Argentina

Chile acordó retirar escombros que una minera había dejado en San Juan

La Argentina y Chile firmaron el martes un acuerdo para el retiro de unos 50 millones de toneladas de escombros depositados en territorio argentino, por la empresa minera chilena Los Pelambres y que son motivo de un diferendo judicial. No será tarea fácil. Para tener una idea de lo que puede significar el transporte, ese volumen representa, por ejemplo, casi un tercio de toda la producción cerealera de la Argentina.

El acuerdo -rubricado por el canciller Jorge Faurie y el embajador de Chile, José Antonio Viera-Gallo- establece que el plan de retiro de la escombrera y las obras de mitigación se lleven a cabo en coincidencia con lo establecido por el Juzgado Federal 2 de San Juan, y se coordinarán las acciones necesarias para que Los Pelambres pueda iniciar las obras el viernes. El costo estará a cargo de la empresa minera.

La Cancillería argentina informó que la firma del acuerdo fue posible tras un trabajo conjunto con el Ministerio de Energía y Minería, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Argentina, la provincia de San Juan y la Cancillería chilena.

El acuerdo entre los gobiernos pone fin al conflicto generado en 2014, cuando la minera internacional Glencore, que tiene la concesión del emprendimiento de cobre El Pachón en tierras sanjuaninas, denunció que los chilenos habían arrojado escombros en territorio argentino sin autorización. Los escombros fueron abandonados ahí en 2011.

La escombrera ubicada en el Cerro Amarillo en la zona limítrofe de Calingasta de San Juan, contiene una montaña de millones de toneladas de residuos minerales de la mina explotada del lado chileno, que fueron llevados más allá de la frontera, porque según la empresa, las autoridades chilenas les dieron mal las coordenadas del límite internacional.

El 4 de diciembre, el juez federal de San Juan, Leopoldo Rago Gallo, había ordenado a la minera chilena Pelambres que retire los casi 50 millones de toneladas de escombros, arrojados en territorio sanjuanino a lo largo de 5 años y medio y que empiece con los trabajos el 15 de diciembre.

También le pidió a Interpol que busque a cuatro ex gerentes de una mina del lado argentino, porque supone que los chilenos contaron con su aval para construir la montaña de escombros y ruedas de camión.

La medida judicial fue avalada por la provincia a través de una presentación del fiscal de estado Jorge Alvo, e implica que la minera chilena deberá instalar cámaras de vigilancia en la escombrera para que se sigan en tiempo real las obras.

Fallo judicial en la pelea de dos mineras en el medio de la Cordillera

Además, la minera deberá monitorear la calidad de aguas de las lagunas cercanas a los residuos y del río Carnicería (afluente del San Juan), durante la construcción de las obras preventivas.

El magistrado también dispuso que la empresa chilena deberá realizar una tarea de recomposición de lagunas y que tendrá que armar un plan de reimplantación de vegas (pasturas), las que se vieron afectadas por la escombrera.

Del lugar, Glencore ya extrajo más de 500 neumáticos de gran tamaño durante el verano pasado, que amenazaban con contaminar las aguas del Río Carnicería, uno de los afluentes primarios del Río San Juan que llega hasta la capital cuyana.

Fuente:https://www.clarin.com/economia/economia/chile-acordo-retirar-escombros-minera-dejado-san-juan_0_Sydpf90bG.html

Internacional

TRUMP REDUCE RESERVAS NATURALES PROTEGIDAS PARA EXPLOTACIÓN PETROLERA Y MINERA

El presidente estadounidense, Donald Trump, redujo este lunes por decreto el área de dos enormes parques naturales nacionales en el estado de Utah (oeste) en unos 8.000 kilómetros cuadrados, el mayor recorte hasta ahora de este tipo de áreas protegidas.

El mandatario dijo que ambas reservas, el Bears Ears y el Grand Staircase-Escalante, constituyen un ejemplo de la “extralimitación del gobierno en el manejo de tierras”, y los dividió reduciendo drásticamente su tamaño.

En el caso del parque Bears Ears, que tenía alrededor de 5.400 kilómetros cuadrados y fue creado por el expresidente Barack Obama en 2016, Trump decidió dividirlo en dos parques que juntos ocupan un área de unos 930 kilómetros cuadrados, un recorte de más de 80%.

