A más de un año del fallo histórico, que condenó a minera vinculada al Grupo Errázuriz a cumplir 11 medidas reparatorias tras colapso de relave luego del terremoto de 2010, ninguna de éstas se ha cumplido. Cabe destacar que este colapso mató a una familia completa y contaminó gran cantidad de hectáreas alrededor de la zona afectada por el derrame.
En un pequeño valle de Talca hacia la costa, una comunidad de cinco casas se ubicaba en las cercanías de una mina abandonada llamada Las Palmas, vinculada al Grupo Errázuriz. Nadie sospechaba que el cerro junto a la mina fuera un tranque relleno de tierra, arsénico, plomo y cianuro, entre otros materiales tóxicos. Durante el terremoto de 2010, el tranque colapsó y sepultó una de las casas, matando a los 4 integrantes de la familia Gálvez-Chamorro y contaminando una gran extensión de terrenos de la provincia.
Lo peor de esta situación es que ninguna de las familias afectadas fue advertida sobre el riesgo en el que vivían, pese a que SERNAGEOMIN había considerado el Tranque de relaves de Las Palmas como uno de los cuatro tranques con mayor riesgo de colapso del país.
Henry Jurgens, propietario de un terreno colindante al sector donde se produjo este trágico hecho, cuenta que “donde estaba el relave, no había ningún letrero que dijera “Peligro” o “Tóxico”, y eso estaba todo envenenado. En efecto, SERNAGEOMIN había estado 7 meses antes y habían manifestado que ese relave estaba a punto de caerse. Esa información fue guardada, y no hicieron nada para ponernos bajo aviso”.
Como consecuencia del derrame del relave, se generó una emergencia sanitaria que hizo necesario adoptar medidas urgentes, las que -pese a la obligatoriedad de ser realizadas por SMC Tambillos- fueron llevadas a cabo en su totalidad a cargo y costo por la Autoridad pública.
FALLO HISTÓRICO
De esta forma, y debido a que el derrame no sólo costó la vida de 4 personas sino que también produjo un colapso medioambiental de proporciones, el 15 de diciembre de 2014, el abogado ambientalista Iván Poklepovic junto a Henry Jurgens, presidente de Fundación Relaves (que nace tras el hecho), presentaron una demanda de reparación de daño ambiental en el Segundo Tribunal Ambiental, en contra de Sociedad Contractual Minera Tambillos.
Casi dos años después, el 24 de agosto de 2016, se produjo un fallo histórico, por ser el primer fallo ambiental enmarcado en el contexto de un Pasivo Ambiental Minero (PAM): el Tribunal Ambiental condenó a la minera a cumplir un Plan de Reparación Ambiental, compuesto por 11 medidas reparatorias destinado a remediar el daño causado.
Esta sentencia estableció que hubo incumplimientos al Programa de Cierre del Tranque de relaves y al manejo de residuos peligrosos por parte de la empresa.
“También es histórico porque se condenaron las conductas y omisiones reiteradas y negligentes de SCM Tambillos. Por otro lado, se acreditó la relación de causalidad próxima y necesaria existente entre los hechos, conductas y omisiones culposas en que incurrió SCM Tambillos y el daño ambiental generado”, explica Juan Pablo Sanguinetti, abogado de Fundación Relaves.
INCUMPLIMIENTO
Sin embargo, la situación tras el fallo no ha cambiado. Así lo explica Poklepovic, quien asegura que “a la fecha, la empresa no ha cumplido con ninguna de las medidas de corto y mediano plazo que debía ejecutar. El tema es que hay medidas de reparación cuyo plazo de ejecución aún no se vence, y, por ello, hay que evaluar la posibilidad de pedir al Tribunal un incumplimiento forzado parcial del fallo”.
En ese mismo sentido, Juan Pablo Sanguinetti explica que “se deben distinguir las obligaciones que se encuentran vencidas y aquellas que aún Las Palmas SpA tiene plazo para realizar. De esta forma, se podría solicitar al Tribunal un cumplimiento incidental parcial de las obligaciones del PRA vencidas que el titular no hubiera realizado, lo cual es un procedimiento de apremio para hacer cumplir a la empresa con las obligaciones contenidas en la sentencia”.
