Perú

Ministerio del Interior como Tercero Civil Responsable

20 Abril 2018
Ante la apelación interpuesta por la defensa legal de las víctimas 2ª Sala Penal de Apelaciones de Piura ordena que se incorpore al Ministerio del Interior como Tercero Civil Responsable, en el proceso penal por tortura y secuestro agravado en campamento minero Ex Majaz

Torturados2Como es de conocimiento público, en agosto de 2005, 28 personas (campesinos, maestros, periodistas y otros) fueron torturadas en la sede del campamento minero de la empresa Majaz SA, hoy llamada Río Blanco Copper SA; por lo cual, a la fecha, la Fiscalía ha solicitado entre 10 y 25 años de pena privativa de libertad para los autores (efectivos policiales) de estos delitos de lesa humanidad, como se califican la tortura y el secuestro agravado que son materia de acusación fiscal.

En enero de 2011 los agraviados solicitaron, ante el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huancabamba, ser constituidos como actores civiles (parte agraviada activa en el proceso). Y, en agosto de 2011, solicitaron que se incorpore al Ministerio del Interior como Tercero Civil Responsable (para que responda por la reparación civil a las víctimas).

Por responsabilidad exclusiva del Juzgado y la Fiscalía, recién el 4 de abril de 2017 se declara fundado el pedido de constitución de actor civil de las víctimas, es decir, más de 6 años después de haberse solicitado. Y, el 18 de mayo de 2018, se declara improcedente la solicitud de incorporación del Ministerio del Interior como Tercero Civil Responsable, casi 6 años después de formulada la solicitud.

El fundamento del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huancabamba para declarar dicha improcedencia fue que, cuando se solicitó dicha incorporación, los solicitantes (las víctimas) aún no habían sido constituidos como actores civiles, por lo que no podían formular dicha solicitud en agosto de 2011, deviniendo en improcedente. Lo que no expresó dicho juzgado es que, por su censurable irresponsabilidad, generó dilación en la tramitación del proceso y la resolución que admite la solicitud de constitución de actor civil no fue expedida a tiempo.

Por ello, dicha resolución de improcedencia fue apelada y la Segunda Sala Penal de Apelaciones de Piura (Expediente No. 00124-2016-75-2001-SP-PE-02) resolvió declarar fundada esta apelación, reconociendo que el Juzgado violó el derecho de toda persona a obtener una resolución judicial dentro de un plazo razonable, y que no se podía perjudicar con una resolución meramente formalista a las víctimas, quienes ya habían sido perjudicadas con la dilación indebida del proceso.

Además, la Segunda Sala Penal de Apelaciones de Piura resolvió incorporar al Ministerio del Interior como Tercero Civil Responsable en este proceso penal por delito de tortura y secuestro agravado.

Al respecto, la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz – FEDEPAZ, cuyo equipo legal asume la defensa de las 28 víctimas de tortura y secuestro agravado en este proceso penal, saluda y expresa su satisfacción con dicha decisión.

Con el ruego de su difusión.

Lima, 19 de abril de 2018.
Área de Prensa
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Perú

Ocho nuevos conflictos sociales registra la Defensoría del Pueblo en lo que va del mes

En lo que va de abril la Defensoría del Pueblo registró ocho nuevos conflictos sociales, ubicados principalmente en las regiones de Lambayeque, Áncash, Lima, Arequipa, Puno, Apurímac y Huánuco. Dos casos tuvieron una fase de crisis: Nueva Ciudad de Olmos (asuntos de gobierno nacional) y estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (otros asuntos). En el primer caso se registró un herido.

En ese contexto, la institución invocó a las autoridades del Gobierno Central y locales a persistir en la atención de las demandas de la población por la vía de la ley y el diálogo a la mayor brevedad de tal forma de no ver afectada la integridad de las personas y el desarrollo de las actividades en las referidas localidades.

Según el Reporte de Conflictos Sociales del mes de marzo, elaborado por el Sistema de Monitoreo de Conflictos Sociales (SIMCO), se presentaron 188 conflictos sociales: 136 activos y 52 latentes. Áncash se concentró la mayor cantidad de casos, se registraron 30 conflictos, seguido de Puno (16 casos) y de Cusco y Apurímac (ambos con 14 casos).