En tanto, la enorme reserva natural de Staircase-Escalante fue divida en tres partes. Originalmente este parque y monumento nacional tenía unos 7.600 kilómetros cuadrados, pero con la división y reducción pasará a poco más de 4.000 km2.

“Las familias y comunidades de Utah aman más que nadie esta tierra y saben como cuidarla”, dijo el mandatario.

Estos territorios habían sido declarados protegidos por su belleza natural y porque albergan sitios arqueológicos únicos en el territorio estadounidense, en consonancia con la Ley de Antigüedades de 1906.

Trump afirmó este lunes que estos dos parques eran ejemplo de la “extralimitación” gubernamental ya que para delimitar el área se habían incorporado tierras de propiedad privada, aunque estas tierras incluyen áreas que pueblos indígenas consideran sagradas.

“DÍA TRISTE”

Con los decretos firmados este lunes, casi 8.000 kilómetros cuadrados retornarán a los propietarios originales, a pesar de la fuerte reacción por parte de comunidades indígenas, legisladores y grupos de la sociedad civil local.

Cuatro líderes del partido demócrata en el Congreso emitieron este lunes una nota oficial criticando la decisión presidencial por considerar que lo que ahora resta de esos territorios queda “bajo amenaza”.

En tanto, la fundación humanitaria PEW recordó que solamente el área de Bears Ears es “territorio sagrado para cinco naciones indígenas”, y que en ese parque están protegidos unos 100.000 sitios arqueológicos.

“Reducir este tesoro nacional en más de 80% rompiéndolo en un archipiélago de sitios menores y aislados es ignorar la importancia de preservar todo ese paisaje”, apuntó la entidad.

Diez organizaciones de protección ambiental, incluyendo el Sierra Club y el Wilderness Society (TWS) presentaron una demanda ante un tribunal de la capital, Washington DC.

Alegan que se trata de una “proclamación ilegal” que “pondrá en peligro tesoros geológicos y arqueológicos” e “ignorará 111 años de historia de protección ambiental”.

“Es un día triste para los indígenas y para Estados Unidos”, dijo Jonathan Nez de la Nación Navajo en un comunicado. “Sin embargo somos resilientes” y “vamos a luchar para honrar a nuestros ancestros guerreros”.

Fuente:http://noalamina.org/mundo/norteamerica/item/38181-trump-reduce-reservas-naturales-protegidas-para-explotacion-petrolera-y-minera

Internacional

FRENTE COMÚN DEL SECTOR DEL MAR DE AROUSA CONTRA LA MINA DE COBRE DE TOURO

España.-Unión sin fisuras la del sector del mar de la Ría de Arousa contra la amenaza de reapertura de la mina de Touro, ubicada en plena cuenca del río Ulla. Responsables de la Plataforma en Defensa da Ría de Arousa.

Unión sin fisuras la del sector del mar de la Ría de Arousa contra la amenaza de reapertura de la mina de Touro, ubicada en plena cuenca del río Ulla. Responsables de la Plataforma en Defensa da Ría de Arousa, de diferentes cofradías, asociaciones de mariscadoras y agrupaciones de bateeiros comparecieron ayer para mostrar su rotundo rechazo a una explotación que, advierte, traerá “graves consecuencias” para la extracción pesquera y marisquera en Arousa.

La mina de Touro-O Pino (ubicada en la provincia de A Coruña) fue explotada a escala industrial entre los años 1970 y 1986 y hace unos meses que salió a la luz pública un proyecto de reapertura de esa explotación a cargo de una multinacional con sede en Chipre. Las alarmas, sobre todo desde el punto de vista medioambiental, no tardaron en saltar.

El sector del mar arousano, en perfecta sintonía con la Plataforma Veciñal Mina Non, incide en que permitir la reapertura de la mina implica poner en marcha una “bomba de reloxería” con “consecuencias catastróficas” no solo para el mar arousano, sino también para “a saúde pública”.

Como portavoz de la PDRA, Xaquín Rubido, puso sobre la mesa el impacto que la reapertura de la mina puede tener para “o tecido socioprodutivo arousán”. Y es que, y así lo reseñan desde el sector, el Ulla desemboca directamente en bancos marisqueros, así como sirve de fuente de captación de agua potable para concellos de la zona tales como Rianxo, Boiro, A Pobra, Ribeira, Pontecesures, Valga, Catoira o Vilagarcía. Reabrir la mina supone, según el sector, poner en riesgo vertidos continuados de residuos al Ulla con la consiguiente incidencia para la salud pública.

