Chile

Preocupación por yacimiento de tierras raras en Penco

La empresa Biolantanido proyecta explotar 500 mil hectáreas en la región del Bío-Bío. La experiencia de China es crítica por los profundos daños ambientales que han producido estas faenas. El alcalde de Penco, Víctor Hugo Figueroa dice que Minera Activa propone un modelo limpio con cero impacto para el medioambiente.

Smartphones, cámaras digitales, teléfonos inteligentes, televisores LED, láseres, electroimanes, memorias de computadoras, paneles fotovoltaicos, baterías recargables, aviones no tripulados o drones, sistemas de guías de misiles, son algunos artefactos que en su producción necesita de elementos químicos extraídos de tierras raras.

China cuenta con el 95% de la producción de estos componentes y Chile, en la ciudad de Penco, tiene un yacimiento que podría transformarse en una de las nuevas exportaciones de nuestro país. Los costos medioambientales que el gigante asiático ha tenido que pagar son las tensiones que tendrá que evaluar la institucionalidad chilena, altamente criticada por autorizar megaproyectos extractivitas sin poner atención a la posición comunitaria.

Durante la explotación y procesamiento de estas tierras en China, se crean cantidades considerables de desechos (tóxicos, radiactivos, gases y polvos). La obtención de una tonelada de tierras raras produce entre 9 mil y 12 mil metros cúbicos de gases ricos en polvo concentrado, conformado por ácido sulfúrico, dióxido de azufre y ácido fluorhídrico. Cerca de una tonelada de restos radioactivos y más de 75 mil litros de agua acidificada.

En Penco, la empresa Biolantanidos, firma asociada a LarrainVial, una de las vinculadas al Caso Cascada, pretende invertir cera de 40 millones de dólares para generar una explotación que podría llegar a una extensión de 500 mil hectáreas, aunque en un primer momento iniciarían con 100 mil.

Las condiciones de explotación serán a rajo abierto, por lo que existirá una remoción de tierra que generará una nueva composición del territorio. Los terrenos dispuestos para este proyecto hoy son plantaciones de monocultivo de pinos, uno de los principales conflictos socio-ambientales de la zona, ya que son justamente estas especies las que han generado una sobreexplotación de napas subterráneas por el nivel de consumo de estas especies.

El sector en el que se pretende explorar se encuentra a tres kilómetros de la comunidad más cercana, señal de alarma al considerar que una eventual explotación minera tendría un impacto directo a la forma de vida de quienes habitan en esos territorios.

Según plantea el Alcalde de Penco, Victor Hugo Figueroa, quien fue invitado a visitar la planta piloto de extracción de tierras raras que se instaló en la plantación de pinos, se siente tranquilo luego de conocer el proceso industrial que propone Biolantanidos, esto porque “este es un modelo cerrado que funciona con fuerza centrífuga, combinado con temas de gravedad que permitirá extraer estos elementos sin generar daño ambiental”.

Asimismo, asegura que mientras emprende la defensa de la iniciativa “en el modelo chino meten unos ácidos a la tierra para obtener el material, acá tiene que ver con trabajar con la tierra, remover metros cúbicos de tierra para extraer el mineral, sin usar ácidos ni líquidos en el proceso”.

A este proyecto se encuentran asociados profesores de la Universidad de Talca, miembros del departamento de ingeniería en minas de la casa de estudios estatal. Los académicos asociados a este proyecto declinaron referirse a la construcción de esta planta, ya que esperan tener la venia del privado que está ejecutando el proyecto.

Este proyecto minero de tierras raras, según lo ha planteado el Alcalde de Penco, pretende ser una revolución tecnológica, ya que sería la primera industria a nivel mundial que no generaría impacto ambiental en la producción de tierras raras.

Lo mismo ocurrió con la empresa, quienes se declinaron opinar explicando que tienen prohibido hablar con los medios de comunicación sobre este proyecto, cuya evaluación de impacto ambiental comenzará en los próximos días.

“Se está inventando una modalidad distinta, por lo tanto, cualquier persona que se va a oponer yo lo invito a que conozca el modelo chilensis de extracción de este mineral. Cualquier crítica sin conocer el modelo es una crítica que no tiene fundamento. Yo la aceptaría de alguien que haya conocido la planta, que haya conocido el mecanismo y que emita un informe respecto del daño ambiental”, planteó el alcalde de Penco.

Los riesgos de la producción de tierras raras

Para comprender de forma técnica las implicancias que podría tener la extracción de tierras raras con las tecnologías que hasta ahora se conocen en la metalurgia, la Doctora Lilian Velásquez, experta en hidrometalurgia de la Universidad de Santiago, hizo un recorrido por los diferentes procesos que se podrían abordar, dependiendo

de qué elementos se encuentren en las tierras de la región del Bío-Bio.

El proceso a abordar “depende de la clasificaciones frente a cómo se van a procesar estos 17  elementos químicos que contienen las tierras raras, por ejemplo, las clasificadas como monacita se pueden tratar a altas temperaturas o procesar con soda caustica. El problema es que contienen elementos como el uranio y el torio, los que son radioactivos, algo altamente riesgoso para la vida”.

Los impactos que podrían generarse de darse la explotación, tal como plantea la profesora Lilian Velásquez es “primero remoción de terreno, porque esto se haría a cielo abierto, se utilizarían componentes químicos y esos productos podrían ser sulfato de amonio, cloruro de sodio y que obviamente después de la extracción o durante la extracción, se van a generar gases residuales,por lo tanto deben existir regulaciones para este tipo de operaciones”.

Según la académica “Chile tiene la tecnología para procesar esas tierras raras, pero falta capacitación a todo nivel, sobre todo si este yacimiento se encuentra en un lugar donde hay comunidad, donde se presentan todas las estaciones del año y hay aguas subterráneas. Para autorizar una faena de este tipo se debe realizar un estudio de impacto ambiental muy detallado”, finalizó la experta.

