aportando mayores controles y fomentando la transparencia empresarial.

No obstante, aprovechando la idoneidad del momento para corregir las disfunciones del mercado y luchar contra la opacidad, se incorporaron dos cláusulas que afectan directamente a las industrias extractivas. La sección 1504, que obliga a las industrias estadounidenses del gas, el petróleo o la minería a hacer públicos los pagos que realizan a Gobiernos extranjeros para acceder a estos recursos. Y la sección 1502, que exige a las empresas que emplean de cuatro minerales concretos (oro, tungsteno, wolframio y tantalio, también conocidos como 3TG por sus siglas inglesas y altamente demandados por las industrias electrónicas) a investigar y tomar las medidas pertinentes si su procedencia se halla en las zonas en conflicto existentes en la República Democrática del Congo y los nueve países colindantes.

Ambas reglamentaciones, aun con sus debilidades, supusieron un gran avance a nivel mundial. No sólo por dotar de carácter vinculante a las recomendaciones de la OCDE sobre la diligencia debida, contribuyendo así al desarrollo legislativo de los principios de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos; sino porque su aplicación hizo posible conocer mejor cómo funcionan las cadenas de suministro global de estas industrias, proporcionando información importante tanto para la lucha contra la corrupción como para la concienciación de los consumidores. Por estas razones las dos secciones mencionadas más arriba han inspirado leyes similares en otros países.

Sin embargo, la nueva administración Trump, en su búsqueda de la grandeza perdida, ha decidido acabar con este particular legado de Obama y lo está haciendo en tiempo récord. Lo había prometido en campaña, pero las dudas sobre si sería capaz de cumplir o no comenzaron a despejarse cuando nombró a Rex Tillerson, exdirector ejecutivo de la petrolera Exxon Mobile y un enemigo declarado de la Dodd Frank, como Secretario de Estado. El mensaje para las industrias extractivas era claro: los días de vino y rosas han vuelto, ¡Qué empiece la fiesta!

El pasado mes de febrero, el Congreso de los Estados Unidos logró tumbar la sección 1504, relativa a la transparencia de los pagos a Gobiernos extranjeros, y poco después se filtró la orden ejecutiva firmada por el propio Trump para hacer lo mismo con la 1502, que afecta al suministro de “minerales en conflicto” procedentes de los Grandes Lagos africanos.

Ésta última ya fue atacada durante su implementación por los lobbies de las industrias afectadas que pidieron su derogación ante el Tribunal Supremo alegando que la obligación de publicar si sus productos contienen o no “minerales en conflicto” vulneraba la primera enmienda (es decir, su libertad de expresión o, mejor dicho, su derecho a “no declarar públicamente cómo hacen negocios” que es lo que buscaban realmente). Si aquella argumentación parecía rebuscada, la empleada ahora por la administración Trump puede calificarse directamente como una mentira fabricada mediante la selección de datos aleatorios y la exageración interesada de los costes de su implementación.

Es mucho más fácil entender las resistencias a esta legislación a partir de las palabras pronunciadas por Obama poco antes de aprobarla: “Los únicos que deberían temer el tipo de supervisión y transparencia que proponemos son aquellos cuya conducta no superaría este escrutinio”. Éstos son los mismos, me temo, que ahora están al mando.

Así pues, mientras Estados Unidos parece empeñado en dar pasos atrás, la Unión Europea tiene una oportunidad única para retomar el liderazgo en este tipo de legislaciones. El pasado diciembre se llegó a un acuerdo político sobre la regulación europea del suministro responsable de “minerales en conflicto” y, salvo sorpresas de última hora, la ley se aprobará por votación el próximo 15 de marzo. Las ONG europeas hemos sido críticas con el contenido, pero, pese a sus limitaciones, creemos que es positivo contar con una legislación y seguiremos de cerca su implementación.

Porque si no exigimos esa transparencia y control a las empresas que comercian con los recursos naturales, los flujos de dinero seguirán siendo opacos, las élites de países en desarrollo seguirán corrompiéndose y las violaciones de derechos humanos en seguirán quedando impunes. Desde la Campaña Tecnología Libre de Conflicto, de ALBOAN, queremos formar una ciudadanía crítica con estas cuestiones, dispuesta a ayudar a quienes sufren la violencia de los conflictos mineros y a pelear en su nombre para exigir a nuestras autoridades que regulen las cadenas de suministro de estos minerales.

Fuente:http://elpais.com/elpais/2017/03/10/planeta_futuro/1489161724_873110.html?id_externo_rsoc=FB_CC