Ante tal situación el sector ya ha remitido cartas a la Consellería do Mar, Consellería de Medio Ambiente y Consellería de Industria para hablar directamente con sus principales responsables y poder así conocer de primera mano los pasos que va a dar la administración en este sentido. “Temos claro que queremos parar a reapertura da mina”, clamaban ayer de forma unánime.
A mayores presentarán mociones en todos los concellos para buscar el apoyo de las corporaciones contra lo que ellos mismos definen como “un proxecto de dimensións descoñecidas con gran afectación na Ría de Arousa”.

Xaquín Rubido define el “modus operandi” con este asunto como “o mesmo que fixemos contra a Lei de Acuicultura” y asegura que “presionaremos para que esta apertura da mina non se leve a cabo”. Apuntan que “faremos a presión sobre as administracións que faga falla”.
A mayores desde la PDRA y desde las diferentes cofradías iniciarán ahora una campaña informativa, con asambleas y reparto de boletines, para dar a conocer entre la ciudadanía la incidencia que la reapertura de la mina de Touro- O Pino tendría en la Ría de Arousa.

LAS CIFRAS

Representantes del sector manifestaban ayer en cifras la incidencia de la reapertura de la mina de Touro. Apuntaban que los materiales que se desperdicien de las extracciones ocuparán una superficie de 269 hectáreas lo que, en términos generales, equivaldría a la superficie que ocupan 538 campos de fútbol reglamentarios. Resaltan que hay un riesgo “moi alta” de ruptura de los diques de contención.

Fuente:http://noalamina.org/mundo/europa/item/38264-frente-comun-del-sector-del-mar-de-arousa-contra-la-mina-de-cobre-de-touro

Argentina

ENCONTRARON LLAMAS MUERTAS CERCA DE LA MINA VELADERO DE BARRICK GOLD

Ocurrió en San Juan:  23 llamas muertas fueron encontradas por personal de Ambiente del Gobierno de San Juan, junto con la Policía y Gendarmería, en Rodeo, departamento Iglesia, en un lugar conocido como Paraje Bahía de los Troncos, cerca del Dique Cuesta del Viento. Se trata de un lugar que está río abajo de la Mina Veladero, donde han provocado reiterados derrames de agua cianurada.

Se trata de una zona río abajo de la mina Veladero, donde Barrick Gold provocó reiterados derrames de agua cianurada, algo que destacó en su cuenta de Twitter el abogado ambientalista Enrique Viale: “Acaban de aparecer decenas de llamas muertas cerca del Dique Cuesta del Viento. Esto es río abajo de la mina Veladero de Barrick”.

Medios locales indicaron que los animales habrían muerto en otro sitio y habrían sido trasladados hasta la zona en donde fueron hallados. Los primeros datos indican que los camélidos tuvieron una muerte dudosa, incluso, algunos medios pro mineros se apuraron en decir que “no perdieron la vida por intoxicación”.

Queda por confirmar si hubo contaminación por parte de Barrick Gold y sus derrames de agua cianurada en los cauces de ríos inmediatos a donde se desarrolla la explotación de oro desde hace más de 15 años. Todos los animales tienen un número de identificación en sus orejas, por lo que no descartan que hayan sido propiedad de algún productor regional.

Fuente:http://www.elfederal.com.ar/encontraron-llamas-muertas-rio-abajo-de-la-mina-veladero/

Perú

ALERTA: ARBITRAJE A FAVOR DE EMPRESA CANADIENSE BEAR CREEK POR PROYECTO SANTA ANA

El pasado 2 de diciembre se hizó pública la resolución del tribunal arbitral que veía la demanda de la empresa canadiense Bear Creek, en contra del Estado peruano. El tribunal arbitral ha ordenado el pago de una indemnización a favor de la empresa de 30.4 millones de dólares canadienses.

Como se recuerda, la empresa minera había llevado al Estado peruano a un proceso de arbitraje al amparo del capítulo de protección a las inversiones del Tratado de Libre Comercio entre Perú y Canadá.  Bear Creek, propietaria del proyecto Santa Ana, ubicado en la provincia de Chucuito, zona sur de la región de Puno, estuvo envuelta en el conflicto conocido como el aimarazo, el año 2011.