Los conflictos socioambientales representan el 66,5% del total de casos. Siendo el sector minero en el que se registró el mayor porcentaje (64,8%). Por otro lado, se tomó conocimiento de 111 acciones colectivas de protesta.

En atención a su evaluación e intervención en conflictos sociales, la Defensoría del Pueblo envió al Estado, las empresas y la sociedad, treinta y siete alertas para que se actúe en el marco de sus correspondientes competencias y responsabilidades.

 

Fuente:https://larepublica.pe/sociedad/1228184-ocho-nuevos-conflictos-sociales-registra-la-defensoria-del-pueblo-en-lo-que-va-del-mes

Perú

OEFA SUPERVISA DERRAME DE SUSTANCIAS QUÍMICAS EN APURÍMAC

El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) realiza acciones de supervisión ante el derrame de sustancias químicas ocurrido en la carretera ubicada a la altura de la comunidad de Yuricancha, en el distrito de Mara, provincia de Cotabambas, departamento de Apurímac.

El personal del OEFA verificó que el área afectada es de aproximadamente 500 metros lineales de suelo. Asimismo, se constató que personal de la empresa minera MMG Las Bambas, que indica no ser responsable del derrame, viene realizando acciones de limpieza en la zona a solicitud de los ciudadanos de Yuricancha.

El OEFA, como autoridad de fiscalización ambiental, tomó muestras de suelo en la zona del derrame para determinar el grado de afectación.

El OEFA indicó que continuará informando oportunamente sobre las acciones de supervisión que realice en la zona.

 

Fuente:http://www.grufides.org/blog/oefa-supervisa-derrame-de-sustancias-qu-micas-en-apur-mac

Perú

Anuncian marcha en rechazo a posible ingreso de minera en Tambogrande

Pobladores de Locuto, en Tambogrande, realizarán una marcha pacífica tras los últimos acontecimientos en la zona que involucran a la minera Buenaventura. Así lo anunció en Cutivalú el ex directivo comunero Eliborio Juárez Domínguez. Hace una semana,  se dio a conocer que un grupo de moradores de los caseríos Greda Antigua y Greda Nueva, habían expulsado a trabajadores de esa minera que realizaban estudios de agua en la zona sin autorización. La población de Tambogrande logró la expulsión de la minera Manhattan Minerals en la primera consulta popular de Latinoamérica  realizada el 2 de junio de 2002  donde el  93,95% de la población rechazó el proyecto minero.

Sin embargo, los presuntos agraviados denunciaron que fueron agredidos físicamente por los pobladores, quienes también les habrían robado sus materiales. Por eso, interpusieron una denuncia en la comisaría PNP de Tambogrande.

 

Segundo Nima Nima, teniente gobernador del caserío Greda Antigua y sindicado como uno de los agresores, negó los hechos imputados y señaló que detrás de la denuncia estaría la minera Buenaventura que busca hacer estudios en los terrenos de la comunidad para sus proyectos mineros.

Ante esta situación, el dirigente Eliborio Juárez volvió a pronunciarse para rechazar tales acusaciones contra los comuneros, argumentando que ellos solo buscaban defender sus propiedades y el territorio comunal: “Estos ataques buscan dañar nuestro territorio”.

Señaló que el último domingo se realizó una asamblea a la que asistieron representantes de caseríos para analizar los hechos suscitados y solicitar a la población del distrito que se una a la movilización que han programado para fin de mes.

Recordó que la relación entre la comunidad de Locuto y la minería es tensa desde hace 17 años. Ello, pese a que en junio del 2012, a través de una consulta popular, la población tambograndina rechazó la actividad minera en el distrito.