Fuente:http://radio.uchile.cl/2017/06/02/preocupacion-medioambiental-por-yacimiento-de-tierras-raras-en-penco/

Internacional

Cómo es Clarion-Clipperton, el botín de las mineras en el océano Pacífico

(Hawai-México).-Ahí, a 4.000 metros bajo la superficie marina, equivalente a cinco veces el Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo, se encuentran los nódulos de manganeso una de las mayores riquezas de minerales esenciales para fabricar desde teléfonos móviles hasta baterías para autos eléctricos y paneles solares. Es un botín para las compañías mineras, pero también para el mundo entero, que cada día depende más de artefactos electrónicos y se mueve hacia energías renovables.

“Necesitamos más metales”, le dice a BBC Mundo Michael Johnston, director de Nautilus Minerals, una de las empresas con licencia para explorar la zona Clarion-Clipperton con fines mineros. “De algún lado tenemos que sacarlos”.

En busca de la riqueza mineral del lecho marino
Pero la zona Clarion-Clipperton (CCZ, por sus siglas en inglés) también es uno de los lugares de mayor interés para científicos y ambientalistas.

Primero, porque se sabe muy poco de ella y segundo, porque con lo poco que se ha logrado explorar, ha mostrado ser una zona particularmente diversa, con un mayor número de especies respecto a otros abismos submarinos.

“Corremos el riesgo de destruir algo que aún no entendemos del todo”, le advierte a BBC Mundo Astrid Leitner, una de las biólogas marinas que trabaja en el Proyecto Abyssline, que busca establecer un panorama del ecosistema de la CCZ, antes de que comience la extracción minera.

“Podríamos perder una rica diversidad de animales incluso antes de saber que existen”.

Clipperton alberga a una diversidad de especies que dependen de los nódulos de manganeso.
Cómo es la Zona Clarion-Clipperton
El área de la CCZ equivale aproximadamente a dos veces el tamaño de México, y se extiende entre este país y Hawái.

Toma su nombre porque al norte limita con la isla Clarion, que pertenece a México y al sur con la isla Clipperton, que pertenece a Francia.

Su fondo marino es una zona oscura, con temperaturas menores a los 2 grados centígrados y con una presión 400 veces mayor a la de la superficie.

Aunque se pensaba que era sólo una planicie, las más recientes observaciones han mostrado que es un terreno heterogéneo, con colinas y valles, montañas, cráteres y calderas con paredes escarpadas causadas por erupciones volcánicas.

Imágenes de la vida en lo más profundo del océano
El fondo marino, aunque a primera vista parece inerte, está lleno de erizos, pepinos de mar, estrellas, esponjas, anémonas, gusanos, crustáceos y corales.

También hay peces de hasta un metro de largo, que circundan el fondo marino en busca de alimento.

Los nódulos de la discordia
La comunidad científica y las compañías mineras están de acuerdo en que es muy poco lo que se sabe de esta zona, y de hecho trabajan juntas para recolectar la mayor cantidad de información sobre la CCZ antes de que se permita la extracción de minerales.

Derechos de autor de la imagenISAImage captionLa franja amarilla representa la zona Clarion-Clipperton.
Y aunque por razones distintas, ambas centran su atención en un mismo objetivo: los nódulos de manganeso. Este es el tesoro que los mineros quieren conquistar y los ambientalistas quieren preservar.

Estos nódulos, del tamaño de una pelota de béisbol, son acumulaciones de minerales especialmente ricos en cobre, níquel y cobalto, que se utilizan en la producción de gran parte de los aparatos tecnológicos que utilizamos a diario.

El preciado metal que los inversores se están guardando y que grandes empresas tecnológicas necesitan
Cada una de estas “piedras” tarda entre miles y millones de años en formarse.

Aún no existen cálculos exactos, pero se estima que la CCZ podría albergar unas27.000 millones de toneladas de nódulos.

La intensa vida de los microorganismos del fondo más profundo del mar
Tampoco se sabe con precisión qué cantidad de estos minerales será accesible.

Sin embargo, Michael Johnston, de Nautilus Minerals, calcula que al ritmo de consumo de hoy, en la CCZ hay suficiente cobre para abastecer al mundodurante los próximos 30 años.

Por su parte, los científicos han encontrado que de alguna manera todo el ecosistema de la CCZ está conectado con los nódulos.

Algunas especies de esponjas y anémonas necesitan la superficie dura de los nódulos para vivir. Los videos que han grabado en la CCZ también muestran que en los lugares donde hay más nódulos hay mayor cantidad de peces, de mayor tamaño y mayor diversidad de especies que en las áreas con menos nódulos.

“Esto tiene grandes implicaciones para la minería submarina”, le dice a BBC Mundo la bióloga Leitner, “pues básicamente lo que hace es remover estos nódulos para siempre”.

Derechos de autor de la imagenNAUTILUS MINERALSImage captionEn la zona Clarion-Clipperton, científicos y mineros trabajan para tener más información sobre el ecosistema.
Los expertos advierten que hace falta más investigación para medir con precisión cuál será el impacto de la minería sobre este ecosistema.

La semana pasada, un grupo de científicos, algunos de los cuales incluso han recibido financiación de Nautilus para explorar la CCZ, publicaron una carta en la revista Nature en la que afirman que “es probable que la mayoría de la pérdida de biodiversidad causada por la minería en el fondo del mar dure para siempre”.

“Han ido demasiado lejos”, dice Johnston, refiriéndose a las advertencias de los científicos.

“Nadie está buscando destruir esa zona, estamos viendo qué se puede hacer causando el menor impacto. La minería submarina es una oportunidad para no repetir los errores que se han cometido en la minería terrestre”.

Derechos de autor de la imagenCRAIG SMITH Y DIVA AMON / UNIVERSIDAD DE HAWÁIImage captionEn el fondo del mar hay mucha más vida de lo que parece.
Los científicos trabajan para tener un diagnóstico de la zona que permita regular la explotación en el área.

Por su parte, las empresas mineras también se preparan para cuando llegue el momento de poder extraer los nódulos.