La empresa argumentó que sus derechos habían sido afectados, cuando en el año 2011, el gobierno de Alan García suspendió las concesiones mineras, a través del Decreto Supremo 032, de junio 2011, que buscaba poner fin al conflicto. El argumento central fue que con esa decisión en el Perú se había producido una expropiación indirecta en contra de la empresa y que se habían afectado sus expectativas de ganancia futura.

Algunos analistas señalan que para el tribunal arbitral, la revocación del permiso por parte del Estado peruano fue precisamente una expropiación indirecta y el monto de la indemnización ha sido calculado en función de la cantidad invertida por Bear Creek en el proyecto Santa Ana y no se ha tomado en cuenta la fórmula que la empresa había utilizado, precisamente en función de “expectativas de ganancia futura”. Cabe señalar que la empresa canadiense pretendía una indemnización de mil doscientos millones de dólares.

Lo cierto es que este es un nuevo caso en el que el Perú pierde un poceso de arbitraje internacional vinculado a demandas de empresas transnacionales. Habrá que ver cuáles serán los siguientes pasos en este proceso arbitral y al mismo tiempo no estaría demás revisar la estrategia que desarrolla el Estado peruano frente a los diversos procesos arbitrales que enfrenta.

Por otro lado, cabe señalar que al inicio del segundo semestre del año fue condenado a 7 años de prisión efectiva el líder Walter Aduviri, por los delitos de disturbios y afectación a la propiedad pública y privada, por la revuelta del 26 de mayo de 2011 en contra del proyecto minero Santa Ana. La sentencia ha sido apelada y se espera el veredicto final.

Fuente:http://conflictosmineros.org.pe/2017/12/04/alerta-arbitraje-a-favor-de-empresa-canadiense-bear-creek-por-proyecto-santa-ana/

Honduras

DECLARACIÓN POR SITUACIÓN DE RIESGO DE LA DEMOCRACIA EN HONDURAS

El Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina OCMAL, frente a la situación que vive el pueblo de Honduras declara:

1.-Que vemos con gran preocupación el desarrollo de los hechos acontecidos a partir de las elecciones recién pasadas y la demora en dar a conocer los resultados, que a todas luces apuntan a una salida a la crisis democrática que viene viviendo Honduras desde el golpe militar que derrocó al presidente Zelaya.

2.- Que acompañamos moralmente a nuestras amigas y amigos que luchan por el restablecimiento de los derechos democráticos, humanos ambientales y las garantía civiles y democráticas del pueblo hondureño.

3.-Que denunciamos los intereses mezquinos y usurpadores de empresas y gobiernos que buscan despojar a las y los hondureños de sus riquezas naturales y sus bienes comunes a costa de la vida y el sufrimiento de lideresas y líderes de los diferentes sectores democráticos y populares de ese país.

4.- Que nuestras organizaciones están atentas a los acontecimientos últimos frente a la embestida dictatorial que pretende arrebatar al pueblo su deseo de recuperar la esperanza, la libertad y la autonomía en las decisiones que le atañe, por sobre los intereses económicos usurpadores de grandes empresas y gobiernos cómplices.

5.- Que hacemos un llamado a las personas, organizaciones e instituciones con espíritu democrático inquebrantable, a sumarse a la defensa de los derechos de las y los hondureños en estos difíciles momentos.

6.- A todas las organizaciones internacionales les solicitamos encarecidamente condenar la violencia contra el pueblo hondureño y exigir el respecto a los derechos humanos y la voluntad popular, como lo recomienda el Comunicado de la Secretaría General de la OEA respecto a las recientes elecciones presidenciales en Honduras", con inmediato recuento de los votos y verificación de la participación en la votación de algunos departamentos no considerados.

Red continental «IGLESIAS Y MINERIA»
Acción Ecuménica en el cuidado de las comunidades y sus territorios
Servicio de Coordinación Tel: +57 3176362463 +55 99 91955952 +593 99 9238054
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Venezuela

Militarización y minería en Venezuela

Venezuela está haciendo una apuesta peligrosa. El país, devastado por la corrupción, apuesta por la minería a gran escala para salvar el día. Con la economía aún en caída libre y una tasa de inflación de 2.300 por ciento esperada este año, familias enteras están huyendo de sus comunidades en el norte urbano y emigrando a las remotas regiones mineras del sur en busca de salvación financiera, o al menos un salario digno.

