El pasado 26 de agosto, el proyecto minero Caballo Blanco-La Paila de la sierra costeña de Chiconquiaco (Veracruz, México) retiró el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) presentado a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) con la finalidad de comenzar la fase de explotación y extraer oro en un proceso a cielo abierto.

Tras una consulta pública, como establece la ley, en la que las comunidades de la región presentaron argumentos sólidos y mostraron una organización fuerte en contra del proyecto minero, finalmente, la empresa lo suspendió a finales de octubre de este año.

Es la segunda vez que un proyecto minero de extracción de oro a cielo abierto es cancelado en esta zona. En 2012, las comunidades pertenecientes a los municipios de Actopan y Alto Lucero se organizaron por primera vez y lograron la suspensión de este plan. Cinco años después, el proyecto fue vendido a otra empresa que decidió impulsarlo de nuevo.

Ascención Sánchez Vázquez, habitante de Los Baños (municipio de Actopan), explica que a las comunidades de esta región les preocupa mucho este tema: «Nos hemos estado organizando para manifestarle a la empresa Gavilán, subsidiaria del grupo financiero canadiense Almaden Minerals, que no queremos proyectos mineros en nuestro territorio». Sin embargo, no ha sido una lucha fácil y ha requerido, además de la organización de las personas, la participación de académicos, especialistas y hasta de la iglesia local.

El oro, un recurso largamente deseado

En 2010, tras un proceso de movilizaciones por parte de algunas organizaciones ambientalistas, entre las cuales se contó con la participación de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (ANAA), se conformó la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LAVIDA), clave durante en el proceso de lucha contra las empresas canadienses mineras que insisten en desarrollar proyectos extractivos de oro en la región de la sierra costeña.

A finales de los años 80, el contexto regional no era muy prometedor: construyeron una planta de energía nuclear a pocos kilómetros de las playas que bordean la sierra de Chiconquiaco y se convirtió en un símbolo de la necesidad de organizarse aún más para defender el medio ambiente y la tranquilidad de la vida.

Entre 2011 y 2012, el grupo canadiense Goldgroup Mining retomó una prospección minera efectuada en 1995 para intentar desarrollar la fase extractiva de oro y las comunidades campesinas, ganaderas y pesqueras de los dos municipios afectados se organizaron, tomaron como referentes las luchas antimineras en Baja California y en San Luis Potosí y lograron frenar ese proyecto.

Minera Cardel, subsidiaria del grupo canadiense, retiró a fines de 2011 la MIA por inconsistencias en el estudio, que fueron denunciadas por las comunidades afectadas. A pesar de ello, la empresa volvió a presentar una MIA en 2012 para lograr sus objetivos.

Con una buena estrategia jurídica y una investigación independiente acerca de los daños ecológicos que se tendrían, los municipios de Actopan y Alto Lucero decidieron utilizar los mecanismos de consulta pública y reunión informativa para presentar sus argumentos en contra de la minera, a pesar de que consideran que «son espacios de simulación», en palabras de Emilio Rodríguez Almazán, integrante de LAVIDA.

Las comunidades afectadas por este proyecto denunciaron en su momento que Goldgroup Mining había dado ciertas dádivas económicas a algunas autoridades; de manera específica, a los presidentes municipales de Actopan y de Alto Lucero, pero también se acusó al entonces gobernador, Fidel Herrera, de ser beneficiario directo del proyecto, de ahí su declaración: «Veracruz se sacó la lotería, ¡tenemos oro!».

El 5 de junio de 2012, en el Día Mundial del Medio Ambiente y ya con la MIA retirada, el nuevo gobernador y ahora preso por enriquecimiento ilícito, Javier Duarte, se declaró en contra del proyecto minero y, con esto, aparentemente la región quedó libre de minería extractiva, manteniéndose el uso de suelo forestal.

La riqueza de la diversidad

Adán Ves Lira, integrante del proyecto ecoturístico La Mancha (municipio de Actopan), indica que se trata de «una región con mucha diversidad biológica», debido a que «existen varios ecosistemas que se forman a raíz de la cercanía de la montaña con la costa», así como «microclimas y microcuencas que, a su vez, se transforman en diversos ecosistemas como humedales, lagunas costeras o manglares; incluso, por estar cerca de la costa, también se forman dunas costeras».

