Bolivia

Los residuos de la minería dejan comunidades contaminadas

La explotación ilegal de oro con componentes químicos es la principal causa de la contaminación de los ecosistemas en las comunidades del norte de La Paz.

Se realizará un censo a centros mineros para poder acabar con el tráfico de este metal, informó el director del Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales (Senerecom), Víctor Maldonado.

La representante de las comunidades afectadas por la minería Margarita Aquino anunció medidas de presión para reclamar al Gobierno por el daño ambiental que genera la minería y que éste frene su producción.

El ministro de Minería, César Navarro, indicó que con el dinero que otorga la minería se debe generar una respuesta ambiental para contrarrestar estos daños.

Fuente:http://www.atb.com.bo/seccion/econom%C3%ADa/los-residuos-de-la-miner%C3%ADa-dejan-comunidades-contaminadas

Mexico

Continúa inconformidad por instalación de fábrica de cianuro en Gómez Palacio

Continua la oposición por parte de habitantes de la comunidad del Siete y del ejido Dinamita municipio de Gómez Palacio y del Comité de Pueblos y Comunidades por la Defensa de la Vida, el Territorio y el Agua, por la instalación de la compañía dedicada a la fabricación de cianuro de socio «Chemours Company».

Genaro Sánchez, habitante del Siete detalló que ante la insistencia de la compañía por instalarse en la Comarca Lagunera y de la complacencia de las autoridades se han visto obligados protestar y manifestarse contra estas decisiones que ponen en riesgo la integridad física del pueblo.

Dijo que el pasado 28 de octubre se llevó a cabo el primer Encuentro Lagunero por la Vida y el Territorio donde se expusieron las consecuencias ambientales ya que el proyecto de Chemours Laguna contempla la producción de más de 60 toneladas de cianuro de sodio cada año.

Por otra parte aseguran que han sido amenazados por personal de esta empresa con ser despojados de sus viviendas y del territorio que ocupan más de mil personas en comunidades como el 7 y el Ejido Dinamita.

Expuso que hace seis meses La Red Mexicana de Afectados por la Minería, en el centro del país, informaron que el Proyecto San Luis que llevaría a cabo la empresa química The Chemours Company consistía en instalar en el municipio de San Luis de la Paz, Guanajuato, una planta para producir 65 mil toneladas de cianuro de sodio al año, el cual luego de las manifestaciones de los pobladores fue cancelado de manera definitiva por lo que esperan esto pueda replicarse para la Comarca Lagunera.

Fuente:https://laguna.multimedios.com/laguna/continua-inconformidad-por-instalacion-de-fabrica-de-cianuro-en-gomez-palacio

Internacional

Desestimadas alegaciones de Berkeley sobre impacto ambiental de mina uranio

España.- La Audiencia Nacional ha desestimado las alegaciones previas presentadas por la empresa Berkeley al recurso de grupos ecologistas contra la declaración de impacto medioambiental de la mina de uranio, proyectada en la localidad salmantina de Retortillo.

El auto judicial al que ha tenido acceso Efe se ha notificado después de que la empresa australiana presentara el pasado 22 de septiembre alegaciones contra un recurso de abril de 2016 de Ecologistas en Acción y Equo, que consideran que la declaración de impacto medioambiental no incluye que el proyecto puede ser nocivo al dedicarse al procesamiento del uranio y a ser un almacén de residuos radiactivos.

En el documento de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, los magistrados consideran que las alegaciones planteadas por la empresa son «idénticas» y una «mera reiteración» de las presentadas -y también ya desestimadas- por la Abogacía del Estado y que iban en la misma línea: pedir a la Audiencia Nacional que no admitiera el recurso de los ecologistas.

Además, la Audiencia Nacional advierte de que «las costas del incidente se impondrán a la codemandada Berkeley» y de que no cabe recurso a esta decisión.