Fuente:https://noalamina.org/latinoamerica/peru/item/40199-anuncian-marcha-en-rechazo-a-posible-ingreso-de-minera-en-tambogrande

Perú

Vizcarra asegura que no «impondrá» proyectos mineros a comunidades que no lo deseen

Vizcarra asegura que no «impondrá» proyectos mineros a comunidades que no lo deseen

El presidente peruano, Martín Vizcarra, ha asegurado este miércoles que no «impondrá» proyectos mineros a aquellas comunidades que no lo deseen pero ha indicado que impulsará las inversiones en el sector minero. El primer ministro, César Villanueva, ha confirmado que el Gobierno aumentará las inversiones pero sólo aprobará proyectos que respeten el medio ambiente y cuenten con el apoyo de las comunidades. «No vamos a imponer proyectos mineros sin contar con la opinión de las comunidades

«No vamos a imponer proyectos mineros sin contar con la opinión de las comunidades primero. Para eso es para lo que está el diálogo», ha aseverado Villanueva durante una rueda de prensa en la que ha respondido a una serie de preguntas sobre el proyecto de 1.400 millones de dólares de la empresa Southern Copper en Tía María. La empresa, controlada por Grupo México, suspendió el proyecto en 2015 en un intento por lograr una disminución de la tensión entre los agricultores de la zona.

Sin embargo, la empresa señaló en 2017 que esperaba que el Gobierno le otorgara un permiso de construcción de cara a 2018. Según datos del Ministerio de Energía y Minas del país, Perú cuenta con proyectos de minería de unos 58.500 millones de dólares.

Fuente:http://www.europapress.es/internacional/noticia-vizcarra-asegura-no-impondra-proyectos-mineros-comunidades-no-deseen-20180419015100.html

Mexico

Mina marina, ‘sobre nuestro cadáver’: pescadores de BCS

Mina marina de fosfato acabaría con producción pesquera. Si el gobierno lo permite ‘habrá guerra, porque no vamos a permitir que eso ocurra’

El amparo otorgado a mina marítima causa indignación entre los defensores del medio ambiente en Baja California Sur, entre los pescadores y los que viven de las actividades del mar.

En este sentido el periodista Sebastián López Avilés, de el Diario Independiente de esa entidad, se dio a la tarea de recoger el testimonio del sentir de los pescadores, ante la amenaza de la implementación del proyecto Don Diego.

“Es un tema peligroso porque está en riesgo la producción pesquera, es alarmante, es preocupante y debería preocuparle al gobierno estatal o a los que nos dicen representar, porque tendría un impacto importante en la economía nacional“, señalo en la entrevista Florencia Aguilar, representante vocal de la Cooperativa Pesquera Puerto Chale

“Remover el fondo marino para explotación de fosfato y luego poner algas marinas, taparía el oxígeno y acabaría con la producción pesquera“, puntualiza el dirigente cooperativista, en el reportaje de Sebastián López.

“Tenemos pruebas, estudios y fotos. Cualquiera que tenga conocimientos profesionales podrá corroborarlo”, agregó el dirigente de los pescadores.

“Lo digo fuerte y claro: Sobre nuestro cadáver ese proyecto operará” señala el reportero al recuperar la voz de los afectados.

“Si el gobierno lo permite, se va a iniciar una guerra. Una guerra porque no vamos a permitir que eso ocurra“, puntualizó Florencio Aguilar

El Diario Independiente recoge el sentir de los pescadores:

“¿Dónde está el gobierno federal y nuestros representantes?.La explotación de fosfato acabaría con la economía de la región al verse afectada toda la cadena productiva”.

“Ojalá que el próximo presidente de México, tenga “los suficientes” para defender a la gente y no a la iniciativa privada”.

“Ya estamos cansados de las privatizaciones”- indico el cooperativista quién pidió terminar con las reformas estructurales “que han sido un desastre nacional”

Resurge la amenaza de minería marina por amparo de un juez

Tal como dimos cuenta en Regeneración. mx  el 1 de abril del 2018. En redes sociales el Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida, dió a conocer que la minera marítima Exploraciones Oceánicas, filial de la trasnacional Odissey Marine Exploration, obtuvo una orden de un juez para que Semarnat dictamine nuevamente la resolución de impacto ambiental que fue negativa para la minera marina, en Comondú, Baja California Sur.

El asunto causa alarma entre la población de Baja California Sur, debido a las consecuencias de la explotación de los fosfatos del fondo marino.

“Destruiría la vida del mar”, denuncian.