Existen al menos seis lagunas que tienen diferentes usos, desde recorridos ecoturísticos hasta la pesca controlada, de las cuales un mínimo de dos tienen gran cantidad de manglares, que sirven para la reproducción de nutrientes necesarios para las especies animales que aquí conviven.

«La región de la Mancha —continúa Ves Lira— ocupa el primer lugar del estado de Veracruz en biodiversidady Veracruz ocupa el tercer lugar nacional. Nosotros nos encargamos de dar a conocer a toda la gente que nos visita la importancia de estos recursos y por qué debemos cuidarlos».

Gilberto Martínez Castellanos, agente municipal de Villa Rica —una playa importante e histórica, ya que Hernán Cortés desembarcó ahí por primera vez en tierras continentales— también se muestra preocupado por la insistencia en la extracción minera, que puede contaminar severamente las playas.

«Nosotros somos pescadores y vemos que ese líquido que usan para la extracción del metal nos escurre y nos puede afectar», también «en la contaminación del marisco y del pescado«. Las playas «están bonitas» y «tenemos miedo de que por esas afectaciones se acaben». Además, unas tortugas «vienen a poner sus huevos cada año», expone serio ese funcionario público local.

A pesar de la suspensión, las comunidades se mantienen organizadas

El proyecto minero Caballo Blanco-La Paila, así como todas sus ramificaciones, «acaba de ser suspendido porque ha retirado su Manifiesto de Impacto Ambiental al encontrar en Veracruz un pueblo organizado, un pueblo dispuesto a decirles: ‘no los queremos, se tienen que ir de aquí'», expresa con firmeza Sánchez Vázquez. Tanto LAVIDA como miembros de las distintas comunidades, campesinos, pescadores, ganaderos y gente que se dedica al ecoturismo argumentaron el gran destrozo ambiental como uno de los factores más importantes para frenar este proyecto.

Tanto Candelaria Mining como Almaden Minerals no pudieron contra los argumentos y las investigaciones independientes que se les presentaron. Así, decidieron retirar su MIA y suspender su iniciativa, aunque en la población ha quedado la enseñanza de que los proyectos se pueden vender a otras empresas, convirtiéndose en amenazas cíclicas.

Por ello, a pesar de la suspensión, la organización no se ha frenado y LAVIDA continúa haciendo labores de información. Entre los diferentes sectores productivos continúan las reuniones para prevenir nuevos proyectos extractivos o de otra índole que atenten contra el territorio. Por su parte, el Gobierno veracruzano mantiene aún concesiones equivalentes a 243.000 hectáreas (3,36 % del territorio estatal) para prospección y exploración mineras.

«Tenemos que aprender a decir no. Aunque el proceso es largo, el mayor esfuerzo es decirle al Gobierno federal que esas concesiones las tiene que cancelar […], no le traen ningún bien a Veracruz», concluye Ascención Sánchez Vázquez antes de llevarnos a recorrer las mejores vistas de las lagunas y las playas de esta región.

Fuente:https://actualidad.rt.com/actualidad/256188-proyectos-mineros-veracruz-oposicion-comunidades

Cosoleacaque, Ver.- Cientos de personas, adheridas a las asociaciones Movimiento Regional Indígena y Resistencia Civil, se manifestaron la mañana de este lunes para exigir alto a las tarifas altas de luz y a las actividades de minería y gasoducto, pues las califican como “megaproyectos de muerte”.

Los quejosos iniciaron una marcha de la desviación de Oteapan hasta el puente de El Naranjito, sin llegar a las instalaciones del C-4. Otros iniciaron su movimiento por la carretera federal a Cosoleacaque, partiendo de la desviación de Oteapan con mantas, encabezados por la activista francesa Verónica Mournier.

Expresaron que “nos manifestamos por las tarifas de luz como un derecho humano; la no privatización del agua y otros bienes naturales; además no a los megaproyectos con fracking, minería, parques eólicos y gasoducto.

Con la leyenda Viva la Autonomía de los Pueblos, los manifestantes luego de hacer conocer su inconformidad en la cabecera municipal, cuando se dirigían hacia las instalaciones del C-4, a la altura de la desviación del primer puente del Naranjito, dieron marcha atrás y retornaron hacia la desviación de Oteapan donde concluyeron su protesta.