Los afortunados obtendrán los beneficios de la minería, lo que algunos críticos llaman el “robo legalizado” de la extracción de recursos naturales, aunque los riesgos son extremadamente altos.

El decreto minero anunciado por el presidente Nicolás Maduro en 2016 abrió el Arco Minero de Orinoco para exploración y explotación; es una zona escarpada, en gran parte boscosa que cubre 112,000 kilómetros cuadrados, gran parte de ella parte de la Amazonía.

Según los informes, la región, ubicada al sur del río Orinoco, es rica en los minerales más buscados del mundo, pero también está plagada de conflictos, alimentada por militares, bandas armadas locales y grupos guerrilleros colombianos, todos buscando el control de un ejército estimado, pero no certificado. $ 100 mil millones en minerales ocultos.

Hasta ahora, compañías nacionales e internacionales recientemente creadas, en su mayoría sin mucha experiencia en minería, han estado haciendo fila para obtener una porción del pastel: oro, coltán, cobre, diamantes y mucho más, pero no están solos en la región: los militares también ha apostado un reclamo.

Cuando Maduro lanzó el Arco Minero el año pasado, también creó una “Zona Económica Militar” para protegerlo, dando derecho a sus fuerzas armadas a participar en todas las actividades mineras, al tiempo que aumentaba sus capacidades operativas dentro de la región minera.

Las corporaciones privadas que quieren explotar minas en Venezuela están obligadas por ley a formar empresas conjuntas con empresas estatales, muchas de las cuales se crearon recientemente. Una de las nuevas compañías es la llamada Compañía de Minería Militar Anónima, denominada CAMIMPEG.

Esta tendencia no es nada nuevo para Venezuela. Las empresas y el ejército suelen estar estrechamente vinculados, con personal militar activo o jubilado de alto rango que presta servicios en alrededor del 30 por ciento de las juntas públicas conocidas de las empresas. Fue el difunto presidente socialista Hugo Chávez quien primero otorgó una autoridad significativa sobre el ejército nacional, por lo que hoy puede operar con un alto nivel de impunidad en todo el país.

Pero eso no significa que a los lugareños les guste o confíe en los militares. En El Callao, por ejemplo, una ciudad dominada por la minería, los soldados mantienen una fuerte presencia visual, pero muchos mantienen sus rostros escondidos detrás de capuchas y bandanas.

“Se cubren la cara si [vienen] de la región ellos mismos, para no ser reconocidos. Los soldados han sido asesinados antes “, explica un propietario de una tienda de comercio de oro local.

Fuente:http://noalamina.org/latinoamerica/venezuela/item/38243-militarizacion-y-mineria-en-venezuela

Mexico

Zacualpan y su lucha contra la minería

El pasado domingo 26 de noviembre los nahuas de la comunidad de Zacualpan, Comala, en el estado de Colima, estuvieron de fiesta. Ese día celebraron el IV aniversario del Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan (CIDTZ), una organización comunitaria que integraron para defender su territorio y sus recursos naturales, principalmente los minerales, el agua y el bosque. Los comuneros andaban contentos porque en cuatro años de lucha han tenido varios triunfos, parciales pero triunfos al fin, en la defensa de su patrimonio, pero también han aprendido a organizarse y establecer alianzas con otras organizaciones regionales y nacionales que luchan por lo mismo. Saben que no están solos y que su lucha es también asumida por otros mexicanos, o al menos así lo constataron con la presencia de varias organizaciones que los acompañaban en el festejo.

La lucha comenzó en el año 2013, cuando se enteraron que el gobierno federal había otorgado dos concesiones que abarcan alrededor de 200 hectáreas, casi todo el territorio del que son propietarios. Su reacción era porque nadie les había pedido permiso para ingresar a su territorio, pero también porque de llevarse a cabo el proyecto afectaría a gran parte de la región, pues en Zacualpan nace el manantial que abastece de agua Colima y Villa Álvarez, dos de ciudades grandes del estado. El 18 de noviembre de 2013 organizaron el CIDTZ y tomaron el acuerdo de no permitir la instalación de la mina. El 4 de diciembre se manifestaron en la Cámara de Diputados exigiendo la cancelación de las concesiones, logrando que una semana después ésta aprobara un punto de acuerdo para exhortar a las autoridades correspondientes a cancelarlas.

