En los páramos de Colombia, de donde procede el 70% de las aguas que consumen los colombianos, se reportan 522 títulos mineros; el plátano, la caña de azúcar y la palma aceitera acaparan el 68,62% de la ‘apropiación’ del agua en el país y el sector hidroeléctrico ocupa el segundo lugar de la demanda hidríca. De las 318 cabeceras municipales con probabilidad de desabastecimiento, 65 lo sufren por limitaciones en sus infraestructuras, y la gestión del agua sigue privatizándose. La industria embotelladora también crece, con beneficios de 240 mil millones de pesos al año, y el 1,1% de las concesiones de agua en Colombia acapara el 62% del volumen de agua concedida en el país. Según el estudio Roa, García y Brown de 2015, de los 20 mayores beneficiarios por volumen de agua individuales, 10 son para hidroeléctricas, 5 para la agricultura con distritos de riego a gran escala y el tercer lugar lo ocupa una cementera que tiene industrias en 4 departamentos. De los 20 mayores beneficiados por número de concesiones, la mitad es para molinos de caña de azúcar.

Por culpa de la contaminación de las aguas, en La Guajira ha disminuido de forma considerable la pesca y las actividades agrícolas, y es más difícil la manutención de los animales. Lo cuentan sus pobladores, que solo salen en las noticia por la sequía y la desnutrición infantil. Las comunidades afrodescendientes e indígenas aseguran que han desparecido entre 8 y 10 arroyos y quebradas. Pero la mina de El Cerrejón tiene permiso para utilizar 25 litros de agua por segundo del río Ranchería y 17.000 metros cúbicos de agua diarios para aplacar el polvo del carbón. Un ejemplo de cómo la “aniquilación de fuentes también representa una forma de privatización (…) Desaparecen fuentes del bien común para el beneficio de una empresa”. Esta, como las anteriores, son imágenes de la realidad en Colombia. Ejemplos de cómo el agua ha sido considerada únicamente como un recurso para las actividades extractivas, ”desconociendo su importancia ambiental y social” y su relación con los valores ancestrales y las cosmovisiones.

La Guajira, los páramos, las hidroeléctricas y los grandes proyectos agroindutriales son la parte de un todo, de un diagnóstico que el Informe Estado del Agua en América Latina y el Caribe, elaborado por Amigos de la Tierra, hace de Colombia y en el que se describe una constante privatización de las fuentes y de la gestión del agua en el país; el acaparamiento del agua en manos de unos pocos, a pesar de ser un bien público; el privilegio del uso corporativo del agua. Todo ello implica, advierten, la violación de un derecho fundamental, así como mayor inequidad e injusticia ambiental y social. Mientras, el Gobierno lo disfraza de consecuencias del cambio climático y de fenómenos naturales.

En el informe participan organizaciones de una quincena de países de América Latina y El Caribe que analizan la situación en Brasil, El Salvador, Guatemala, Paraguay, Honduras, Uruguay y Colombia, cuyo capítulo ha sido elaborado por por Diego Andrés Martínez Zambrano de Censat -Agua Viva.

Para Amigos de la Tierra la política desarrollada por los gobiernos colombianos para ubicar al país como potencia minero energética y agroindustrial implica una “generalización de la contaminación y de la apropiación de las aguas”. Junto a ello, las nuevas estrategias, como la economía verde, intentan “mercantilizar la naturaleza interpretando el agua como un servicio en un creciente mercado trasnacional y privatizando los territorios esenciales para el ciclo hídrico”. El informe advierte de que desde los años 90 del siglo pasado, los gobiernos colombianos han incentivado un control corporativo de las aguas donde “actores más poderosos toman el control del agua mientras las poblaciones no reciben beneficio de las supuestas inversiones, teniendo que pagar deudas adquiridas por sus gobernantes”. Esta situación produce ese “acaparamiento” del agua que concentra este recurso en manos de corporaciones o intereses privados “provocando inequidad y escasez, una escasez que no es propia de esos territorios sino del acaparamiento del agua y de las destrucción acelerada de los ecosistemas que garantizan el ciclo hídrido”.

La llamada ‘economía verde convierte el agua en “un bien económico sujeto a las reglas del mercado para su compra y venta”

Las consecuencias son medibles. Escenarios de sequía recurrentes en los últimos años, disminución del volumen de agua (de 60 litros por segundo por kilómetros cuadrado en 1990 a 56 en 2012), contaminación, y aumento de los conflictos socioambientales.

A pesar de que Colombia cuenta con una oferta hídrica de 2.011.665 millones de metros cúbicos de agua, ocupa el puesto 24 del ranking mundial de la relación de la disponibilidad de agua para las personas (Naciones Unidas 2003). Los conflictos socioambientales, en su gran mayoría relacionadas a las afecciones y usos del agua, aumentan en América Latina. El mapa que los recoge señala 300 casos y sitúa a Colombia en el primer lugar con 173. En la mayor parte de América Latina los conflictos por el agua no están relacionados con la escasez real o física, sino por una escasez “inducida, provocada” por una diversidad de factores que incluyen mal manejo, contaminación y desconocimiento de las gestiones ancestrales y comunitarias, sentencia el informe.

Privatización de las fuentes y la gestión

Martínez Zambrano relata que el agua se ha convertido en un elemento de preocupación para las poblaciones e instituciones de Colombia pero aún no se ha visibilizado de forma masiva la responsabilidad de las actividades extractivas en estos escenarios de escasez. Considera que una de las razones es la “estrategia del gobierno de atribuir las crisis del agua a fenómenos naturales como El Niño o el Cambio Climático velando la responsabilidad de las actividades extractivas que desconocen los ciclos vitales del agua”. Al desactivar las críticas se “naturaliza” la escasez de agua como si no hubiera responsables o se desvía la mirada hacia esos fenómenos climáticos “desconociendo las causas estructurales”. En Colombia, según datos del Instituto de Hidrología y Medio Ambiente (IDEAM) de 2015, por causa de la extracción minera se vierten a las aguas y suelos alrededor de 205 toneladas de mercurio al año, solo por la extracción de oro y plata.

“La defensa del agua y los territorios en Colombia representa una disputa por la democracia y por la interpretación de los bienes comunes”

Ante la protesta social, el Gobierno ha decidido delimitar los páramos, pero, para Martínez Zambrano y los movimientos ambientalistas, los únicos beneficiarios de esta medida son las propias empresas petroleras y mineras ya que se da vía libre para sus actividades sin restricciones en todas aquellas regiones fuera de las zonas delimitadas y se rompe la visión integral de la montaña andina. Además, el primer proceso de delimitación puesto en marcha, en Santurban, “ni siquiera protege los territorios del páramo” y permite extracción minera para títulos anteriores a 2010. El Plan Nacional de Desarrollo 2014.2018 permite minería y petróleo en los 36 territorios de páramos para títulos anteriores a 2010 y 2011.

Economías verdes y agroindustria

Pero la apropiación de las fuentes de agua también está relacionada con las economías verdes, la agroindustria y las hidroeléctricas, advierte el informe de Amigos de la Tierra. Una apropiación vinculada también al despojo territorial, la calidad del agua o las actividades productivas de las poblaciones. Como ejemplo de estas afirmaciones, Martínez Zambrano explica que el Plan de Desarrollo también ubica el crecimiento verde como una de las estrategias de desarrollo del país (Reducción de Emisiones por Deforestación y Pago por Servicios Ambientales). Detrás de esta supuesta visión sostenible, sus disposiciones convierten el bien común del agua en “un bien económico sujeto a las reglas del mercado para su compra y venta”. “Esta regulación -alerta- reproduce una política de desplazamiento del campesino ya que el pago tiene como objetivo la adquisición de tierra y no la permanencia de la relación del campesino con su territorio”. Además, programas como el Pago por Servicios Ambientales invisibilizan formas históricas y ancestrales de manejo del ambiente como la gestión comunitaria del agua.

Otro ejemplo destacado es la caña de azúcar y la palma aceitera, que han tenido un crecimiento “sin precedentes” en el país. La primera supera las 418.000 hectáreas, según el informe, la segunda llega a las 455.000 hectáreas. Estos dos cultivos, junto al plátano, acaparan el 68,62% de la apropiación del agua, “ríos, lagos y acuíferos que no retornan a sus fuentes”. El sector hidroeléctrico constituye el segundo lugar en la demanda hídrica del país con 7.738 millones de metros cúbicos de agua y aunque la huella hídrica no es tan alta como en el sector agrícola, porque el agua supuestamente vuelve, en términos ambientales, económicos y sociales las consecuencias son “desastrosas”: inundaciones de tierras fértiles, desplazamiento forzado de familias, erosión de las riberas, pérdida de especies e inseguridad alimentaria. Solo Hidrosogamoso, Hidroituango y El Quimbo inundan 20.000 hectáreas altamente productivas. Hidrosogamoso ha desplazado alrededor de 20.000 familias, ha disminuido la presencia de medio centenar de especies que existían en la cuenca, se ha transformado el microclima de la zona y aumentado la presencia de plagas, y el agua del embalse se encuentra en estado de putrefacción por el alto contenido de materia orgánica que no fue talada antes de llenarlo.