“Me preocupa que la tecnología minera avanza mucho más rápido que la ciencia que podría proteger la Zona Clarion-Clipperton”, le dice a BBC Mundo Craig Smith, investigador principal del proyecto Abyssline y profesor de oceanografía en la Universidad de Hawái.

¿Quién manda en la CCZ?
La CCZ es Patrimonio de la Humanidad, es decir, que ningún país puede reclamar soberanía sobre ella.

La entidad encargada de mediar entre los intereses mineros y la protección del medio ambiente en la CCZ es la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA, por sus siglas en inglés), un órgano adscrito a la ONU.

Derechos de autor de la imagenNAUTILUS MINERALSImage captionNódulos de manganeso en la zona Clarion Clipperton
La ISA, de la que son parte 167 países y la Unión Europea, organiza y controla las actividades que se realizan en el fondo marino de aguas internacionales, es decir, que no pertenecen a la jurisdicción de ningún país.

La ISA ha otorgado 16 licencias de exploración con fines mineros en la CCZ.

Entre los contratistas están gobiernos de estados miembros de la ISA y compañías privadas patrocinadas por estos países.

Hoy, la CCZ tiene 32 por ciento de su territorio bajo contratos de exploración, 35 por ciento está asignada como área protegida y otro 33 por ciento está reservada para exploración por parte de países en desarrollo.

La ISA trabaja en la creación de un reglamento para la explotación, que podría estar listo hacia 2020, aunque todavía no tiene una fecha definitiva.

Una de las reglas que sí están definidas, es que cuando comience la explotación, entre los países miembros de la ISA se hará un reparto equitativo de los beneficios que se deriven de los recursos minerales que ahí se encuentren.

Aunque se calcula que dentro de 5 a 10 años podría comenzar la explotación minera en la CCZ, según la ISA esa fecha aún no se puede determinar y hasta ahora ninguna de las 16 compañías o consorcios con presencia en la zona ha manifestado un interés explícito en comenzar la extracción.

Mineros y científicos siguen en su carrera contra el tiempo y depende de sus hallazgos el futuro de esta enigmática zona que pertenece a toda la humanidad.

Fuente:http://www.bbc.com/mundo/noticias-40502277

Chile

Abogados piden intervención diplomática por escombrera de Los Pelambres en Argentina

Abogados querellantes pidieron a las autoridades argentinas y chilenas evaluar la situación de la minera Los Pelambres, de propiedad del Grupo Luksic, por una escombrera ubicada en el límite entre ambos países.

La minera fue denunciada en 2014 por el proyecto minero El Pachón, de la empresa suiza Glencore, la que se encontró con la escombrera Cerro Amarillo al querer instalarse en territorio argentino. El botadero mide 105 hectáreas y tiene cerca de 70 metros de altura, y en ella se habrían arrojado residuos peligrosos entre 2007 y 2012.

Por lo anterior, medios argentinos lo llamaron el “basurero” de Chile, situación que podría cambiar en los próximos meses luego que la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza ratificara el fallo que señala que la minera depositó escombros en territorio trasandino.

Si bien la empresa cumplió con un acuerdo que concretó con la provincia de San Juan, que consistía en aislar la escombrera, los querellantes ahora buscan que se retiren los desechos, tal como sucedió con 570 neumáticos que habían despositado en el lugar y que eran visibles incluso con Google Maps.

Al respecto, la compañía, propiedad de Andrónico Luksic, aseguró que para su instalación contó con todos los permisos de autoridades nacionales, ya que se trataba de territorio chileno.

Por esto, el abogado Diego Seguí presentó una acción judicial, ya que se estaría afectando la soberanía del país vecino.

Marcelo Arancibia, uno de los abogados querellantes, señaló que la escombrera debe ser retirada y el tema analizado por las cancillerías, ya que hubo un cambio en los límites entre ambos países. Sin embargo, reconoció que no está en la agenda bilateral.

El organismo también determinó que el Juzgado Federal deberá analizar la nulidad e inconstitucionalidad del acuerdo que se firmó en octubre del año pasado, entre la provincia de San Juan y la firma del grupo Luksic.

El ministro de Minería de esta localidad, Alberto Hensel, si bien reconoció que no intervienen en procesos judiciales, aseguró que recibió un plan de aislamiento provisorio de los residuos, mientras se revisa la causa.

Se espera que en los próximos días la minera nacional Los Pelambres y la suiza Glencore, entreguen su respuesta ante el tribunal.

Fuente:http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2017/07/05/abogados-piden-intervencion-diplomatica-por-escombrera-de-los-pelambres-en-argentina.shtml

Mexico

LA SUPREMA CORTE ATRAE DEMANDA CONTRA GRUPO MÉXICO POR DERRAME DE 2014

La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió atraer la denuncia de la asociación civil Defensa Colectiva contra la compañía y su minera por contaminar los ríos Sonora y Bacanuchi hace 3 años.

CIUDAD DE MÉXICO

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo una demanda colectiva contra Grupo México y su mina, Buena Vista del Cobre, por contaminar los ríos Sonora y Bacanuchi en 2014, luego de que se derramaran miles de metros cúbicos de ácido de sulfato de cobre.

La demanda fue interpuesta por la asociación civil Defensa Colectiva porque, según ella, el derrame ocasionó un severo daño al medio ambiente y a los ecosistemas de las aguas y tierras en Sonora; sin embargo, el Juez de Distrito desechó dicha denuncia y el Tribunal Unitario confirmó esta acción, por lo que la organización interpuso un amparo.

Aunque Grupo México también promovió otro amparo por lo que la Primera Sala de la Suprema Corte decidió atraer ambos amparos para resolverlos.

«El caso tiene enorme importancia y trascendencia ya que permitirá establecer la interpretación adecuada de las acciones colectivas en materia ambiental y la capacidad de apreciación de los mismos de parte del Juez de Distrito en la etapa de certificación», indicó la Corte en un comunciado publicado este miércoles.

El derrame de 40,000 metros cúbicos de ácido de sulfato de cobre en el Río Sonora, ocurrido el 6 de agosto de 2014 por una falla en las tinajas de la mina Buenavista del Cobre, fue calificado por las autoridades federales como «el peor desastre ambiental en la industria minera del país de los tiempos modernos».

La empresa indicó en ese entonces que el derrame fue provocado por lluvias atípicas en la zona, argumento que fue rebatido por las autoridades.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) multó a Grupo México con casi 23 millones de pesos y en noviembre de 2015, el gobierno federal dio por concluida la fase de reparación de daños del Río Sonora a cargo de la empresa Grupo México.

Agricultores y ganaderos se vieron afectados puesto que sus animales y los sembradíos. Algunos ganaderos recibieron una indemnización de 14,500 pesos si tenían de una a 50 cabezas de ganado; los que tenían 300 cabezas recibieron 100,000 pesos. Algunos aseguraron que la cantidad recibida no compensaban las pérdidas.

Sin embargo, la asociación civil indica que la contaminación del agua con sustancias tóxicas como sulfato de cobre acidulado ha causado severos daños no solo a las localidades sonorenses, también a todos los mexicanos.

La Corte determinará si es apegado a derecho que se deseche una demanda de acción colectiva cuando una o varias de las pretensiones de la parte actora pudieran ser incompatibles con la vía procesal.

Fuente:http://expansion.mx/empresas/2017/07/05/la-suprema-corte-atrae-demanda-contra-grupo-mexico-por-derrame-de-2014

Bolivia

MUJERES DEFENSORAS DE LA MADRE TIERRA Y PROMOTORAS DE DERECHOS INTERCAMBIAN SABERES EN TRES CONTEXTOS MINEROS

En el marco del desarrollo de la Escuela Itinerante de Defensoras de la Madre Tierra promovida por la RENAMAT y el  Colectivo CASA de Bolivia, la pasada semana tras un recorrido por el centro minero de Huanuni y la comunidad de Realenga; mujeres de diez comunidades intercambiaron conocimientos para la defensa de sus derechos.

El intercambio fue realizado a partir de tres contextos: en contextos donde están resistiendo al ingreso de actividades mineras,  donde la actividad minera está presente desde épocas coloniales y ahora tienen minería transnacional y;en contextos donde las empresas mineras anuncian el cierre de sus operaciones.

Iniciando con una caracterización física del lugar, observando factores afectados como ser suelo, agua, aire, biodiversidad y, recorriendo el curso del río que conecta a la empresa minera Huanuni con la comunidad de Realenga y comunidades aguas abajo; se dio el intercambio de saberes distinguiéndose que, en cada uno de los contextos mineros existen impactos muy fuertes y diferenciados en las mujeres, que ponen en riesgo la sostenibilidad de la vida.

“En la comunidad de Realenga no tenemos minería pero el rio que pasa por la comunidad viene contaminado con los desechos mineros de Huanuni, hemos perdido nuestros pozos de agua dulce, ahora están contaminados, el agua cada vez va ingresando a la comunidad  afectando nuestros suelos y para nosotras las mujeres la preocupación es grande, tenemos que ir tras el cerro en busca de agua, nuestroshijos están expuestos a enfermedades, hemos tenido que hacer nuevas casitas al otro lado del rio, nuestro trabajo que es la producción del campo también esta disminuido, pero así tenemos que seguir batallando, en la comunidad estamos bien organizados y ahora conociendo nuestro s derechos con mas fuerza seguiremos defendiendo la vida” Jimena – Realenga.

Durante el intercambio de saberes y a manera de conclusión, se analizaron los derechos  establecidos en leyes nacionales y convenios internacionales que deben garantizarse, por ejemplo el derecho fundamental al agua,  los derechos de la madre tierra y los derechos de las mujeres a una vida libre de violencias, que  deben ser defendidos y garantizados.

Oruro, julio de 2017

Fuente:

Mexico

Suman casi 400 casos de personas intoxicadas por derrame de minera en Sonora

Regeneración, 2 de julio de 2017.- Lázaro Eduardo Ávila, responsable de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental (Uveas), informó que 381 habitantes de las inmediaciones del río Sonora presentan desechos tóxicos en sangre y orina.

Esto ocurre a casi tres años del derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado de la compañía minera Buenavista del Cobre, de Grupo México, al río Sonora.

Las personas afectadas son atendidas y monitoreadas por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) mediante la realización de análisis de sangre y orina cada cuatro meses.

Ávila dijo que, además, se les brinda atención en una vivienda habilitada como clínica, en tanto se concluya la construcción de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental de Sonora, sin embargo, los trabajos permanecen detenidos.

El responsable de la Unidad de Vigilancia rechazó que los resultados de los análisis más recientes realizados por la Cofepris, que detectó residuos de plomo superior a la Norma Oficial Mexicana, se deba a la contaminación provocada por la mina de Grupo México ubicada en Cananea.

Hace unos días se dio a conocer que, según un estudio a cargo del Grupo Microanálisis, los pobladores de los municipios aledaños al río Sonora continúan consumiendo agua con altos niveles de plomo, arsénico y hierro,
Cabe mencionar que Grupo México prometió la instalación de 27 plantas potabilizadoras, pero en abril pasado ordenó reducir a nueve las que se edificarían para abastecer a 25 mil habitantes de los ocho municipios ribereños afectados, pero a la fecha ninguna se ha entregado.

Según los planes m

esos y le restan 750 millones para instalar las purificadoras con tecnología de ósmosis inversa.

La mayor parte de los recursos ya fueron utilizados y todavía no se construyen ni el hospital para atender a las víctimas del derrame ni las plantas potabilizadoras.

Los principales problemas de salud que padecen los afectados por los tóxicos derramados por Buenavista del Cobre son dermatológicos, gastrointestinales, oftalmológicos y neurológicos.