La movilización no paró ahí. Como el Comisariado de Bienes Comunales estaba coludido con la empresa minera solicitaron a la Procuraduría Agraria convocara a una reunión para destituirlos pero en lugar de hacerlo convocó a otra para ofrecerles proyectos productivos, lo que puso al descubierto su contubernio con la minera. Los comuneros buscaron apoyo externo y los días 15 y 16 de febrero de 2014 organizaron en la comunidad de Zacualpan un foro nacional de afectados por la minería. El 13 de marzo de 2014 sufrieron por primera vez la represión policial, que dejó como resultado varios heridos. Ese día había decidido cerrar las bombas de agua que surten a la mitad de la población del estado de Colima, para obligar a las autoridades a reconocer la autoridad agraria que la comunidad había electo democráticamente pero en lugar de eso el gobierno decidió mostrar su fuerza.

De todo eso hablaron en el festejo del pasado 26 de noviembre, donde se recordó la importancia de la comunera Epitacia Zamora Teodoro, ahora fallecida, en la conformación del consejo, lo que marcó la participación activa de las mujeres en el proceso. Eso también quedaba claro a la vista de los asistentes pues fue la maestra Patricia Gazpar Osorio quien recibió a los presentes y recordó el origen precolombino del pueblo, mientras Carmen Guzmán Zamora hacía un recuento de las luchas y sus principales logros: “romper con el patriarcado encarnado en la figura del cacique al destituirlo y nombrar a un comisariado de bienes comunales que ejerce el poder mandando obedeciendo; ser la primera comunidad en ser reconocida ante un Tribunal Agrario, como territorio libre de minería sirviendo de ejemplo para los pueblos que luchan contra el extractivismo minero y lograr la destitución de la entonces delegada María Elena Díaz Rivera quien intentó criminalizar el movimiento en defensa de los bienes comunes.”

Todos los éxitos alcanzados, dijo, han sido posibles porque nuestro CIDTZ y el Comisariado de Bienes Comunales sirven al pueblo sin buscar beneficios personales o de grupo y porque hemos aplicado una línea política correcta que consiste en movilización-negociación-movilización. Por otro lado, hemos logrado el apoyo nacional e internacional de organizaciones democráticas y progresistas, de intelectuales (como los que integraron la misión internacional de observación) y periodistas comprometidos con su trabajo, de abogados democráticos que a pesar de ser hostigados y amenazados por el Estado se mantienen firmes en la lucha jurídica. Papel destacado en nuestra lucha de resistencia fue el de la organización ambientalista Bios Iguana y de la Red Nacional de Afectados contra la Minería.

Tanto entusiasmo por los éxitos de cuatro años de lucha no les impide mirar que el camino para alcanzar sus objetivos es bastante largo y requerirá tiempo para recorrerlo. Lo saben y se preparan para ello. Ganar la Junta Municipal y ponerla al servicio del pueblo es uno de sus próximos objetivos, pues controlar el gobierno local les permitiría un acceder a un mayor grado de organización y movilidad política. De cómo piensan hacerlo no se habló mucho, sólo se enunció para pedir a los presentes, sobre todo las organizaciones solidarias, que las sigan acompañando en este caminar, como ellos lo hacen con otros compañeros que van encontrando en el camino. Quedó claro que para los indígenas la fiesta también es lucha y la lucha no está separada de las fiesta.

Fuente:http://www.remamx.org/2017/12/zacualpan-y-su-lucha-contra-la-mineria/

Colombia

“Por medio de una Acción Popular Juez ordena suspensión de actividades de explotación minera”: Guillermo Alfonso Jaramillo

De acuerdo al alcalde de Ibagué, Guillermo Alfonso Jaramillo las personas que trabajan dentro de las cortes manejan diferentes conceptos, su apreciación la hizo tras conocer el nuevo fallo del Tribunal Administrativo del Tolima donde dice que los municipios no pueden prohibir el uso de la minería en el suelo.

Es de recordar que en su momento el gobernador del Tolima, Óscar Barreto Quiroga, objeto esta decisión del acuerdo municipal 012 aprobado por el Concejo de Ibagué ante el Tribunal del departamento Pijao, por medio del cual se prohíbe la realización de actividades mineras contaminantes en todo el territorio urbano y rural de la ciudad y se «dictan medidas para la preservación y la defensa del patrimonio ecológico y cultural de Ibagué».