Es su momento la Semarnat señaló que dicha explotación acabaría – por lo menos- con el hábitat de las tortugas.

Tal como lo publicó en su oportunidad Excélsior, Odyssey Marine Explorations, a través de su filial Exploraciones Oceánicas, pretende dragar 91 mil hectáreas de fondo marino en el Golfo de Ulloa, para extraer 350 millones de toneladas de fosfato.

El fosfato es una sustancia negra y pegajosa, parecida al chapapote, útil en la fabricación de fertilizantes para la agricultura, en un reprotaje de Ernesto Méndez.

El periodista Méndez precisa varios puntos:

–La firma con sede en Tampa, Florida, dedicada al rescate de tesoros submarinos y que cotiza en la Bolsa de Nueva York

-Lo que se pretende es dragar una superficie que equivale al 60 por ciento del territorio que ocupa el Distrito Federal.

-El permiso es de 50 años, renovable a otros 50 años.

– Se pretende extraer tal cantidad de fosfatos que “puede abastecer a México por más de 100 años de sus necesidades de fosfato

–El proyecto se llama Don Diego —en honor al primo hermano de Hernán Cortés, Diego Hurtado de Mendoza.

– La explotación se localiza en la Zona Económica Exclusiva de México, entre Punta Abreojos y Cabo San Lázaro, a 22 kilómetros de la costa.

– El proyecto Don Diego emplearía a 80 personas de la región en un dragado de succión permanente, las 24 horas del día, los 365 días del año, con el apoyo de una barcaza y un buque remolcador.

Los impactos ambientales

El dragado consiste en remover el fondo marino con todo y los organismos que habitan en este, obtener el mineral y regresar millones de toneladas de sedimentos que serán suspendidos en la columna de agua, publicó noticias BCS

“Es al mismo tiempo fácil y aterrador imaginar los impactos que esto traerá a los cientos de familias que dependen de la actividad pesquera en esta región” dijo Meredith de la Garza Treviño, directora ejecutiva de la Sociedad de Historia Natural Niparajá.

La zona del Golfo de Ulloa es una Región Marina Prioritaria para la Conservación según la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio).

Reconocida por su alta productividad biológica y por esta misma razon, sitio de gran importancia para la pesca de la región. De hecho, el 42% de la actividad pesquera en BCS.

El área donde pretende desarrollarse el proyecto, también ha sido identificada como zona crítica para la población de tortugas marinas.

Daños irreversibles

Por su parte el portal Industrias pesqueras alertó en un artículo con evidencia científica que advierte sobre los daños irreversibles de la minería marina

La minería en el lecho oceánico podría causar daños irreversibles a los ecosistemas de aguas profundas, según un nuevo estudio sobre propuestas mineras en fondos marinos de todo el mundo realizado por la Universidad de Exeter y Greenpeace. Es el primer informe en ofrecer una visión global de todos los planes actuales para extraer los fondos marinos, tanto en aguas nacionales como internacionales, y analiza los posibles impactos, incluida la destrucción física de los hábitats de los fondos marinos, la creación de grandes columnas de sedimentos submarinos y los efectos de contaminación química, acústica y lumínica derivada de las operaciones mineras.“Nuestro conocimiento de estos ecosistemas es aún limitado, pero sabemos que son muy sensibles”, apunta David Santillo, biólogo marino y científico senior de Greenpeace con sede en la Universidad de Exeter. “La recuperación de la perturbación causada por el hombre podría llevar décadas, siglos o incluso milenios, si estos ecosistemas se recuperan”. Y en este sentido añade que “a medida que aprendemos más sobre los ecosistemas de aguas profundas y el papel de los océanos en la mitigación del cambio climático, parece prudente tomar precauciones para evitar daños que podrían tener consecuencias imprevistas y duraderas”.

Enre los ejemplos de los que se hacen eco en el estudio, los investigadores destacan la primera empresa comercial en aguas profundas, que se espera apunte a sulfuros ricos en minerales a profundidades de 1.5-2km frente a Papua Nueva Guinea, está programada para comenzar a principios de 2019. El equipo de investigación de Exeter y Greenpeace explica que hay “muchas preguntas e incertidumbres” sobre la minería de los fondos marinos, incluidos los problemas legales y las dificultades para predecir la escala y el alcance de los impactos por adelantado, y para monitorear y regular la actividad minera.