Fuente:http://regeneracion.mx/suman-casi-400-casos-de-personas-intoxicadas-por-derrame-de-minera-en-sonora/

Colombia

Sibaté prepara consulta popular contra la minería

En el municipio de Sibaté, la comunidad trabaja para realizar una consulta popular con el objetivo de frenar la minería que se realiza desde hace más de 30 años. Desde agosto empezará la recolección de firmas por parte de la comité promotor de la consulta.

De acuerdo con Camilo Rojas, integrante de la comunidad de Sibaté, desde la instalación de la Empresa Eternit se han presentado problemas ambientales en la zona, además de los las situaciones ya conocidas por el asbesto. Sin embargo, la megaminería a cielo abierto para la explotación de arena ha sido el mayor problema tanto ambiental como para la salud de la comunidad.

Rojas señala que la empresa minera Comind S.A., filial de la italiana Minerali Industriali, tiene una licencia minera por más de 30 años. Y aunque apenas llevan 8, los 35.000 habitantes de Sibaté ya sufren graves afectaciones por esa actividad, entre ellas, la contaminación de las fuentes hídricas y los daños a la salud.

Consecuencias

Desde el 2015 las comunidades afectadas por por los daños ambientales, han empezado a movilizarse en contra de la minería tras empezar a sentir los efectos de dicha actividad. Según denuncian, los títulos mineros de la empresa comprenden la vereda El Peñón y por tanto una zona de subpáramo, que además de tener un gran valor ambiental, provee de agua al municipio  de Sibaté, pero además a Fusagasugá y un sector de Silvania.

La preocupación de los  pobladores radica en que la concesión de explotación minera se ubica en la misma montaña donde nace el agua que surte los acueductos de los municipios. Además esa zona de la cordillera oriental también hace parte de la cuenca del páramo de Sumapaz, el más grande del mundo.

Los pobladores señalan que los químicos que se usan para extraer la arena están contaminando la fuentes de agua del municipio, entre ellas la quebrada Barro Blanco. Asimismo aseguran que algunas personas que viven sobre la vía por la que pasan las volquetas de la empresa sufren enfermedades pulmonares por el polvo que produce el paso de esos vehículos.

Riesgo eminente

La movilización de las comunidades logró que la CAR obligara a la empresa a actualizar su plan de manejo ambiental. No obstante, la multinacional no ha cumplido, y sin embargo las entidades ambientales continúan permitiendo la actividad minera pese a los daños ambientales.

Camilo Rojas, además denuncia que se busca dar más licencias de explotación, ya que descubrieron un yacimiento de arena. El líder de la comunidad agrega que en esa zona existen otros 12 títulos mineros en proceso de explotación y hay 22 solicitudes más en curso. 

Fuente:http://www.contagioradio.com/sibate_consulta_popular_mineria-articulo-43181/

Argentina

Los Gigantes: prometen sanear la mina de uranio cerrada desde 1990

CÓRDOBA.- La mina de uranio a cielo abierto de Los Gigantes -a 30 kilómetros de Villa Carlos Paz- dejó de operar en 1990, pero nunca se realizó la remediación varias veces prometida y reclamada por los habitantes de la zona. Desde el Ministerio de Energía de la Nación insistieron en que las tareas se harán, pero no dieron fecha. Es casi seguro que no será este año porque la provincia se tomará al menos 90 días para analizar la iniciativa presentada por la administración nacional.

«La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) presentó a las autoridades provinciales involucradas la ingeniería de remediación para la primera etapa de gestión», respondieron desde Energía ante la consulta de LA NACION. La CNEA entregó la explotación de la mina a la empresa Sánchez Granel, que inició la extracción de uranio en 1982.

Tres años después hubo un desborde de los diques de cola (donde se acumulan los residuos) y el agua contaminada llegó al río San Antonio. Aunque las autoridades afirmaron que la «neutralización» fue «rápida», el episodio puso en alerta a la comunidad que

comenzó a reclamar por el impacto ambiental; con el tiempo se reconocieron nuevos problemas y, en 1990, cesó la explotación.

Fuentes de Minería de Córdoba explicaron que el proyecto de «evaluación» de remediación entró el 1° de junio después de que el presentado en octubre pasado fuera rechazado «porque no tenía los elementos de sustento necesarios». El nuevo será analizado por Minería, Medio Ambiente y Recursos Hídricos. «Tiene que ajustarse a la ley ambiental provincial. Después deberá haber una audiencia pública», anticiparon.

Salvo el área de dormitorios y los tachos donde estaba el ácido sulfúrico para la concentración del uranio, todo sigue igual en la mina abandonada. Los residuos generados durante la explotación se mantienen a cielo abierto. Desde Energía señalan que hay un programa de monitoreo ambiental de «agua superficial, subterránea, aire y radiológico», y que, además, la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) hace «monitoreos independientes».

Desde el Foro Social -creado en 2005 por exigencia del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF, trabaja en apoyo al Banco Mundial) para desembolsar los recursos del Programa de Restitución Ambiental de la Minería de Uranio (Pramu) e integrado por diferentes ONG-, el geólogo Juan Carlos Paesani insiste ante este diario en que son «organismos internacionales independientes y reconocidos» los que deben hacer los controles. Rechaza que los instrumenten entidades que «tienen relación con la CNEA y no hay imparcialidad».

En el último documento del Foro Social (ahora ampliado a todo el país) se sostiene que la mina debe ser «remediada por la CNEA, que también deberá disponer su cierre definitivo y un programa de vigilancia», sometiendo todo el proceso a una evaluación de impacto ambiental y a una audiencia pública.

Respecto de la ausencia del Foro en las decisiones sobre la mina (la participación está exigida por el BIRF) hay cruce de versiones. Energía señala que en mayo de 2006 decidió «trabajar en forma independiente a la coordinación» de la Universidad Tecnológica Nacional de Córdoba, «por lo cual la CNEA quedó desvinculada en el funcionamiento del Foro».

Paesani insiste en que, ante cada requisitoria, les decían que fueran a Buenos Aires. «No tenemos presupuesto para hacerlo -continúa-. Nos constituimos por exigencia de las autoridades, pero nos terminamos enterando por los medios de lo que hacen.»