Según el fallo del Tribunal dicho acuerdo, al perecer desconoce el contexto de la conformación del ordenamiento minero dentro de un territorio determinado.

“Pues ante todo esto y los conceptos emitidos nosotros consideramos que en este caso no creemos que este ajustado a las decisiones últimas que la Corte Constitucional determinó en el cual resuelve claramente que los municipios pueden prohibir la minería”, precisó Jaramillo.

Agregó que el fallo dice lo que dice porque consideran que no es así o por una simple ´omisión´; o quizás el alegato presentado por las autoridades  de la Agencia Nacional el Tribunal opto por tomar dicha decisión.

Sobre la Acción Popular

El burgomaestre local también dijo que recibió un documento por parte del personero de Ibagué, donde habla una juez de la República sobre una acción popular, este dice claramente que, “entablo este proceso contra Anglo Gold Ashanti, el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Minas y Energía, con el fin de que hagan las siguientes aclaraciones (….) según la jueza la demanda termina así: orden de suspensión de actividades de explotación minera al interior de las zonas de reserva forestal central que fueron objetos de concesión minera a través de contrato GGF 151  EIG 163, hasta tanto no se demuestre la actividad económica minera con lo establecido en el plan del manejo de la cuenca hidrográfica del Río Coello Ponca”.

En consecuencia de esto Guillermo Alfonso Jaramillo puntualizó que eso es lo que ellos están buscando, “que cuando hay proyectos mineros, turístico o de cualquier tipo que atenten contra la vocación de un pueblo de un municipio puedan los municipios prohibirlo, es decir que dicho proyecto sea suspendido, ya que va en contravía del uso del suelo propuesto por el municipio y también del uso del subsuelo”.

Sentenció diciendo que ellos no quieren minería, que tarde que temprano las comunidades se tendrán que imponer, “aquí el apoyo que la gente brinda y que será por mucho tiempo es que al medio ambiente hay que protegerlo, así como las cuencas hídricas de la devastación feroz que podría ser ejercida por parte de las mineras, especialmente cuando pretenden hacer minería de cielo abierto contaminante utilizando cianuro”.

“Estamos mirando desde el punto jurídico que vamos hacer, pero quieto no voy a estar, mientras este en la Alcaldía vamos a defender los recursos naturales y a estar en contra de la minería de metales preciosos donde se haga mega minería, no vamos a ir en contra de las minerías que aquí ya se manejan como la artesanal, los areneros, de los que sacan balastro y Feldespatos”.

Sobre esta última, Feldespatos, la Alcaldía busca regular y controlar pero no se están restringiendo, dijo además que si esta por fuera de la Administración Municipal seguirá peleando.

Y concluyó que no quiere en Ibagué lo que está pasando en Chocó, Guajira y el bajo Cauca Antioqueño donde hay 50 mil hectáreas destruidas y los niños están siendo amantados con leche contaminada con mercurio.

Respuestas de la Corte Constitucional

En palabras del mandatario local la Corte  tomó en su momento tres decisiones; la primera obedece a que los municipios son autónomos y pueden decidir sobre el uso del suelo; el segundo, es cuando tumba y declara inasequible  el artículo 37 del Código de Minas, el cual establece que el Gobierno Nacional no le puede imponer decisiones de minería a los municipios.

“Por último quién toma las decisiones, que en este caso sería el Estado, ya que muchos decían que Bogotá lo hacía y resulta que la Corte dijo que sobre el subsuelo  decide el Estado y el Estado es la Nación, el departamento y el municipio, ósea que nosotros también decidimos sobre ello”.

Fuente:http://www.ecosdelcombeima.com/ibague/nota-117688-medio-de-una-accion-popular-juez-ordena-suspension-de-actividades-de-explotacion-

Argentina

¿Qué protege la ley de glaciares y qué se esconde detrás de su modificación?

No es un secreto que detrás de la ley de glaciares se encuentran intereses mineros que disfrazan su avaricia con un discurso mentiroso.