La empresa hacía hincapié, según han revelado a Efe fuentes jurídicas, en que la declaración de impacto medioambiental era firme y no podía ser recurrida ante los tribunales y, al mismo tiempo, negaba legitimidad a Equo para personarse en la causa.

Los grupos ecologistas han celebrado la decisión y han considerado que la Audiencia Nacional les ha dado «la razón», lo que en palabras del coportavoz de Equo, Juantxo López de Uralde, supone «un paso más en el trabajo» para «demostrar todas las ilegalidades en las que incurre este proyecto».

En declaraciones a Efe, López de Uralde ha calificado esta mina como «la mayor agresión ambiental que está sucediendo ahora en España», y ha recordado que «el defensor del pueblo de Castilla y León ya emitió un informe en el que reconocía que el estudio de impacto medioambiental de esta mina no cumple las condiciones necesarias».

Por su parte, la empresa Berkeley se ha mostrado confiada en que la Audiencia Nacional aceptará la declaración de impacto medioambiental y rechazará los argumentos que Equo y Ecologistas en Acción incluyeron en sus recursos al proyecto.

A través de un comunicado, Berkeley ha considerado que este órgano judicial «aún no se ha pronunciado» y ni siquiera ha admitido a trámite el recurso de los ecologistas, sino que se limitó a pedir «alegaciones previas» que, según su criterio, es lo que ahora ha desestimado.

Por esta razón, la empresa cree que existen «fundamentos más que suficientes» para confiar en que la Audiencia Nacional desestimará la demanda realizada por Ecologistas en Acción y Equo contra el proyecto de la mina de uranio a cielo abierto en la localidad salmantina de Retortillo.

El presidente del PP de Castilla y León y alcalde de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco, ha apelado al cumplimiento de la legalidad y los trámites preceptivos: «si se cumplen los trámites normales y de otro tipo dentro de la normativa europea, estatal y autonómica, no hay nada más que decir», ha resumido. EFE.

Fuente:http://www.lavanguardia.com/vida/20171122/433085590114/desestimadas-alegaciones-de-berkeley-sobre-impacto-ambiental-de-mina-uranio.html

Mexico

Campesinos de Chiapas se oponen a 21 proyectos mineros en la Sierra Madre (Animal Político)

Los campesinos del sur de Chiapas que tratan de frenar 21 concesiones mineras, dentro de una zona de reserva en la Sierra Madre de México, llevan varios días y muchas horas hablando sobre cómo fue su última pelea con machetes y piedras contra un grupo de personas contratado —aseguran— por las empresas afectadas por su lucha.

Si los campesinos no olvidan esta pelea y no dejan de hablar de ella, es porque saben que después del último episodio violento, cualquier cosa puede pasar.

Esta disputa ocurre en la costa del estado de Chiapas, al sur de México, en un municipio llamado Acacoyagua. Allí, al pie de la Sierra Madre de Chiapas  —considerada como la última frontera minera del sur de México— viven más de 17 mil  habitantes rodeados de las reservas de la biósfera La Encrucijada y El Triunfo, en una región conocida como El Soconusco.

En el caso puntual de su último enfrentamiento, señalan directamente a la minera El Puntal SA de CV, desarrolladora de la mina Casas Viejas, pero también han tenido dificultades con otras más, como el Grupo Minero Male, Honour Up Trading, GTM Mineral o personas que han identificado como las beneficiarias de las concesiones.

Colombia

INVITACIÓN. Lanzamiento Libro y Conversatorio «Minería, Violencia y Criminalización en América Latina»

Estimadas y estimados amigos,

Les dejamos invitación a participar del Lanzamiento del Libro y Conversatorio «Minería, Violencia y Criminalización en América Latina», que se llevará a cabo el día 23 de noviembre a las 6 pm en Calle 37 Nº 15 – 40, Bogotá, Colombia.

Participaran como ponentes:

– Diana Murcia, de la Universidad del Bosque

– Milson Betancur, de la Universidad Nacional de Colombia y Censat Agua Viva

– Colectivo Socioambiental Juvenil de Cajamarca – Cosajuca

– Asocomún Fortaleza de la montaña

 

Dudas e información, escribir a minería@censat.org o a censatconflictosmineros@gmail.com

Colombia

Aumenta el tono de la discusión por Santurbán

El ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo, intentó este miércoles bajarle el tono a la creciente indignación nacional sobre la posibilidad de que se desarrolle un proyecto minero en el páramo de Santurbán, entre Santander y N. de Santander.

“No hay ninguna actividad, ni proceso de licenciamiento de ningún proyecto en área de páramo” fue su declaración, a decir verdad, ciertas en el estricto sentido de la palabra.

El proyecto Minesa no se encuentra en área de páramo, sino en zona de bosque alto andino, sobre los 2.640 metros sobre el nivel del mar, y por fuera de la línea de protección trazada por el Gobierno en colaboración con el instituto Von Humboldt, que dice que inicia a los 3.100 metros.

 

Sin embargo, este factor no es el tema de fondo de la protesta que se viene elevando hace dos semanas en el país, cuando el ministro de Minas, Germán Arce, confirmó las intenciones de Minesa en la región, tras una visita a los jefes del fondo Mubadala, árabes dueños del proyecto minero.

“Es que una cosa es lo que ellos (Gobierno y Minesa) dicen que está por debajo de la línea de páramo, pero el agua hace parte de un sistema. Porque el páramo, como tal, no es nada sino que hace parte de un ecosistema”, aseguró a EL COLOMBIANO Rodolfo Hernández, alcalde de Bucaramanga que se ha convertido en la cabeza visible de la oposición a la minería en la zona de Santurbán.

El mandatario decidió arremeter contra el presidente, Juan Manuel Santos, a quién le envío cinco preguntas sobre el futuro de este proyecto.

“Debajo de la línea, si usted derrumba la composición del terreno, va a derrumbar toda el agua que llega. Entonces es como decir que en un cuerpo, la cabeza es páramo y de ahí para abajo no”, explicó Hernández.

 

Voces contrarias

Al tiempo que el Minambiente intentó echar agua al fuego de la indignación, aprovechó para criticar al alcalde. “Las afirmaciones del señor alcalde no tienen ningún asidero en la realidad. Realmente son afirmaciones irresponsables y desinformadas”, ya que el Gobierno “ha garantizado la protección del agua de los colombianos”, dijo.

Murillo echó mano de los 23 páramos que han sido delimitados en el Gobierno para resaltar que “el país puede tener la tranquilidad que no se va a hacer ni se está haciendo minería en páramos, porque está prohibida, porque tenemos un compromiso con la protección del agua”.

Sin embargo, no se refirió a la preocupación de fondo, que es la interconectividad del agua en todo este ecosistema.

“El páramo no puede reducirse a una simple cota en metros sobre el nivel del mar; es una unidad biogeográfica”, explicó Erwing Rodríguez-Salah, miembro del Comité Cívico del Páramo de Santurbán, que recalcó que “existe el superpáramo, el páramo, el subpáramo, el bosque alto andino, bosque bajo andino y las zonas de amortiguación, elementos que son interdependientes por lo cual no se puede pretender intervenir uno de ellos sin considerar la afectación de los demás”.

Entre las declaraciones cruzadas existe una realidad y es que en el momento, la delimitación de Santurban, que demoró años en hacerse y se conoció en 2014, no se encuentra vigente.

Un fallo de la Corte Constitucional, en respuesta a una tutela que argumenta que no se tomaron en cuenta a todas las voces involucradas en el momento de trazar la línea, exige que dentro de un año se surta nuevamente el proceso de concertación y se expida una nueva delimitación.

 

Lo que sigue

¿Qué va a pasar con el proceso de licencia ambiental que para Minesa no está aún muy claro? Los tiempos indican que en los primeros meses de 2018 la Anla debería tomar una decisión, aunque el Ministro dice que habrá primero acatar la revisión pedida por la Corte.

“Esta es una decisión eminentemente técnica. Sin embargo, no se tomará ninguna decisión de licenciamiento de este proyecto hasta tanto se surta el proceso de revisión del páramo de Santurbán-Berlín”, subrayó, y agregó que se contará con el acompañamiento de la Procuraduría para garantizar la transparencia y participación ciudadana.

Asimismo, aseveró que la Anla creará un Comité de Expertos nacionales e internacionales para realizar el acompañamiento y seguimiento al proceso licenciatorio.

No obstante, el fallo del alto tribunal podría virar la forma como se había estado tomando las decisiones en Santurbán, pues podría abarcar dentro de los involucrados a los habitantes de Bucaramanga, que se surten del agua que produce el páramo.

Así lo explicó Rodríguez-Salah, uno de los accionantes, al aclarar que la delimitación original vulneró los derechos de los bumangueses. Sobra decir que este argumento dictaría un precedente importante para las delimitaciones hechas, pues abriría el espectro para que otras comunidades distintas a las que viven en territorio de páramo tengan voz y voto en estos territorios.

Más aún porque el alcalde Hernández enfiló energías en busca de un asiento para su ciudad en la mesa de la Anla, que ya anunció que estudia la posibilidad.

De conseguirla, conseguiría cambiar el discurso de la política de páramos y de paso, podría un gran asterisco sobre los logros en la materia hasta la fecha.

Fuente:http://www.elcolombiano.com/colombia/aumenta-el-tono-de-la-discusion-por-santurban-MC7747385

Perú

¿Cómo afectan los conflictos eco territoriales en la vida de las mujeres?

Las defensoras de la tierra y el agua están siendo vulneradas, afirmó enfáticamente la investigadora Rocío Silva Santisteban, quien presentó su libro “Mujeres y conflictos ecoterritoriales, impactos, estrategias, resistencias” el día de ayer, 20 de noviembre, en el Centro Cultural de España.  Para iniciar este libro partí de una pregunta que muchos se hacen: ¿Cómo afectan los conflictos eco territoriales en la vida de las mujeres?

El capitalismo por despojo que vivimos en la actualidad por el extractivismo, genera que las grandes empresas asuman el control de la vida, de animales, plantas, personas, y con ello, de territorios en su conjunto, propiciando los conflictos, por lo que la denominación socio ambiental que se utiliza no los refiere, hay que hablar hoy de conflictos “eco territoriales”.

El 73% del total de la tierra se encuentra en posesión de los hombres, por lo que ellos toman decisiones sobre la negociación de la misma, comentó Silva Santisteban. La Ley de Comunidades Campesinas, por su parte, solo considera al “jefe de familia” como comunero habilitado para tomar parte en las asambleas, lo que excluye a la mujer de los espacios de poder.  Cuando ocurren conflictos socio ambientales, son ellos, los que se sientan en las mesas de “diálogo”, agregó la investigadora.

El uso desmedido de la fuerza y la criminalización de la protesta afectan a las defensoras de derechos humanos. Ellas son perseguidas por el Estado, aseveró. Silva Santisteban dio una serie de recomendaciones que surgieron de la investigación, como impulsar la participación de mujeres en los procesos de Consulta previa, la promoción del liderazgo de la mujer en los movimientos sociales y la creación de Políticas Nacionales contra la violencia de género en conflictos sociales.

En la mesa de presentación del libro, estuvieron las lideresas Teresita Antazú del Pueblo Yanesha de la Selva Central, y Elsa Merma de Espinar, Cusco. Antazú contó cómo fue el proceso de empoderamiento de mujeres amazónicas en el que ella estuvo involucrada. “Yo me preguntaba por qué las mujeres no podían sentarse a la mesa junto a los hombres, por qué nos decían que traíamos mala suerte. Las cosas han empezado a cambiar poco a poco”, afirmó.  Ella participó en varias campañas por la titulación de tierras comunales y es una dirigenta reconocida.

“Nosotras no debemos callarnos, pensemos en las compañeras de nuestras comunidades, por ellas debemos resistir”, dijo Elsa Merma Ccahua, de la Organización de Mujeres Defensoras del Territorio y la Cultura del Pueblo Kana. Ella contó que la población y, sobre todo, las mujeres padecen con el extractivismo porque el costo de vida se eleva y se generan una serie de conflictos.

El Caso Máxima Acuña

La abogada Mirtha Vásquez, abogada de la luchadora social Máxima Acuña de Cajamarca, estuvo presente en el evento.  “Rocío Silva Santisteban nos está dando a conocer parte de una historia que nadie quiere contar, tenemos en nuestras manos un documento que sistematiza la experiencia de lucha que han tenido muchas mujeres por el territorio”, afirmó.

Vásquez contó que Máxima Acuña ya no soporta el acoso de parte de la empresa minera Yanacocha.  El caso se está llevando a cortes internacionales, señaló María Ysabel Cedano, directora de DEMUS-Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer, y agregó que se tiene que dar todas las garantías para proteger a la defensora de las lagunas.  Ella comentó que las mismas regiones que fueron afectadas por el conflicto armado interno, tienen conflictos socio ambientales y las mujeres otra vez están siendo afectadas en las luchas por el territorio.

El libro estará disponible online desde el 15 de diciembre.

Fuente:http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/655-mujeres-conflictos-territorio.

Colombia

El drama de la salud de las comunidades de La Guajira por la minería de El Cerrejón

A propósito del Día Universal de los Derechos de las niñas y los niños, este lunes en el Congreso de la República se desarrolló una audiencia pública sobre la situación de las y los menores de edad integrantes de las comunidades de La Guajira, afectados por la actividad minera de la empresa El Cerrejón.

Así lo denuncian las comunidades y la abogada Dora Lucy Arias, integrante del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, quien señala que esta audiencia se convoca para llamar la atención nuevamente «no a voces, sino a gritos sobre los impactos en la salud de la minería de carbón en las comunidades indígenas y afrodescendientes».

En ese sentido, han traído a la capital casos puntuales de niñas y niños gravemente afectados por la extracción de carbón a manos de El Cerrejón, como es el caso de Moisés Guette, niño indígena Wayuu de 2 años quien padece graves problemas respiratorios y de hemoglobina, por cuenta de las fuertes explosiones producidas para la extracción carbonífera, según denuncian.

Los niños están sufriendo mayores enfermedades pulmonares, de la piel y del estómago, y aunque usualmente la explicación que se da es la desnutrición, se trata de un problema cuyas raíces nacen en la actividad minera que acaba con la comida de las comunidades y con la calidad del aire, debido a la contaminación que del agua, la tierra, y el aire.

Las exigencias de las comunidades

Ante dicha situación y 35 años después de que iniciara la extracción de carbón, el Tribunal de La Guajira le dijo al gobierno que debe realizar los estudios pertinentes para determinar científicamente este impacto en la salud y en el ambiente. A su vez, las comunidades indígenas exigen que se aplique el principio de precaución y prevención, para que se impida que se mantenga esa contaminación hasta tanto, no se verifique que esa actividad es inocua.

No obstante, «ha habido una respuesta muy cosmética por parte de la empresa y el gobierno», señala la abogada, quien agrega que pareciera que se busca tapar esta situación para impedir que no se debata de manera seria para que el problema sea atendido de la manera adecuada.

Otras actividades de visibilización

Además de la audiencia, hay otra serie de actividades que se realizarán en Bogotá para que se conozca la realidad de este territorio. Una de ellas es una exposición fotográfica en la Plaza de Bolívar el lunes en la mañana, y en la tarde de 2 a 5 pm, se presentará en la Facultad de medicina en la Universidad Nacional.

El martes se realizará la II Conferencia Temática:  ​“Los derechos de los Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes, uno de los Desafíos de la PAZ en Colombia”.  de 09:00 a 5:30 p.m. en las instalaciones del Centro Cultural Gabriel García Márquez, -Auditorio Rogelio Salmona.

Fuente:http://www.contagioradio.com/comunidades-de-la-guajira-exige-articulo-49283/

Chile

40 familias de estancia Tambillos serán afectadas por actividad minera

La Estancia Tambillos, está a 3 km del pueblo de Tambillos, frente al cruce Barrancas. El 4 de noviembre les anunciaron que los trabajos de la minera que se encuentra cerca a sus terrenos volvería a operar con un nuevo proyecto. Son 86 parcelas que colindan el terreno donde se instalarían relaves filtrados, afectando la calidad de vida de las 40 familias que residen en el sector. Ellos alegan que no fueron considerados en la declaración de impacto ambiental. Fuente: La Región de Coquimbo

«Depósito de Relaves Filtrados CM Florida» fue aprobado en octubre por el Sistema de Evaluación Ambiental (SEIA). Es un nuevo depósito de relaves de siete terrazas con una altura estimada de siete metros cada una que almacenaría 3.540.293 m3 de relaves, equivalentes a 7.256.600 ton.
La inversión es de US$2.900.000 permitiendo que la vida útil de las operaciones mineras se incremente a siete años.

Además, para el nuevo depósito, el sistema requeriría un ducto de conducción de relaves, planta de filtrado, sistema de drenaje y recuperación de aguas, muro de pie de depósito, oficina sector planta de filtrado y una bodega de sustancias peligrosas.

Las 40 familias han tenido que convivir con tortas de relaves de 15 metros de altura las que, según el relato de los vecinos, no son mantenidas húmedas ni con mallas que las protejan de la polución.
«Nosotros no reclamamos a la minera por lo que hay, porque nosotros compramos sabiendo lo que había, estamos reclamando por lo que van a hacer. No nos preguntaron y podrían habernos preguntado» indicó Nena Zarricueta, integrante de la comunidad.

Uno de los vecinos más perjudicados es Jonathan Aguilera, quien hace tres años adquirió uno de los terrenos con su esposa con quien comenzaría a construir su vivienda, su sitio colinda con el cerco que separa la faena. Teme que el muro de contención de 2,5 metros de altura que construirá la empresa para contener las siete terrazas de depósito, a 20 metros de su sitio, pueda ceder producto de lluvias o sismos fuertes.

Como él son muchos los molestos con la situación, que reclaman que la empresa minera jamás se contactó con ellos para ver cómo podría afectarles el reemplazo de los relaves.

La declaración de impacto ambiental, publicada en el sitio de SEIA, no incluye participación ciudadana alguna y en su justificación de localización establece que «resulta importante destacar que aun cuando el proyecto se encuentra emplazado en un área con viviendas en sus inmediaciones y contiguo a la Ruta 43, los estudios que se acompañan en la presente declaración de impacto han permitido demostrar que no se afectará la calidad de vida de los habitantes ni tampoco el flujo vehicular asociada a la mencionada ruta».

Aguilera comentó que la empresa incluyó solo a las comunidades de Tambilloa y Barrancas y no a ellos, quienes son los más perjudicados por la situación, «los reales afectados en este caso somos nosotros que estamos al lado de la minera, somos vecinos, los cercos nuestros deslindan con la minera».

La presidenta del comité Estancia Tambillos, Elizabeth Opazo, acusa que la empresa Minera Florida nunca ha sido solidaria con el entorno ni con los vecinos, ya que nunca han dado solución a los problemas que provoca la presencia de los relaves en el sector y que durante este año la única acción en pro de la comunidad fue el emparejamiento de uno de los caminos.