El peor temor de la comunidad es que se rompa el sistema de diques de retención, con lo que el agua desembocaría en los arroyos Cajón y Cambuche. «La CNEA nunca elaboró para los vecinos un plan ni prepararon a la gente para una eventual contingencia, pese a los accidentes y derrames de aguas alcalinas y ácidas que hubo», señala el Foro.

En abril pasado, autoridades provinciales y nacionales recorrieron el lugar; se renovaron las promesas de remediación. «El proyecto cumplirá todos los pasos indicados en la legislación ambiental y requeridos por las autoridades de aplicación; concluido ese proceso y con las autorizaciones pertinentes, se comenzarán las tareas de remediación», señalan desde Energía. Las obras -no se aclara cuáles- serán controladas por la provincia y la ARN.

Más polémica

La alerta de la comunidad creció cuando trascendió que la CNEA quiere trasladar 58.000 toneladas de residuos de la planta Dioxitek (produce dióxido de uranio) del barrio Alta Córdoba en la capital provincial a Los Gigantes para hacer una remediación general. Las autoridades provinciales ya expresaron que se oponen.

Ante esta consulta puntual, desde Energía indicaron: «Cuando la planta salga de servicio se procederá al desmantelamiento, plan que se está trabajando junto a las autoridades municipales y provinciales. Los residuos de Dioxitek son de baja actividad, por lo que pueden ser tratados en las instalaciones existentes de la CNEA a tal fin».

Por un acuerdo ante la Justicia, la planta está «en condiciones de operar de manera segura para la población y el ambiente certificada ante las autoridades competentes» a nivel local y nacional, indican desde el ministerio, pero advierten que no está trabajando «a la espera de la correspondiente autorización» que llegaría «en breve». Hoy el país importa mineral de uranio, insumo para la producción de dióxido.

Dioxitek estaba cerrada desde el 10 de noviembre cuando la Municipalidad de Córdoba la clausuró por violar la ordenanza de uso de suelo que prohíbe ese tipo de industrias en la ciudad. En esa fecha venció un acuerdo, firmado en 2012, con el entonces ministro Julio de Vido. Desde 1994 hay promesas de relocalizar la planta, que tiene sus residuos de radiación baja enterrados en un predio contiguo. El traslado sería a Formosa, donde se construye otra.

En esa provincia la comunidad quom que vive en la zona -pegada al límite con Paraguay- donde se levanta la planta se opone y pidió a la Corte Suprema que intervenga; Energía sostiene que se cumplieron «todas las instancias de aprobación e información exigidas por ley», y que se instrumentó un proceso «de consultas e intercambio de información con la población, que continúa abierto».

Fondos internacionales para obras

CÓRDOBA.- En 2008 el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento aprobó el préstamo de US$ 70 millones para financiar diferentes objetivos del Programa de Restitución Ambiental de la Minería de Uranio que se hizo efectivo en 2010, cuando por decreto el Ejecutivo aprobó el convenio. Antes de aprobar el préstamo, se le entregaron a la CNEA, como organismo ejecutor, los Fondos de Preparación de Proyecto (PPF) para alistar la documentación.

El desembolso -que está en el orden del 97%- incluye trabajos de remediación del ex complejo fabril de Malargüe (Mendoza); el desarrollo de «opciones técnicas, ambientales y sociales» para la remediación de El Chichón (Alta Córdoba), Los Gigantes y «otros sitios» y la gestión de las iniciativas. En Energía explican que los procesos de adquisiciones relacionados con el préstamo son controlados por la Auditoría General de la Nación y el Banco Mundial.

Fuente:http://www.lanacion.com.ar/2039403-los-gigantes-prometen-sanear-la-mina-de-uranio-cerrada-desde-1990

Argentina

El tema minero vuelve a instalarse en Jacobacci

El interés de una empresa argentina en el Proyecto Calcatreu vuelve a poner sobre el tapete de la explotación de la minería de primera categoría en Jacobacci y la región.

Hace meses Pan American Silver Corp. anunció un acuerdo con Patagonia Gold Plc a través de Patagonia Gold S.A., por el cual adquirirá una participación del 100% en el proyecto COSE, localizado en la provincia de Santa Cruz. La transacción está valuada en 15 millones de dólares. A esto hay que agregar que Patagonia Gold recibió la opción exclusiva para comprar el proyecto de oro y plata Calcatreu por parte de Minera Aquiline Argentina S.A., subsidiaria de Pan American Silver Corp.

Calcatreu es un depósito epitermal de baja sulfidización con mineralización de oro y plata, situado a unos 60 kilómetros al sur de Jacobacci. Si se decide su explotación, su puesta en marcha demandaría un par de años para saber si realmente es factible.

Actualmente técnicos de Patagonia Gold, realizan distintos trabajos de exploración para evaluar la factibilidad del proyecto Calcatreu y definir la compra en octubre.

Ayer, el intendente de Jacobacci, Carlos Toro (UCR), afirmó que tanto el gobierno nacional, como la provincia y el municipio de Jacobacci han mantenido contactos con directivos de la empresa minera interesada en adquirir Calcatreu.

Atentos a lo que suceda

“Estamos al tanto de estas negociaciones y atentos a lo que puede suceder. El tema se vuelve a instalar y debemos tomar conciencia, prepararnos y estudiar para poder afrontar esta discusión que se nos va a venir pronto, con la mayor responsabilidad posible y los fundamentos más sólidos para poder decidir que es lo que queremos como comunidad”, dijo el jefe comunal.

La discusión que se dio entre el 2003 y el 2005 ante la posible explotación del Proyecto Calcatreu, dividió a la comunidad jacobaccina, que tuvo su final con la aprobación en la Legislatura de Río Negro de la denominada “ley anti cianuro”. Esta ley fue derogada en 2011 cuando Carlos Soria asumió la gobernación de la provincia y el tema vuelve a instalarse en las calles jacobaccinas y en la región.

En este sentido, Toro adelantó que si bien hay una necesidad de trabajo muy importante en Jacobacci que puede cubrirse con la actividad minera, el municipio no se va a expedir hasta tanto el tema sea debatido en profundidad.

“Así como el ferrocarril, en su momento y ahora la ruta 23 han generado un impacto al medio ambiente con el desmonte y la voladura de los cerros, la minería también lo produce. Hoy se está confeccionando la nueva Carta Orgánica y este es un tema que nuestros convencionales incluirán con todos los elementos técnicos que sean necesarios”, agregó.

Recalcó que de tomar una postura afirmativa debe existir un acuerdo comunitario y se deben tener las garantías de que la explotación se realizará con una tecnología que genere el menor impacto posible sobre el medio ambiente.

La comunidad de Jacobacci virtualmente se dividió entre 2003 y 2005, cuando surgió la posibilidad de explotación del proyecto Calcatreu.
Fuente:http://www.rionegro.com.ar/sociedad/el-tema-minero-vuelve-a-instalarse-en-jacobacci-EN3096314
Mexico

Señalan como evasoras fiscales a 12 mineras canadienses

Doce mineras canadienses fueron descubiertas por la Auditoría Superior de la Federación como presuntas evasoras fiscales; de éstas, cuatro aparecen en la lista de seis mineras que exigen al Sistema de Administración Tributaria el reembolso de 360 millones de dólares

El gobierno canadiense presiona para que el Sistema de Administración Tributaria (SAT), a cargo de Osvaldo Santín, reembolse más de 360 millones de dólares en impuestos a mineras de aquel país que operan en México. Por el contrario, de acuerdo con la lista de 59 registros federales de contribuyentes (RFC) que corresponden a presuntas evasoras fiscales, hay 12 filiales de compañías canadienses, de acuerdo con un reporte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Los RFC revelados en el  Informe del resultado de la fiscalización superior de la cuenta pública 2015, corresponden a: Agnico Eagle México, Agnico Sonora, Minas de Oro Nacional, Minera Real del Oro, Mina Bolañitos, Refinadora Plata Guanacevi, Obras Mineras y Tiros del Centro, Minera La Encantada, Minera El Pilón, First Majestic Plata, Compañía Minera Cuzcatlán, Minera Peñasquito, Plata Panamericana, Primero Empresa Minera, Minera Plata Adelante y Minera Meridian Minerales.

Estas son filiales de las canadienses: Agnico-Eagle Mines Limited, Alamos Gold, Argonaut Gold Inc., Endeavor, Engineering, Desing & Construction (EDC), First Majestic Silver Corporación, Fortuna Silver Mines, Goldcorp México, Pan American Silver Corp México, Primero, Southern Silver’s, Yamana Gold Inc.

Del listado de registros, el documento Recaudación y Aplicación de los Derechos Mineros. Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-5-06E00-02-0085 indica que corresponden a los “contribuyentes que cuentan con títulos de concesiones mineras que se identificaron como presuntos evasores, a fin de constatar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, debido a que no realizaron el pago de los derechos especial, adicional o extraordinario de minería previstos en los artículos 268, 269 y 270 de la Ley Federal de Derechos”.

 

Los deberes incumplidos

El artículo 268 de la Ley Federal de Derechos, se refiere a que los titulares de concesiones y asignaciones mineras que obtuvieron ingresos por la enajenación o venta de la actividad extractiva, deberán pagar una tasa del 7.5 por ciento sobre sus ingresos.

El artículo 269 de la Ley aplica para los titulares de concesiones que no ejecuten obras y trabajos de exploración y explotación durante dos años continuos. Éstos deberán aportar las cuotas señaladas en el artículo 263, fracción VI, de la Ley Federal de Derechos, por hectárea concesionada.

En tanto que el artículo 27 obliga a titulares de concesiones y asignaciones mineras que obtengan ingresos por la enajenación de oro, plata y platino a pagar el 0.5 por ciento.

Miguel Mijangos Leal, integrante de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema), dice que el gobierno canadiense lleva varios años presionando a los gobiernos latinoamericanos en el tema minero. “Lo han hecho para modificar leyes que eviten la que dicen es una ‘doble’ tributación y ésta principalmente se realice en Canadá, dónde están inscritas la mayoría de las mineras del mundo, porque obtienen mejores condiciones económicas.

 

“La fuerte apertura del gobierno mexicano a la inversión extrajera, bajo la equivocada creencia que la inversión trae crecimiento económico nacional, es una de las causas para tener un marco legal laxo (y cuando digo marco legal me refiero a todas las leyes que involucran al sector), incluyendo por supuesto la tributaria”, dice.

Al cruce de la información divulgada por el SAT a un medio de comunicación y lo evidenciado por la Auditoría Superior de la Federación, se observa que de las 12 supuestas evasoras, cuatro de ellas se encuentran en la lista que exige el reembolso de impuestos a través de funcionarios de su país de origen.

Aquellas que se encuentran en ambas listas son Goldcorp, Alamos Gold, Agnico Eagle Mines y Endeavour Silver Corp. Las otras dos compañías apoyadas por las autoridades canadienses: McEwen y Torex Gold Resources.

Goldcorp, que reclama al gobierno mexicano 230 millones de dólares, aparece en el sitio 1461 de lista de Forbes como Las empresas públicas más grandes del mundo 2017, que analiza 2 mil firmas trasnacionales. La publicación también la sitúa en el espacio 285 de los mejores empleadores de Canadá.

BNaméricas, la comunidad de negocios en línea más grande en América Latina, indica que esta empresa tiene sus principales activos en Canadá con cuatro minas, y el mismo número en México, en Centroamérica y Sudamérica. Actualmente opera los proyectos Peñasquito, Los Filos, El Sauzal y Camino Rojo en México; Marlin en Guatemala; las minas Alumbrera y Cerro Negro en Argentina, y Pueblo Viejo en República Dominicana.

Alamos Gold, que tiene retenidos 26 millones de dólares, dice su información institucional, es productor intermedio de oro canadiense con producción en la mina Young-Davidson, en el norte de Ontario, Canadá, y las minas Mulatos y El Chanate en Sonora, México. “La Compañía tiene un perfil de crecimiento líder con proyectos de exploración y desarrollo en México, Turquía, Canadá y los Estados Unidos…”, dice su página oficial.

Agnico Eagle Mines, que requiere al SAT 18 millones de dólares, es una empresa canadiense de minería de oro que produce metales preciosos desde 1957, según su portal corporativo. Sus ocho minas están ubicadas en Canadá, Finlandia y México, con actividades de exploración y desarrollo en cada uno de estos países, así como en Estados Unidos y Suecia.

Endeavour Silver Corp, que pide la devolución de 15.6 millones de dólares, anunció que en 2016 El Cubo (la tercera mina más grande de la compañía) produjo 2 millones de onzas de plata y 21 mil 327 onzas de oro. “La producción de plata y oro superó las previsiones debido a un mayor rendimiento, parcialmente compensado por menores recuperaciones de oro”, indicó en su plataforma de internet.

McEwen tiene sus plantas productoras en el norte del país, denominadas El Gallo Gold y El Gallo Silver, ubicadas en Sinaloa, México. Además, explota minas en Argentina y Canadá. A esta empresa, el SAT le tiene pendientes de entregar 6.2 millones de pesos.

Torex es un productor de oro, con sede en Canadá, dedicado a la exploración, desarrollo y explotación de un área de 29 mil hectáreas en el “Cinturón de oro de Guerrero”, indica. Dentro de esta propiedad, Torex cuenta con la mina El Limón-Guajes, que comenzó la producción de oro en diciembre de 2015, y el Proyecto Media Luna, en una etapa avanzada de exploración. Se define como un “productor creciente de oro y plata en las Américas”, en su página de internet. El gobierno mexicano le tiene retenidos 66.5 millones de dólares.

“Como el gobierno mexicano ha enviado a la opinión pública el discurso de las bonanzas de la inversión como crecimiento, y el cual está amarrado a tratados comerciales que obliga a pagos de compensación si hay incumplimiento, ahora las empresas condicionan su inversión a cambio de obtener más preferencias que las que de  por si obtienen en Canadá. Por ello, tratan por cualquier vía de abaratar, lo más que puedan, el costo de producción y el pago de impuestos y aranceles; prefieren menos sindicalizados y más empleados vía outsourcing, y así transfieren, evitan impuestos y ganan en renta. Por eso, les dan preferencias de cuotas en el pago de concesiones entre más superficie de tierra soliciten o, como sucede con el reciente impuesto (del 7.5 por ciento). Éste no tiene un mecanismo de supervisión transparente y permite la creación de lagunas legales que simplemente le evitan al fisco tener idea de cuánto sacó y vendió una empresa, para poder entonces tasar el impuesto real.

“En síntesis, es un juego entre las empresas y los gobiernos, y en este juego no hay negocio, ni nacionalidad ni ganancias… hay despojo y enriquecimiento de particulares y de políticos”, dice Mijangos Leal.

 

Goldcorp en la mira de Naciones Unidas

El respeto a los derechos humanos y ambientales también ha sido motivo de que funcionarios de organismos internacionales pongan su mirada en México, ya que el país es uno de los que más conflictos registra en América Latina.

En México, la principal productora de oro aparece entre los casos de violación a los derechos humanos que documentaron organizaciones defensoras, así como el Grupo de Trabajo de la ONU. También se le ha relacionado a dicha empresa con problemas fiscales en el país.

El Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4) y la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) documentaron la “destrucción de la vida comunitaria y generación de daños a la salud y al ambiente en la comunidad de Carrizalillo”, en Guerrero.

 

En el informe México: Empresas y Derechos Humanos —compendio de información que presentan la Coalición de Organizaciones de la Sociedad Civil al Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU—se documenta:

“La empresa, actuando con dolo, compró de forma ilegal tierras del ejido en propiedad comunal.

“Durante las acciones de protesta de la comunidad ha utilizado a todo el aparato de gobierno para amedrentar, amenazar e incluso desalojar a la población, cuando ésta ha establecido plantones o cierres de las operaciones mineras.

“Durante la construcción del proyecto, dinamitó un área con resquicios arqueológicos (pirámide y otros sitios de rezo), pertenecientes a la cultura balsas-mezcala. No respetó las leyes ambientales mexicanas, al destruir una porción de la región terrestre prioritaria denominada RTP#118 [Cañón del Zopilote, denominado por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio)]. También destruyó una área protegida para aves migratorias IACA # 18 (Conabio).

“En su pileta de lixiviados se han reportado y detectado miles de muertes de aves que han sido ocultadas por la empresa. El proyecto minero ocupa el 90 por ciento de la microcuenca hidrológica, alterando y dañando toda la dinámica hídrica de la zona”.

México, atractivo para las mineras canadienses

El portafolios de Proyectos Mineros Operados por Compañías de Capital Extranjero —de la Coordinación General de Minería de la Secretaría de Economía— indica que en el país hay 803 con capital canadiense. También las hay de Argentina, Italia, India, Australia, Bélgica, Japón, Estados Unidos, China, Corea, Perú y España.

La Cámara  Minera de México (Camimex) indica: “Antes de la aprobación de los nuevos derechos mineros, el sector estimó para los próximos seis años una inversión de 30 mil millones de dólares, y la generación de 100 mil nuevos empleos, lamentablemente la entrada en vigor de los nuevos derechos y los bajos precios de los metales, propiciaron que las inversiones se contrajeran y el empleo redujera su ritmo de crecimiento”.

“En el periodo 2013-2015 se han invertido 16 mil millones de dólares y se han creado 16 mil 357 nuevos empleos, lo que dista mucho de las proyecciones originales, ante la pérdida de competitividad”, dice la Camimex.

Fuente:http://www.remamx.org/2017/07/senalan-como-evasoras-fiscales-a-12-mineras-canadienses/