Sólo el dos por ciento del agua del mundo es agua dulce, y el 75 por ciento de esa agua dulce está en los glaciares. La Ley de Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, votada en dos oportunidades por el Congreso Nacional, no es el resultado de un capricho de nuestros legisladores: fue un esfuerzo consciente a favor del pueblo argentino.

Los glaciares son grandes reservas hídricas que capturan agua en forma de nieve en el invierno. Su masa fría y ubicación en clima fríos de montaña permiten la liberación de agua vital a las cuencas hídricas andinas, cuando más lo necesitan en verano y en meses de poca precipitación.

Sin nuestros glaciares andinos, la nieve del invierno se derretiría con el arribo de la primavera, lo que afectaría las cuencas hídricas que nacen en los Andes.

Por eso los argentinos hemos decidido por ley nacional que los glaciares constituyen para nuestro pueblo reservas estratégicas. No es verdad que la ley de glaciares es de imposible cumplimiento. La ley de glaciares incorpora herramientas de gestión ambiental básicas como el Inventario Nacional de Glaciares y describe con claridad las actividades que pueden o no realizarse en zona glacial o periglacial.La ley protege los glaciares y el ambiente periglacial. ¿Qué es el ambiente periglacial? No es escarcha, es suelo saturado en hielo y es de vital importancia.

Su incorporación a la ley fue una recomendación expresa del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales, que reúne a los expertos más importantes de nuestro país en la materia.

El ambiente periglacial es esencial para redistribuir la humedad ambiental de la montaña y para regular el flujo hídrico a las cuencas. Esta “regulación de cuencas” es la razón principal por la que la ley lo protege. Las economías de las provincias cordilleranas no vinculadas a la minería dependen del agua provista por estos recursos de hielo.

¿Quiénes se beneficiarán con la modificación de la ley de glaciares? Las empresas mineras a gran escala.

En 2005, desde el Centro de Derechos Humanos del Ambiente (Cedha) publicamos un informe sobre el impacto de la minería a gran escala. Destacamos la importancia de modificar el marco normativo que legaliza el saqueo, frente al cual la opinión de la comunidad carece de valor alguno. Denunciamos los excesivos privilegios impositivos a favor de corporaciones mineras.

En 2006, cuando asumí en la Secretaría de Ambiente de la Nación, 80 sanjuaninos solicitaron nuestra intervención porque proyectos mineros estaban dinamitando glaciares para extraer oro. Entonces decidimos trabajar de manera directa en lograr la sanción de la ley de glaciares.

Esta ley no sólo protegería a nuestros recursos de hielo en la alta montaña y los identificaría para su continuo monitoreo mediante un inventario nacional, sino que otorgaría a la Secretaría de Ambiente competencia sobre su protección y, de modo específico, una herramienta para detener el avance desmesurado y descontrolado de la minería que está ocurriendo en ecosistemas montañosos sensibles.

¿Qué mejoras ha traído para los argentinos la minería a gran escala?

No es un secreto que, detrás de la modificación de la ley de glaciares, se encuentran intereses mineros que disfrazan su avaricia con un discurso mentiroso de desarrollo. Los niveles de pobreza se incrementaron en la cercanía de proyectos mineros como Veladero o La Alumbrera, que hace más de 10 años están extrayendo oro y plata en Catamarca y en San Juan.

Fotos satelitales demuestran que las mineras no sólo están operando en zonas protegidas por la ley, sino que los glaciares y los ambientes periglaciales están sufriendo un daño irreversible por el avance de esta minería ilegal. En la zona de impacto de las operaciones de Barrick Gold, hay más de 400 glaciares y otros recursos de hielo perenne de alta montaña.

Nos dijeron que hacían minería responsable, pero grandes empresas eluden controles y niegan acceso a la información sobre sus operaciones.

Nos dijeron que la minería es segura y que no hay peligro para el ambiente o para las personas, pero hoy el río Jáchal está contaminado y la gente debe ir a comprar bidones de agua para no enfermarse, porque el agua que sale de sus canillas ya no es segura.

Ya no reclamamos que nos digan la verdad: reclamamos la aplicación de la ley de glaciares sin modificación alguna.

*Fundadora del Centro de Derechos Humanos y Ambuente, exsecretaria de Ambiente de Argentina (2006-2008)

Fuente:http://www.lavoz.com.ar/opinion/que-protege-la-ley-de-glaciares-y-que-se-esconde-detras-de-su-modificacion