Este año se anuncia movido. En medio de la crispación por el tema político, antes de cumplirse los primeros diez días de enero ya estalló el primer conflicto social importante; el de los productores de papa.
Si bien no es un conflicto que por el momento tenga gravitación o se sienta en Lima, sí moviliza y tiene un fuerte impacto en importantes regiones de nuestra sierra: Apurímac, Ayacucho, Junín, Cusco, Huancavelica, entre otras, por la importancia y el número de los agricultores paperos en esas regiones.
¿Qué reclaman los productores de papa? En primer lugar alertan que el precio de la papa se ha derrumbado: sólo entre enero y noviembre del año pasado el precio de la papa ha caído en un 40% (precios al consumidor) y aparentemente la caída es más drástica si consideramos los precios que se pagan en chacra. Según testimonios de los propios productores, el precio del kilo de papa que reciben es apenas de diez o veinte céntimos, lo que por supuesto no cubre ni por asomo el costo de producción.
Algo de esto se confirma en los reportes de inflación del Banco Central de Reserva. La inflación habría descendido en los últimos meses sobre todo por la caída de los precios de los alimentos perecibles, entre los que destaca la papa.
¿Cuáles serían las causas de la caída de precios? La versión oficial apunta a subrayar temas climáticos (agua, temperaturas, etc.) y también se habla de un tema de sobreproducción. Sin embargo y sin descartar lo que puede haber pasado con el clima y la producción, los productores paperos apuntan a una supuesta mayor importación de papa procesada, sobre todo proveniente de Europa, aunque las cifras del propio Ministerio de Agricultura desmienten esta afirmación: la importación de papa precocida y congelada apenas representa el 0.79% del total de la oferta papera.
En todo caso, este es un tema clave que debería esclarecerse. La realidad es que los productores de papa de nuestro país se encuentran totalmente desprotegidos y no cuentan con información adecuada y oportuna. Al margen de cuál es el peso de cada uno de los factores que explique la caída del precio de la papa, los más de 700 mil productores de papa de nuestro país reclaman que el gobierno les brinde información y que se tomen cartas en un tema crucial que afecta a un sector importante de nuestra agricultura andina. Tema clave para el nuevo ministro de Agricultura, José Arista, que además proviene del Ministerio de Economía y Finanzas, y que debería estar atento a todos estos temas.
Completando el mapa de conflictividad social
¿Qué otros conflictos se vienen? Los maestros, sobre todo el sector liderado por Pedro Castillo, anuncian que se reunirán en asamblea nacional los primeros días de febrero, con la finalidad de decidir el inicio de una nueva huelga nacional indefinida “toda vez que el gobierno se ha ratificado en mantener la misma política privatista del sector Educación”. Además, subrayan que el gobierno debe cumplir con la meta de elevar el presupuesto del sector de acuerdo a la meta fijada en el Acuerdo Nacional (6%).
Habrá que ver si se confirma una nueva huelga magisterial y qué fuerza tendría. No siempre es sencillo reeditar una huelga y movilización de magnitud que implica enormes sacrificios para las bases a nivel nacional. Sin embargo, la fuerza que mantiene el magisterio los coloca en el mapa de la posible conflictividad social proyectada para este año.
Otro tema que sin discusión estará en la agenda de conflictos, es el de la reconstrucción de las zonas afectadas por el “Niño Costero”. Ya en los últimos meses del año, pobladores de las zonas más afectadas se movilizaron expresando su malestar por la manifiesta incapacidad de las autoridades responsables del proceso. La destitución de Pablo De La Flor en el mes de octubre, como máxima autoridad para la reconstrucción, y la designación de Edgar Quispe como su reemplazo, no han producido mayores cambios en la dinámica y el avance de los trabajos en las zonas más afectadas. A casi un año del “Niño Costero”, el malestar aumenta en regiones como Tumbes, Piura, Lambayeque, Ancash y en la propia región de Lima y no habría que descartar que se produzcan estallidos de protesta.
Finalmente, un capítulo aparte son los conflictos socioambientales, sobre todo los vinculados a actividades extractivas, que el último año han estado a la baja en cuanto a número, pero que en muchas partes del país se mantienen latentes, como lo señala la propia Defensoría del Pueblo.
¿Cuáles podrían ser otros focos de estallidos? El caso de Tía María sigue siendo un conflicto latente y si la empresa Southern, que está gastando una importante cantidad de dinero en publicidad en varios medios de comunicación, insiste con el inicio de la construcción del proyecto en el corto plazo, sin duda va a encontrar una férrea resistencia de la población. La información que maneja el Observatorio de Conflictos Mineros da cuenta de que el rechazo al proyecto minero en la zona se mantiene.
Otra zona sensible es la del corredor minero, que une a las provincias de Cotabambas (Apurímac), Chumbivilcas y Espinar (Cusco). Quizás el caso más sensible es el de la zona de influencia del mega proyecto Las Bambas, donde en los últimos meses se ha venido prorrogando el Estado de Emergencia, lo que por un lado es una clara evidencia de la tensión que se mantiene en la zona y, por otro, una clara muestra de la incapacidad del gobierno para manejar este conflicto por vías alternativas, sobre todo apostando por una mayor institucionalidad y diálogo. En suma, lo que debería ser un estado de excepción (los Estados de Emergencia), en estas provincias se ha convertido en una costumbre que recorta derechos fundamentales de la población.