Fuente:https://www.diariodexalapa.com.mx/veracruz/activistas-protestan-contra-actividades-mineras-e-introduccion-de-gasoductos

Chicomuselo, Chiapas, México A 27 de noviembre del 2017 , 8 años del asesinato de Mariano Abarca, 8 años de impunidad.

El 27 de noviembre 2009, nuestro compañero de lucha y padre de familia Mariano Abarca Roblero fue asesinado afuera de su casa en el municipio de Chicomuselo, Chiapas, por oponerse a la empresa canadiense Blackfire que explotaba una mina de barita en su pueblo. Anteriormente él y diferentes organizaciones de la sociedad civil, colectivos, movimientos, estudiantes y comunicadores/as de diferentes países advertimos al gobierno de Chiapas y al gobierno federal el peligro en el que se encontraba Mariano por defender a las comunidades de la extracción minera.

A ocho años de los hechos, la familia Abarca Montejo, Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México, la Red Mexicana de afectados por la Minería (REMA) y el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH) exigimos una vez más a los gobiernos de México y de Chiapas que se haga justicia, fortalecidos por las muestras de solidaridad que se multiplicaron en el transcurso de todo el año 2017.

En junio, interpusimos entre los cuatro una denuncia contra el Estado Mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por violación al derecho a la vida de Mariano Abarca. Esta acción colectiva es de suma importancia tanto para los que exigimos justicia para nuestro compañero, como para todo/as lo/as defensore/as de los territorios y los derechos colectivos que sufren el patrón de criminalización y de muerte impuesto por el poder corporativo y
el modelo extractivo canadiense. Más de 200 organizaciones y personas nos han expresado su apoyo en este proceso legal de largo aliento al firmar nuestra petición en línea.
Este año hemos denunciado en reiteradas ocasiones el infame papel que tuvo el gobierno canadiense en el crimen. Antes del asesinato, Mariano y sus compañeros de lucha habíamos informado a la Embajada de Canadá en México que Blackfire mostraba intención de atentar contra su vida. Sin embargo él no fue escuchado, ni su familia ni quienes fuimos testigos/as de las amenazas que recibía: allanamiento en su casa, detención arbitraria, amenazas de muerte a su familia. Por ser promotora de la minería en México y América Latina, la Embajada no mostró disposición de tomar medidas para evitar una muerte humana.

Es hora de que la impunidad de la mineras canadienses, que solo traen muerte y contaminación en México y toda América Latina, acabe ya. El presidente canadiense Justin Trudeau debe prestar atención a las múltiples denuncias que le están llegando dede la REMA y de defensores latinoamericanos. Apenas el 19 de noviembre, dos trabajadores de la mina Media Luna de la empresa canadiense Torex Gold Resources fueron asesinados y no quisiéramos que se continuara derramando más sangre a nombre del mercado del oro y de la avaricia de las empresas mineras canadienses.

Nuestra denuncia ante la CIDH permitió que se reabriera el caso, sin embargo la Fiscalía del Estado de Chiapas no ha mostrado voluntad de llevar a cabo una investigación seria, profunda y objetiva que permita la consignación ante los tribunales de los autores materiales e intelectuales del crimen. Desde las primeras investigaciones, se negó a abordar la línea de investigación que sugiere que el crimen pudo haber sido ordenado por un alto funcionario del Gobierno de Juan
Sabines Guerrero en coordinación con la empresa Blackfire.

El esclarecimiento del homicidio requiere de las declaraciones de funcionarios de alto nivel en Chiapas, así como de los directivos de la empresa. Pero hasta ahora, la Fiscalía no ha querido obtener esas declaraciones, pese a que la esposa de Mariano, Mirna Montejo, ha solicitado formalmente que se les llame a declarar.

Solicitamos su apoyo para continuar haciendo presión hasta obtener esas declaraciones y encontrar a los asesinos materiales e intelectuales de Mariano Abarca Roblero. La solidaridad nacional e internacional es necesaria para lograr que las empresas mineras canadienses dejen de asesinar a más personas y despojar los bienes comunes naturales.

Firman:
Familia Abarca Montejo

Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA)
Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México

Centro de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH)

Fuente: Comunicado de prensa de la Familia Abarca Montejo, la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México y el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH)