22/09/2022
OEP Venezuela
Crédito Foto Tiago Orihuela
La Misión internacional independiente de determinación de los hechos de las Naciones Unidas sobre la República Bolivariana de Venezuela ha hecho público el 20 de septiembre varios informes que documentan de manera detallada los resultados de investigaciones sobre la violación de derechos humanos en en el país. Uno de los documentos revela específicamente La situación de los derechos humanos en el Arco Minero del Orinoco y otras áreas del estado de Bolívar.

Tras la implementación del Estado venezolano de una Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco», se dio puerta franca a la explotación legal e ilegal de oro y otros minerales en el país,trayendo consigo la incorporación de dinámicas de expoliación que afectan tanto a seres humanos como a la naturaleza. Este informe de las Naciones Unidas confirma las reiteradas denuncias que se vienen haciendo desde las organizaciones sociales sobre la violación sistemática de derechos humanos en el contexto del Arco Minero del Orinoco. Es así como esta misión internacional independiente basa sus análisis y conclusiones en los testimonios de 155 entrevistas (71 en misiones de terreno y otras 84 a distancia) realizadas a víctimas, familiares, organizaciones de derechos humanos y representantes de pueblos indígenas. A continuación destacamos algunos elementos relevantes de este informe de 156 páginas.

Estado y Grupos armados irregulares
Esta investigación sostiene que hay evidencias que permiten establecer nexos entre algunas autoridades del Estado venezolano con las bandas criminales involucradas con el comercio ilegal de oro proveniente del Arco Minero. Este informe dice que “Según las investigaciones de la Misión, parece existir una forma habitual de colaboración entre la FANB y los grupos ilegales consistente en el intercambio de oro a cambio de armamento”.

Presencia y actividad del ELN en el Arco Minero
También se corrobora en este documento la presencia y expansión en el territorio nacional de grupos armados extranjeros entre ellos el Ejército de Liberación Nacional. Se denuncia la colaboración y complicidad de algunos miembros de la Guardia Nacional Bolivariana con estos grupos irregulares.

Violencia en la zona del Arco Minero
El informe señala que los distintos grupos armados extranjeros como el ELN y la FARC así como los denominados “sindicatos” han establecido diversas dinámicas de violencia que se expresan de la siguiente manera: “(1) enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad del Estado y grupos armados, que incluyen operaciones de “limpieza” de zonas mineras; (2) incidentes violentos entre grupos armados, así como actos violentos perpetrados por los dichos grupos contra la población civil y minera, y por el control de las minas; (3) ataques perpetrados por el ELN; y (4) castigos corporales y ejecuciones ejemplarizantes”.

Violencia por el control de la minería en territorios indígenas
Esta investigación señala que diversos líderes y lideresas de pueblos indígenas han recibido amenazas en algunos casos por grupos armados irregulares y en otros por los mismos representantes del Estado venezolano. El documento indica lo siguiente: “Desde 2016 hasta la fecha de redacción del presente informe, varios líderes y lideresas indígenas han sido blancos de amenazas y ataques. Estas dinámicas han sido particularmente frecuentes en las comunidades indígenas ubicadas en lugares estratégicos por la presencia de minas o por ser parte de rutas de tráfico ilícito, como Kumarakapay, ubicada sobre la Troncal 10, y Maurak, que alberga el aeropuerto de Santa Elena de Uairén”.

La invasión de territorios indígenas por parte de militares como de grupos irregulares atenta contra la integridad física de los pueblos indígenas, es así como este informe de las Naciones Unidas documenta con detalles varios casos ilustrativos en los cuales se ejerció la violencia y se violó los derechos de comunidades indígenas.

Violencia sexual y de género en el contexto de la minería en el estado de Bolívar
La Misión internacional independiente identificó casos de explotación sexual de mujeres, niñas y adolescentes. Al respecto indican que “La explotación sexual de niñas y adolescentes es particularmente frecuente en las minas. Organizaciones locales especializadas en derechos de los pueblos indígenas han denunciado que muchas de las currutelas y locales donde se ejerce la prostitución, esclavizan a niñas y adolescentes indígenas, cada vez de menor edad, por la preferencia por las más jóvenes”.

Foto Vía CEPAZ
Ver también: Mujeres indígenas de Venezuela: las otras víctimas del extractivismo

Este informe indica que hay indicios de casos de prostitución de niñas. “Según el testimonio de un hombre que trabajó en varias minas en el municipio de Sifontes en 2016 y 2017, había trabajadoras sexuales en todas las minas, incluyendo niñas de unos 12 años en adelante. A las niñas casi siempre las ponían a trabajar en la madrugada, mientras las mujeres trabajaban por las tardes. Otro testigo que habló con la Misión y que trabajó en las minas de San Luis de Morichal entre mayo y julio de 2018 afirma haber visto por lo menos 25 menores trabajando en las currutelas en estas minas”.

Este informe retrata de manera detallada la situación de afectación de derechos humanos de pueblos indígenas y de niñas, mujeres y adolescentes en el contexto del Arco Minero del Orinoco. Este documento nos motiva a las organizaciones sociales, indígenas, ambientalistas y de derechos humanos a seguir investigando y denunciando los impactos de la minería legal e ilegal en Venezuela.

Elementos clave del Informe sobre la situación de Derechos Humanos en el Arco Minero del Orinoco

19/09/2022
Erick Camargo
CVG Bauxilum. Foto redes sociales de CVG Bauxilum
La empresa CVG Bauxilum es la encargada de la explotación de bauxita y su transformación en alúmina, para luego ser transformada en aluminio. Esta surgió con la fusión de la CVG Bauxiven e Interalúmina en 1994 y está compuesta por la mina de Los Pijiguaos y la planta de alúmina en Puerto Ordaz. Bauxilum por mucho tiempo fue un ejemplo de “eficiencia” y desarrollo de aquella Venezuela saudita, incluso posterior al quiebre, la empresa llegaría a mostrar sus picos de producción alrededor del año 2002, gracias a las inversiones realizadas por el Estado.

El deterioro de la economía había ya paralizado desde 2016 la producción de Bauxita, pero esta se seguía transformando en alúmina, utilizando el mineral depositado al pie de la mina y en los depósitos de los puertos. La conflictividad laboral, la escasez de energía eléctrica estable y el poco mantenimiento de las máquinas han permitido que la producción sea lenta y escasa, sin consumirse la totalidad del mineral extraído. Ya en 2019 Tal Cual había reportado la paralización y reactivaciones momentáneas de la maquinaria, sin que esto fuese algo estable. Hay que notar que en la misma nota se indica la llegada de soda cáustica al puerto, para suministrar de ese químico a la planta, sin que esta pueda reciclar el contenido en las piscinas.

Para agosto de este año, tras el reclamo de trabajadores de la empresa, se pudo saber que la misma va teniendo últimamente una lenta reactivación, incluso declaran “que se hacen algunos trabajos en la mina”. Pero a principios de este septiembre se verificó, que este inicio de actividad vino acompañado con un desastre ambiental de gran calado; la expulsión de alúmina calcinada (óxido de aluminio) al aire, el cual ha sido respirado por más de una semana por los habitantes de las comunidades circundantes. No olvidemos que esta planta, en Matanzas, está en el perímetro urbano de Puerto Ordaz.

El 8 de septiembre, el Correo del Caroní, anunció que ya se tenían 4 días de expulsión del material al ambiente. Este mismo reportaje señala que las personas de las zonas afectadas empezaron a mostrar síntomas de molestias respiratorias, irritación en mucosas, en ojos y garganta. Mientras la empresa pide una disculpa y no asume responsabilidades. Silvano Moreno, secretario general de Sutralúmina Bolívar, precisó en entrevista con Correo del Caroní que el calcinador se encendió sin haber culminado su mantenimiento. Hay una imposición por producir a toda costa, sin mediar en las consecuencias.

Comunicado de CVG Bauxilum

Por otra parte, en Crónica Uno se reseñó que no hay control sobre las partículas expulsadas al ambiente, y que hay un grave peligro con las micropartículas que entran al organismo y se alojan en tejidos blandos, provocando acumulación de contaminantes. Entre los efectos para el sistema respiratorio puede haber disminución de la capacidad pulmonar, asma bronquial, bronquitis, enfisemas pulmonares, fibrosis pulmonar y cáncer. Algunos de estos pueden aparecer a largo plazo, cuando el evento quede en el olvido y nadie se haga cargo.

Legado Destructivo desde la Mina
Pero de lo que poco se habla es del nefasto legado de la empresa en materia medioambiental y social. Desde la propia explotación de mineral que ha dejado una enorme herida en la selva, con la construcción de un pueblo para los trabajadores a costa del desplazamiento de comunidades indígenas E’ñepa, sin consulta previa y sin que aún se les haya restituido sus territorios o se les indemnizara adecuadamente.

La deforestación en la zona de Los Pijiguaos es uno de los casos más emblemáticos de la amazonía, como se puede ver en la foto, más de 9 kilómetros de selva fueron destruidos para la extracción de mineral, sin contar la capa vegetal que también se removió para la construcción de los pueblos del campamento, de Morichalito y el aeropuerto. Pueblos que además siempre han vivido en una terrible situación de precariedad.

Deforestación en los Pijiguaos

Lodos Rojos, amenaza constante al Orinoco
Pero en la planta de producción de alúmina también, desde el principio, ha existido un grave problema, que contamina nuestro río principal y pone en peligro la subsistencia y salud de poblaciones río abajo. Es el caso de las lagunas de oxidación, conocidas también como piscinas de lodos rojos. El proceso de conversión del mineral de bauxita en alúmina, mediante el proceso Bayer requirió la creación de estas lagunas, las cuales contienen además de los lodos rojos, soda cáustica. Esta situación se viene denunciando desde hace años, según una investigación de Carlina Ron, cuando la planta estaba en operación el desecho era de 1 millón de toneladas de lodos anuales y 2 millones de metros cúbicos de soda cáustica.

Lagunas de oxidación
Estos contaminantes se han venido acumulando en unas piscinas de oxidación, a pocos metros de la orilla del río Orinoco. En el año 2.000 se había anunciado un proyecto de modernización con la inversión de la empresa francesa Pechiney, la cual mejoraría la producción y resolvería de forma definitiva el problema de la acumulación de lodos rojos. Sin embargo, la situación política, social y económica del país dejaría a ese proyecto en el olvido. Además, se presume que la supuesta solución al tema de los residuos era más propaganda que una realidad; pues en el mundo apenas el 2% de los lodos rojos se han reciclado y al contrario, han sido origen de catástrofes ambientales de gran magnitud.

La Contaminación No Para
En El Pitazo, otro dirigente sindical, José Basanta, reveló que para el 17 de septiembre aún no se detenía la dispersión de partículas de alúmina calcinada en el ambiente. Pese a que la empresa había anunciado el cese de las operaciones para evitar seguir contaminando. Alega además que es mentira que se colocaran filtros en el calcinador, como anunció la empresa; pero que además los empleados no cuentan con equipo de protección adecuado para trabajar, apenas con mascarillas y se ven expuestos a los químicos contaminantes.

Afirmó además que “No van a paralizar porque le están mandando alúmina a Venalum, empresa que arrancó una celda y no la puede paralizar. Ellos han decidido, de manera irresponsable, seguir contaminando el ambiente y dañando a los seres humanos. Solo están pendientes del proceso productivo”.

Declara el dirigente sindical que el problema no es nuevo, que hace años los filtros vienen fallando o se carecen de ellos; que ya los trabajadores se han visto afectados en su salud por laborar en esas condiciones. Las declaraciones del líder sindical hacen parecer que Venezuela cuenta con su propia versión de casos como el de Chernobyl o Bophal, donde industria y Estado se juntan para encubrir el daño ambiental en aras de la producción.

Silencio de las Autoridades, Indefensión Ciudadana
Las autoridades ambientales del país han hecho absoluto silencio ante lo ocurrido. Desde el Ministerio de Ecosocialismo ni siquiera se ha publicado un comunicado, ni se han anunciado las medidas judiciales a tomar sobre los responsables de la empresa que ha envenenado a miles de personas.

Bajo la Ley Penal del Ambiente, en su artículo 96, corresponde pena de prisión de 6 meses a 2 años, así como una multa de entre 600 a 2.000 Unidades Tributarias a los responsables de lo sucedido, lo que podríamos ver como insuficiente dada la gravedad del asunto. Sin embargo, también cada uno de los implicados tiene la potestad de demandar a la empresa estatal por daños y perjuicios ocasionados por las partículas, exigiendo que se les cancelen los gastos médicos, así como futuros chequeos para ver la evolución de la salud a raíz de la exposición al contaminante.

También cabría abrir un procedimiento administrativo contra la empresa por incumplir el decreto de normas sobre calidad del aire y control de la contaminación atmosférica, que dispone en el artículo 17, que empresas que puedan incurrir en riesgo, aplicar medidas de mitigación, contención y en caso, como ahora, de haber realizado el daño, deben corregir y reparar el daño realizado. Sin embargo, hasta ahora no vemos que ninguna autoridad tome cartas en el asunto. Queda en mano de los ciudadanos exigir justicia a Bauxilum y al Ministerio de Ecosocialismo, por su inacción y falta de transparencia y responsabilidad en el asunto.

Este 19 de septiembre se anunció por Crónica Uno, que se establecería una comisión ciudadana para investigar el daño ambiental provocado por Bauxilum, en este caso de dispersión de alúmina calcinada. Sin embargo, ya es tarde para esto y se deben tomar medidas penales, además; ya pasados más de 15 días y sin que se detenga la emisión del contaminante, se debe exigir a la empresa la paralización total de su actividad e iniciarse los procedimientos administrativos pertinentes para determinar responsabilidades.

Pasivos ambientales de CVG Bauxilum, una historia de impunidad