En medio de todo esto, las demandas legítimas en la zona siguen sin ser atendidas: los temas ambientales, una carretera que ya muestra saturación y graves problemas de contaminación, los problemas de salud de pobladores de las comunidades vecinas, los ofrecimientos de proyectos y un financiamiento que no llega, etc. A finales del año pasado, alcaldes y dirigentes de Cotabambas se entrevistaron con varios representantes del Ejecutivo en Lima para solicitar la reinstalación de la mesa de diálogo que quedó suspendida en el mes de octubre. Lamentablemente, la respuesta de la Presidencia del Consejo de Ministros fue negativa con lo cual diversas demandas en materia ambiental, derechos humanos y desarrollo quedan como no resueltas.
Otros casos que no se pueden dejar de tomar en cuenta
El de la provincia de Espinar y un conjunto de demandas desatendidas (sobre todo las referidas a los impactos en la salud de la población) es un caso a considerar, que seguramente llegará a un pico de tensión en el mes de mayo, cuando se cumpla un nuevo año del último estallido ocurrido en la zona (mayo 2012). No hay que olvidar que el año 2012 se abrió una etapa de diálogo, negociaciones y compromisos que no han sido atendidos.
Otros proyectos como Río Blanco, Michiquillay y la tensión que genera la minería informal en varias regiones del país, también formarán parte del mapa de conflictos sociales.
Sin embargo, no hay que olvidar que estamos en un año electoral y que en procesos anteriores, las expectativas, demandas e incluso la participación de actores sociales relevantes, se canalizaron por esta vía. Si no ocurre algo más en el país, lo cierto es que desde el segundo trimestre y sobre todo en la segunda mitad del año, en los territorios tendremos todos los ojos puestos en los procesos electorales.
En medio de todo esto, la gran interrogante es si un gobierno a la deriva y un gabinete como el que acaba de juramentar, tendrá algo de capacidad para diseñar una verdadera estrategia de prevención y abordaje de conflictos sociales. Seguramente, lo que seguiremos viendo en una estrategia predominantemente reactiva, que buscará apagar incendios y por el perfil de varios de sus integrantes, se seguirá priorizando la herramienta de los estados de emergencia y la criminalización de la protesta, que ya se utiliza en varias regiones del país. ¿Alguien se imagina que esto pueda durar hasta el 2021?
Fuente:http://cooperaccion.org.pe/el-clima-de-los-conflictos/
Gustavo Lozano de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), hizo un balance del crecimiento minero en el país e indicó que en 2017 se rompió récord con la entrega de 25 mil 557 concesiones a particulares. Ante esos números, el proceso de organización de las resistencias también ha tenido avances. Por citar algunos casos, el de la comunidad de San Miguel del Progreso, municipio de Malinaltepec en Guerrero, donde se otorgó un amparo el año pasado y se ganó el caso.
Los integrantes del colectivo Bloque Proletario, conformado por partidarios de extrema izquierda de varias regiones del país, efectuaron ayer una marcha que recorrió la calle Bolívar exigiendo un freno a la minería en el país.
Según datos oficiales que surgen de las declaraciones de la empresa al gobierno de la provincia de San Juan, desde el inicio de Veladero en octubre de 2005, la ex compañía Barrick Gold lleva pagados $1.850.283.736,73 en materia de regalías mineras, que distribuidos en los once años transcurridos equivalen a unos ínfimos $168.207.612,36 cada año. Esta cifra significa el 0,4 por ciento del presupuesto aprobado recientemente para el año 2018 que asciende a $42.500 millones. La verdad ante el mito del derrame económico y la solución financiera a las cuentas provinciales.
Una falacia es una trampa, un engaño. En el marco del Modelo Extractivo Minero dominante, las iniciativas de minería a tajo abierto por metales en nuestro país y a nivel mundial se acompañan de una serie de mecanismos justificatorios, de falacias compartidas actualmente por el sector empresarial y el gubernamental, como expresión de la subordinación incondicional de este último a los intereses particulares del primero.
Entre febrero y marzo, esta población no utilizará este elemento para la actividad minera.
Se espera que la sanción sea millonaria y marque un precedente en el país, sin embargo lo que los vecinos y ambientalistas buscan es el cierre definitivo del proyecto.
Pasaron siete años desde la aprobación de la ley de glaciares, pero el debate sobre qué superficies son las que deben ser preservadas volvió a ponerse en discusión. Empresarios mineros y provincias como San Juan, Catamarca y Mendoza, asesoradas por la Secretaría de Minería de la Nación, impulsan una reforma de la norma para limitar la intangibilidad del ambiente periglaciar y así destrabar por lo menos 20 proyectos mineros.
Argumentando leyes que no existen y escogiendo como válidos solo argumentos del Estado y Anglo Gold Ashanti, los jueces de Medellín dan vía libre a la minería.