Para los responsables del informe, las hidroeléctricas producen “profundas transformaciones territoriales”. No sólo se controlan las aguas, sino las vidas humanas y prácticas comunitarias. Los pueblos pierden el derecho de hacer uso del río y la soberanía de decidir sobre sus aguas porque las comunidades no son consultadas y porque las empresas privadas controlan el libre acceso al río.

A todo ello se suma la privatización de la gestión del agua y la apuesta por las Asociaciones Público Privadas para prestar el servicio a través de préstamos internacionales. Una política que el documento centra especialmente en Álvaro Uribe, “con miles de millones” invertidos en obras que ni siguiera se iniciaron y diagnósticos y diseños que no se cumplieron y empresas que no prestaban ningún servicios, y Juan Manuel Santos que impulsa un programa denominado ‘Aguas para la prosperidad’ que, según Martínez Zambrano, cae en los mismos esquemas que privilegian a operadores privados. Ahora el punto de mira está en la ruralidad colombiana, pero no tiene en cuenta el sujeto campesino ni los acueductos comunitarios. “Este modelo de servicio de agua que persigue el lucro, basándose en ‘la capacidad de pago’, y cuyo horizonte se orienta hacia un mayor consumo de agua, no presagia nada bueno para los territorios campesinos y rurales del país”.

Un derecho fundamental

Para Amigos de la Tierra, el Estado colombiano ha “violado sistemáticamente” el derecho fundamental del agua y ha privilegiado un uso corporativo del agua en el territorio nacional. Porque los derechos del agua en el país se concentran en una parte relativamente pequeña de los usuarios de agua, y en regiones donde la competencia por el agua es alta. “No sólo la distribución del agua en el país es inequitativa, sino que los procesos para adquirir las concesiones de agua no demuestran los criterios de equidad y sostenibilidad”, el capital juega un papel fundamental en el acceso del agua, excluyendo a los más pequeños usuarios rurales, y favoreciendo a los sectores industriales, agroindustriales y energéticos, denuncian Amigos de la Tierra en su informe.

Se estima que el 70% de los pequeños usuarios no pueden mantener una concesión de aguas por los numerosos y costosos requerimientos. El 59% de los usuarios tiene concesiones inferiores a 100.000 metros cúbicos, es decir el 1,3% del volumen asignado. En cambio, hay un 1,1% de las concesiones que acapara el 62% del volumen de agua concedido en el país.

“La defensa del agua y los territorios en Colombia representa una disputa por la democracia y por la interpretación de los bienes comunes. Las luchas legales y legítimas por la defensa del agua, hoy no sólo tienen que ver con el cuidado y la conservación del ambiente, sino sobre la construcción de un país para todos, en donde la decisión del manejo y uso de las aguas se conviertan en escenarios más democráticos y equitativos”, apunta Martínez Zambrano, quien señala que en la actualidad se debe contemplar el medio ambiente y el agua no solo como un desafío creciente, sino como víctima en su doble condición de “botín y de escenario de guerra”.

Fuente:http://kaosenlared.net/mientras-colombia-duerme-le-roban-el-agua/

El pasado 7 de mayo se cumplieron 15 años de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Colombia que ordenaba reubicar en 48 horas a la comunidad afrodescendiente de Tabaco, que vivía en la Serranía del Perijá, Departamento de la Guajira, hasta que fue desalojada en 2001 por la actividad minera de extracción de Carbocol S.A e Intercor, hoy Cerrejón.

Tabaco era un corregimiento afro ubicado en la Serranía del Perijá, departamento de La Guajira, al norte de Colombia; limitaba con varias comunidades campesinas y pueblos indígenas. Su economía se basaba en la pesca de río, la ganadería y la caza así como producción y comercio agrícola con los poblados vecinos. La comunidad contaba con espacio suficiente para la siembra y el pastoreo, servicios básicos de energía, centro de comunicaciones, escuela, campo de recreación, iglesia, entre otros.

El 9 de agosto de 2001 la comunidad de Tabaco fue desalojada forzosamente por parte del megaproyecto minero de Carbocol S.A e Intercor, actualmente Cerrejón, en complicidad con el Estado. Se obligó a salir del territorio ancestral de Tabaco a 1.200 personas (400 familias) aproximadamente, entre menores, adultos y ancianos, con el fin de facilitar la explotación y expansión carbonífera en la zona.

Desde el 1997, las empresas asociadas Carbocol-Intercor, hoy Cerrejón, habían ofrecido a los pobladores de Tabaco sumas irrisorias de dinero para que individualmente desalojaran y cedieran los derechos sobre sus territorios. Esta incidencia empresarial generó fricciones, desacuerdos y división en la comunidad; unos vendieron, otros se fueron, y algunos resistieron en su territorio con el ánimo de conservar su unidad social y continuar con un destino común, conservando las tradiciones agrícolas y ganaderas que les habían permitido sobrevivir.

Sin embargo, quienes resistieron en el territorio fueron víctimas de diversos mecanismos de presión para obligarles a irse. Hubo suspensión de los servicios públicos y domiciliarios, quema de viviendas, destrucción del cementerio; se prohibió el libre tránsito en el territorio e incluso se desvió el agua del río para el beneficio de la compañía, se despojó a la comunidad de su iglesia y su patrono religioso, entre otros múltiples hechos de presión.

Finalmente, el 9 de agosto de 2001 se expulsó del territorio a las últimas familias que quedaban habitando el lugar a través de un brutal desalojo ordenado por un juez y realizado por la fuerza pública en presencia de la fiscalía, de la alcaldía y de la empresa. Los habitantes vieron impotentes cómo una máquina aplanadora destruía su pueblo ancestral.

Ante tan alarmante situación, la comunidad adelantó una serie de acciones jurídicas tendientes a proteger los derechos conculcados. Y el 7 de mayo de de 2002 la Corte Suprema de Justicia de Colombia ordenó al Alcalde Municipal de Hatonuevo reconstruir de nuevo La Comunidad de Tabaco, en un lugar adecuado e iniciar los respectivos trámites “dentro de las próximas 48 horas”, fallo que no se ha cumplido hasta ahora.

La comunidad de Tabaco, se encuentra aún sin su territorio y además sufre las consecuencias de los daños sociales y ambientales producto de la actividad extractiva en cuya implementación se han desconocido y restringido los derechos de personas y comunidades habitantes del lugar.

El Departamento de la Guajira ha sufrido intensas sequías en los últimos años con muerte de animales y plantas, y registra el mayor índice de desnutrición y mortalidad infantil en la actualidad en Colombia, situación que ameritó la emisión de medidas Cautelares por cuenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, ordenando la protección efectiva e inmediata de la niñez de esta región.

Luego de múltiples acciones jurídicas y de incidencia, actualmente, la comunidad se encuentra en un momento determinante para al cumplimiento de la tutela y actos jurídicos generados a favor de su reparación. A la fecha, se ha avanzado en la consolidación de una Mesa de Control y Seguimiento en la que participan la Comunidad, el Estado y la Empresa Cerrejón frente a unos acuerdos establecidos en 2008.

Hoy más que nunca se hace necesario rodear y contribuir al fortalecimiento organizativo y comunitario de Tabaco, que mantenga consolidado el tejido social, y su cultura ancestral y étnica, a fin de posibilitar un ambiente de esperanza, resistencia y permanencia de las familias en el territorio para la exigibilidad de sus derechos y la rendición de cuentas a la Empresa.

Ver documental ChiquiChiqui, cocineras de sueños ancestrales

Fuente: https://www.colectivodeabogados.org/?Comunidad-de-Tabaco-Infelices-15-anos-esperando-la-reubicacion

Que muchas comunidades del Suroeste antioqueño se opongan al desarrollo minero obedece, en parte, a que las empresas interesadas en ejecutar ese tipo de proyectos no han logrado sintonizarse con las expectativas que están planteando los diferentes grupos de interés.

Prueba de ello, puede inferirse del más reciente informe Brújula Minera, presentado el viernes en la clausura del congreso anual de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), que se celebró en Cartagena.

Se mantiene a la baja la opinión favorable ante el sector de los municipios no mineros del país. En 2014, las respuestas positivas eran el 42 % del total y este año cayeron a solo 28 %, según mediciones del único estudio independiente de percepción de minería en Colombia (ver gráficos).

Prioridad: el agua

Diálogo social

La ONG Dejusticia respondió a Caracol Radio los 10 grandes mitos que hay alrededor de la consulta previa a las comunidades indígena y población afro, raizal y rom.

Estos son los 10 mitos:

1. Alrededor de las consultas previas se han armado carruseles de corrupción.

El análisis de los procesos de consulta previa se debe realizar caso a caso. En ese sentido, es imposible sostener en abstracto que alrededor de los procesos de consulta se han creado carruseles de corrupción en general. Para dar el debate hay que analizar cuáles son las circunstancias en las que ha sucedido y realizar un proceso de sanción a las malas prácticas que han ocurrido.