Entre las medidas de reparación más importantes que se exigió a la empresa llevar a cabo para remediar la situación, se encuentran:
– Efectuar un análisis de estabilidad del actual tranque y del área afectada por el derrame.
– Asegurar la total impermeabilidad de la carpeta HDPE existente y presentar un proyecto para implementar un sistema de recolección, conducción y descarga de aguas lluvia que escurran por la carpeta, con un programa de monitoreo de calidad del agua y medidas de control.
– Desmantelar todos los restos de instalaciones existentes y completar la disposición final de materiales y chatarra con autorización de las autoridades competentes.
– Plantar una franja arbórea con especies tolerantes a los relaves y de rápido crecimiento.
“Cabe esperar que la Minera en cuestión tome conciencia, y comience a cumplir con lo que dicta el fallo, para dar una señal potente de que la catástrofe ocurrida el 27 de febrero de 2010 sí les importa, que sí se hacen responsables. Porque no hay que cerrar los ojos ante una realidad evidente: en Chile existen cientos de relaves mineros abandonados, y sabiendo que es uno de los países más sísmicos del mundo, esta tragedia podría volver a suceder. Sin embargo, está en manos de las autoridades y de las empresas mineras privadas poder evitarlas”, finaliza Henry Jurgens.
Fuente:http://www.relaves.org/2018/02/27/minera-scm-tambillos-no-cumple-con-sentencia-ambiental-tras-colapso-de-tranque-de-relaves-el-2010/
El Ministerio de Energía de la Nación promocionó cuatro yacimientos chubutenses en Canadá. Uno de ellos es el yacimiento Suyai, que se encuentra en cercanías de Esquel y cuya licitación fue cancelada por un pedido popular hace más de 15 años. También promocionó los proyectos Navidad, Cerro Solo y Laguna Sala.
El 5 de marzo de este año en un panel de discusión organizado por el Consejo Canadiense para las Américas
El Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina OCMAL, saluda y se suma a las conmemoraciones y movilizaciones a nivel mundial del Día Internacional de la Mujer, destacando la lucha diaria de todas aquellas defensoras que resisten y trabajan arduamente por detener la vorágine extractivista , colocando en riesgo sus vidas y las de sus familias y comunidades, por proteger nuestros territorios de la depredación capitalista y neoliberal que se ha instalado en América Latina.
Alerta. Un mapa construido por Ojo-Publico.com muestra que el Gobierno otorgó –a 31 empresas mineras– licencias para usar agua de ríos, quebradas y acuíferos en 12 territorios declarados de alto riesgo por 
Agua sin cianuro de minería, aire sin agrotóxicos, lagos sin hidrocarburos, ríos sin contaminación de pasteras: un ambiente sano, entendido como parte de los derechos humanos. Así lo exigen desde hace décadas asambleas socioambientales, campesinos e indígenas. En una medida inédita, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) acaba de expedirse en línea similar: afirmó que existe una “relación innegable entre la protección del medio ambiente y la realización de otros derechos humanos”. El máximo tribunal destacó que los Estados deben respetar y garantizar estos derechos humanos y que tiene la obligación de evitar los daños transfronterizos.
En una medida inédita, la Sala II de la Cámara Federal confirmó el procesamiento de tres ex secretarios de Ambiente (Omar Vicente Judis, Sergio Gustavo Lorusso y Juan José Mussi) y del científico Ricardo Villalba por haber incumplido con la Ley de Glaciares que prohíbe las actividades extractivas en los cuerpos de hielo. La causa, impulsada por la Asamblea Jáchal No Se Toca luego del derrame de la empresa Barrick Gold en San Juan, investiga las responsabilidades políticas y técnicas que impidieron relevar los glaciares y posibilitan la minería en zonas prohibidas.
PRONUNCIAMIENTO POR EL 8 DE MARZO
La Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa de Ecuador (Ecuarunari) denunció hoy a la ministra encargada de Minería, Rebeca Illescas, por perjurio y enriquecimiento ilícito en la compra de una propiedad en Quito y señaló un conflicto de intereses durante su gestión como viceministra.