En el trabajo también se recogen los conflictos que pueden surgir con otras actividades, como la pesca o el tráfico marítimo, y en este sentido se hace eco de la propuesta de creacón de una zona de exclusión de 23 × 9 km en aguas de Namibia para la explotación de depósitos de fosfato en los fondos marinos, lo que afectaría a los principales caladeros comerciales de merluza, jurel y rape. En otro ejemplo, las compañías pesqueras se oponían activamente a una propuesta de hierro y extracción minera frente a la costa oeste de Nueva Zelanda. Pero no solo ya que también hay preocupación con el impacto de la minería en los recursos genéricos, una industria que en la actualidad genera miles de millones de dólares.

El documento, publicado en la revista Frontiers in Marine Science, bajo el título “Una visión general de la minería del fondo marino incluyendo el estado actual de desarrollo, los impactos ambientales y las lagunas de conocimiento” se puede descargar aquí.

Fuente:https://regeneracion.mx/mina-submarina-sobre-nuestro-cadaver-pescadores-del-bcs/

Mexico

Contra desinformación minera llega muestra del INAH a Ixtacamaxtitlán

Ixtacamaxtitlán, Pue.- “El oro o la vida” una exposición itinerante de sobre las consecuencias de la minería a cielo abierto sobre el patrimonio biocultural de los pueblos fue colocada en la cancha techada de San Francisco Ixtacamaxtitlán, la cabecera del municipio donde el gobierno federal dio a la empresa canadiense Almaden Minerals diversas concesiones para la explotación de oro y plata.

La muestra, diseñada por investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) tiene el objetivo de evidenciar la depredación de los bienes naturales, pero también del patrimonio sociocultural de las poblaciones donde se asientan los proyectos de la industria extractiva.

La exposición ha sido exhibida en Puebla y en Cuetzalan, ahora llegó a este municipio donde la empresa canadiense Almaden Minerals quiere iniciar en el año 2019 sus actividades de sustracción de oro y plata y, según su página web, diariamente dinamitará las montañas para la operación de una mina a cielo abierto.

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La muestra tiene cuatro secciones: el Problema, para saber en qué consiste el conflicto del patrimonio biocultural y la megaminería de metales; el Origen, de dónde proviene el problema,en sus raíces y en el desarrollo de las condiciones sociales, económicas y jurídicas propicias para el extractivismo ilimitado; los Efectos de esta práctica de manera masiva, las consecuencias diversas e irreversibles en los ecosistemas, en la salud colectiva e individual, en la dinámica social y cultural, económica y política; y Respuestas que el problema demanda, la participación imprescindible de los pueblos e individuos organizados, la respuesta necesaria de las instituciones y los ejemplos de resistencia que nacen en la participación colectiva y el compromiso individual.

Aunque los especialistas del INAH han aclarado que la exposición museográfica itinerante “El oro o la vida. Patrimonio biocultural y megaminería: un reto múltiple” no es una “cruzada contra la minería” consideran que una población informada tendrá más posibilidades de decidir sobre si le conviene el desarrollo de esta actividad económica en su territorio.

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EMPRESA Y RESISTENCIA

De acuerdo con su último escenario de producción, fechado el 3 de abril de 2017, la Almaden Mineral calculó que durante los primeros cuatro años de funcionamiento triturarán 7 mil 650 toneladas de roca por día y a partir del quinto año serán hasta 15 mil 300 toneladas diarias las que demolerán en los 14 años de vida que calculan para el yacimiento Tuligtic en el Proyecto Ixtaca.

Según la empresa por cada tonelada de roca demolida podrá obtener 0.62 gramos de oro y 37.37 gramos de plata y durante la vida productiva del yacimiento sacará 1,04 millones de onzas de oro y  70,9 millones de onzas de plata del tajo que abrirán en siete fases.

Para los canadienses las ganancias que obtendría por la explotación de la mina en Ixtacamaxtitlán no tienen comparación con lo que ha entregado a los pueblos: en su página web informó que ha generado 70 fuentes de trabajo y que ha invertido en salud y educación. Los pobladores dicen que además de adueñarse del edificio de la presidencia  auxiliar de Santa María Sotoltepec, hizo una biblioteca y compró el ultrasonido para la clínica, y ahí hay que parar de contar.

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Desde el año 2015, la comunidad indígena nahua de Tecoltemic y el ejido de Tecoltemi interpusieron un juicio de amparo contra Almaden Minerals luego de que se enteraron de que la Secretaría de Economía le había otorgado una concesión por 50 años que se sobrepone con el polígono de las tierras ejidales y obtuvieron la suspensión que ordenó a la empresa frenar sus trabajos y recientemente se determinó que el Juez de Distrito entre al estudio de la inconstitucionalidad de la Ley Minera.

Fuente:https://regeneracion.mx/contra-desinformacion-minera-llega-muestra-del-inah-a-ixtacamaxtitlan/

Argentina

Mineras analizan en San Juan cambios en la Ley de Glaciares

Los cambios en la ley de glaciares que pide el sector minero a las provincias andinas tomó ayer un nuevo rumbo cuando gobernador de San Juan, Sergio Uñac, planteó ue “el debate de la Ley de Glaciares debe ser uno de los temas a afrontar con absoluta madurez”, al exponer durante las deliberaciones del Consejo Federal Minero (COFEMIN).

El mandatario, que fue el anfitrión del encuentro en San Juan anticipó que la provincia “va a seguir buscando junto al Gobierno nacional, una reforma de la Ley de Glaciares, porque no se va a hacer minería donde no se puede, para preservar el medio ambiente, pero hay que dar certezas y concreciones sobre este punto, si se quiere que vengan inversiones internacionales a desarrollar emprendimientos”.

Uñac dijo que “la minería durante mucho tiempo ha sido conductora de malas noticias, por intereses de otras provincias” y que “con mucho trabajo desde San Juan, se pudo salir de la antinomia minería sí minería no”

“Minería no” es a criterio de Uñac un concepto que “irresponsablemente se vierte donde se le hace creer a la sociedad que se puede vivir sin el desarrollo del sector”, agregó.

Fuente:https://www.baenegocios.com/economia-finanzas/Mineras-analizan-en-San-Juan-cambios-en-la-Ley-de-Glaciares-20180419-0095.html

Perú

La evolución reciente de los conflictos

Los últimos informes de la Defensoría del Pueblo vienen mostrando un incremento sostenido de la conflictividad social. Entre diciembre 2017 y marzo 2018, los conflictos han pasado de 169 a 188 (el nivel más alto de los últimos doce meses).

En esta ocasión, salvo en algunos casos -por ejemplo, el conflicto de los paperos-, el incremento sostenido no es muy bullicioso, tampoco está acompañado de movilizaciones que duren muchos días y no está focalizado en una zona específica del país o en un solo gremio. Sin embargo, las estadísticas indican que algo está pasando.

La tendencia creciente en el número de conflictos coincide con el registro de acciones colectivas de protesta, aunque ha sido sobre todo entre febrero y marzo que se nota un incremento significativo: de 35 a 111 acciones de protesta, el pico más alto de los últimos ocho meses. Como se puede apreciar en el gráfico, en el mes de julio del año pasado las acciones de protesta alcanzaron un pico, en plena huelga de maestros, profesionales de la salud, trabajadores del Poder Judicial, entre otros.

El registro de las actuales acciones de protesta muestra una amplia gama de situaciones: productores de arroz del Alto Huallaga y otras regiones; damnificados del norte del país; productores de papa; trabajadores azucareros; pescadores artesanales; comunidades indígenas del Datem del Marañón y un largo etc.

 

¿Cuáles son las zonas del país que registran el mayor número de conflictos? Como ha venido ocurriendo en los últimos tiempos, Áncash es la región que concentra el mayor número de conflictos en el mes de marzo: 30 conflictos que representan el 16% del total nacional. Le siguen Puno con 16 conflictos y una participación del 8.5%; Cusco y Apurímac con 14 conflictos cada uno y una participación del 7.4% del total. Cierra este grupo Cajamarca, con 13 conflictos y una participación del 6.9%.

En todas las regiones, destacan nítidamente los conflictos socio-ambientales, sobre otros temas como los casos de conflicto vinculados al gobierno nacional, los gobiernos locales, conflictos laborales, problemas de demarcación territorial, entre otros. Esto se expresa en las cifras globales: el 65.5% de los conflictos son socio-ambientales y de estos el 64.8% son casos vinculados a la minería: conflictos sobre todo con empresas de la gran minería por problemas de contaminación, demandas económicas, incumplimientos de actas, modificaciones de proyectos, tránsito pesado, etc. En varias regiones también se registran conflictos por la presencia creciente de actividades de minería informal o abiertamente ilegal.

 

En lo que va del año, el número de personas heridas por conflictos sociales suma 51 y 3 personas fallecidas.

¿Cuál será la tendencia en los próximos meses?

Lo primero que habría que tomar en cuenta es que de los 188 conflictos registrados en marzo, 136 son conflictos activos y 52 casos latentes, lo que presenta una carga pesada que debería ser tomada en cuenta por el gobierno de la dupla Vizcarra-Villanueva. Además, sólo el 55.1% de los conflictos activos se encuentran en proceso de diálogo.

En la medida que la gran mayoría de conflictos -sobre todo los socio-ambientales-, se encuentran bajo la competencia del gobierno nacional (66.5%), su evolución dependerá mucho de la estrategia que se defina en la Presidencia del Consejo de Ministros. Lamentablemente, las primeras decisiones tomadas sobre algunos casos emblemáticos -como el de las Bambas- preocupan: el pasado 12 de abril, el Ejecutivo  emitió el decreto supremo 037-2018-PCM en el que se resuelve “Prorrogar el Estado de Emergencia por el término de sesenta (60) días calendario, a partir del 12 de abril de 2018, en el Corredor Vial Apurímac – Cusco – Arequipa”. La norma en mención agrega que “La Policía Nacional del Perú mantendrá el control del orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas”.

Con esta nueva ampliación del estado de emergencia, hay localidades de Cusco y Apurímac que cumplirán 10 meses bajo esta situación supuestamente excepcional, que restringe los derechos ciudadanos, pese a que no se han registrado nuevas protestas. En realidad, nada justifica esta nueva ampliación del Estado de Emergencia y el gobierno claramente ha desperdiciado una oportunidad de dar un mensaje al país y sobre todo a las comunidades de la zona, que pretenden hacer las cosas de manera distinta. Sería un tremendo error que el gobierno continúe con las mismas políticas que apuntan a criminalizar y recortar derechos.

Fuente: Cooperacción Perú

Colombia

Trabajo intersectorial evaluará efectos de la minería con mercurio en la salud de las comunidades

El Instituto Nacional de Salud (INS), el Ministerio de Salud y Protección Social, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en conjunto con Codechocó y Corpourabá, se reunieron para definir propuesta metodológica e indicadores del estudio que busca determinar el grado de contaminación por mercurio y otras sustancias tóxicas empleadas en la actividad minera y sus efectos en la salud de las poblaciones, aledañas a la cuenca del río Atrato.

Este trabajo intersectorial contó con el apoyo del Instituto Humboldt, la Universidad de Antioquia y Cartagena y el Instituto de Investigaciones en las comunidades, entidades que tienen un rol de supervisión y aporte técnico. Según explicó Willer Guevara, Viceministro de Políticas y Normalización Ambiental, hay varias líneas y frentes de trabajo que fueron señalados por la sentencia de la Corte Constitucional (sentencia T-622/2016), por lo que la mejor manera de abordarlo ha sido con un trabajo conjunto entre las distintas entidades del Gobierno.

Martha Lucía Ospina, Directora del INS, resaltó este trabajo intersectorial que recoge información de otros estudios e investigaciones realizados con anterioridad.

Fuente: https://www.ins.gov.co/Noticias/Paginas/Trabajo-intersectorial-evaluara-efectos-de-la-mineria-con-mercurio-en-la-salud-de-las-comunidades.aspx