Federico Guzmán López, investigador de la Unidad Académica de Estudios Críticos del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), advirtió que los megaproyectos mineros y otras actividades extractivas vulneran el derecho al agua de casi 12 millones de mexicanos.
En un foro que fue organizado por la Coordinadora Nacional Plan de Ayala y otras organizaciones en esta ciudad, presentó su estudio “Vulnerabilidad del derecho humano al agua en México por Minería”, en donde explicó que el despojo hidríco en contra de 10% de la población del país es una problemática en varios estados, principalmente en donde hay minería, así lo informa La Jornada.
Federico Guzmán detalló que en México hay 106 acuíferos sobrexplotados, esto afecta a 11.9 millones de mexicanos que son proclives a la “ecomigración” no sólo por escasez de agua, sino también por la contaminación. En el país, “20% del agua subterránea ya está contaminada, también el 24% de las superficiales”.
Ocurre que desde el año 2000, la industria minera ha logrado cada vez más concesiones de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para explotar ese recurso vital. Retomando un análisis del proyecto Cartocrítica y estadísticas de la Conagua actualizadas a 2016, son tres las principales mineras que “despojan” de agua al país:
Grupo México, tiene 142 concesiones para explotar hasta 90 millones 616 mil metros cúbicos anualmente. Luego esta la canadiense Goldcorp, con 74 concesiones para extraer 47 millones 656 mil metros cúbicos de agua, y la otra es Arcelor Mittal, con 11 concesiones para aprovechar 45 millones 844 mil metros cúbicos del líquido.
Guzmán López señaló a empresas trasnacionales que, ante la “laxitud “ con la que opera el gobierno mexicano, han emprendido proyectos para la financiarización del agua, como lo han hecho ya en otros países: JP Morgan, Citigroup, Allianz y HSBC, magnates chinos y filipinos y el ex presidente estadunidense George Bush, además de las empresas Suez (francesa); Iberdrola, Aguas de Barcelona y Unión Fenosa (españolas) y las inglesas Río Tinto y BHP Billiton.
También explicó que las empresas mineras usan cantidades “extraordinarias” de agua potable para la recuperación de oro, plata, cobre, plomo y zinc, entre otros minerales, mediante trituración de materiales, oxidación, patios de lixiviación, tanques de flotación, molinos de minerales, plantas de sulfuros y lagunas de recuperación de jales.
El investigador también destacó que en varias entidades, el despojo hídrico de las mineras ya supera el volumen de agua que consume el total de la población, señaló. En Sonora, ejemplificó, las empresas mineras consumen 107 millones de metros cúbicos de agua al año, que equivalen a 110 por ciento del consumo de la población, de 2 millones 955 mil 284 personas.
En Zacatecas, dijo, las mineras están autorizadas por Conagua para extraer cada año hasta 55 millones 780 mil metros cúbicos de agua, esto es el 102.5% del líquido consumido anualmente por un millón 528 mil 247 personas. El declive del derecho humano al agua en Zacatecas durante los 25 años recientes se agudizó en el periodo 2010-2015, que corresponde con el auge de la minería en el país y con nuevos métodos de extracción, como la explotación a cielo abierto.
En Zacatecas en el año de 1990 había 239 mil 541 viviendas habitadas, de acuerdo con el censo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). En ese año se contabilizaron 233 mil 97 zacatecanos sin agua potable. Veinticinco después, el Inegi encontró que existían 418 mil 850 viviendas habitadas y 334 mil 792 personas que no tienen acceso al agua potable.
Fuente:https://regeneracion.mx/industrias-extractivas-quitan-agua-a-10-de-los-mexicanos-zacatecas-el-mas-afectado/
Luego de que la sala plena de la Corte Constitucional decidiera dejar en firme la suspensión de las obras de la multinacional El Cerrejón sobre el arroyo Bruno, las comunidades de la Guajira aseguraron que harán respetar ese fallo teniendo en cuenta que el desvío del río, atenta contra el derecho al agua.
Los vecinos portan pancartas con mensajes como: “Casillas, presente en la resistencia por la defensa del territorio” y “Sí a la vida, no a la minería, pueblo Xinka”.
Diecinueve legisladores de la región Sur están en contra de que sea aprobado cualquier tipo de exploración o explotación minera en la región hidrográfica del río Yaque del Sur.Ayer la Cámara de Diputados conoció un proyecto de resolución que busca se declare y reconozca la Región Hidrográfica Yaque del Sur, que abastece de agua a las regiones El Valle y Enriquillo, como región deficitaria de agua y libre de todo tipo de minería metálica.
El Tribunal Administrativo del Quindío decidió, en un fallo de primera instancia, amparar el derecho fundamental a la participación ciudadana del Alcalde del municipio de Córdoba, Quindío, y de los habitantes del municipio que tenían programada para este domingo 3 de diciembre la consulta popular minera.
Durante la última semana, Tarso, Betulia y Concordia rechazaron la explotación de recursos y tratan de promover la economía tradicional local.
La justicia sanjuanina se apresta a archivar las causas penales por los últimos dos derrames en la mina Veladero, ocurridos en septiembre de 2016 y en marzo de este año. En el primer caso, el fiscal de Jáchal, Sohar Aballay, emitió un dictamen en el que consideró que “no produjo un perjuicio a la salud pública ni el medio ambiente”, y solicitó el cierre del caso ante la falta de delito. En el segundo, el juez Oritja aseguró que
También expresan su preocupación por concesiones mineras. Representantes de organizaciones defensoras del medio ambiente, de varios municipios chontaleños, adoptaron un “Decálogo Ambiental del Agua y la Vida”, en el que se enumeran acciones para proteger los recursos naturales, especialmente dentro del contexto del cambio climático.
La minera canadiense Dajin Resource anunció la firma de un acuerdo para operar en 90.000 hectáreas de las Salinas Grandes para explotar litio. Mantuvieron reuniones con los secretarios de minería de nación (Daniel Meilán) y de jujuy (Miguel Soler). No hubo ninguna participación de las 33 comunidades originarias que viven en el lugar, que rechazan el proyecto.
De los 23 municipios que conforman el Suroeste antioqueño, un tercio no acepta que se realice minería en su territorio. O por lo menos en lo que respecta a los Concejos Municipales. A Jericó, Támesis, Urrao, Caicedo y Titiribí, se les acaba de unir Betulia y Tarso.