Ahora bien, el problema que se les presenta a la comunidad Estancia Tambillos es que con este nuevo depósito y el incremento en la cantidad de relaves aumentará la polución con la que a diario conviven, el tránsito de camiones que no pasan encarpados y asimismo la probabilidad de volver a inundarse, tal como este invierno por las fuertes lluvias, ya que taparían el paso de una de las quebradas.

El proceso de evaluación ambiental establece que la comunidad puede solicitar un proceso de participación ciudadana dentro del plazo de 10 días, contados desde la publicación del proyecto en el Diario Oficial, plazo que vence hoy y en el que indican que vecinos de Tambillos y Barrancas no los incluyeron, por lo que debieron presentar sus peticiones de forma independiente.

Fuente:http://noalamina.org/latinoamerica/chile/item/37955-40-familias-de-estancia-tambillos-seran-afectadas-por-actividad-minera

Colombia

Más de 1000 solicitudes mineras amenazan a la Sierra Nevada de Santa Marta

Los indígenas del pueblo Arhuaco continúan con la movilización pacífica exigiendo que se respeten sus derechos territoriales sobre la Sierra Nevada de Santa Marta. En una rueda de prensa realizada en Valledupar, la Confederación Indigena Tayrona argumentó que hay una amenaza sobre el pueblo Arhuaco debido a la existencia de más de mil solicitudes de títulos mineros que buscan activar la extracción de minerales en la Sierra Nevada.

Los indígenas Arhuacos, que desde hace una semana se encuentran concentrados frente a la Gobernación del Cesar en Valledupar, indicaron que hay incumplimiento de las sentencias de la Corte Constitucional que protegen la identidad cultural de este pueblo ancestral. Además, indicaron que se han reunido con el viceministro de participación del Ministerio del Interior para realizar un acercamiento con los indígenas.

El 25 de noviembre se instalará la mesa de negociación de alto nivel

En repetidas ocasiones, los Arhuacos han pedido que el Gobierno Nacional haga presencia en el territorio a través de una delegación de alto nivel a la cual le puedan expresar sus preocupaciones. Sin embargo, hay que recordar que esta solicitud no fue atendida por las instituciones del Gobierno y los diálogos de la semana pasada tuvieron que ser suspendidos.

Indicaron que el viceministro de participación del Ministerio del Interior «apenas está desarrollando la agenda política que se va a desarrollar en la mesa de negociación», pero que,  «no tiene capacidad política para resolver nuestras solicitudes» por lo que continúan esperando que otros funcionarios hagan presencia.

La autoridad indígena Leonor Zalabata indicó que “la decisión política debe estar encabezada del Presidente de la República”. Dijo que no van a aceptar que los temas de las actividades mineras en la Sierra Nevada, “sean presentados como un tema de desarrollo porque van a acabar con el agua de nuestra madre y con el pueblo Arhuaco”.Sierra Nevada está amenazada por 348 títulos mineros

En varias ocasiones, las comunidades indígenas han denunciado que en su territorio hay 160 minas que están afectando 332 fuentes hídricas donde se incluye la Ciénaga Grande de Santa Marta. Además, según el Consejo Territorial de Cabildos de la Sierra Nevada de Santa Martaen, total son 348 títulos y solicitudes de títulos mineros, 285 títulos vigentes, 132 proyectos en marcha.

Adicionalmente hay cerca de 1320 solicitudes de títulos y otros 18 títulos de explotación en convenio con la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Esta situación tiene en alerta al pueblo Arhuaco que ha insistido en que esto supone una amenaza para la subsistencia de los pueblos originarios.

Finalmente, Zalabata recordó que los indígenas de la Sierra Nevada cuentan con la solidaridad de diferentes organizaciones sociales y han programado una movilización para el día jueves 23 de noviembre en Valledupar. Allí, buscarán defender los recursos hídricos que hacen parte de su territorio sagrado y de una gran parte de la población colombiana.

Fuente:http://www.contagioradio.com/arhuacos-continuan-en-movilizacion-exigiendo-se-respeten-sus-derechos-sobre-la-sierra-nevada-articulo-49286/